Andrés Felipe Parra Ayala

* Andrés Felipe Parra Ayala

Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Doctor en filosofía de la Universidad de Bonn, Alemania.

No se sabe qué fue más increíble en la noche del miércoles 23 de septiembre, si el histórico apretón de manos entre Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’ o la reacción histérica del expresidente Uribe en twitter. Con algo más de 35 trinos en una hora, Uribe lanzó afirmaciones torpes y divertidamente confusas, justo después de que las FARC y el Gobierno anunciaran el preacuerdo.

Además de publicar una portada de periódico a todas luces falsa, en la que se leía que el país estaba siendo “vendido” a las FARC, Uribe expresó sus habituales opiniones en contra del proceso. Esta vez enfatizando en que el preacuerdo de justicia igualaba al “terrorismo” con la “sociedad civil” y a las Fuerzas Armadas constitucionales con las fuerzas insurgentes ilegales.

Estas críticas tuvieron, no obstante, una respuesta extendida en los medios habituales y masivos de comunicación, exceptuando por supuesto a RCN. Los medios defensores del proceso de paz, que tienden a coincidir en sus líneas editoriales con los puntos de vista del gobierno de Santos, han dicho que las consecuencias negativas derivadas del preacuerdo, como las que denunciaría Uribe, constituyen un mal menor que debe asumirse en pro de la paz como bien superior. La igualación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas insurgentes es un “sapo”, pero un sapo que habría que tragarse, porque siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Así lo expresaba, por ejemplo, la revista Semana en su editorial del día domingo 27 de septiembre.

Esta respuesta es, a primera vista, mesurada, adecuada y pragmática. Casi desde cualquier punto de vista es preferible tragarse el sapo a tener otros cincuenta años de guerra. ¿Pero es realmente la igualación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas insurgentes un sapo, una consecuencia negativa que debe ser asumida por la opinión pública para poder tener un país en paz?

La respuesta a esta pregunta es: no. La igualación entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla no es un “sapo”, ni un mal desagradable pero necesario, sino una oportunidad de entender que el Estado en Colombia no es un tercero neutral, sino un actor más dentro del conflicto armado. Lo que para el uribismo es una capitulación de las instituciones y para el santismo un mal menor en pro de la paz, es realmente una auténtica y radical apertura democrática sin precedentes en nuestro país ¿Pero no existe acaso una diferencia esencial entre las Fuerzas Armadas y la insurgencia, en tanto las primeras defienden las leyes y el orden, mientras que las segundas lo atacan?

En este punto, lo cierto es que defender las leyes y el orden no implica per-se ninguna honorabilidad, ni tampoco superioridad moral alguna, ni una firma de un cheque en blanco para hacer lo que a uno se le dé la gana. En la historia de la humanidad hemos visto cómo ese argumento ha sido totalmente rechazado en los juicios de Núremberg: los altos oficiales del ejército alemán y del Estado nazi defendían también las leyes y el orden y ese hecho nunca los exculpó por sus actuaciones atroces.

Naturalmente, el orden que defendían los altos oficiales nazis nunca puede equipararse al Estado de derecho colombiano. Solemos pensar que gozamos en nuestro país de instituciones jurídicas sólidas y de una tradición democrática envidiable en el continente. Y eso no es mentira, al menos en parte: en Colombia no ha habido dictaduras como en los países del cono sur y, por ejemplo, la división de poderes se ha mantenido estable a través de la historia. La imposibilidad de que Álvaro Uribe se haya reelegido por segunda vez sería una muestra evidente de esa tradición democrática y de respeto por el Estado de Derecho. En este aspecto, la República de Colombia es incomparable con el Tercer Reich. Sin embargo, también tenemos desaparecidos como en las dictaduras del cono sur. La oposición de izquierda es y ha sido sometida a sangre y fuego al mejor estilo de la dictadura de Pinochet, con más de 3 mil muertos de la UP. Solo Siria tiene más desplazados internos que Colombia y es bastante posible que la fosa común más grande del país esté bajo los pies de una operación “legítima” –autorizada legalmente por funcionarios en ejercicio de sus funciones democráticas- de la Fuerza Pública. (Me refiero por supuesto a ‘la escombrera’). Como parece ser habitual, todo lo más extraño sucede en Colombia.

Pero las cosas no pueden reducirse aquí al exotismo tropical o al ya trillado realismo mágico. El problema de fondo de Colombia es que por defender esa democracia más antigua del continente, de la cual nuestros juristas y políticos liberales se sienten orgullosos, se exterminó a un partido político completo, se hizo una masacre en las comunas de Medellín y se permitió que el paramilitarismo se enquistara en las estructuras del Estado. El Estado colombiano y su orden constitucional han sido, entonces, una paradoja: la democracia en Colombia no ha sido una forma de vida que permea las relaciones sociales entre los ciudadanos, sino únicamente un título defendido a toda costa; defendido incluso de la misma democracia y sus preceptos más básicos. El papel de las Fuerzas Armadas y del entramado institucional del Estado en Colombia no puede entenderse por fuera de esta paradoja. Es posible, y es lo que sucede día a día en nuestro país, que haya mucho respeto por las leyes, pero poco respeto por las vidas: en Colombia -en donde la ley es pa’ los de ruana, como decían los abuelos- las primeras siempre han estado por encima de las segundas.

Por eso, el argumento que establece una diferencia esencial entre quienes protegen el orden y quienes han querido cambiarlo se basa en un razonamiento bastante flojo. Es un puro acto de fe que sacraliza la defensa del orden constitucional incluso, y sobre todo, cuando esta defensa genera situaciones inconstitucionales. Esto no quiere decir, obviamente, que las guerrillas sean ahora las palomas de la paz y que sus acciones siempre hayan sido legítimas debido a las falencias de la democracia en Colombia y a la violencia que el Estado ha ejercido contra los vivientes en su territorio. La retención de civiles y las masacres cometidas por las FARC son condenables desde cualquier punto de vista, y sobre todo deben serlo desde un punto de vista de izquierda. Pero son tan condenables como los abusos de la Fuerza Pública y los paramilitares. Ni más ni menos.

De ahí que tenga sentido que ambas partes sean juzgadas por el mismo tribunal. En realidad, la esencia de la justicia transicional no es la de aplicar venganza sobre los victimarios ni de determinar quién es bueno y quién malo, ni quién comenzó primero, como sucede en las peleas de niños en la escuela que son detenidas por el profesor. En la justicia transicional las sociedades deben verse a sí mismas y entender cómo llegó a pasar lo que pasó. Algo tenía –y tiene- que andar muy mal en este país para que un ciudadano encuentre en la muerte del otro su propia forma de vida. Eso es lo que tiene que descubrir el país en la justicia transicional, desnudándose y enfrentándose a sí mismo. No es nada fácil. Pero los movimientos sociales, las izquierdas, los defensores de los Derechos Humanos y el pensamiento crítico son fuerzas esenciales, cuya tarea ha de ser construir ese espejo en el que la sociedad pueda verse. Sólo así comenzará la historia democrática de la República de Colombia.