Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

En un reciente evento realizado en la Universidad del Rosario, en el cual asistió el Vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), funcionarios públicos, delegados de agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, y académicos, hubo un fuerte debate conceptual respecto del modelo de justicia que debería aplicarse tras la eventual firma de un acuerdo final del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

En concreto, el Fiscal General de la Nación mostró fuertes discrepancias con la posición que en diversos espacios ha señalado la CPI, relativa a que el derecho a la justicia implica que personas que hayan cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio deben ser objeto de medidas privativas de la libertad efectivas, como parte de los deberes estatales de investigación, juzgamiento y sanción. En primer lugar, el funcionario señaló que la interpretación que hace el tribunal internacional de la normativa internacional de derechos humanos no es adecuada, toda vez que aísla el derecho penal internacional y, en particular, lo señalado en el Estatuto de Roma, de otros avances en los cuales se plantean alternativas para poder desarrollar negociaciones con el fin de finalizar conflictos armados.

En segundo lugar, afirmó que la Corte Penal Internacional tampoco hace una lectura correcta del interés a la paz en el derecho internacional de los derechos humanos, omitiendo que su cumplimiento puede ser un factor positivo para el goce efectivo de los derechos humanos y la prevención de nuevos hechos que atenten contra la dignidad humana, en particular, crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

En tercer lugar, el funcionario planteó que lo dicho por la Corte Penal Internacional respecto de la prohibición de suspensiones integrales de las penas de personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio no está desarrollándose en Colombia, dado que una acción de este tipo podría interpretarse como un indulto generalizado. Por el contrario, el Fiscal General dijo que lo que podría implementarse es una suspensión de la pena privativa de la libertad, pero sin que esto conlleve que el resto de medidas alternativas impuestas en el mecanismo judicial que se acuerde entre el Gobierno nacional y las FARC-EP se suspendan; por el contrario, se debería ser muy rigurosos en el efectivo cumplimiento de estas últimas.

Finalmente, el funcionario concluyó que la sanción privativa de la libertad que establece el Estatuto de Roma es aplicable a su jurisdicción, es decir, a los casos que este tribunal internacional estudie, pero que este tipo de disposiciones no constituyen estándares que se trasplanten automáticamente al derecho interno, especialmente, cuando de lo que se trata es de acordar mecanismos que permitan cerrar un conflicto armado de más de 50 años de duración.

Tras esta intervención, el Procurador General de la Nación realizó una intervención diametralmente opuesta, señalando que, desde su criterio, existen seis mínimos que obligan a que existan penas efectivas de cárcel en la eventual firma de un acuerdo de paz. Primero, señaló que la obligación internacional de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio incluye el deber de establecer penas privativas de cárcel. Segundo, que en este tipo de crímenes la pena debe ser proporcional, lo cual impediría, desde todo punto de vista, medidas no privativas de la libertad. Tercero, que los antecedentes internacionales de tribunales como el de la Ex-Yugoeslavia imponen un estándar que fija la cárcel como algo no negociable. Cuarto, que, al existir criterios que definen internacionalmente las características de una privación de la libertad, la medida principal debe ser cárcel, no otras alternativas. Quinto, que la suspensión condicionada de una pena, tal y como lo establece el Estatuto de Roma, debe hacerse luego de 2/3 partes de su cumplimiento real. Y, sexto, que la exclusión de participación en política debe hacer parte de la sanción penal.

Analizando este debate surgen varios puntos de análisis. El primero de ellos es que, lamentablemente, el debate sobre justicia transicional se ha reducido a la imposición o no de cárcel para los beneficiarios del modelo que se acuerde, lo cual deja por fuera de los debates públicos la garantía de los demás derechos de las víctimas. Peor aún, parece que su definición sigue siendo cosa de abogados que asumen que son ellos los llamados a resolver las diferentes interpretaciones sobre el tema, impidiendo una participación popular y de las víctimas al respecto, es decir, una profundización del elitismo judicial.

Un segundo punto está relacionado con la vigencia de propuestas teóricas en las cuales se cuestiona fuertemente el discurso sobre los derechos. En particular, es pertinente una de las críticas del sociólogo jurídico estadounidense Mark Tushnet, quien, entre varios puntos, planteó que el reconocimiento de los derechos depende de un proceso de adjudicación en el que los criterios de ponderación, utilización del precedente y consecuencias de un fallo pueden ser utilizados por un juez (o el Procurador, o el Fiscal) como “a bien le parezca11”, lo cual desvirtúa la tesis de certeza en su contenido.

Para finalizar, aun cuando los puntos anteriores aplican a las posiciones de ambos funcionarios, es importante señalar que la del Procurador General de la Nación tiene tan alto grado de intransigencia que pareciera que lo que realmente importa es usar el discurso de los derechos humanos para obstaculizar la firma de un acuerdo de paz que permita que las FARC-EP continúen su agenda política sin el uso de las armas, omitiendo que, más allá de si se cree o no que el fin del conflicto traerá cambios significativos en el país, éste implicará como mínimo la reducción de una situación humanitaria que continúa siendo de las más graves del mundo.

Esto último presenta muchas semejanzas con la posición del mismo funcionario respecto de la suspensión de la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito con glifosato, decisión con la cual se ha mostrado en total desacuerdo. Para el Procurador pareciera que los derechos de las personas (a que no las maten en la guerra o a que no las fumiguen aun sabiendo los impactos en salud, alimentación y ambiente) no debieran ser el objetivo final del sistema jurídico, sino simples herramientas para impedir cambios políticos que beneficien a la sociedad. Mejor dicho, un verdadero exponente del conservadurismo colombiano.

  1. Tushnet, Mark.  Ensayo sobre los derechos.  En: García Villegas, Mauricio (editor) Sociología jurídica, teoría y sociología del derecho en Estados Unidos. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2005, pág.  122.