Sebastián Ronderos

* Sebastián Ronderos

Colombiano. Politólogo de la Universidad de los Andes, con énfasis en Teoría Política y estudios complementarios en Filosofía. Es especialista en Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y en Globalización y Cultura de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo. Mágister en Cultura de Paz, Conflicto, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Granada, España, y doctorando en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Portugal.

Inicio el presente artículo con una serie de aclaraciones que considero pertinentes sobre el tema en cuestión, por la ambigüedad y la poca exigencia con que se emplea el término terrorismo y los falsos supuestos que existen sobre el conflicto armado, que limitan la capacidad de análisis e interpretación de las causas y dinámicas del mismo y, por tanto, su más pronta resolución.

Primero, el cuestionamiento sobre la (no) utilidad del término “terrorismo”, en ningún momento puede o debe interpretarse como una pretensión por negar el sistemático irrespeto por parte de las guerrillas al DIH, ni desconocer sus víctimas. Los intentos por entender la complejidad de la violencia suelen leerse como la “salida del clóset de un guerrillero en potencia”, manteniendo un lente valorativo simplista y maniqueo que presenta una dualidad irreconciliable entre “buenos/malos”, que poco o nada tiene que ver con las concepciones mínimas de un debate profundo y democrático.

Segundo, no existe un consenso mínimo entre ningún organismo internacional sobre el significado del “terrorismo”. ¿Qué es el terrorismo? Una pregunta abierta a la que, hoy por hoy, ni las Naciones Unidas han podido dar respuesta. Sin embargo, parece ser una de las palabras más recurrentes en el léxico de comunicadoras como Vicky Dávila o Claudia Gurisatti.

El término “terrorismo”, suele emplearse ante acciones violentas que adquieren visibilidad global, como lo fue el ataque a las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París. Acciones sin duda reprobables. Pero no fueron calificados como actos terroristas ni el bombardeo en 1999 por parte de la OTAN a la TV pública Serbia, ni el bombardeo en Beirut a la estación de TV Al-Manar en el 2006. De hecho, pasaron absolutamente desapercibidas ante la prensa internacional.

¿Por qué fue terrorista el atentado del 11 de septiembre del 2001 y no el del 11 de septiembre de 1973? ¿Qué pasó en Wall Street que no pasó en la Moneda? Una pregunta abierta que se extiende, a todas luces, ante el caso colombiano, particularmente referida a las FARC.

Los defensores de la tesis que hablan del narco-terrorismo fariano, suelen remitirse a tres argumentos fundamentales:

1. Perdieron su carácter político.

2. Utilizan la violencia y el terror para mantener los beneficios del enriquecimiento ilícito.

3. Masacran a la población civil.

Por medio de esta triple argumentación se asume que la violencia empleada por las FARC carece de sentido político y su existencia y reproducción espacio-temporal tienen una explicación fundamentalmente económica y delincuencial.

Veamos.

En los lentes economicistas de conflictos armados –como es el caso de Paul Collier y su tesis sobre rebeldes criminales-, se menosprecia el carácter ideológico en la motivación de los combatientes y su capacidad de coerción. Collier afirma: “La teoría económica del conflicto sostiene (…) que la motivación de los conflictos no tiene importancia: Lo que importa es que la organización se pueda sostener financieramente. Esto, y no cualquier razón objetiva de inconformidad, es lo que determina que un país presencie una guerra civil” (COLLIER, Pág. 4).

El director del Observatorio de Restitución de Tierra, Francisco Gutiérrez Sanín, desarrolla una férrea crítica a la tesis sobre rebeldes criminales de Collier, tomando a las FARC como estudio de caso.

El conflicto armado colombiano, como lo conocemos actualmente, presenta una transición de “guerrilla sin guerra” a una “con guerra”, donde el año 1978 es presentado por diversos autores como el punto de inflexión. Esta misma época marca el apogeo de la economía cocalera, al que las FARC se abren ampliamente a mediados de los años ochenta (siendo su principal fuente de financiación, aunque acompañada por secuestros, chantajes y extorsiones).

Los líderes de las FARC eran conscientes de que el disfrute ostentoso de rentas debilitaba la unidad y la capacidad combativa de la guerrilla, por lo que fueron establecidas coacciones normativas y burocráticas a sus militantes. Como tentativa a entender el establecimiento de incentivos, por parte de la cúpula militar de las FARC, Gutiérrez Sanín desarrolla los siguientes diez puntos:

1. No existen salarios fijos dentro de la guerrilla, las FARC no les paga a sus combatientes ni a sus cabecillas.

2. Los miembros de las FARC casi nunca ven a sus familiares, y los permisos para que una mujer combatiente pueda tener un hijo son excepcionales, además obligándola a entregarlo a un familiar.

3. Tanto las FARC como el ELN prohíben la toma de botines después de un ataque.

4. Dentro de las FARC se mantiene una vigilancia estricta sobre sus miembros, evitando así el hurto de bienes de la organización.

5. La militancia es vitalicia. Tanto en las FARC como en el ELN el ingreso a la guerrilla es un camino sin retorno.

6. Tanto en las FARC como en el ELN se promueven fuertes normas morales entre sus militantes. Todos los guerrilleros llevan un estilo de vida similar.

7. Unirse a la guerrilla resulta más peligroso que ser un soldado oficial. La muerte llega fácilmente.

8. La moral del combatiente guerrillero en el conflicto es alta, lo que no es propio de organizaciones delincuentes.

9. Cambiar de bando en los guerrilleros es raro, no son recurrentes las deserciones al paramilitarismo, y las que se han dado son de carácter individual.

10. No hay fuertes divisiones religiosas ni étnicas dentro de la guerrilla. Hay algunos reclutamientos forzados pero la gran mayoría son voluntarios.

“Viven sin ingresos extraordinarios (ni ordinarios, de hecho), sin vida familiar, sin esperanzas reales de escapar de la guerra, sin apegos étnicos o religiosos, y sin un gran adoctrinamiento. A pesar de esto, los miembros de las FARC generalmente pelean con gran brío. Hay excepciones, pero como regla general, en combate exhiben tanto destreza como motivación contra oponentes dotados de mejores medios técnicos. Cuando están a la defensiva, no desfallecen, y su tasa de deserción es baja” (GUTIERREZ, pág. 59).

Los anteriores puntos expuestos por Gutiérrez Sanín, evidencian los profundos vacíos que supone la tesis de rebeldes criminales desarrollada por Collier. “Podría ser cierta para algunas guerras, pero no se puede aplicar ni siquiera a un conflicto tan criminalizado como el colombiano” (GUTIERREZ, pág.64).

Existen diversas lógicas explicativas para la incorporación a la guerrilla (afinidad ideológica, venganza, supervivencia, lasos familiares, etc.), pero se desvirtúan los incentivos económicos, pues no logran responder a cómo las FARC han podido permanecer unidas y cohesionadas por más de medio siglo, poniendo en tela de juicio la veracidad de los dos primeros fundamentos de la tesis “narco-terrorista”. Claro, el narcotráfico ha permitido la reproducción del conflicto armado y la sostenibilidad financiera de las FARC como organización, pero en ningún caso ha generado un estilo de vida ostentoso dentro de sus miembros.

Ahora bien, el tercer fundamento de la tesis es irrefutable. Los costos del conflicto armado los ha pagado en sangre la sociedad civil, representando el 81% de las muertes totales desde 1958 al 2012 (según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica). La violencia del conflicto se ha centrado en los civiles, especialmente del sector rural. Pero, ¿es esta una particularidad propia de las guerrillas? ¿Son las FARC los principales violadores del DIH dentro del conflicto armado?

Según el informe Especial del CINEP/PPP (2013), entre los actores responsables de los procesos de victimización contra el campesinado, se destaca que la mayoría ha sido cometida por los grupos paramilitares (35%), seguidos por la Fuerza Pública (26.5%). Los grupos guerrilleros, son responsables del 11% de las victimizaciones contra los campesinos, de las cuales solo 8,3% son atribuidas directamente a las FARC.

Lo que se evidencia con contundencia incontestable, es que el conflicto en sí ha asumido dimensiones terroríficas, que han servido para acrecentar las desigualdades sociales y profundizar el carácter excluyente de las instituciones formales. El Estado colombiano ha arremetido indiscriminadamente contra los civiles, tan indiscriminadamente como las propias guerrillas; aunque el Centro Democrático se rasgue las vestiduras.

Para responder concretamente a la pregunta: ¿Tiene sentido llamar terroristas a las FARC? Considero que muy poco. Sirve a quienes quieren eliminar el estatus de beligerancia y desconocer lo descarnadamente evidente: Colombia está en un conflicto armado hace más de medio siglo. El protocolo II de 1977, adicional a los convenios de Ginebra, establece cuatro puntos fundamentales para referirse a un conflicto armado: Enfrentamientos entre el Estado y fuerzas armadas disidentes, mandos responsables, control territorial suficiente para realizar operaciones militares y poder aplicar el DIH. Todos, sin excepción, los cumple el caso colombiano.

La utilización del término terrorismo para referirse a las FARC, no resiste el menor examen empírico, sofoca el espacio vital para la construcción de paz, no permite generar una comprensión compleja del conflicto armado y elimina del panorama las causas subyacentes del conflicto que deben, en un plano inmediato, encontrar soluciones concretas.


BIBLIOGRAFÍA

– COLLIER PAUL, Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas, En: Revista El Malpensante, No. 30, 2001 Mayo-Junio.

– GUTIERREZ SANIN FRANCISCO, Criminales y Rebeldes: una distinción de la economía política del conflicto armado desde el curso colombiano, Estudios Políticos N 24 Medellín, pág. 37-71

– KEEN DAVID, Incentives and Disincientives of Violence, En: Greed and Grievance, International Peace Academy.

CIBERGRAFÍA

– Informe Especial CINEP/ Programa por la Paz. Luchas sociales, Derechos Humanos y representación política del campesinado 1988-2012. Agosto de 2013. Recuperado de: http://www.jesuitas.org.co/documentos/108.pdf