Luis Carlos Sánchez

* Luis Carlos Sánchez

Politólogo, historiador y magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana

La toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, sus imágenes, sus misterios y las disputas por su interpretación histórica, han constituido el marco más bien trágico en el que por mucho tiempo se ha interpretado la relación entre el conflicto armado interno y la administración de justicia. Según ese marco, un sistema judicial simultáneamente débil e independiente, expuesto a la cooptación pero conformado en su mayoría por funcionarios valientes, ineficaz pero enraizado en la tradición civilista y legalista colombiana, curiosamente progresista aunque correlativo a un régimen político cerrado y excluyente, fue explícitamente atacado por la ilegalidad y el autoritarismo.

En la estela de ese marco interpretativo, la masacre de La Rochela, ocurrida en enero de 1989, perpetrada por una alianza de narcos, paras y militares en contra de una comisión judicial que los investigaba, afianzó la imagen y la articuló en un mensaje a la vez contundente y eficaz: la violencia, además de fruto de la injusticia, es la imposibilidad de la justicia.

Ese marco interpretativo ha tenido una importancia decisiva. Buena parte del activismo judicial en jurisdicciones internas e internacionales pasa por la idea de que es necesario devolverle a la justicia sus posibilidades en un contexto letalmente hostil. En ese marco, la exigencia de justicia es la exigencia de una posibilidad cuyo ámbito está determinado por el lenguaje más bien técnico del derecho.

La exigencia de justicia ha conseguido logros importantes, sobre todo por fuera del ámbito restringido de la justicia penal. La política pública sobre desplazamiento forzado, por ejemplo, es incomprensible al margen de la exigencia de justicia en su sentido explícitamente judicial. Los avances, además, en el derecho fundamental a la consulta previa, inscritos en la historia global del activismo judicial, han cristalizado en instituciones que han avanzado en la protección de aspectos elementales de formas de vida diversas e históricamente en riesgo. Y finalmente, a pesar de sus enemigos jurados que cada tanto le achacan los peores males del sistema de justicia, la tutela como mecanismo constitucional de protección de derechos ha acercado significativamente la justicia a los ciudadanos, al menos en lo que atañe a la garantía del derecho a la salud. Esos tres casos escogidos al azar son ejemplos de las potencialidades del lenguaje judicial para lograr avances concretos en el bienestar de sectores de la población, y en el caso colombiano muestran que ese potencial de lo judicial es particularmente relevante en regímenes débilmente democráticos en los que las vías políticas de transformación son muy limitadas.

Creo que si hoy vale la pena hablar de crisis de la justicia no es sólo porque haya trascendido a la opinión la oscuridad, la discrecionalidad y la economía de los mecanismos de selección de las tutelas, ni porque estén cuestionadas las facultades electorales de las Altas Cortes, ni por las escandalosas pensiones de los magistrados. Esos hechos son muy importantes, sin duda, pero creo que su importancia está relacionada con el hecho de que el paradigma según el cual se ha habilitado a la justicia como posibilidad en la lucha política está en crisis, y creo que esa crisis obedece al cruce de dos transformaciones.

La primera transformación se ha venido produciendo desde hace algunas décadas pero sólo nuestro tiempo es testigo de su desenlace. Llamaré a este proceso el de la espectacularización de la justicia, que en su forma contemporánea es el corolario y la parodia de la tensión entre los procesos de judicialización de la política, por un lado, y de politización de la justicia, por el otro. Al menos, en lo que atañe a la justicia penal y a lo que de ella se ve a diario en los medios de comunicación, los juicios se han convertido en el lugar de un espectáculo atroz, en el que los protagonistas son los poderosos de nuestro tiempo. El espectáculo cumple con una tarea fundamental en la medida en que refuerza el punitivismo a través de una doble separación. Por un lado, la justicia aparece como una esfera separada en la que se oponen poderes que están por fuera del control de cualquier individuo. Aprovechando el carácter adversarial del sistema penal acusatorio, la lucha entre poderes alcanza su clímax dramático en la escena judicial; pero al ser poderes y no individuos los que se enfrentan, el juicio sobre la responsabilidad de los individuos queda supeditado al desequilibrio de los poderes, a la asimetría de sus relaciones en un momento de la lucha política. Por el otro lado, la política aparece enteramente atravesada por la ilegalidad, pues todo asunto político puede ser dirimido en el lenguaje de la justicia penal. Una política que es indiscernible de la ilegalidad implica que la política es el dominio de aquellos que están por encima de la ley, y por lo tanto, que la política pertenece a un dominio distinto, separado de aquel en el que habitan los ciudadanos.

El punitivismo expresa entonces la demanda política por la posibilidad de la justicia allí donde la política y la justicia han alcanzado el umbral de una alienación sin residuos. Pero el punitivismo es él mismo la parodia y la traición de la justicia, pues no es otra cosa que parodia y traición de la justicia la demanda según la cual el sistema penitenciario, que nadie debe olvidar que ha sido enemigo histórico de todo esfuerzo emancipatorio y aún hoy un enemigo inconfundible de los desposeídos, deba ser el encargado de tramitar con justicia y de manera definitiva los conflictos políticos.

La segunda transformación es reciente y está relacionada con el debate sobre la justicia transicional y con la implementación de sus mecanismos. De manera muy general, me atrevo a decir que la justicia transicional en Colombia ha implicado al menos dos cosas. Una, básica, es una importante reserva ante las posibilidades de la justicia y particularmente de la justicia penal. Hoy es común ver distinciones que antes eran inviables, o abiertamente marginalizadas y perseguidas hasta el exilio, como la de delincuente común y delincuente político, la de las funciones del juicio y las funciones de la pena en la garantía del derecho de acceso a la justicia, o la de las consecuencias judiciales y políticas de graves violaciones a los Derechos Humanos. Esas distinciones atestiguan una consciencia creciente de las limitaciones de la justicia, y se traducen empíricamente en el desligamiento progresivo de la cuestión de la verdad con respecto a la cuestión de la justicia.

Otra, menos evidente, es que la justicia transicional ha desplazado el horizonte temporal de la justicia más allá de las posibilidades de su realización. Un examen desprevenido de los instrumentos legales en los que ha cristalizado el diseño de la justicia transicional muestra que más allá o más acá de graves errores institucionales, de la negligencia de algunos funcionarios y de la limitación de recursos, la justicia transicional es esencialmente incumplible.

En relación con la justicia penal basta con observar el enorme peso que ha ganado el concepto de imprescriptibilidad, correlato del de sistematicidad, en la caracterización de conductas antijurídicas. Hoy más de una batalla jurídica contra la impunidad pasa por la declaratoria del crimen de lesa humanidad, que implica en la práctica la imprescriptibilidad del hecho punible. Pero la extensión masiva de la imprescriptibilidad trae con ella nuevos peligros, pues aleja de la justicia la posibilidad de su cierre, difiere necesaria e incesantemente todo juicio, y convierte de paso al lenguaje judicial en la referencia definitiva de toda discusión sobre el pasado.

Ahora bien, el hecho de que la justicia esté hoy atravesada por el espectáculo y la infinitud no significa que la única alternativa disponible sea la renuncia a la justicia. Quizás la crisis de la justicia permite hoy iluminar de un modo distinto la estructura temporal y lingüística con la que habilitamos cada presente en la lucha política. Quizás entonces lo que la crisis de la justicia da a pensar es un uso alternativo del derecho según el cual la justicia, parcialmente desligada de la deuda y de la culpa, encuentra el ámbito de su realización en la diversidad de las formas de vida, en el juicio simple que declara justo todo lo que es. Y si la exigencia de justicia queda entonces atada a la lucha por habilitar la posibilidad de que cualquiera sea de acuerdo con su propia forma, entonces el lenguaje judicial puede encontrar las claves de un uso distinto, del que ya nuestro tiempo intuye su forma; un uso no separado de la vida de hombres y mujeres, y liberado de la tarea infinita por la que no deja de someter y obsesionar a nuestro tiempo.