Melina Lombana

* Melina Lombana

Politóloga y estudiante de maestría en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia. Trabaja temas sobre conflictos sociales, territoriales y armados en Colombia, así como sobre negociación política y construcción de paz. La filosofía política y la hermenéutica contemporánea se encuentran dentro de sus temas de interés

El 8 de julio de este año, en medio de estrepitosos operativos policiales, fueron capturadas 13 personas integrantes del movimiento social Congreso de los Pueblos, buena parte de ellas jóvenes entre los 21 y los 27 años. Fueron acusadas de ser las responsables de las bombas que estallaron en distintas sedes del fondo de pensiones Porvenir en Bogotá la semana anterior a su captura.

Son de público conocimiento las extralimitaciones por parte de la Policía, y la negligencia por parte de los funcionarios judiciales frente a los términos legales que reglamentan la imputación de cargos y la legalización de una captura de este tipo. También sabemos del papel volátil y reprochable que jugaron los medios de comunicación a la hora de informar al país sobre este caso. Tanto se ha dicho que tal vez no sea necesario volver a insistir sobre todo esto. En esta breve reflexión quisiera concentrarme más bien en lo que este “falso positivo judicial” puede decir del sentido que le imprime el Estado y sus instituciones a la política en Colombia, o mejor, cuál es el sentido político que se disputa la organización social y popular en nuestro país.

La política, como el ámbito para la construcción de un mundo común, no tiene un sentido en sí misma. Más bien, es propio de ella el juego y contrajuego de fuerzas, en cuyo seno se enfrentan idealidades y horizontes de sentido. La relación históricamente tensa y casi siempre antagónica entre los movimientos sociales y el Estado colombianos, está definida por los choques y desencuentros entre las visiones que cada uno de estos actores sostiene sobre aquello que debe ser la política y el mundo común. El grave episodio que ha vivido la organización social en nuestro país con este último montaje judicial hace palmario no sólo el choque, sino más bien la inconmensurabilidad entre los horizontes de sentido que sostienen tanto las organizaciones sociales como el Estado. Veamos de qué manera.

Pareciera que algunas de las instituciones colombianas involucradas en el caso, esto es, Presidencia de la República, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, le asignaran a la política una racionalidad instrumental propia del cálculo medios-fines. ¿Por qué? Después de que Bogotá fuera sacudida por la explosión de varios petardos en distintos puntos de la Ciudad, empezó a circular la idea de que la seguridad de la ciudadanía se iba a pique y el Estado perdía ventaja en su “guerra contra el terrorismo”. Afanadas, las autoridades competentes necesitaban resultados que no sólo refutaran esta interpretación, sino que además dieran cuenta de la efectividad, eficiencia y celeridad de las instituciones al dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Una vez determinado el objetivo, se procedió a inculpar a organizaciones populares cuyos integrantes son, en su mayoría, líderes barriales y sectoriales, que día a día luchan por abrir paso a la construcción de paz en un país que se alista para dejar atrás el conflicto armado.

Las instituciones involucradas no tuvieron reparos en tomar como conejillo de indias no a la izquierda en general, sino a personas en su mayoría integrantes de organizaciones estudiantiles y juveniles que luchan por el derecho a la educación, al trabajo digno y a la desmilitarización de la vida y de los territorios populares en Colombia. Para el Estado, fue evidente, es más importante mantener la legitimidad de sus instituciones y políticas que respetar la pluralidad del espacio democrático y de las luchas políticas que se libran por medios no violentos.

Para las organizaciones populares y movimientos sociales, en su mayoría, el sentido que le imprimen a la política con sus acciones es otro, uno muy distinto. No está regido por el cálculo medios-fines, y ciertamente no obedece a la instrumentalización pragmática de cualquier herramienta útil para la consecución de objetivos propuestos. El sentido de la política no es entonces el de ser medio para un fin más elevado por fuera de ella, sino más bien que se trata de un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto?

La política no se trata de un ámbito o instrumento necesario para la construcción de la vida en común, sino que es en sí misma esta construcción de vida colectiva, de comunidad. La política manifiesta su existencia en la posibilidad de crear, de comenzar algo nuevo, de instalar la novedad en el centro de lo social para que a partir de allí se forjen nuevas posibilidades de vida, de trabajo, de relación con el territorio y con la naturaleza. De allí la lucha incansable de los campesinos por el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria, de los estudiantes a la educación, de los jóvenes al desmonte del servicio militar obligatorio, de las mujeres por una sociedad antipatriarcal, de los animalistas y ecologistas por el respeto a la inmanencia de la vida no humana.

De esta manera, la política es construcción de un mundo y su sentido reside en la posibilidad de actualizar esta construcción. O en las palabras de Hannah Arendt, el sentido de la política es la libertad. Pero es importante que la libertad no se entienda como libre albedrío, como autodeterminación, o como independencia de otros y otras. La libertad, según Arendt, se trata más bien de la facultad inherente a todo ser humano de comenzar algo, en cuanto que cada uno es en sí mismo un nuevo comienzo. Así, ella sólo puede residir en un espacio de igualdad en el que cada quien tiene el mismo derecho a la actividad política, actividad de crear, y de hablar, de postular sentidos que irrumpen en el escenario de lo que ya está dado, de la normalidad.

El pasado 11 de septiembre el Juez 44 Penal del Circuito decretó en segunda instancia la ilegalidad de la captura de líderes sociales detenidos el 8 de julio. Las trece personas salieron de los centros penitenciarios en los que estaban recluidas y desde la vida en las calles procederán a demostrar su inocencia en los cargos que se les han imputado. Se habla de que han recuperado su libertad. Pero, ¿realmente lo han hecho? Si de eso se trata, quiere decir que las organizaciones populares, los movimientos sociales y la izquierda democrática, cuentan ahora con garantías para insistir en sus luchas por la transformación de nuestro pedazo de mundo, Colombia; quiere decir que han sido reconocidos como legítimos actores políticos en el debate sobre lo público en nuestro país y sobre la mejor forma de encaminarlo; quiere decir, en últimas, que las organizaciones sociales y la izquierda tienen también la palabra y no deben tener miedo para hacer uso de ella.

Lamentablemente, este no parece ser el caso. Los 13 líderes y lideresas sociales han salido de una injusta reclusión penitenciaria, pero no quiere decir que la lucha por su libertad haya terminado. Por lo que parece, tanto para ellos y ellas, como para la izquierda en el país, esta lucha de hace tiempo debe continuar.