Por primera vez en la historia de Colombia, las víctimas serían reconocidas como centro del conflicto, afirmó el presidente Santos el pasado mes de agosto cuando viajaba la primera delegación de representantes de este sector a La Habana. Al mismo tiempo, el procurador Ordoñez y el Centro Democrático declararon que no existía tal reconocimiento, sino un pacto de impunidad para las Farc que implicaría, según ellos, amnistías e indultos a favor de los victimarios, en detrimento del derecho a la justicia para quienes han vivido las atrocidades de la guerra. Finalmente, las Farc anunciaron que por ser una de las partes del conflicto se comprometían a identificar y reparar a quienes han causado daño, pero que lo harían cuando otros responsables hicieran lo mismo. ¿Están estos sectores preocupados por el reconocimiento de las personas afectadas o por el proceso jurídico de los victimarios? ¿Están en discusión los mecanismos de reparación o prima el debate sobre la dosis de justicia que deben recibir los actores de la guerra?

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Con la intención de conciliar los derechos de las víctimas y la sanción para los victimarios, se ha iniciado en el país el debate sobre justicia transicional, la cual será fruto de los acuerdos que se construyan en el proceso de paz de La Habana. Su objetivo debe ser buscar y hacer pública la verdad de lo ocurrido, sentenciar a los culpables, promover la paz, y principalmente reconocer a quienes más sufrieron la guerra, por ello toda propuesta debe contemplar: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sin embargo, pareciera que en el marco del proceso de paz, el objetivo de la justicia transicional se hubiese transformado en hacer pública poca verdad e imponer muy poca justicia. Cada sector se la imagina de acuerdo con sus necesidades, como un gran comodín que se pone y se quita según los avatares del momento político. Así, los debates han privilegiado el diseño de mecanismos para superar los obstáculos hacia la firma de la paz, y se han olvidado de lo fundamental del debate: justicia para las víctimas, no para los victimarios.

Con la intención de alcanzar la paz lo más pronto posible, el pasado mes de febrero el expresidente César Gaviria propuso una justicia transicional para todos, como el principal mecanismo jurídico-político para superar los impedimentos presentados en La Habana frente al punto de víctimas, con la fórmula más sencilla: cero cárcel para los actores del conflicto. Hacer lo que sea por la paz, ha conducido al desarrollo del pragmatismo como apuesta política en tiempos de negociación.

El exmandatario liberal propuso cuatro elementos: “que los beneficios de la justicia transicional no solo se apliquen a guerrilleros, militares y paramilitares sino también a empresarios, políticos, jueces y agentes del Estado que fueron cómplices o coautores de delitos durante el conflicto armado; que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas; que la teoría de los máximos responsables defendida en el Marco Jurídico para la Paz se aplique de manera restringida a coroneles y generales y que se limite a las faltas por acción comprobadas y no por omisión; y que esta justicia transicional sea refrendada vía un referendo para darle legitimidad política”1.

La iniciativa política —más que jurídica— de Gaviria es audaz, en parte, porque propone soluciones definitivas al victimario y a su vez, se presenta como un mecanismo para olvidar el pasado de la guerra y avanzar a un futuro de conciliación. A varios sectores les pareció tentadora la propuesta. Los responsables de delitos en el marco del conflicto que demostraron su apoyo a la iniciativa, parecieran no tener interés en abordar las atrocidades y sus implicaciones, y les resulta más sencillo seguir bajo el manto de la negación. Mientras que los que han sufrido los crímenes claman verdad, justicia y reparación, porque quieren que se les reconozca, que los actos sufridos sean investigados, y sobre todo, garantías de no repetición, elementos totalmente ausentes de la proclama de justicia del exmandatario liberal.

El gobierno fue uno de los sectores que mayor interés demostró en esta iniciativa. En defensa de los que cometieron crímenes amparados bajo mandato público de protección, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón aseguró: “es necesario que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que pudieron tener problemas en el marco del conflicto, tengan soluciones definitivas”2. De este modo, todos los actos cometidos por los militares quedarían cerrados y olvidados en la memoria oficial, evitando que en Colombia se repita lo que sucede en países del cono sur, donde funcionarios estatales continúan en investigaciones y judicializaciones por los delitos cometidos durante las dictaduras de los años 70 y 80. Además de esta salvaguardia para la fuerza pública, el gobierno3 destacó la importancia política de la iniciativa, pues resulta un escenario viable para las Farc, para la oposición y para el mismo gobierno, dado que ninguno quisiera pagar un solo día de cárcel y así se superaría uno de los mayores inconvenientes para concluir el acuerdo sobre víctimas.

Tal escenario político tampoco le molestó a las Farc4. Por un lado, Gaviria reconoce, como lo ha hecho la insurgencia, que las responsabilidades de los delitos y del conflicto son compartidas y no recaen únicamente en la guerrilla, sino que el Estado y sectores políticos y económicos también han sido patrocinadores de crímenes y a su vez, de la profundización del conflicto. Por el otro, el indulto que promueve la propuesta les resulta políticamente conveniente: para los guerrilleros, cero cárcel.

La aceptación de la amnistía sin reparos por parte de las Farc resulta contradictoria con declaraciones anteriores donde han manifestado que no se le debe tratar con el mismo beneficio a quienes en razón del altruismo del delito de rebelión cometieron delitos y a quienes con mandato oficial, atentaron contra la población civil. ¿Por qué ahora las Farc deciden aceptar este indulto generalizado? La guerrilla acepta una solución pragmática y reconoce las diferencias entre el Caguán y La Habana, consciente de que en esta ocasión su desventaja militar e incluso política, no le permite exigir mayor juzgamiento al Estado que a la insurgencia.

Además de la acogida de la propuesta de justicia transicional para todos por las delegaciones de paz sentadas en la mesa de negociación, distintos sectores de opinión5 y desde distintas orillas políticas6, destacaron la importancia de aceptar esta iniciativa en aras de avanzar en las conversaciones. Tres elementos le reconocieron a la proposición de Gaviria: en primer lugar, permite vincular a la mitad del país opositora del proceso, porque el manto de la negación de delitos los cobijaría; en segundo lugar, plantea una posibilidad de perdón y olvido, partiendo de la premisa de que estos elementos son necesarios para garantizar la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social, y finalmente, restringe las investigaciones judiciales hacia los máximos responsables, evitando el eminente “colapso” del sistema judicial, dado que éste no podría tramitar todos los procesos de investigación.

Desde esta perspectiva, la iniciativa trae más ganancias que pérdidas, especialmente el beneficio de la firma de la paz. Es la mejor manera de pasar la página de la guerra. A favor de esta proclama, muchos cuestionaron la posibilidad real de que el sistema jurídico colombiano investigue todas las violaciones graves de los derechos humanos en el marco del conflicto. Probablemente esta pregunta no se la hacen las madres y familiares de los/as desaparecidas, de las torturadas y asesinadas, que después de 10 o 20 años están esperando respuestas. Tampoco se lo preguntarán las comunidades desplazadas o masacradas que quisieran saber por qué y quienes atentaron contra ellos. ¿Quién dijo que era fácil superar un legado de guerra y violencia sistemática? ¿Es posible mediante borrón y cuenta nueva construir un pueblo en paz, sin remordimiento ni legados de violencia? Quienes consideran que sí seguramente están ubicados desde el pragmatismo de los victimarios, alejados de los derechos de las víctimas.

Sin embargo, hubo quienes rechazaron esta propuesta7 con la ya usual denuncia de la entrega del país al terrorismo, preocupados por las condescendencias jurídicas con los victimarios y no por la falta de garantías jurídicas para las víctimas. Dos argumentos esgrimieron los opositores: las Farc son las máximas responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto, y no pueden salvarse de pagar pena privativa de la libertad; y la justicia transicional para los paramilitares contempló cárcel, así mismo debe hacerlo la que cobije a la guerrilla.

Contrario a lo que opinaron sus compañeros políticos, el abogado Jaime Granados, asesor y defensor de Álvaro Uribe, hizo un llamado al Centro Democrático para contemplar el apoyo a la iniciativa de Gaviria: “la justicia transicional persigue un camino distinto a la llamada justicia retrospectiva, cuyo único objetivo es lograr la punición como un imperativo categórico”8. Más allá de la retórica jurídica esgrimida por Granados, la posibilidad de que la justicia para todos cobije a su defendido y a otros funcionarios del gobierno de Uribe, resulta un sustento políticamente válido —y pragmático— para apoyar esta propuesta de justicia transicional. El avance en las investigaciones contra María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Bernardo Moreno y Luis Alfonso Hoyos pone al uribismo en una encrucijada, entre la exigencia de cárcel para los guerrilleros y la posibilidad de indulto para sus funcionarios y representantes, quienes cometieron delitos en el marco del conflicto. ¿Será este el momento en el que el uribismo aproveche la protección de la justicia y se suba al tren de la paz? ¿Habrá logrado el gobierno por intermedio de Gaviria desmovilizar a la oposición y desmontar ese obstáculo a las conversaciones en La Habana?

Mientras el uribismo define si llegó la hora de apoyar los diálogos, los que manifestaron su apoyo a la propuesta de Gaviria señalaron que en favor de la paz, prima más la verdad que la justicia, y por ello es de mayor importancia que los no combatientes reciban indulto a cambio de la aceptación de los delitos cometidos. Pareciera que el modelo de paz para Colombia es de poca verdad y muy poca justicia. Lo que aún no resulta claro es quiénes van a construir esa verdad. Porque lo más preocupante de la gran acogida de este proyecto de justicia transicional, es que las víctimas son las grandes ausentes del debate, no por falta de propuestas u opinión, sino por falta de visibilización en los grandes medios de comunicación y de reconocimiento político. Si las cosas continúan por este camino, quienes van a construir la verdad son los victimarios, quienes han sido los únicos tenidos en cuenta en la iniciativa de Gaviria y quienes serían responsables de admitir sus delitos. Sin embargo, es necesario reconocer la otra parte de la historia, la otra voz que sufrió los crímenes, para construir la verdad del conflicto.

La invisibilización de la población civil que sufre las consecuencias diarias de la guerra plantea grandes desafíos en la construcción de paz. Esto se vio reflejado en la presentación del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, donde las víctimas fueron nuevamente las ausentes del debate, y el protagonismo lo tuvieron las voces institucionales que no les interesa que se discuta otra verdad, más allá de la oficial. Así lo expresó el Ministro de Defensa: “Me parece que en el tema de la verdad, lo que se tiene que hacer es que se diga la verdad verdadera”9. ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿La del gobierno, la de las Farc, la de las Fuerzas Militares, la de los ganaderos o la de la población que sufrió las dinámicas de la guerra?

Si la balanza está entre justicia y verdad, la disputa debe ser por la construcción de ese relato. Las víctimas no pueden seguir siendo las grandes ausentes en la vida política nacional, en los medios de comunicación ni en la justicia. Deben ser las protagonistas en la construcción de otra verdad, que no sea la última ni la acabada, pero sí la que no se ha escuchado.

No obstante, si bien los mecanismos de justicia transicional hacen parte de la médula del proceso de paz, su esencia debe ser justicia para las víctimas, no para los victimarios. La paz no lo justifica todo, menos el silencio y el olvido. La necesidad de firmar los acuerdos de La Habana ha llevado a la decisión pragmática de priorizar los mecanismos para desmovilizar a la oposición y así avanzar en pactos políticos que logren darle viabilidad a la refrendación del proceso. Sin embargo, puede conducir a la no satisfacción de los derechos de quienes han vivido las peores consecuencias del conflicto. Así, la legitimidad que ganó el proceso de paz con la participación de las víctimas, hoy se pone en cuestión por el protagonismo que se le ha dado a los victimarios.

  1. El Tiempo. “Justicia transicional para todos: pide Cesar Gaviria”. (Publicado el 15 de febrero de 2015) Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/expresidente-gaviria-habla-de-la-justicia-transicional-/15249538 (Consultado el 12 de marzo de 2015).
  2. El Colombiano. “Mindefensa de acuerdo con propuesta de justicia transicional para todos”. (Publicado el 15 de febrero de 2015). Disponible en: http://www.elcolombiano.com/mindefensa-de-acuerdo-con-propuesta-de-justicia-transicional-para-todos-JB1298139 (Consultado el 12 de marzo de 2015)
  3. Así lo manifestaron: Juan Manuel Santos, Presidente de la Republica; Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa; Yesid Reyes, Ministro de Justicia y Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación.
  4. Semana. “Las Farc acogen propuesta de Gaviria”. (Publicado el 16 de febrero de 2015). Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-caracol-radio-propuesta-cesar-gaviria-dialogo-alvaro-uribe-centro-democratico/418227-3 (Consultado el 12 de marzo de 2015).
  5. Así se pronunciaron: De la revista Semana: Alfonso Cuellar, León Valencia, Antonio Caballero y Daniel Castellanos García. Del periódico El País: Jorge Restrepo Potes. Del periódico El Tiempo: Jaime Fajardo, María Isabel Rueda, Álvaro Leyva y Guillermo Perry. Del Espectador: Mario Fernando Prado, Ramiro Bejarano Guzmán, Luis Carvajal y Jorge Gómez Pinilla. Del Colombiano: Jorge Giraldo Ramírez.
  6. Así lo manifestaron: Horacio Serpa del Partido Liberal, José David Name del Partido de la U, Claudia López de la Alianza Verde, David Barguil del Partido Conservador y Juan Fernando Galán de Cambio Radical.
  7. El país. “Debate por inciativa de justicia transicional que abarca a combatientes y a cíviles”. (Publicado el 17 de febrero de 2015). Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/debate-por-iniciativa-justicia-transicional-abarca-combatientes-y-civiles. (Consultado el 13 de marzo de 2015).
  8. El Espectador. “Abogado de Uribe le pide al Centro Democrático apoyar la propuesta de Cesar Gaviria”. (Publicado el 20 de febrero de 2015). Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/abogado-de-uribe-le-pide-al-centro-democratico-apoyar-p-articulo-545282. (Consultado el 13 de marzo de 2015).
  9. El país. “Lo importante es que los grupos armados no creen verdades alternativas: Pinzón”. (Publicado el 26 de febrero de 2015). Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/importante-grupos-armados-creen-verdades-alternativas-pinzon. (Consultado el 13 de marzo de 2015).