Colombia en 2016 debe enfrentar una crisis severa, secuela de la recesión experimentada durante 2015. Con un rezago anual, gobierno, empresarios y familias viven de los excedentes o resultados económicos del año inmediatamente anterior. La causa profunda de la crisis se encuentra en la mentalidad colonial que se reproduce y repite a lo largo de cinco siglos: una sociedad que subsiste gracias a las actividades extractivas, de exportar recursos naturales y energéticos, con poco valor agregado, y, a cambio, importa todo el consumo manufacturado con altos contenidos de investigación y desarrollo. Una manera facilista de sobrevivir. La Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) están ausentes de la cultura nacional. El país hizo propia la sentencia del militar español Pablo Murillo, cuando en 1816 ordenó el asesinato del sabio Caldas: “¡España no necesita de sabios!”.

En efecto, la economía mundial no sale aún de la crisis de 2008 y crece a un lento ritmo de 3,5 por ciento anual. Dependiente de los ciclos internacionales, los años 2014-2015 muestran una caída constante en el crecimiento del PIB colombiano; este último año aumenta en 2,8 por ciento, muy por debajo del 6,6 observado en 2011 (gráfico 1).

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Como es más fácil que otros países hagan el trabajo duro de generar conocimiento e inviertan en actividades de investigación y desarrollo, la clase dirigente colombiana ha optado por un modelo de apertura comercial y expoliación de los recursos proveídos gratuitamente por la naturaleza, entregados a las empresas transnacionales para que inviertan capital, tecnología y realicen la extracción y comercialización, a cambio de regalías. Los intentos de desarrollo nacional (sustitución de importaciones) basados en las actividades materiales o reales, agrarias y manufactureras, se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX y sucumbieron en los años 1970. Pero, de bulto, todas las ramas de actividad económica entraron en recesión desde 2014, solo se salva el comercio y los negocios asociados al turismo (gráfico 2).

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La caída en los precios de las materias primas en los mercados internacionales ha tenido un grave impacto en la balanza comercial colombiana, en las finanzas del Estado y en la devaluación de la moneda nacional. En 2015 la balanza colombiana registra un déficit estructural y creciente. Para el total del año 2015 se estima que el déficit acumulado de la balanza comercial alcance la cifra de US$ 16.188 millones (FOB), según las cifras de Dian-Dane (gráfico 3).

La caída en los precios del petróleo tiene efectos fiscales para la economía. Por cada dólar que cae en el precio del barril, son 300.000 millones de pesos de hueco que le abre al Estado colombiano. Como si el escenario económico no estuviera cambiando negativamente, el gasto público en relación con los ingresos aumenta de manera desproporcionada. En el año 2011 el desbalance fiscal fue de 1,1 por ciento respecto al PIB; en 2012 aumentó a 1,8; en 2015 alcanzará un déficit fiscal de 2,8 por ciento (el propio Gobierno estima un faltante del orden de los 12,5 billones) y en 2016 el mismo indicador trepará a 3,4 por ciento respecto al PIB. Ante la imposibilidad de ampliar el déficit fiscal del 2016 en esa magnitud, el Gobierno está ante la necesidad de hacer un fuerte recorte de gasto y un aumento de impuestos que afectará el consumo público y el gasto privado. De acuerdo con afirmaciones del ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, el presupuesto de Colombia para el 2016 registrará un fuerte recorte en los recursos que se destinarán para la inversión (de 45,8 billones de pesos en 2015 se pasa a 40,6 billones en 2016), mientras que crece el monto que se destinará al funcionamiento del Estado, debido a las inflexibilidades constitucionales (117,7 billones de pesos en 2015 y 126,6 billones en 2016, egresos asociados a tres rubros: nómina, gastos generales y transferencias).

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Los problemas fiscales y de la balanza comercial y cambiaria han conducido a una acelerada devaluación de la moneda colombiana. La tasa de cambio subió de un promedio de 1.917 pesos al corte a 31 de mayo del 2014 a 3.200 pesos en septiembre de 2015, y puede alcanzar los 3.500 pesos al finalizar 2015. Por cada dólar que baja el precio del barril de petróleo la moneda colombiana se devalúa en 20 pesos. Además, el mayor precio del dólar no ha conducido a un ajuste en la balanza comercial como preveían los “expertos” económicos; exportar requiere de un largo proceso de inversión en ciencia, tecnología e innovación, más mejoras reales en productividad y competitividad. No es un simple ajuste mecánico o un acto de magia. La devaluación también juega un rol importante en el debilitamiento del consumo privado y en la importación de bienes de capital, debido, de una parte, a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares medidos en dólares, que afectará la demanda de bienes de consumo importados, de otra, al mayor costo relativo de importar maquinaria y equipos.

El sector de Ciencia, Tecnología e Innovación es el más afectado por el panorama gris de la economía; máxime cuando a la dirigencia colombiana no le importa o no entiende su significado en un mundo globalizado. La oligarquía parasitaria poco sabe que la práctica de la enseñanza, del aprendizaje y de la investigación es una cultura internacional.

La articulación de la ciencia y la tecnología con el desarrollo del país, en un marco institucional y de planeación, es relativamente reciente: data de la segunda mitad del siglo XX. En el marco de la entrada en furor del neoliberalismo, a principios de la década de 1990, el Estado colombiano estructuró la tridimensionalidad entre política-economía-ciencia. Pero todo quedó en el discurso. El gasto en CTeI es de los más bajos en comparación con el resto de países del mundo; mientras Colombia le asigna sólo el 0,17 del PIB, los países de mayor desarrollo relativo invierten 4,2%.

En el horizonte de 2014-2018 la CTeI estaba previsto que participaría en el total de recursos del Plan Nacional de Desarrollo –PND- “Todos por un nuevo país” con el 2,4 por ciento, pero era un sofisma; revisando las fuentes de financiamiento para la investigación y el desarrollo (I&D) se observa que el PND cifra todas sus esperanzas en la inversión privada, esta fuente representa tres cuartas partes de lo proyectado (gráfico 4). Además, el Estado colombiano dio entierro de tercera al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en el PND; este unifica al SNCTI con el Sistema Nacional de Competitividad (SNC). El nuevo SNCTI y Competitividad es liderado por la Alta Consejería para la Competitividad e Innovación.

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Con el ajuste previsto por el ministro de Hacienda, Colciencias verá recortado su presupuesto en 20 por ciento para 2016. Esta reducción del presupuesto de Colciencias se adiciona a tres años previos de recortes, que suma 38 por ciento, sin devaluación e inflación.

Consecuencia de todo lo anterior explica por qué Colombia nunca ha tenido más de 184 investigadores por millón de habitantes, lo que significa un débil sistema de innovación (Argentina, por ejemplo, cuenta con 1.300 investigadores por millón de habitantes). La innovación es el resultado de la investigación científica y de la tecnología, y se produce a través de sistemas de convergencia entre las empresas, las políticas públicas y la formación de recursos humanos. A la falta de sinergia entre estos sistemas en el país se agrega negativamente el escaso número de investigadores; en 2014 Colciencias (cuadro 1) registra no más de 8.011, y las áreas de ciencias agrícolas, naturales e ingeniería y tecnología agrupan poco menos de la mitad.

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Vano es el argumento del gobierno de que el sector privado sostendrá el financiamiento del nuevo SNCTI y Competitividad. Los magros recursos invertidos en CTeI en el país son colocados en una alta proporción por el Estado: la inversión del sector privado en el país es de un 30 por ciento y el 70 por ciento restante del sector público. Las empresas colombianas todo lo importan o lo copian; insignificantes son las que hacen innovación en un sentido estricto. De acuerdo con la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, adelantada por el DANE en los años 2012-2013, las empresas innovadoras en sentido estricto sólo representan el 0,1 por ciento (entendidas como aquellas empresas que en el período de referencia de la encuesta obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional); las empresas innovadoras en sentido amplio alcanzan el 23,8 por ciento (empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el mercado nacional o para la empresa, o que implementaron un método nuevo o significativamente mejorado de prestación de servicios o una forma organizacional o de comercialización nueva); el 4,3 por ciento son empresas potencialmente innovadoras (empresas que reportaron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación); el grueso, cerca de tres de cada cuatro, son empresas no innovadoras (gráfico 5).

Entre tanto, el gobierno hace esfuerzos legales y de política para promover la inversión privada en CTeI, copiando experiencias foráneas ante la falta de recursos propios. Así, por ejemplo, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT) promueve la articulación entre diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con los contribuyentes de renta, para que estos últimos realicen inversiones en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que dan derecho a acceder a los beneficios tributarios contemplados en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario (los contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones o donaciones, puedan acceder a la deducción en renta del 175% sin superar el 40% de la renta líquida gravable). En general, las empresas buscan beneficiarse de estos estímulos tributarios orientándolos a encubrir inversiones en desarrollos propios de la empresa o mejoras en sus procesos u oferta de productos y servicios, sin externalidades positivas, beneficios sociales evidentes o impactos claros en el acumulado de CTeI del país.

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De otra parte, el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3834, aprobado el 2 de julio de 2015, establece los lineamientos de política para estimular la inversión privada en Ciencia, Tecnología e Innovación a través de deducciones tributarias. El supuesto del que se parte consiste en que gracias a la renuncia fiscal que realiza el Estado, disminuyen los costos asociados a esas actividades, facilitando que el sector productivo se involucre en su ejecución. En Colombia, el instrumento fue introducido a comienzos de la década de los 90, periodo desde el cual ha pasado por diferentes ajustes normativos (el Conpes 3834 busca potenciar el instrumento); la evaluación de los resultados muestra un uso y cobertura bajos, concentrado especialmente en empresas contribuyentes de tamaño grande y con renta líquida, y que han existido dificultades en las condiciones de acceso al instrumento.

Finalmente, es un hecho que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyen a la prosperidad cultural, económica y social de un país. Sin CTeI propias, orientada a resolver los problemas reales de nuestra sociedad, tampoco se generan encadenamientos virtuosos de valor agregado. Un modelo extractivista, especulativo, excluyente y represivo lanza a la vorágine del extranjero a miles de compatriotas acosados por el desempleo, la falta de oportunidades, la miseria y la persecución política; fenómeno llamado eufemísticamente la «diáspora colombiana» que hoy suma cerca de siete millones de personas. Esta es la otra cara de la luna, las dos son reales, de la persecución y maltrato que padecemos la mayoría de colombianos en el extranjero, como lo registra el reciente éxodo, indigno e inhumano, impuesto por el régimen militar-populista venezolano contra poblaciones vulnerables de colombianos que creyeron encontrar respiro y alivio a sus padecimientos en el pueblo hermano. No podían esperar nada mejor los desheredados de la tierra.