Lucas Restrepo

* Lucas Restrepo

Doctorante en Ciencias Sociales, mención Sciences juridiques et philosophie politique, de la Universidad Denis Diderot - Paris 7 (Francia). Proyecto de investigación: ’’Gouverner le conflit, faire justice. Une lecture généalogique de l’expérience de la justice à propos du conflit politique colombien’’. Master 2 europeo en Filosofía, mención: Philosophie et critiques contemporaines de la culture, de la Universidad de Paris 8 (Francia). Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali

La detención obscura de Paola Andrea Salgado junto con otros miembros del movimiento Congreso de los Pueblos, así como las de Huber Ballesteros, Francisco Tolosa, Yira Bolaños y otros miles de líderes políticos y sociales, son expresivas del riesgo más grande que existe para cualquier proceso de superación de la violencia política en Colombia. En efecto, estas judicializaciones se inscriben perfectamente en una lógica venenosa para el futuro de la paz, esto es, una lógica que inventa, alimenta y reproduce la guerra. Más allá de la teatralidad espectacular de la batalla militar, el conflicto pasa por la justicia, o mejor, por millares de pequeñas y grandes injusticias anónimas cristalizadas en los funcionamientos de las instituciones. Así como estas detenciones más o menos mediatizadas por la policía y la gran prensa, las de otros como Gerardo Barona Avirama y Felix María Campo Urrea, líderes comunitarios reconocidos en la región del valle geográfico del Río Cauca, también serían movilizadas con la infame acusación de “impartir doctrina contra el Ejército” y de “propagar ideología comunista”.

En el derecho penal colombiano tales delitos no existen. Sin embargo, una práctica policial y militar de guerra contra-insurgente, diseñada para combatir las luchas anticoloniales del siglo XX, emparentada ella misma con el clásico juego de policías y ladrones, terminaría por formar una racionalidad que ha penetrado en la justicia y la socava en tanto que práctica propiamente jurídica. Hoy, esas lógicas moldean la mentalidad de no pocos funcionarios de la justicia, reflejadas por supuesto menos en sus opiniones políticas y más en la forma como desempeñan sus funciones, con el agravante de que la justicia, siendo mucho más represiva, es mucho menos eficaz. Un ejemplo claro de lo anterior se muestra en el uso y el abuso de la noción de “co-participación” en el delito de rebelión, permitiendo extender ad-infinitum la acción represiva del Estado hasta terminar borrando toda diferenciación entre rebelión y rebeldía, esto es, entre el delito de alzamiento en armas –ciertamente prohibido en todo orden político moderno– y la inconformidad en tanto que actitud política, completamente legítima en sociedades que se definen a sí mismas como sociedades democráticas. No se trata tanto de una “represión disimulada” sino más bien de un control directo frente a todo ejercicio crítico de la política, propio de regímenes sostenidos en la violencia abierta; estrategia que coincide trágicamente con la acción criminal paramilitar en términos de sus objetivos, aun cuando respondan a tácticas heterogéneas.

En concreto, el vínculo pocas veces probado entre rebeliones y rebeldías resulta de una operación puramente deductiva que, no obstante, permite darle forma de delito a una actividad política formalmente permitida en Colombia. Hay que entender que, en términos dogmáticos, la interdicción del alzamiento en armas busca preservar el “orden constitucional”, esto es, el consenso político alrededor de unas instituciones orientadas por un principio de legalidad inmanente al acuerdo político, lo que modifica el concepto de soberanía, ya no como un derecho divino sino como un producto de la actividad humana. Bajo estas premisas, la criminalización generalizada de la disidencia política lanza un mensaje equivoco: si el consenso político-institucional debe prohibir la disidencia para poder garantizar su unidad, la idea de un orden constitucional basado en el acuerdo pierde sentido, forzando un trascendentalismo vacío de todo contenido como fundamento de la acción del poder. Así, para poder castigar, las instituciones deben re-movilizar una renovada doctrina de los delitos de lesa majestad, en el marco de una democracia que se reclama laica y multicultural, esto es, desprovista de todo principio trascendental justificador de su despliegue. Esta refundación vergonzante de un iusnaturalismo imposible tiene como efecto negativo en la formación de sus prácticas políticas una utilización del derecho penal que ya no puede tener lugar sino bajo la forma pura de una arbitrariedad descarnada, colonizadora. Razón por la cual, tal vez, los procesos políticos se han convertido en verdaderos teatros de lo absurdo, donde el veredicto es lanzado desde las primeras etapas de la investigación policial, trasmitida a través de la imputación que realiza el Fiscal y confirmada casi sin crítica en la etapa de juicio. Todo en el marco de un procedimiento de extrañamiento burocrático que permite despersonalizar al acusado, ahogando su reivindicación política en un océano de registros fílmicos y audio-fónicos abigarrados, de testimonios contradictorios de “reinsertados” a sueldo, de declaraciones inverosímiles de los mismos funcionarios de policía que construyeron la “prueba”, etc.

En Colombia, la abrumadora mayoría de entre los diez mil detenidos y detenidas por razones del conflicto, exceptuando a los prisioneros de guerra, se ubica en ese impresionante hoyo negro jurídico derivado de la comprensión del conflicto colombiano como una enorme “empresa criminal” y que define amenazas en todas las esquinas. En efecto, el corazón de la “coparticipación” es el “vínculo de necesidad” que une todo elemento asociado a una empresa cualquiera. La doctrina colombiana de la “empresa criminal” entiende las coincidencias ideológicas o incluso meramente circunstanciales, y en general las identidades comunes en términos de tradiciones discursivas divergentes –o incluso las meras relaciones de vecindad– como plenas pruebas de la pertenencia a un grupo armado, más allá de todo vínculo orgánico. Ahora bien, frente a los avances ciertos del proceso de La Habana que incluyen, entre otros, la posibilidad cierta de disminuir la intensidad de la confrontación militar, es imperativo tomar en serio la sugerencia implícita y el legado de las experiencias internacionales de transición política y social. La “reconciliación” es tan difícil como la guerra misma, pero es una alternativa necesaria y preferible a un horizonte de exterminio mutuo o de una degradación insostenible por la perpetuación de las dominaciones violentas en todos los niveles. Si de lo que se trata es de construir una democracia que tiene como horizonte la convivencia en la diferencia, un ejercicio colectivo de “catarsis” es indubitable.

Nuestra cultura está directamente emparentada con ciertas prácticas punitivas que podríamos resumir en dos verbos: recordar la ley y rehabilitar al transgresor. El primer modelo se impuso históricamente como una captura de las justicias centradas en la vindicación privada; su racionalidad se apoya en la representación del soberano como legítimo legislador, juez y verdugo. De su parte, la rehabilitación se impuso bajo las exigencias del mundo burgués que demandaba la fijación del cuerpo a una serie de prácticas homogéneas. Su racionalidad se apoya en la inmanencia de unas normas biológicas desde las cuales el individuo puede ser reconducido. La justicia reconstructiva o restaurativa, un elemento central de la justicia transicional, abandona estos dos modelos. Como las otras dos, se trata ella misma de una práctica de justicia pero que emerge de transformaciones recientes de entre las cuales vale la pena resaltar dos: la primera, una reaparición de la víctima y una re-conceptualización del hecho punible. Las experiencias contemporáneas de transición política han operado un re-centramiento del rol de las víctimas no tanto para reforzar el poder de castigo del soberano sino para alivianar, eliminar o incluso transformar su dolor y, además, para reconstruir la relación que fue quebrada por el crimen, menos con el criminal y más con la sociedad en general. No se trata entonces de vengar y afirmar la soberanía desafiada a través de la marca del castigo ni tampoco de intercambiar sufrimientos sino, todo lo contrario, pensar las formas más eficaces de reparar las víctimas, des-culpabilizando y, por tanto, des-centrando al victimario, sin excluirlo. Además, esta justicia abandona la idea de que sea posible normalizar individuos por medio de los regímenes de encierro. Certeza que, de otra parte, es ya consensual.

En cuanto a la re-conceptualización de la conducta misma, el hecho punible deja de ser la violación de una norma trascendente a las relaciones sociales y pasa a considerarse como el acontecimiento de ruptura de una relación que debe ser restablecida. Cuando esa ruptura está ligada a un acontecimiento político, la justicia transicional entiende que los lazos deben ser reconstruidos también en el escenario de la política. Esto implica una separación racional entre dos dimensiones: de un lado, las reparaciones individuales, que son irreductibles y que no pueden ser substituidas por ningún poder (en ese sentido vale la pena remarcar que resulta falaz afirmar que el gobierno, o las guerrillas, o los burócratas de la vicimología incluso, “representan” los intereses de las víctimas de uno u otro bando. Una víctima, como tal, sólo puede representarse a sí misma en un proceso de reparación). De otro lado, la reconstrucción de las relaciones que permiten hacer viable a una democracia. En efecto, si algo debe entender una práctica de la justicia transicional en Colombia es que no habrá transición si no hay una catarsis en términos políticos. Allí es cuando resulta absolutamente significativo para el proceso de paz actual el hecho de que sigan existiendo presos políticos y por miles.

Colombia es un país que cuenta con varias experiencias de “transición”: la paz de Rojas, la paz de Lleras, la paz de Betancourt, la paz del M-19. Se puede afirmar que todas se caracterizan por haber movilizado un perdón soberano y un olvido institucional. Es impreciso indicar que esas paces “fracasaron” porque no contaron con las víctimas. Sin embargo es útil no perder de vista que esos “perdones” y “olvidos” soberanos fueron incompletos. Justo después de los acuerdos, varios líderes insurgentes terminarían asesinados: Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías, los hermanos Calvo, Carlos Pizarro y un enorme etc. El caso del genocidio pero también de la criminalización contra la Unión Patriótica es más que diciente. Las transiciones “a la colombiana” son no tanto unas transiciones sin transición sino sobre todo unas “trasmisiones”. Con los perdones soberanos que han incluido unas ineficaces medidas de re-inserción individual o colectiva, y más recientemente unos inmensos archivamientos de verdad que son los procesos de justicia y paz, no sólo no se recupera una soberanía trágicamente diluida en su propia inconsistencia sino que además se trasmiten sin solución de continuidad los elementos que alimentan la confrontación armada. Allí, las prácticas de justicia han cumplido un papel deplorable.

La justicia en la transición no puede seguir siendo pensada como una práctica para mantener el status quo. No puede seguir insistiendo en refundaciones soberanas cuando las víctimas requieren verdad y reparación, cuando esa reparación no involucra sólo a las víctimas sino también a toda la sociedad y cuando la democracia no puede construirse a costa de una parte de esa sociedad a riesgo de terminar siendo un triste simulacro, como lo es ahora. En ese sentido, el aparato de justicia debe integrarse a esta catarsis, reflexionando seriamente su papel para un país sin conflicto armado y en el horizonte real de la construcción de una democracia verdadera. Empezando por la crítica: la justicia requiere urgentemente una revisión de esas prácticas que siguen asociando la oposición política al viejo juego de policías y ladrones remodelado por la lógica de la guerra contra-insurgente.