Los españoles diseñaron una estrategia exitosa para dominar a los indios: quitarles sus propiedades y medios de producción para mantenerlos en la miseria, dependientes de la filantropía de los ricos y el asistencialismo del gobierno.

En Colombia, las oligarquías de izquierda y derecha aprendieron la lección: una forma de concentrar el poder y mantener su base electoral cautiva es impedir la consolidación de una clase media mediante una política fiscal que empobrece a ésta, a la vez que es beneficiosa a capitalistas, clase política, burócratas, militares, y migajas para la masa indigente.

Los gobiernos de izquierda en Bogotá vienen aplicando políticas confiscatorias, en particular mediante el alza desmedida en el impuesto predial aplicado a la clase media, aprovechando en forma oportunista la ola de especulación con la tierra y la vivienda que padece la capital durante la última década. Confiscar es equivalente a decomisar, esto es, penar con la privación de bienes a la ciudadanía, pasando la propiedad a ser asumida por el fisco. Los gráficos 1 y 2 sustentan el argumento. Para el año 2015, el avalúo de las viviendas (base gravable) de estrato cuatro aumentaron 12,6 por ciento y el impuesto a cargo 13,7 por ciento; muy por encima de lo ocurrido durante 2014 respecto al alza general de precios –IPC- (inflación) que fue de 3,6, del aumento en los salarios de 4,6 y del crecimiento global de la economía de 4,6 por ciento.

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Burocracia y capitalismo danzan al ritmo de la especulación inmobiliaria. Las administraciones en Bogotá, en particular las oligarquías de izquierda, han venido aumentando frenéticamente los avalúos catastrales e incrementan las tarifas impositivas, aupando la locura especulativa del país. Los avalúos catastrales de las viviendas de la clase media fueron multiplicados por los gobiernos del Distrito Capital en 10,3 veces durante los últimos 21 años y el valor de los impuestos que debe cancelar el propietario en 11,7. En menos de 40 años, el propietario paga en impuestos prediales a la administración distrital una cifra equivalente al valor inicial de la vivienda. Si alguien queda sin ingresos o con una pensión de un salario mínimo legal, debe vender la vivienda o entregarla al fisco distrital. Este hecho ha conmovido a la ciudadanía capitalina, en particular a la de un barrio del occidente de la capital, Normandía, habitado por clase media, donde llegaron impuestos prediales por encima de los tres millones de pesos, alcanzando hasta los siete millones; su protesta encontró oídos sordos en la indolente burocracia distrital.

El director de Catastro Distrital, Gustavo Marulanda, advirtió que Bogotá no puede renunciar a tener actualizados sus avalúos, agregando que quien no pueda pagar los impuestos “que se vaya a dónde sí pueda”. Este Dr. Marulanda es un burócrata del Distrito con alta capacidad de pago, recibe un salario base cercano a los 8 millones de pesos mensuales (doce salarios mínimos), según el aumento salarial decretado para 2015 a la burocracia distrital (Decreto 013) que fue superior a los aumentos generales en los salarios del país (inflación más 1,6 puntos porcentuales).

La idea de los últimos burgomaestres es convertir la Capital en una ciudad costosa (en particular desde el alcalde Peñalosa) y expulsar, hacia los municipios circunvecinos, a quienes económicamente no puedan vivir en ella. Las alcaldías populistas del Polo y los Progresistas de igual manera buscan acabar con la inestable clase media capitalina. El Secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoce que el incremento en el precio de la propiedad raíz ha sido tan alto que impacta inmediatamente el del impuesto al duplicarse el avalúo catastral. Por ello difirieron a cinco años (en el caso de los estratos 5 y 6) y 8 años (para estratos 1 y 2) el aumento en los impuestos prediales (período que culmina en 2016 para estratos altos y en tres años para los bajos). Esto es lo que la burocracia distrital bautizó eufemísticamente con el nombre de ajuste por equidad, para poder actualizar el impuesto gradualmente y no de un solo golpe, evitando un levantamiento ciudadano.

El aumento descomunal en el avalúo de los inmuebles y en los impuestos cancelados es inversamente proporcional a la mala calidad de vida que padecen los habitantes del Distrito Capital: problemas graves de movilidad, intolerancia y violencia, inseguridad, deterioro de la infraestructura, colapso de lo público, contaminación, mal gobierno y corrupción, incultura ciudadana.

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La confiscación de las viviendas por parte de la administración distrital se alimenta de la “burbuja inmobiliaria”. Producto de la especulación inmobiliaria, la dinámica en los precios de la finca raíz (casas y apartamentos) ha estado muy por encima del resto de bienes y servicios del mercado. A lo largo del período 1997-2014 los precios reales de los bienes y servicios comercializados en Colombia crecieron 2,6 veces. En este período, los precios de la vivienda nueva aumentaron 5,4 veces, un poco más los apartamentos que las casas, lo que llanamente indica que los especuladores inmobiliarios lograron apropiarse (“robar”), bajo la forma de renta, cerca de tres veces más de la riqueza generada en promedio por el trabajo social nacional (cuadro 1).

En la variación anual de 2014, los precios de venta de los apartamentos y de las casas presentaron incrementos de 9,7 y 10,6 por ciento, respectivamente. Al comparar los costos de producción de la vivienda respecto a los precios de venta queda desnuda la especulación con la finca raíz: la variación del ICCV (índice de costos de construcción de vivienda) durante 2014 fue de 1,9 por ciento. El margen de utilidad que se obtiene con la venta de finca raíz es desbordado y especulativo en relación con los costos de producción. En el año 2014 todas las principales áreas urbanas y metropolitanas presentaron incrementos en el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva, destacándose la especulación en Bogotá (gráfico 3).

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De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida que aplicó el DANE a los hogares colombianos en 2014, en Bogotá al 15 por ciento de las familias sus ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos mínimos y a otro 63,8 por ciento sólo le alcanza para cubrir los gastos mínimos; en consecuencia, apenas 21,2 por ciento de los hogares capitalinos tiene capacidad de ahorro (sus ingresos cubren más que los gastos mínimos). Al banquete de la especulación inmobiliaria sólo asiste este 21,2 por ciento de la población rica de Bogotá que habita en su “burbuja” y goza de una eterna acumulación y cíclica orgía consumista y especulativa. En Bogotá hay más de 200.000 multipropietarios, esto es, gente que tiene más de un predio comprado, y lo usan para especular o como renta. El resto que no tiene como pagar impuestos tan descomunales y demenciales como los que cobra la burocracia distrital, tiene que vender sus viviendas y desplazarse forzosamente a un hábitat de inferior calidad de vida. De hecho, según esta misma encuesta del DANE, en 2013 el 45,3 por ciento de los hogares en Bogotá eran propietarios de su vivienda (totalmente paga o la estaban pagando); para 2014 esta proporción de propietarios de vivienda cae a 44,9 por ciento.

La alcaldía de Gustavo Petro se ha caracterizado por el autoritarismo y la improvisación. Según el concejal De Roux, su campaña fue oportunista, montada en un mes y sin conocimiento de los problemas de la Ciudad ni propuesta de un plan pensado e incluyente para el Distrito Capital. Los progresistas (¿verdes? ¿Polo? ¿M-19? ¿Populistas? ¿Izquierda?, nadie sabe su identidad política) solo les interesaba el control del poder capitalino. Y no es de poca monta el botín: el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, es por la suma de 17,3 billones de pesos (cerca al nueve por ciento del PIB colombiano); la burocracia es de casi 40.000 empleados, en su mayoría contratista (en un 80%), lo que ofrece mayor control y “lealtad” política de los subalternos; esta burocracia le cuesta a los capitalinos 2,2 billones de pesos (12,7 por ciento del presupuesto anual). El control autocrático del aparato distrital, los réditos que genera y la abultada burocracia explican el demencial aumento en los impuestos que cobran a los propietarios de vivienda en Bogotá, desorganizados, con poca conciencia política y sin capacidad de resistencia.

En una conferencia en la Universidad de Antioquia, en Medellín, que dictó el sacerdote y sociólogo Camilo Torres, en el año 1963, sobre la democracia en los países subdesarrollados, preguntaba: ¿en dónde se busca la legitimidad del poder? Explicaba, “la democracia es una relación de fuerzas que, cuando las fuerzas mayoritarias constituyen un grupo de presión, tenemos una verdadera democracia; cuando las fuerzas minoritarias constituyen un grupo de presión entonces no tenemos una democracia sino una oligarquía”. Su orientación consistía en señalar que “es preciso hacer orientar a las masas a buscar esos canales institucionales para ejercer la presión, para que, algún día, nuestra gente organizada pueda librarse de cualquier tipo de oligarquía, ya sea una oligarquía de tipo liberal, ya sea una oligarquía de tipo de izquierda, para que al fin, la democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo, sea una realidad a través de las fuerzas sociales y de las presiones de base”.

Sin duda, Bogotá ha estado bajo el control de oligarquías de derecha e izquierda. Gobernada para satisfacer intereses de ricos, burocracia y grupos políticos. El secreto de su dominio y reproducción en el poder es alimentar el apetito de los poderosos, empobrecer a la clase media y paternalistamente socorrer a una masa indigente mediante políticas asistenciales. Poco preocupa la inversión productiva, el crecimiento sostenible, la organización democrática, el fortalecimiento de una ciudadanía consciente y participativa. La política confiscatoria y parasitaria de los impuestos prediales es una muestra contundente del estilo de gobierno oligárquico del Distrito Capital.