Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

En días pasados, fueron capturados por orden de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación 15 estudiantes y profesionales que realizan trabajo social y comunitario, defensa de los derechos humanos y distintas actividades académicas. Las primeras versiones dadas por la Policía Nacional apuntaron a que estas personas hacían parte de una célula urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que estaban involucradas con los atentados ocurridos a inicios del mes de julio contra dos sedes del fondo de pensiones y cesantías, “Porvenir”.

Recién tres días después de realizadas las capturas, y luego de tener que dejar libres a dos de las 15 personas, dado que la Fiscalía no pudo sostener una supuesta flagrancia, se empezaron a conocer las pruebas en contra de los restantes 13 activistas sociales. ¡Y vaya sorpresa! Primero, al parecer la Fiscalía sólo acusa a dos de estos por su pertenencia al ELN; al resto los considera “simpatizantes”. Y, segundo, la investigación no tiene relación con los atentados a los cuales se refirieron la Policía Nacional y el Presidente de la República; según ha trascendido a la opinión pública, a las dos personas acusadas de pertenecer a la guerrilla se les busca vincular con unos atentados ocurridos el año pasado e inicios de este, y al resto de personas con una manifestación estudiantil ocurrida en la Universidad Nacional en mayo de este año.

¡Oh, y otra sorpresa! Aunque el proceso judicial apenas empieza, las pruebas que ha mostrado la Fiscalía son realmente inverosímiles. En el caso de Paola Salgado, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, le quiere vincular a la protesta de la Universidad Nacional acusándola de transportar material para su realización con pruebas que no dicen nada, como fotografías de ella hablando con estudiantes del centro educativo en cafeterías cercanas y fotos de cajas en su carro. Asimismo, en el resto de los casos hay grabaciones telefónicas absolutamente cotidianas que en un sistema judicial serio servirían más bien para investigar a la Fiscalía por mal uso de los recursos públicos. También merece especial mención que en varios de los allanamientos se llevaron como pruebas libros de sociología, historia y ciencia política sobre el conflicto armado, manuales de derechos humanos publicados por agencias de Naciones Unidas y el mismo Estado.

Lamentablemente, la presunción de inocencia en un proceso judicial que recién inicia no parece ser muy importante para el Presidente de la República ni la Policía Nacional. Apenas se dieron las capturas, Juan Manuel Santos salió a felicitar a la Fiscalía y a la Policía por haber capturado a los responsables de los atentados contra “Porvenir”, aun cuando no hay una sola prueba que los relacione con estos. Y la Policía realizó un operativo descomunal en el cual usaron helicópteros y equipos simultáneos en los allanamientos, para luego salir a decir a los medios de comunicación lo mismo: se capturó a los responsables de las bombas contra el fondo privado de pensiones.

Especial mención requieren los medios de comunicación. Además de usar las fotos de las redes sociales de varias de las personas detenidas, no tuvieron ningún problema en realizar descripciones ridículas de sus perfiles: el diario “El Espectador”, el 9 de julio, publicó una nota titulada “Paola Salgado ¿activista del Polo?”. Sí, efectivamente, Paola y muchos colombianos más somos activistas del Polo Democrático Alternativo, lo cual no sólo es totalmente legal y legítimo, sino que un medio de comunicación realmente imparcial ni siquiera le dedicaría media nota. Adicionalmente, el nivel de mediocridad periodística es tal que la nota plantea que, tras encontrar en las redes sociales de Paola alusiones a Clara López, y los congresistas Alirio Uribe y Alberto Castilla, se les intentó contactar para que dieran su versión de los hechos. ¿En serio? Menos mal Paola no se refería al referendo griego o a las elecciones primarias en Estados Unidos, porque me imagino que sería aún más difícil para la redacción política de ese diario contactar a Alexis Tsipras o Hillary Clinton para que opinaran al respecto.

¿Y el Distrito? Su posición fue igualmente lamentable. Quizá por el miedo que logran despertar los medios de comunicación, apenas se supo que dentro de las personas detenidas había tres contratistas de las secretarías de Educación y de Salud, distintos funcionarios salieron a defender a la administración, como si la presunción de inocencia no existiera; se llegó al punto de cancelarles los contratos dado que la captura era, supuestamente, una causal para su terminación. Posteriormente, luego de conocer un poco mejor los casos, la decisión fue modificada, aunque a muchos nos quedan dudas de qué grado de eficacia tiene esta decisión, toda vez que los contratos de prestación de servicios requieren el cumplimiento de unos productos que difícilmente estas tres personas podrán hacer entre los juzgados de Paloquemao y la Unidad de Reacción Inmediata de la localidad de Puente Aranda.

“El que es nunca deja de ser”

Lamentablemente, la detención con pruebas de dudosa rigurosidad, la legitimación de las decisiones judiciales y policiales por parte de los medios de comunicación y el miedo que distintos actores de la vida pública tienen para asumir seriamente la defensa de la presunción de inocencia no es nueva. Durante la última década una de las más reiteradas violaciones a los derechos humanos ha sido la detención arbitraria de líderes sociales y populares, defensores de derechos humanos y sindicalistas (muchas de ellas masivas). Hubo casos en los cuales funcionarios judiciales, junto con informantes “sin rostro” y fuerzas de seguridad del Estado, redactaban con posterioridad órdenes de captura a pobladores sacados de sus casas o lugares de trabajo sin justificación; y en otros, entidades como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) elaboraba montajes judiciales de la mano con organizaciones delictivas, con el fin de que activistas sociales fueran judicializados, como el caso de Alfredo Correa de Andreis (cuyo posterior asesinato tuvo como motivación muchas de estas falsas acusaciones).

Si bien existen casos en donde el rol del ente investigador ha sido determinante para resolver casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, el funcionamiento de unidades de la Fiscalía como la de antiterrorismo sigue siendo preocupante: libros de derechos humanos y del conflicto colombiano como pruebas de delitos, coordinación de operativos desproporcionados para posicionar responsabilidades penales no demostradas, y actuaciones procesales que violan la normativa penal ocurrieron en los casos antes señalados, están ocurriendo en el caso de los compañeros detenidos y seguirán ocurriendo si no se realizan reformas que tomen los derechos humanos en serio. El país debe ser consciente de que la búsqueda de la paz y los escenarios de posconflicto requieren ajustes institucionales en todo nivel, los cuales garanticen que las condiciones que propiciaron el conflicto no se vuelvan a dar, entre ellas, el uso del derecho penal como un arma de guerra, la criminalización de la protesta social, y la protección y no estigmatización de los actores políticos de oposición.