La detención el pasado 8 de julio de varios líderes sociales y el show institucional y mediático que la acompañó no deja de causar gran revuelo en el país, pues se trata de un hecho que si bien se inscribe en una desafortunada “tradición” nacional, tiene un impacto especial por su magnitud y por el contexto nacional actual. La captura de los jóvenes activistas, que fueron inmediatamente señalados por el mismo presidente de pertenecer a la guerrilla del ELN y de ser los autores de atentados en Bogotá, se parece cada día más, a medida que se desinflan las acusaciones en su contra y que se hace evidente la falta de pruebas, a una detención arbitraria destinada a debilitar el movimiento social colombiano.

Esta “cacería de brujas”, dirigida en gran parte contra el movimiento del Congreso de los Pueblos, toma un sentido especial en el contexto del proceso de paz y demuestra justamente que Colombia sigue siendo un país en guerra contra los “enemigos interiores”. Este tema de la paz ha dominado de manera evidente el debate nacional en los últimos tres años, dejando un poco de lado otras temáticas, como por ejemplo la cuestión de la democracia, que si bien puede ser considerada como conexa de la paz tiene que ser pensada de manera propia. Porque una cosa que pone de manifiesto la detención de estos jóvenes es que los ciudadanos colombianos siguen careciendo de muchas garantías democráticas y que el Estado sigue criminalizando el pensamiento crítico.

De acuerdo con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre el año 2009 y el año 2012 más de 8600 personas fueron detenidas por delito de rebelión, pero de éstas sólo 2058 permanecieron privadas de la libertad. Es decir que más del 75% de los detenidos recuperaron su libertad porque se demostró su inocencia. Paralelamente, de las 816 personas detenidas durante el paro agrario del año 2013, ninguna se encuentra hoy privada de la libertad. Estas crifras demuestran que existe una verdadera política institucional de detención arbitraria con el fin de criminalizar, deslegitimar y por ende debilitar al movimiento social.

Pero las detenciones arbitrarias son sólo una faceta de los ataques al movimiento social, pues éstos también toman la forma de amenazas, de robo de informaciones y hasta de asesinatos. Ataques que muchas veces son el producto de una alianza oscura entre oficinas de inteligencia y grupos paramilitares, que permanece vigente independientemente de los gobiernos de turno y de la reconfiguración paramilitar. Paralelamente, cabe señalar que la estrategia de criminalización va más allá del movimiento social, pues puede estar dirigida contra personas que no representan una oposición política como tal pero que son consideradas como “peligrosas” por el trabajo que adelantan, como por ejemplo defensores de los derechos humanos, investigadores o periodistas. Es decir cualquier persona cuyo ejercicio de su pensamiento crítico pueda representar una amenaza potencial para los intereses del poder.

Esta criminalización del pensamiento crítico es una constante en la historia colombiana que se hizo explícita durante la Guerra Fría y que cogió un “nuevo aire” con la denominada “guerra mundial contra el terrorismo” (a la cual se pegó el gobierno de Uribe), y que ha podido sustentarse en la existencia continúa de guerrillas en el país. En este sentido, es muy relevante reflexionar sobre el hecho de que en muchos aspectos parece que Colombia nunca ha salido de esa época de la Guerra Fría y de la lucha contra los enemigos subversivos internos que permitió legitimar. Es así como el establecimiento puede seguir arremetiendo contra cualquier manifestación de pensamiento crítico, muchas veces vinculándola con el “mal” que representa la guerrilla, sin que eso sea considerado por la mayoría de la sociedad colombiana como un ataque a la democracia misma.

De ahí que uno pueda preguntarse en qué medida la existencia de la guerrilla le sirve al establecimiento como instrumento para diabolizar a cualquier movimiento susceptible de representar una amenaza para él. Cosa que se hizo particularmente evidente durante los ocho años de gobierno Uribe, donde los señalamientos fueron pan de cada día, y que sigue vigente hoy con el “presidente de la paz”. De esta pregunta surgen inmediatamente otras: ¿qué pasaría si las guerrillas se desmovilizaran? ¿A cuál estrategia recurriría el establecimiento para deslegitimar al movimiento social y a sus oponentes? ¿Seguirá siendo viable el delito de rebelión?

Estas preguntas permiten avanzar una hipótesis con respecto a la demora y a los bloqueos en las negociaciones entre el gobierno y el ELN. Sin querer descartar las dificultades propias de este tipo de negociaciones y los bloqueos debidos al ELN mismo, uno se puede preguntar si existe una verdadera voluntad del Estado de lograr la desmovilización del ELN, junto con la de las FARC, sabiendo que eso llevaría a la desaparición de las guerrillas del paisaje nacional. En otros términos, si está comprobado que la desmovilización de las FARC podría traer enormes beneficios para el establecimiento, al proyectar hacia el exterior la imagen de un país en paz listo a recibir todo tipo de “inversiones”, la desmovilización paralela del ELN, guerrilla considerada como secundaria en el imaginario nacional y mucho menos conocida en el exterior, podría traerle más costos que beneficios. Dicho de otra manera, con unas FARC desmovilizadas pero con la permanencia de la “otra guerrilla”, el establecimiento podría recibir los “frutos de la paz” y seguir aprovechando de la lucha contra la “subversión armada”.

Ese caso reciente de detención arbitraria masiva es un símbolo más del estado supremamente precario de la democracia en Colombia. Esta debilidad de la democracia en el país está obviamente negada por los que manejan los hilos del poder, pero también está invisibilizada para gran parte de la ciudadanía. Por eso es preciso que los casos emblemáticos de criminalización de la oposición política, o de manera más amplia del pensamiento crítico, sirvan para demostrar que la ausencia de democracia no necesariamente se traduce en una dictadura pero que puede manifestarse de manera mucho más sutil y guardando unas aparencias democráticas formales, como precisamente en el caso colombiano. Además, cabe insistir en que sin profundos cambios estructurales en el país, incluso en las mentalidades, los acuerdos de La Habana con la guerrilla de las FARC se quedarán cortos para lograr una verdadera paz.

Es permitido pensar que la estigmatización y la arremetida en contra del movimiento social colombiano se está incrementando precisamente porque este movimiento está tomando fuerza. Por eso, y porque las injusticias provocadas por este régimen tan excluyente siguen siendo tan fuertes, se hacen más y más necesarios todos los esfuerzos destinados a fortalecer y reunir el movimiento social. En este sentido, cabe saludar las numerosas demostraciones de solidaridad que se han dado con el Congreso de los Pueblos y la unidad que han mostrado las muchas organizaciones sociales y políticas del país. Porque sólo a través de esta solidaridad y unidad se podrá afrontar de manera eficaz la criminalización del pensamiento crítico en Colombia, que no es ni algo coyuntural ni el hecho de un gobierno particular sino una práctica estructural del Estado.