Cristian Andrés Pulido, estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima de 21 años, fue herido en el costado izquierdo de la frente por un gas lacrimógeno lanzado a corta distancia por un agente de la ESMAD, mientras realizaba el cubrimiento gráfico de la situación de Derechos Humanos en el marco de las conmemoraciones del día del estudiante caído en la Universidad del Tolima. El parte del Hospital Regional Federico Lleras Acosta: trauma cráneo encefálico severo. No se sabe con exactitud cuáles han sido las consecuencias del impacto del gas lacrimógeno lanzado por la ESMAD, pero todas las posibilidades son desastrosas y el espectro es demasiado amplio.

Los análisis no tardarán en concentrarse en las motivaciones y responsabilidades del hecho. Se opondrán con vehemencia las versiones que indican que el estudiante se encontraba haciendo veeduría de Derechos Humanos, y existen pruebas para demostrarlo, y la que lo señala como participe de desordenes públicos o de acciones contra la ley. Casos como el de Diego Becerra, el grafitero a quien la Policía asesinó de un disparo en la espalda e intentó culpar de asalto a mano armada, muestran que la institución ha intentado respaldar esas versiones mediante pruebas falsas.

Este tipo de hechos tienden, con frecuencia, a ser explicados mediante dos hipótesis. En primer lugar, se presenta el hecho como un error de operación, el efecto colateral de una imprecisión cometida por un agente de policía en nombre de la ley. Visión heroica y sin duda simplificadora, que serviría para evadir al máximo la responsabilidad, tanto como para lavar la imagen de la institución. En segundo lugar, se presenta el hecho como una acción brutal y deliberada, cometida por un agente represivo al servicio del terrorismo de Estado. Visión realista y, no obstante, simplificadora, que se inclina por la denuncia de la verdadera función de la institución en el marco de una política del terror, su secreta utilidad.

Esas dos perspectivas, opuestas en sus fines, convergen en una suerte de ontología, que las lleva a desviarse del problema del abuso de la fuerza. De maneras distintas, el abuso aparece en ellas como una situación anormal: que no se corresponde con el comportamiento promedio del grupo de agentes de la institución o que coincide con la acción de un sujeto desviado, irracional. “Cerdos” o “manzanas podridas”, para el caso es igual, no parece tratarse de un problema que involucre la racionalidad misma de la Policía.

Nada parece más útil al discurso y práctica de la Policía que la marginalización del problema del abuso sobre la base de actores o acciones irracionales. En última instancia, la Policía siempre podrá ponerse en guardia para evacuar el asunto del abuso: si se ve comprometida, podrá volverse contra algunos de sus agentes, entregarlos a la justicia en aras del buen nombre, y llamar la atención sobre la necesidad de ajustar los mecanismos de disciplinamiento para evitar el abuso de la fuerza. Nuestras mejores opciones parecen desplazarse sobre la base de sus propias categorías y la Policía siempre podrá sumarse e incluso abanderar la necesidad de reforma del cuerpo de policía.

Siempre es más sencillo afirmar que el policía es una bestia, fuera de lo racional o, por el contrario, afirmar que el policía es un ser humano y como tal, susceptible de error. Lo que resulta más difícil es aprender a moverse en su zona difusa entre la racionalidad y la irracionalidad del abuso, aprehender las estrategias específicas de uso de esas prácticas. Más difícil y más importante parece construir una metodología que permita acercarse a la economía de relaciones entre uso y abuso de la fuerza, a las estrategias de intercambio que trazan entre ellos las prácticas in situ de la Policía.

Respecto al uso de los gases lacrimógenos y los impactos de estos en el cuerpo de las personas, las movilizaciones del segundo semestre de 2013 nos dejaron una paradójica colección: secuencias enteras de imágenes tomadas en distintos lugares del país, que retrataban personas con hematomas fuertes y quemaduras en la espalda, los brazos y la cara, y a las cuales la Policía no cesa de llamar casos aislados.

¿En que consiste una colección de casos aislados?, ¿cómo acercarse a la singularidad de prácticas como estas?

Un primer elemento a dejar de lado es la frecuencia o la relevancia cuantitativa de estas prácticas denominadas aisladas en el conjunto de acciones de la Policía. Este tipo de practicas no solo son difíciles de registrar y contabilizar sino que su peso en una ponderación general de contactos entre policías y ciudadanos puede relativizarse mediante la introducción de nuevas variables. No vale la pena preguntarse cada cuanto ocurren o si son estadísticamente relevantes, sino en qué contextos ocurren, de qué maneras, contra quiénes. Más que por su frecuencia o relevancia estadística, hace falta preguntarse por su aislamiento específico, por aquello que las singulariza.

En segundo lugar, el problema central de prácticas como estas tiene que ver menos con sus principios o con su rol en una estrategia general de represión, que con sus efectos específicos. ¿Acaso nuestros análisis de este tipo de prácticas no toman frecuentemente el deber ser por lo que es? Preguntarse, no para qué sirven, sino qué producen, cuáles son sus efectos prácticos. Observar, no si se encuentran en función de sus principios o a qué principios son funcionales, sino los efectos sobre el orden público, sobre el espacio, sobre la subjetividad.

En tercer lugar, alejarse de sus justificaciones y sus excusas. Estas prácticas bien pueden estar relacionadas con la falta de precisión como con la utilidad de la imprecisión. Preguntarse entonces, no por qué ocurren estas prácticas, sino por su racionalidad, su modus operandi. ¿Qué imbricaciones o cruces estratégicos se llevan a cabo entre lo que llamamos brutalidad y racionalidad en las actuaciones de la Policía?, ¿cuáles son las posibilidades que ofrecen esos cruces?, ¿cuáles son sus ventajas tácticas?

Tres desplazamientos podrían configurar una nueva perspectiva sobre el problema del abuso de la fuerza: de su frecuencia o relevancia estadística hacia aquello que lo aísla y lo singulariza, de sus funciones o principios a sus efectos específicos, de sus justificaciones o excusas a sus racionalidades. Podría objetarse que estos desplazamientos encarnan una inversión de perspectiva que lleva, mediante un rodeo, a encontrar tras el arbusto lo que allí se dejó escondido, a verificar el supuesto del que se parte. Digamos, a este respecto, dos cosas: 1) que la escisión del problema del abuso en sus variables racionales o irracionales ha permitido encarar el problema siempre de manera parcial, marginal; y 2) que solo en la singularidad del caso aislado, en la especificidad de sus efectos, en la racionalidad de su modus operandi es posible ver los intercambios estratégicos entre uso y abuso de la fuerza. Por lo demás, nadie está obligado a asumir la buena fe de la institución, menos aún si no trabaja para ella.

Finalmente, es importante sospechar de la benevolencia con que se publicitan las armas de letalidad reducida. Su implementación creciente es problemática no solo porque ellas puedan efectivamente causar la muerte, sino porque abren la posibilidad de una nueva economía de las relaciones entre el uso y el abuso de la fuerza. Tras su publicitada benevolencia o el debate sobre su carácter letal, se oculta toda una nueva economía del exceso de la fuerza: una zona de relaciones inestables entre el uso y el abuso, estrategias de instrumentalización del error por parte de la Policía, cálculos de los óptimos del daño; algo así como una genialidad de la brutalidad. Es ahí donde hay que investigar, no solo para comprender esas prácticas en su especificidad, sino para desarticular las tácticas a partir de las cuales esas prácticas se implementan y se marginalizan.