Olga Nadezhna Vanegas

* Olga Nadezhna Vanegas

Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital F.J.C. Máster en Sociología y Filosofía Política de la Universidad París VII. Actualmente cursa estudios de doctorado en Filosofía Política en la misma universidad. Su línea de investigación es la filosofía política contemporánea y sus temas de trabajo giran en torno a la articulación entre conflicto político, acción política y ciudadanía a partir del pensamiento de Arendt, Lefort y Rancière

Hoy, parece evidente que el post-conflicto tendrá lugar en el país, los discursos oficiales dentro y fuera del territorio nacional comienzan a vender un escenario de post-conflicto que orienta la cooperación extranjera y comienza a definir la nuevas dinámicas de las políticas públicas para abordar ese nuevo momento. En este contexto, el paso del conflicto al post-conflicto supone el final de las hostilidades, un hecho ligado a  un escenario de paz que marca un cambio temporal, es decir el antes y el después de la guerra. Dicha concepción, que estipula como mayor logro el «final» del conflicto, se generaliza y se proyecta en una atmósfera en la que el «conflicto» se convierte en un obstáculo para la democracia y el desarrollo económico del país.

Sin embargo, a pesar del peso hegemónico de esta concepción y de las claras intenciones de impedir toda legitimidad del conflicto político y social como fuente de oxígeno para la democracia, es inevitable que las tensiones continúen manifestándose y que las luchas por los derechos y las luchas emancipadoras no se acallen, sobre todo si se tiene en cuenta que las condiciones políticas, económicas y sociales que por más de un siglo han caracterizado la dinámica del país, imponen un tiempo largo de transición entre la guerra y la paz, para consolidar dicho proceso.

El tránsito entre estos dos tiempos, el de la guerra y el de la paz, que desemboca en un tiempo de post-conflicto, debe inscribirse en un tiempo, aún más largo, el de democratización de la democracia, y alejado de toda intención de pacificación de la sociedad, con la que se borra toda posibilidad de revelar las grandes desigualdades económicas, así como la desigualdad en el acceso a los derechos sociales y políticos.

Admitir la complejidad de dicho tiempo de «post-conflicto» supone poner a jugar varios escenarios y exigencias que no se limitan a la desaparición de los actores armados, de sus formas de violencia y de la utilización de las armas, ni a los puntos de la agenda de negociación. Se deben tener en cuenta diferentes factores y dinámicas que marcan la mentalidad del país frente al fenómeno de la guerrilla y su efecto en la percepción de la resistencia política y social, así como las reacciones que produce la implementación de planes de transición y de reconstrucción. En este texto nos limitaremos a señalar dos: por un lado la premisa del «enemigo interno» que desde la guerra fría se inscribió en la lógica castrense, así como en la lectura que la clase política y la opinión pública en general hacen de las diferentes formas de resistencia y emancipación; por otro lado, las resistencias a los cambios que lentamente y con dificultad se avecinan, y que tocan a las élites nacionales y locales así como a los órdenes de poder y dominación que se establecieron en diferentes zonas del país.

La lógica de la existencia de un enemigo virtual tomó forma y se materializó en el sujeto «movimientos sociales», «líderes sociales», «militantes», «actores de las diferentes luchas por los derechos», estableciendo una relación directa y constante entre resistencia e insurgencia. De esto resultó una fuerte polarización que determinó que la única respuesta para enfrentar a los sujetos que no hacían parte de los defensores de la patria y del statu quo era la imposición de una guerra que se desplegaba en confrontaciones militares pero también a través de diferentes mecanismos de represión y de deslegitimación de la protesta social y de la acción política, que aún hoy están muy presentes y que contradicen constantemente los «esfuerzos» de paz del actual gobierno.

El segundo es la resistencia a los cambios que desde ya se proponen para asegurar una paz duradera y que se manifiestan en una reorganización de las élites nacionales y de los poderes locales, para crear escudos que protejan el entramado de intereses privados que por tantas décadas han creado y defendido, llegando a solidarizarse entre ellas para garantizar el status quo. En este proceso el rol del Estado es esencial, puesto que él contribuye a esta reorganización utilizando el manto de la legalidad para implementar medidas que dan respuesta a los diferentes conflictos ya presentes y a los que se avecinan. De esta manera, se combaten las luchas por los derechos a través de procedimientos legales y apoyados en el argumento del impulso al desarrollo. Un ejemplo palpable es la puesta en duda de la consulta previa en las zonas de explotación minera, en la que se limita el derecho a la participación bajo el argumento que ésta se convierte en un obstáculo al desarrollo económico de la nación.

Teniendo en cuenta estos escenarios es indispensable entonces provocar un cambio de la mentalidad conservadora y represiva que ha acompañado y caracterizado el «proceso democrático» en Colombia, para que un verdadero espacio y proceso de democratización, con sus contradicciones y conflictualidades, haga aparición y revele los órdenes dominantes que en tiempos de guerra o en tiempos de paz reproducen esquemas de desigualdad y de explotación.

En este sentido solo la explosión y exposición de diferentes conflictos políticos y sociales permitiría que la expresión de una ciudadanía activa y emancipadora sea posible. Una ciudadanía que vaya más allá de la simple enunciación de derechos, y que a través de la acción política se constituya en agente de cambio y de resistencia que logren materializar esos derechos que hasta ahora representan un orden abstracto de enunciación sin llegar a ser reales y efectivos en la práctica.

En un país considerado como uno de los más desiguales del mundo, en el que la violación de los derechos humanos es constante, en el que el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, entre otros, es letra muerta, en el que la explotación de los suelos y el desarrollo de la empresa pasa por encima de la vida de cientos de poblaciones, en el que despojo de la tierra se convirtió en motor de la producción y del «desarrollo» agrícola, la paz que se avecina debe entenderse exclusivamente como el tiempo del final del conflicto armado que permitirá la explosión y exposición de otros conflictos que hasta ahora han estado sometidos al vaivén de la guerra y de la represión.

La complejidad de dicho proceso implica entonces asumir la «productividad» del conflicto político y social, fuente de oxígeno para la democracia, que al provocar dinámicas en donde los órdenes impuestos por los dominantes son constantemente puestos en cuestión, evita la acumulación de asuntos no resueltos, de derechos vulnerados, de desigualdad creciente, de injusticia, etc., que con el tiempo se convierten en insumos para la explosión del conflicto guerrero.

Es así que el silenciamiento de los fusiles es el punto de partida de un tiempo de post-conflicto, que no excluye de hecho el conflicto social y político de su horizonte sino que por el contrario abre las puertas a su expresión, como componente de un proceso de democratización y no como veneno contra la democracia como ciertas visiones pretenden mostrarlo.