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* Palabras al Margen

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En la mañana del pasado 8 de julio todos los medios de comunicación en Colombia publicitaron un gran operativo policial con 12 allanamientos y la detención de 15 personas, 13 de ellas con orden de captura, presuntamente implicadas en los atentados terroristas que tuvieron lugar en Bogotá una semana antes. El Vicefiscal General, Jorge Perdomo, y el comandante de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, declararon que había pruebas contundentes para afirmar que estas personas hacían parte de una célula urbana de la guerrilla del ELN responsable de dichas acciones. Sin embargo, tales evidencias no han sido puestas en conocimiento de la opinión pública. Por el contrario, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, en días pasados afirmó que nadie podía revelar material fílmico o imágenes que pudiesen ser parte de las investigaciones por los actos terroristas.

Al día siguiente, el 9 de julio, fueron liberadas dos de estas personas, que antes habían sido presentadas como capturadas en “flagrancia”, porque no existían pruebas para mantenerlas privadas de la libertad. Entre tanto, los medios de comunicación han revelado información sobre varios de los detenidos: se trata en su mayoría de jóvenes, participantes en organizaciones sociales que convergen en el Congreso de los Pueblos. Algunos de ellos, como la abogada Paola Salgado, reconocida defensora de los derechos de las mujeres, han recibido el apoyo público de distintas personalidades de la vida nacional, entre los que se destacan periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos y activistas sociales.

Dos días después de los publicitados hechos, las 13 personas continúan privadas de su libertad, en una audiencia de legalización de captura que se ha prolongado por más de 20 horas y se desarrolla a puerta cerrada. La lentitud del proceso ha llevado a cuestionar estos procedimientos y diversos actores han manifestado que se trata de un “falso positivo judicial” para criminalizar la protesta. Organizaciones defensoras de derechos humanos, la prensa escrita e incluso la ONU se han pronunciado para exigir que en estos casos se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, así como que exista un proceso judicial público y transparente. Como ha informado la prensa, no existe claridad sobre los cargos que se imputan a estas personas y, de hecho, como revela El Espectador, ya no serán procesadas por los atentados terroristas de la semana anterior, hechos que motivaron el allanamiento a sus casas y su detención.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación por las violaciones a la presunción de inocencia, la defensa de los derechos de los detenidos, la independencia judicial y garantías de un proceso justo y neutral, la criminalización de la protesta social, las afirmaciones ilegítimas de representantes altos del Estado colombiano a propósito de vinculaciones entre líderes sociales pacíficos y grupos insurgentes armados y la persecución pública atacando directamente la integridad social, política y laboral de los detenidos, acontecimientos que no son extraños en la historia de Colombia, pero que ensombrecen la actual coyuntura. Nos sumamos a las exigencias porque a los y las jóvenes activistas detenidos se les respeten sus derechos e instamos a que los procedimientos judiciales se hagan públicos, pues los hechos materia de investigación así lo demandan.