El 19 de mayo pasado, el presidente Santos anunció la salida de Juan Carlos Pinzón del Ministerio de Defensa y su reemplazo por Luis Carlos Villegas. Esta noticia fue globalmente bien recibida y considerada como una decisión lógica, en la óptica de la supuesta recta final de las negociaciones de paz con las FARC. Sin embargo, llama la atención el hecho de que el «guerrerista» Pinzón se haya quedado tanto tiempo como Ministro de Defensa del «presidente de la paz», dada su arremetida constante contra el proceso de paz y la manera como éste criticaba la política del gobierno y contradecía al propio presidente. Es más, Pinzón se caracterizó por su defensa ciega y absoluta de los militares en todas circunstancias, a tal punto que se podía considerar más como su representante ante el gobierno que lo contrario. En todo caso, su periodo prolongado en el Ministerio demuestra tanto la vigencia de la importancia de los militares en las más altas esferas del poder, como la voluntad del presidente Santos de quedar bien con ellos.

Sin embargo, los coqueteos de Santos hacia los militares no han dado muchos resultados hasta ahora y parecen quedarse cortos frente a la oposición al proceso de paz y al conservadurismo extremo de una parte importante, para no decir mayoritaria, de las Fuerzas Militares. Por esto, en el momento en que las delegaciones de La Habana se acercan cada vez más a lograr resultados decisivos hacia el final del conflicto entre la guerrilla y el Estado, y mientras los grandes medios siguen señalando a las FARC como el principal, o el único, posible obstáculo a la paz, es preciso interrogarse sobre el papel de las Fuerzas Militares en el contexto nacional actual y sobre las continuidades que las caracterizan. Porque tanto los precedentes intentos de paz, como ciertas características históricas de las Fuerzas Militares, hacen temer que éstas se puedan convertir en un estorbo para el éxito de la mesa de conversaciones de La Habana y, yendo más lejos, para lograr los cambios que requiere el país para que el proceso de paz sea sostenible.

El descontento de los militares con respecto al actual proceso de paz, a pesar de ser frecuentemente minimizado, no constituye ningún misterio. Cabe recordar, por ejemplo, el caso Andrómeda1, que salió a la luz a principios del año pasado cuando se reveló que los militares chuzaron a los delegados del gobierno en La Habana, entre otras personas. Lo que representa una muestra clara de la desconfianza de los militares hacia la política de salida negociada del conflicto armado escogida por el gobierno y de su voluntad de tener acceso a cualquier información que pueda ser eventualmente usada en contra del proceso de paz.

El malestar de las Fuerzas Militares se reconoce igualmente en las repetidas declaraciones de altos mandos militares, activos o en retiro, que tienen como propósito poner en duda la existencia misma del proceso de paz y deslegitimarlo a los ojos de la opinión pública. Por ejemplo, afirmando que las Fuerzas Militares están ad portas de derrotar a la guerrilla en el campo de batalla, señalando a las FARC de ser simples «narcoterroristas» y así quitándoles todo carácter político, o presentándose como la única muralla contra la subversión que estaría complotando para llegar al poder. Así se pretende denunciar una supuesta conspiración en contra de la institución castrense y a favor de los «enemigos de la nación».

Esta inconformidad de los militares se ha convertido, de manera peligrosísima y casi inédita, en un antagonismo con el gobierno de turno y un acercamiento con la oposición política de extrema derecha, representada por el expresidente Uribe y su partido, el Centro Democrático. Esto se ha traducido en repetidas filtraciones de informaciones reservadas al ámbito castrense y que terminaron publicadas en el Twitter de Uribe, quien por su lado pretende representar los verdaderos intereses de los militares y asumir su vocería política. Esta cercanía se hizo evidente durante las presidenciales del año pasado, cuando hubo un apoyo explícito al candidato Zuluaga en un acto de campaña que tuvo lugar en la sede de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE)2.

La molestía de las Fuerzas Militares con la posible salida negociada del conflicto armado no está basada únicamente en razones de tipo ideológico, sino que corresponde igualmente al temor de perder una parte de su enorme poder en un escenario de paz. Porque es preciso subrayar que uno de los grandes efectos que ha tenido el conflicto armado interno es haber otorgado a los militares un protagonismo considerable, que va mucho más allá de lo usual en una sociedad realmente democrática. Hasta se puede considerar que ha habido una especie de pacto tácito entre el poder político y el poder militar para que este último pueda tener una plena autonomía en la conducta de la guerra, a cambio de que renuncie a gobernar el país. Lo que no significa que los militares no hayan tenido un papel político, pues por el contrario su doctrina anticomunista ha tenido y sigue teniendo un impacto decisivo en la sociedad colombiana.

El temor de las Fuerzas Militares está igualmente relacionado con las posibles consecuencias que traería la justicia transicional. En este sentido, hay mucha inquietud con respecto a lo que podría salir a la luz con los trabajos de la futura Comisión de la Verdad. En efecto, a pesar de que el historial de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares y su papel en la conformación y el desarrollo del paramilitarismo hayan sido ampliamente documentados, incluso a través de informes oficiales y decisiones jurídicas, parece que su imagen y su prestigio dentro de la sociedad no hayan sido muy afectados. Tal vez las futuras conclusiones de esa Comisión puedan tener como efecto que el país, que en su gran mayoría no ha podido o no ha querido saber mucho de los crímenes de los militares, pueda enterarse realmente de lo que ha sido el «lado oscuro» de sus Fuerzas Militares. Un lado oscuro que se ha traducido, bajo el pretexto cómodo y constante de una lucha contra la «subversión guerrillera», en una represión violenta contra el pueblo y contra la izquierda.

Paralelamente, en el caso específico de los «falsos positivos», hay una gran inquietud en el seno del estamento militar por el hecho de que los beneficios judiciales propios de la justicia transicional, que podrían obtener, se acompañen de una exigencia más grande de verdad, que acabaría con su tesis de las «manzanas podridas» y pondría al descubierto que esta práctica correspondía en realidad a una política institucional criminal que contó con una red de informantes y reclutadores por casi todo el país. Además, dado que la justicia transicional se enfoca en los máximos responsables, existe el riesgo potencial de que varios altos mandos de las Fuerzas Militares terminen condenados por la justicia. Lo que representaría una verdadera pesadilla para la institución castrense.

La oposición de un sector decisivo de las Fuerzas Militares al proceso de paz constituye entonces un desafío de gran tamaño para el gobierno de Santos y para la sociedad colombiana en su conjunto. Sin embargo, no basta con «neutralizarlos» para que la mesa de negociaciones de La Habana pueda llegar a un acuerdo general final, porque el verdadero reto va mucho más lejos. Se trata de que las Fuerzas Militares colombianas pasen por un auténtico proceso de transformación que las lleve a aceptar la plena efectividad de la democracia en el país.

Pero antes de eso, tienen que entender primero la verdadera significación de una sociedad democrática. Porque si bien los militares siempre han pretendido actuar en defensa de la supuesta democracia colombiana, esto no ha sido más que una fachada que esconde el hecho de que en realidad siempre han actuado en defensa del status quo a través de una «guerra sucia» supuestamente dirigida contra las guerrillas, pero cuyo principal blanco ha sido el propio pueblo colombiano. En este sentido, los militares no pueden ser considerados como los «héroes de la patria» y los garantes de las instituciones democráticas, sino más bien como los defensores de un conservadurismo a ultranza y como los predicadores de una ideología anticomunista profundamente antidemocrática, que además es anacrónica.

Este proceso de transformación, indispensable para que haya una paz sostenible en Colombia, corresponde entonces a una especie de «democratización» de las Fuerzas Militares, que se traduciría, en lo ideal, en varios cambios relevantes. El resultado de tal proceso llevaría a los militares a dejar de involucrarse en política y renunciar a su ideología antisubversiva heredada de la guerra fría, a reconocer la generalización de ciertos crímenes cometidos por sus integrantes a lo largo del conflicto armado, a actuar para que se rompa cualquier vínculo presente con la criminalidad, y a aceptar la renuncia a una parte de su poder y de su autonomía tradicionales para adoptar el papel mínimo de defensa nacional como en cualquier país «normal». De esta manera, se podría asegurar que las estrategias políticas y militares ya no estarían separadas, sino que la potencia militar estaría, por fin, sometida al poder político democrático.

Sobra decir que estamos muy lejos de un tal escenario. Por el contrario, las Fuerzas Militares no parecen estar listas a ceder nada de su poder y no dudan en adoptar una postura de desafío hacia el poder político. Además, es evidente que quien supuestamente es su máximo comandante, el presidente Santos, carece de la voluntad y de la capacidad para imponerse sobre ellas y decidir cuál debería ser su rumbo. Por lo tanto, le corresponde a la sociedad colombiana hacer la demostración de su irreversible clamor por un país realmente en paz y, en consecuencia, ejercer presión sobre los militares para que dejen de perjudicarlo. Pero para eso, es preciso entender primero que el problema con las Fuerzas Militares va más allá de la resolución del conflicto armado y tiene que ver fundalmente con la visión y el proyecto de país que éstas siempre han tenido, donde la esencia democrática queda excluida.