Lucas Restrepo

* Lucas Restrepo

Doctorante en Ciencias Sociales, mención Sciences juridiques et philosophie politique, de la Universidad Denis Diderot - Paris 7 (Francia). Proyecto de investigación: ’’Gouverner le conflit, faire justice. Une lecture généalogique de l’expérience de la justice à propos du conflit politique colombien’’. Master 2 europeo en Filosofía, mención: Philosophie et critiques contemporaines de la culture, de la Universidad de Paris 8 (Francia). Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali

Como se sabe, las figuras de Carlos Pizarro y del Movimiento 19 de Abril llevan consigo en sus batallas, en su memoria y en sus olvidos incluso, el problema de la paz. Algunos de los suyos fueros protagonistas del diálogo y del acuerdo político para terminar el conflicto armado; otros, simples rastros sin relato. Si ciertamente resulta exagerado afirmar que los acuerdos de 1990 impusieron el tema de la paz en el centro de la agenda política colombiana, sí es innegable que, por algún tiempo al menos, generaron un lenguaje y una ruta a partir de los cuales cualquier problematización futura sobre la guerra colombiana debía ser repensada: los dispositivos de “tratamiento político” de las insurgencias, heredados de la tradición jurídica colombiana, fueron normalizados institucionalmente con su consagración constitucional en 1991 en el horizonte de una terminación pacífica del conflicto armado. De otra parte, un conjunto de medidas institucionales y de prácticas des-institucionalizadas instalaría un discurso de “los derechos” en la gestión de la relaciones entre las instituciones y los individuos. Resta no más decir que, tanto en Colombia como a nivel continental, ese “proceso de democratización” se llevó a cabo condenando al ostracismo a las miles de víctimas que generaron las dictaduras y las guerras sucias, y enviando los acumulados de la defensa de los derechos humanos a las entrañas mismas de la sinuosa burocracia judicial. Una de esas víctimas es sin duda Carlos Pizarro quien se sumó, desarmado, a la lista institucionalmente banalizada de las víctimas del Estado colombiano.

La muerte de Pizarro fue leída no por pocos como una traición, de allí que no sea superfluo hoy día, veinticinco años después de su asesinato, desplazar el debate contemporáneo a propósito de los diálogos de La Habana hacia el problema de las condiciones – concomitantes y posteriores – de un acuerdo político para una “transición” pacífica. En efecto, si bien es fundamental el reconocimiento de que esta guerra colombiana es una guerra con muchas víctimas, sin las cuales no se puede construir ningún proceso de reconciliación, queda ya suficientemente probado que el sistema de justicia actual no sólo no ha estado a la altura de las demandas sino que, peor aún, se constituyó hace rato en un arma de guerra, esto es, en un generador y en un repetidor de violencia política. Son tiempos en los que la paz ya no se sostiene de la sola apuesta tenaz y temeraria de Pizarro y del M-19 por la modificación de la táctica política, puesto que ahora la complejidad de las violencias que componen esta guerra requiere tanto de una reflexión colectiva a la altura de las circunstancias como de un proceso profundo y extendido de transformaciones políticas y sociales. Ahora bien, el cuadro académico en el que se quiere encerrar el debate no sólo parece insuficiente sino también demasiado artificial como para que no arriesgue una instrumentalización partisana. Sirve para todo, pero sobre todo para diseñar una paz de vencedores, con verdades archivadas en los anaqueles de tribunales ad hoc y con excombatientes insurgentes purgando penas por culpas propias y ajenas, como siempre lo han hecho desde que hay guerra. Lo dicho se ilustra en esas invocaciones que se hacen al Tribunal de Yugoslavia, como si la guerra de los Balcanes hubiera sido la misma que la guerra de los Andes. Es por ello que ese discurso académico llamado “justicia transicional” debe ser puesto a prueba por el terreno mismo: las dinámicas reales de “deconstrucción” de los relatos nacionales y de “reconstrucción” de las memorias colectivas sobre las violencias, en especial las violencias políticas, que por fin empiezan a encontrar un lugar en los escenarios públicos. En Colombia ya existe una experiencia de lucha por la verdad y por la justicia; esos procesos de deconstrucción-reconstrucción han sobrepasado los límites pobres del ensamblaje institucional y se han instalado en la crítica misma de los modelos culturales y económicos. De otra parte, el sistema político de exclusiones y de olvidos, al igual que el poder militar – el de las guerrillas por supuesto pero, sobre todo, el del Ejército – deben ser efectivamente, y no solo parcialmente, puestos en cuestión. En efecto, uno de los retos más difíciles para este proceso colectivo que venimos llamando “transición” no puede ser evadido, como bien lo sería en 1991, si no se quiere seguir repitiendo los ciclos de violencia institucional e institucionalizada: se requiere hacer una revisión rigurosa tanto de una doctrina militar anclada en los discursos de la “seguridad nacional”, como también de unas instituciones armadas, indistintamente policiales y militares, avocadas a la represión de las disidencias políticas y a la administración y contención de las marginalidades y de las desigualdades.

El llamado “pos-conflicto” no puede terminar siendo una fórmula elaborada por los expertos internacionales de la Transitional Justice e impuesta por las mismas instituciones que le entregan la tierra de los desplazados a las multinacionales o que reparten absoluciones a los servidores públicos involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad. La transición no puede ser menos que una experiencia intrínsecamente ligada a un esfuerzo democrático por revisar los viejos funcionamientos institucionales que movilizan constantemente la violencia política. Esto implica, de un lado, un abandono serio del selectivismo sistémico desde el cual se fijan los criterios de reconocimiento judicial y político de las víctimas. Mientras que las víctimas de la guerrilla gozan de un merecido reconocimiento institucional, las víctimas del Estado y de los paramilitares pagan escondedero, o se resignan al olvido y a la reconstrucción anónima de sus vidas arrebatadas. De otro lado, esto requiere de una des-instrumentalización de las víctimas, como la sangre y la carne de los espectáculos amarillistas de la prensa corporativa colombiana y transnacional. Una víctima no puede terminar siendo reducida a un despojo mendicante a riesgo de generalizar en los funcionamientos institucionales un modelo de marginalidad ciudadana y de banalización de la violencia. Las víctimas no son sólo sujetos de una reparación sino también sujetos de un proceso colectivo que está por construirse. Ahora bien, ellas no serán jamás un sujeto de construcción de acuerdos si quedan reducidas a la justificación abstracta de las “guerras justas”, el residuo humano de la intervención humanitaria y el sustrato invisible de la nota judicial del noticiero de la tarde.

El problema de los acuerdos de 1990 no parece haber sido de ninguna manera el supuesto “sacrificio” de la verdad y la justicia en beneficio de la política sino más bien el hecho de que no muchas cosas cambiaron en su momento. Como si el ensamblaje entre chivos expiatorios y víctimas marginales fuera la condición de posibilidad de un sistema que los genera en permanencia. El lugar de las víctimas y de los ex-combatientes en la historia, los cuerpos grises de cierta violentología y posconflictología, excede el de la “verdad” judicializada con fines de reparación: cuerpos y flujos que van dejando tras de sí y vienen llevando consigo un entramado de injusticias cristalizadas por las instituciones y en sus nuevas formas de vida. De otra parte, la justicia no sólo no ha sido un lugar adecuado para la conformación de esa memoria sino que, sobre todo, ha sido el lugar de su ostracismo, aun cuando combatientes y ex-combatientes siguen pasando por sus tribunales, aun cuando toneladas de registros conforman ya un archivo impresionante de crímenes y de victimizaciones. No porque la justicia no sea el lugar del espectáculo ejemplarizante, en cumplimiento de su función preventiva general, sino porque el Espectáculo es el otro-lugar del castigo sin justicia y porque, además, el aparato mismo es débil y sujeto a constantes penetraciones e inversiones. Se trata, entonces, de un nuevo presente que viene abriéndose paso en las luchas por la memoria en tanto que luchas por una justicia inaprensible, tanto por las estrategias actuales de atribución de derechos y de castigos como por las que proponen al unísono la CPI y el Procurador.

Si hoy en día es válido hablar de legados, tal vez uno de los más importantes que deja Carlos Pizarro sea su tenacidad en ese intento por traducir institucionalmente una reivindicación sencilla de justicia social. Sin embargo, el legado de los hombres y mujeres grises, reducido al espectáculo culpabilizante del zapping circus mediático, queda aún por actualizar: el de esos y esas que regresaron o fueron empujados a las ciudades despelotadas, a los pueblos amontonados, a las chozas perdidas entre caminos reales; los que adentro en sus entrañas se saben perdedores de una guerra eterna; los que no tendrán ni los ministerios, ni los noticieros, ni las ONG; los que guardan silencio y no participan de evocaciones colectivas, evitan la nostalgia y eluden el testimonio. Pero también el de los innumerables que siguieron perdiendo en la batalla o bajo el fuego ajeno; los derrotados en el alma que entregaron sus armas sin ruido; los que mascan su silencio amargo tras los barrotes, los que no testifican ni cobran el pantallazo; los que huyen de la humillación para instalarse en la seguridad del anonimato.