Señoras y señores editores de medios colombianos de comunicación: ¿por qué han impulsado la persecución pública de estas 15 personas en lugar de informar a la población de manera prudente, a partir de una independencia editorial y de una responsabilidad ética de proteger individuos y grupos contra abusos y negligencias de los poderes públicos? Esto se da en medio de un conflicto armado en donde personas comprometidas con movimientos sociales y sindicales por la paz se enfrentan a un riesgo alto de ser víctimas de violaciones contra los mismos DD.HH. que defienden.

En horas de la mañana del 8 de julio de 2015 fueron aprehendidas 15 personas. Son acusadas de haber organizado varios atentados en Bogotá entre junio de 2014 y julio de 2015, como la explosión en un CAI en Chapinero el 20 de junio de 2014 y las dos explosiones del pasado jueves 2 de julio1. La Fiscalía comunicó sus nombres y declaró públicamente, como lo hizo también la Policía, que son integrantes de una red urbana de la guerrilla del ELN2. El Presidente de la República dijo en su cuenta de Twitter: “Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a ‪@PoliciaColombia y ‪@FiscaliaCol -Pagarán por atentados!” Los medios de comunicación, a partir de estas declaraciones y la información dada por la Fiscalía, publicaron los nombres y las fotos de los acusados (algunas obtenidas de Facebook), y escribieron sobre sus vinculaciones políticas e institucionales3. Todos tienen perfiles jóvenes, son políticamente comprometidos y de izquierda, y son estudiantes y trabajadores sociales activos en movimientos sociales y políticos (Congreso de los Pueblos, MANE, Colombia Informa, Polo democrático, etc.). Además luchan públicamente por la paz y por la justicia social en Colombia.

“Son guerrilleros urbanos del ELN y terroristas responsables de varios atentados en Bogotá desde hace un año”, nos dicen la Fiscalía, la Policía y el Presidente de la República. Esta información se comunica a la nación entera por los medios de comunicación con nombres y fotos que permiten identificarlos. ‬‬‬‬‬‬

Estas declaraciones por parte de altos representantes del Estado violan el principio más básico del sistema jurídico: la presunción de inocencia. El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”. También violan el principio más básico de las democracias modernas: la separación de poderes y la independencia judicial4. Son estas violaciones elementales las que han llevado a una persecución pública en donde estos estudiantes y trabajadores sociales comprometidos con movimientos sociales son públicamente etiquetados como guerrilleros, de manera evidentemente prematura, antes de que hayan cumplido el debido proceso jurídico en conformidad con la independencia judicial.

Sin embargo, la escala de esta persecución pública no habría sido posible sin la participación de los grandes medios de comunicación. En mi país natal, Noruega, hay normas periodísticas establecidas, basadas en un marco ético a propósito de la responsabilidad democrática de los medios de comunicación, cuyo cumplimiento se vigila por la Comisión Profesional de la Prensa, con capacidad de sancionar los medios en casos de transgresión. Sin lugar a dudas los medios colombianos de comunicación habrían sido sancionados de manera seria por su participación en la persecución pública de estas 15 personas, y esto debido a los siguientes puntos:

1.5 Es tarea de la prensa proteger los individuos y grupos contra violaciones y negligencias por parte de las autoridades e instituciones públicas, de empresas privadas y otros.

4.5 Evitar prejuzgar en reportajes sobre crimen y procedimientos judiciales. Clarificar que la cuestión de culpabilidad de una persona encausada, denunciada o inculpada se decide sólo con una sentencia válida.

4.7 Sea prudente con el uso de nombre e imagen y otros marcos claros de identificación para personas que se mencionan a propósito de circunstancias reprochables o delictivas. Sea particularmente prudente cuando se trata de casos en un estadio prematuro de investigación, en casos que conciernen a delincuentes jóvenes, y en donde menciones identificadoras pueden causar gravamen desmedido para las personas involucradas. La identificación debe ser fundamentada en una necesidad justificada de difundir esta información5.

Esta situación irregular genera, por si misma, una serie de preguntas preocupantes: ¿Por qué el Presidente de la República y altos representantes de la Fiscalía, de la Policía y del gobierno no han respetado normas tan elementales de las instituciones públicas, normas orgánicas y cotidianas del ejercicio legítimo de los cargos públicos? ¿Por qué los medios de comunicación han impulsado de manera tan irresponsable y acrítica la persecución pública de estas 15 personas? ¿Por qué no se respeta la presunción de inocencia y por qué se prejuzga a actores de movimientos sociales como guerrilleros urbanos del ELN? ¿Por qué no esperar, como se debe hacer constitucionalmente por los representantes del Estado y éticamente por los medios de comunicación, el proceso judicial legítimo e independiente antes de vincular estos estudiantes y trabajadores sociales a la guerrilla, en un contexto de conflicto en donde el proceso de paz es frágil? ¿Por qué señalar claramente a estas personas en un momento cuando la violencia contra los defensores de los DD.HH. es común, cuando el mismo presidente Santos hace poco denunció amenazas de muerte contra profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia por parte de un grupo paramilitar – grupo que les acusó, justamente sin presunción de inocencia y un proceso jurídico independiente, de ser guerrilleros infiltrados – declarando que el objetivo de este grupo fue “desestabilizar al país y golpear el proceso de paz”?6

Esta persecución pública es muy preocupante por varias razones:

– El hecho de que los representantes más altos del Estado hayan violado el principio básico de presunción de inocencia y hayan prejuzgado ilegítimamente a estas personas, claramente sin respeto del principio de independencia judicial, lo que debilita significativamente la confianza en las garantías de neutralidad, objetividad e independencia del proceso judicial. Esto debería traer consecuencias legales frente a estos representantes del Estado.

– El hecho de que el Presidente y altos representantes de las instituciones públicas de seguridad vinculan de manera ilegítima, prematura y pública a sus ciudadanos con fracciones de una guerrilla contra la cual el Estado colombiano está en conflicto armado, sabiendo muy bien que aquellas personas identificadas de esta manera pueden enfrentar un alto riesgo de violaciones contra sus DD.HH. y pueden ser objeto de amenazas de muerte.

– La irresponsabilidad y aún complacencia de los grandes medios de comunicación a tildar a estudiantes, trabajadores sociales y actores de movimientos sociales como guerrilleros urbanos, y a impulsar una persecución pública de personas contra toda ética periodística, dado que viola la presunción de inocencia, la protección de ciudadanos contra abusos de las autoridades públicas y la responsabilidad autocrítica frente a las informaciones que difunden, sobre todo cuando pueden causar problemas injustos y muy graves para las personas involucradas.

– Además, agrego, hace cuestionar el respeto general de la responsabilidad ética de los medios de comunicación frente a la información que ofrecen a los ciudadanos de Colombia en medio del conflicto armado y del proceso de paz.

– Y, aunque esto es más especulativo, hace dudar de la voluntad verdadera de paz por parte del gobierno cuando califica ilegítimamente, violando claramente las normas institucionales de sus cargos públicos, a actores legítimos de movimientos sociales como integrantes infiltrados de una insurgencia ilegal. Esto en medio de un conflicto armado vivo que se busca solucionar con diálogos difíciles y frágiles con las FARC-EP. Esta persecución pública vehicula una imagen muy comprometedora de importantes actores de movimientos sociales que va en contra de su participación públicamente declarada en la construcción pacífica de una democracia plural y una ciudadanía crítica, que aseguran una cultura durable de paz, y puede tener efectos de insinuación con respecto a las relaciones entre movimientos sociales pacíficos y grupos insurgentes armados. Es difícil no pensar que no hay una voluntad política detrás del hecho de violar principios muy básicos para tildar de esta forma mediática a este tipo de personas.

En tanto que ciudadanos, defensores de paz y de los DD.HH., de la justicia independiente y de la democracia plural y pacífica, estamos sumamente preocupados. Primero que todo, y de manera urgente, por lo que concierne a los derechos básicos de los detenidos – que ya han sido violados –, la independencia judicial de sus procesos y la protección efectiva de la integridad social, física y jurídica de cada una de las 15 personas. También estamos muy preocupados con lo que este caso tan problemático significa con respecto a la protección de los defensores de DD.HH., de personas comprometidas con movimientos sociales pacíficos y de ciudadanos ejerciendo sus derechos a expresar sus opiniones críticas y alternativas en una democracia plural; a la ética periodística de los medios colombianos de comunicación; a la irresponsabilidad e impunidad concerniente a las intervenciones ilegítimas de los representantes más altos del Estado y a la integridad y fortalecimiento del proceso de paz.

  1. http://www.eltiempo.com/bogota/explosion-en-el-norte-de-bogota/16035782
  2. http://www.elespectador.com/opinion/detenidos-atentados-articulo-571324
  3. Los perfiles de los detenidos también fueron publicados por grupos que protestaban en respaldo a los detenidos, pero esto fue después de la identificación de estas personas por la Fiscalía. También hay artículos con insinuaciones muy problemáticas, por ejemplo este: http://www.elespectador.com/noticias/politica/paola-salgado-activista-del-polo-articulo-571373
  4. Aclaro: El Presidente excede y viola su cargo cuando declara culpables personas que no han sido juzgados culpables por un proceso jurídico independiente, autónomo y neutral. La Fiscalía y la Policía exceden y violan sus cargos cuando declaran culpables personas que no han sido juzgado culpables por un proceso jurídico independiente, autónomo y neutral.
  5. http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
  6. http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/amenazas-a-defendores-de-dd-hh/15738300