Carlos González

* Carlos González

Politólogo de la Universidad del Cauca con estudios de Maestría en Historia de la Universidad del Valle. Docente del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, área de Teoría Política. Interesado en problemas relacionados con sistemas políticos, Estado y participación política. Colaborador de la Revista Lanzas & Letras. Actualmente dedicado a la investigación de movimientos sociales en el suroccidente colombiano

El reciente acuerdo en materia de justicia transicional de la mesa de La Habana, entre el Gobierno y las FARC-EP, constituye, como todo acuerdo en este tema, un equilibrio razonable entre la justicia y la paz que recoge las exigencias de justicia y los derechos de las víctimas, un camino de superación de la impunidad y una ruta de reconciliación entre los polos del conflicto armado. En particular este acuerdo pone al centro los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, como condición primera para la reconciliación y la superación definitiva del periodo de conflicto armado interno. Igualmente el acuerdo corresponde con el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que está construyéndose en la mesa de diálogo y del cual hace parte también la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición dada a conocer al país el pasado 12 de agosto por los delegados de la mesa de conversaciones.

El hecho político con el que resolvieron dar a conocer este último acuerdo, sin duda revela que para los actores de la negociación resultaba fundamental mostrar con ímpetu el avance, pues tanto para el Gobierno como para las FARC-EP, resulta clave generar mayor confianza y legitimidad en el proceso a nivel nacional, y consolidar la imagen favorable del mismo a nivel internacional. Todo esto partiendo de que la confianza y la legitimidad son el vehículo de la política en un escenario democrático, que en este caso corresponde con la construcción de paz.

El acuerdo

El pasado 23 de septiembre las delegaciones de la mesa de conversaciones, en cabeza del presidente Santos y el comandante Timoleón Jiménez, dieron a conocer el acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz como fórmula de justicia transicional. Tal jurisdicción incluye la creación de Salas de justicia y un Tribunal para la paz que juzgue e imponga sanciones a los responsables de los más “graves y representativos” delitos que en el transcurso del conflicto armado interno se han producido. Así mismo, el acuerdo contempla la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, con excepción de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; esta conexidad estará determinada por una ley de amnistía.

Los actores incluidos en esta jurisdicción especial son todos los que directa o indirectamente hayan participado en el conflicto armado interno y hayan cometido delitos “graves y representativos” en el contexto y en razón del conflicto, es decir, las FARC-EP, los agentes del Estado y otros actores. Igualmente, el acuerdo distingue entre dos tipos de procedimientos de acuerdo al reconocimiento de la verdad y la responsabilidad de los acusados y dos tipos de sanciones. Para quienes reconocen responsabilidad, la sentencia estará fundada en las conductas reconocidas y la sanción será entre 5 y 8 años de prisión en condiciones especiales y, en caso contrario, el acusado se enfrentará a un juicio contradictorio ante el Tribunal y la sanción será hasta de 20 años en condiciones ordinarias.

El tratamiento especial contemplado por la Jurisdicción obliga a los vinculados a aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, en particular refiere la reparación relacionada con trabajos, obras y actividades en dirección de satisfacer los derechos de las víctimas. Finalmente, el acuerdo está condicionado a la dejación de armas de las FARC-EP, la cual debe comenzar dos meses después de la firma del acuerdo final que conducirá a la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal.

Aspectos del debate

Este tema de la justicia de transición, contenida en el acuerdo, es por excelencia una cuestión política, es decir, es una ruta acordada por las dos partes del conflicto armado en el marco de un conjunto de posibilidades y restricciones internacionales en materia de DDHH y DIH. Este punto, en relación con los otros de la negociación, es quizás el que más relación tiene con el ordenamiento internacional, pues es claro que hoy no son posibles las amnistías totales, no sólo porque no hay vencidos y vencedores en esta guerra, sino porque las jurisdicciones internacionales que obligan a los Estados son hoy mucho más sólidas que en el pasado, cuando las amnistías totales fueron la regla. Así las cosas, este tipo de restricciones se convierten en un factor que resta oportunidad a los actores de la negociación, seguramente mucho más costoso para el polo Estatal, para obtener un acuerdo definitivo.

El debate sobre esta fórmula acordada en La Habana pasa fundamentalmente por los actores que cobija esta Jurisdicción Espacial para la Paz, así mismo, por los casos que se incluyen, las sanciones que puede imponer y la efectividad de la reparación. Otros aspectos relacionados como los de la comisión de la verdad y la conexidad del delito político con otros delitos, fueron acordados anteriormente como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, o fueron pospuestos para la discusión en el marco una ley de amnistía, respectivamente.

En cuanto a los actores de la Jurisdicción Especial, el acuerdo incluye expresamente a la FARC-EP y a los agentes del Estado, pero deja la puerta abierta a que otros actores se incluyan cuando dice que la Juridiscción “tendrá competencia respecto a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”. Esto tiene dos implicaciones, por un lado, que las FFMM serán cobijadas con este acuerdo y en consecuencia los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellas contra la población civil serán juzgadas en forma especial; este aspecto le resta importancia a la obligación constitucional que le ha asistido al Estado cuando sus agentes cometieron los crímenes y en su lugar, le ofrece una oportunidad para que sus agentes limpien sus culpas y se comprometan a no incurrir en nuevos delitos. Por otro lado, que los empresarios y políticos vinculados con el paramilitarismo y los crímenes de Estado no paguen por sus delitos más que lo dispuesto por este régimen transicional.

Sin embargo, siendo un componente central de este diseño el reconocimiento de verdad y la responsabilidad, los agentes Estatales y paraestatales que resulten beneficiados con la Jurisdicción seguramente tendrán que revelar las autorías intelectuales y materiales de los delitos en cuestión, haciendo de esta verdad y reconocimiento un vehículo de la reparación a las víctimas por un lado, pero sobre todo, un vehículo de la política democrática, por otro. Así entonces, el acuerdo confirma ser una oportunidad política para que, en un escenario complejo de múltiples actores vinculados por la guerra, los comprometidos con la verdad y la acción política legal estén más cerca de materializar sus proyectos políticos.

En cuanto a los casos, la Jurisdicción Especial incluirá los casos de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, en especial los casos más “graves y representativos”. A los miembros de la Jurisdicción seguramente le corresponderá seleccionar los casos “graves y representativos” mientras que los demás casos serán tratados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una Comisión que en ningún caso es un Tribunal de justicia. Aquí probablemente debe entenderse que en un conflicto interno que tiene más de 50 años son incontables las violaciones y los crímenes asociados a él, así como también limitados los casos documentados con los que cuenten los distintos organismos estatales y sociales como para adelantar un juicio en el marco de este régimen. Sin embargo, no sería justificable desde ningún punto de vista que existan hechos y crímenes que no se esclarezcan haciendo de la Comisión un organismo clave de este Sistema Integral en construcción.

Al respecto de las sanciones, el acuerdo contempla dos tipos, una que ofrece penas alternativas para las personas que se acojan a la verdad y el reconocimiento de los delitos, y otra que impone sanciones más severas para aquellos que no correspondan a estos principios. Quienes se acojan a la Jurisdicción no pagarán cárcel pero sí tendrán restricción de libertades y derechos, seguramente en “colonias agrícolas”. Por el contrario, quienes no reconozcan responsabilidad y resulten culpables pagarán cárcel y tendrán incremento de la pena que se adelantará en condiciones ordinarias. El acuerdo deja claro que la verdad plena, la reparación de las víctimas y las garantías de la no repetición es central para el tratamiento especial en la Jurisdicción, sin embargo más allá de la verdad plena y las garantías de no repetición, no especifica el componente de reparación de las víctimas. Esta falta es sustancial sobre todo si se considera la amplitud de actores que cobija este régimen especial.

Finalmente, la cuestión del delito político y la conexidad con otros delitos se dejó para ser reglamentado por una ley especial que seguramente partirá de la manifestación, expresa en el acuerdo, de que se logrará la amnistía más amplia posible. Este acuerdo, como los anteriores, se constituye en una palanca que activa la opinión pública favorable hacia la refrendación del acuerdo final por parte de la sociedad, al tiempo que da señas de que el cierre definitivo del conflicto armado interno implica una transición política en el país.

En esta forma, el peso de la transición se pone sobre las espaldas de la élite política nacional que ha permitido que el conflicto armado interno sea prolongado y que el ensanchamiento de la democracia haya sido una aspiración presente tras medio siglo de violencia política. Así se entiende que el Estado aparezca como el único garante de que las FARC-EP pueda convertirse en movimiento político legal, pues han sido los agentes estatales y los actores del polo estatal en la guerra, principalmente, los que han perseguido a la oposición y los movimientos sociales pretendiendo la estabilidad del orden de exclusión histórico en el país.