Catalina Rodríguez

* Catalina Rodríguez

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Antropología Social de la misma Universidad. Dentro de sus intereses académicos e investigativos se encuentran los movimientos y las organizaciones sociales y, en especial, el movimiento indígena colombiano, la ecología política y los conflictos territoriales

Además de las ya suscitadas críticas a las palabras de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, con respecto a la división del Departamento del Cauca en dos, uno para indígenas y otro para mestizos, considero que valdría la pena aclarar que, además de ser una propuesta racista y sectaria, así como profundamente desconocedora (o silenciadora) de la realidad étnica, cultural y territorial del Departamento, es una propuesta que refleja, desde mi perspectiva, una situación que viene ocurriendo hace décadas en el Cauca y que tiene mucho que ver con la presencia de los ingenios azucareros y con la expansión del monocultivo de caña.

Adicional a lo anterior es importante también recordar que en el Cauca y, particularmente en la zona norte -donde se han presentado los principales conflictos entre la fuerza pública y los indígenas- no sólo hay indígenas, sino también cerca de 40 consejos comunitarios de población negra. Esta población caucana ha ocupado y vivido en estas tierras por siglos y son quienes hoy tristemente se encuentran en estado de desprotección y vulneración de sus derechos como sujeto colectivo étnico, por no poseer derechos territoriales sobre sus propias tierras a razón del despojo y la violencia. Es esta misma población la que se movilizó fuertemente a finales del 2014 protestando por la invasión de sus ríos por parte de la minería ilegal de oro, y quien hoy en día se encuentra amenazada por haberle exigido al Estado y a la sociedad la garantía de su derecho fundamental al agua y a la vida. En estos territorios han convivido desde hace siglos estas dos poblaciones étnicas, quienes cuentan historias de gestas heroicas en las que la unión entre ambos ha sido efectiva para la protección de sus tierras ancestrales y recursos, tal como sucedió en el año 2013 cuando recién se instalaba la minería ilegal en el río Palo (Coloto-Guachené) y ambos grupos, armados de palos, piedras y machetes lograron sacar temporalmente a tres retroexcavadoras y a sus operarios del río (hoy la minería ilegal cuenta con esquemas de seguridad compuestos de hombres armados hasta los dientes).

También se escuchan historias en las cuales ciertos cabildos adoptan a hombres y a mujeres afros solidarios y colaboradores de sus causas, que en algunos casos se han convertido en gobernadores indígenas. De la misma manera ha sucedido con indígenas que se integran activamente a los consejos comunitarios afros y se reconocen como tales para acompañar y apoyar la exigencia de sus derechos étnicos. Tristemente, a mi parecer, la generalidad no es ésta, pues existen disputas territoriales, políticas y organizativas entre ambos grupos étnicos, consistentes principalmente en las pretensiones de ampliación territorial de resguardos indígenas en lugares donde vive población negra. Esto, mientras unos y otros se ven despojados de tierras productivas y fértiles por la expansión del monocultivo de caña, que tiene a los territorios de la población negra fragmentados y rodeados de caña y que ha puesto talanqueras a la reclamación de tierras para los indígenas en la zona plana, limitando su territorialidad a las faldas y a los altos de la cordillera central; lugar donde desde los sesentas acciona el sexto frente de las FARC, que recluta, amenaza y victimiza tanto a indígenas como a negros.

Dicho esto y volviendo a las palabras de la senadora uribista Paloma Valencia, pareciera entonces que el Cauca con “vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos” es aquel que viene siendo apropiado por los ingenios azucareros con el visto bueno del Estado y en donde ni negros ni indígenas pueden ejercer sus derechos constitucionales ya conquistados. Frente a esto hay que recordar que el monocultivo expansivo de caña para la producción de etanol, fue patrocinado por el expresidente Uribe en el año 2001 a través de la Ley 69 de ese año, en donde en convenio con la Asociación de cultivadores de caña de azúcar ASOCAÑA se acordó la expansión y diversificación de la industria azucarera, que le aseguró el mercado de la mezcla de gasolina y etanol. Recuerdan varios líderes y miembros de los consejos comunitarios que para esta época el paramilitarismo estaba en auge en la región y que líderes reclamantes de tierras fueron asesinados o amenazados y que hoy las tierras que se reclamaban están en manos de los ingenios.

También dicen los miembros de los consejos que los ingenios no son fuente de empleo y que de hecho los índices de desempleo y desocupación son más altos que nunca. Esta situación se relaciona con dos factores, el primero consistente en que el monocultivo de caña no es fuente de trabajo digno pues no es estable para la población, y el segundo, que no hay disponibilidad de tierras para el desarrollo de prácticas agrícolas alternativas.

Frente a esto, cabe recordar el paro de los corteros de caña del año 2008, causado por los bajos salarios en relación con las extensas jornadas de trabajo (16 horas diarias), el remplazo de la mano de obra por máquinas, la inestabilidad laboral y la tercerización a través de empresas contratistas, que de acuerdo al pliego de peticiones del paro de ese año debían desaparecer, pero sólo cambiaron su nombre. Adicional a este hecho, se denuncia que los ingenios le compran el “ficho” a los trabajadores por 10 o 15 millones de pesos, es decir su derecho a estar asociados como trabajadores de la caña, de tal forma que pierden la oportunidad de trabajar en cualquier empresa azucarera y, dada la imposibilidad de invertir en compra de tierras en la región, se va perdiendo la vocación agrícola de la gente y en especial de la población negra.

Por otro lado, las prácticas agrícolas tradicionales, antiguamente fuente de trabajo para la población étnica, se ven gravemente afectadas por las fumigaciones aéreas de la caña, las cuales han generado la destrucción de los cultivos comerciales y de pancoger, al alterarse la composición química del suelo, acelerar el proceso de maduración de los alimentos y acabar con especies frutales de cultivo tradicional. Además el despojo territorial y la presión económica y social que se genera sobre las comunidades para la venta o alquiler de sus territorios a los ingenios, son factores que contribuyen al desempleo y a la transformación de la región de despensa agrícola a desierto verde. La situación se ve agravada por el irrespeto a la consulta previa, la falta de planes de manejo ambiental, el uso irresponsable del agua para los cultivos, la desviación de ríos para la construcción de distritos de riego, los vertimientos de herbicidas, la tala y pérdida de bosques y con ello la pérdida de fauna y flora, entre otros.

Ante este panorama, y dado que tanto a indígenas como a negros se les vulneran los mismos derechos constitucionales por ser poblaciones étnicas, sería alentador presenciar el establecimiento de lazos solidarios entre ambos grupos, para afrontar la realidad de despojo territorial vivido a causa de aquellos caucanos con “vocación de desarrollo” que ya tienen apropiada la mitad norte del departamento y cada día van por más.