Sylvia Cristina Prieto

* Sylvia Cristina Prieto

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con título de maestría en Filosofía de la misma universidad. Dentro de sus intereses académicos están la filosofía y la teoría política contemporánea, al igual que las teorías feministas y de género. Ha realizado reflexiones sobre el conflicto armado colombiano desde una perspectiva de género y a la luz de procesos de verdad, justicia y reparación. Integrante del grupo de investigación en Teoría Política Contemporánea –TEOPOCO– de la Universidad Nacional de Colombia, en donde coordina investigaciones de las líneas “Feminismos, género y poder” y "Conflicto y transiciones políticas".

El 8 de julio del presente año, trece líderes y lideresas del movimiento social (en su mayoría del Congreso de los Pueblos) vieron sus vidas suspendidas tras ser acusados de una serie de actos cometidos presuntamente por miembros de la guerrilla del ELN. En horas de la mañana, fueron abruptamente capturados y desde el confinamiento en cuatro paredes, se vieron obligados a enfrentar un inesperado proceso en su contra. A esta lúgubre historia se suma el caso de Feliciano Valencia, un líder indígena Nasa que, a pesar de haber recibido el Premio Nacional de la Paz en el año 2000 a propósito de su trabajo en la defensa pacífica de los derechos de su pueblo, ahora es acusado de secuestrar y torturar al cabo tercero del Ejército, Jairo Danielo Chaparral. Aunque este caso reabre el viejo conflicto entre los límites de la justicia ordinaria y la autonomía de la justicia indígena, y de que existen testigos que aseguran que el líder indígena no participó en estos hechos, a Valencia parece esperarle la misma suerte que aquella de los trece líderes capturados en julio pues tendrá que afrontar el juicio que se adelanta en su contra completamente privado de su libertad.

Bastante atención se ha prestado a los vicios jurídicos implicados en estos procesos, por ello, en esta ocasión me interesa examinar por qué el encarcelamiento parece erigirse como un mecanismo eficiente para silenciar y amedrentar a quienes cuestionan cierto horizonte de sentido, y a su vez, analizar por qué esta oda a la cárcel resulta profundamente inconveniente en un eventual escenario de posconflicto. En esta línea, sostengo que el miedo, la persecución y el mutismo no es suelo firme para la paz, pues esta solo puede germinar en un ambiente de diálogo real en donde la interpelación y la apertura de sentido tengan lugar.

El 11 de septiembre, el Juez 44 Penal del Circuito, liberó a los trece jóvenes detenidos alegando que no se valoraron “los elementos materiales probatorios para determinar cuál fue la participación de cada una de las personas (…) implicadas vulnerando con ello el derecho al debido proceso y de defensa1. Esto pone al descubierto que su captura en lugar de ser un “gran golpe” a la estructura de un grupo guerrillero, fue una afanosa y desesperada medida que no solo buscaba resultados rápidos en materia de seguridad, sino también enmudecer al movimiento social que históricamente ha desafiado la orientación y las políticas estatales. En efecto, esta movida instaló un ambiente de zozobra y miedo entre quienes pertenecen al movimiento social, ambiente que se agudizó al conocer las pruebas aportadas por la Fiscalía, pues ellas parecían desdibujar los límites entre las acciones legales y las ilegales. Tal y como sucedió con la feminista afroamericana Angela Davis, perseguida, condenada a muerte y luego liberada en la década del sesenta, parecía que el encarcelamiento de estos líderes y lideresas del movimiento social mandaba un mensaje que los excedía a ellos como personas y que atacaba a todo el proyecto de país que se construye desde el movimiento social. Encarcelar a algunos pretendía inmovilizarlos a todos.

Si bien el silenciamiento al movimiento y a la protesta social no es un elemento novedoso en la historia de Colombia, en los últimos meses el encarcelamiento pareciera repuntar como la medida predilecta para perseguir e intimidar a ciertos sectores de la izquierda. En efecto, las últimas capturas hacen transparente no solo que existe un prejuicio condenatorio a la protesta social, sino que la amenaza de cárcel se ha convertido en un siniestro mecanismo para silenciar a la alteridad, es decir, a todo aquel que desafíe el proyecto de país vigente y proponga otras formas de ser y estar en el mundo. El repunte de esta modalidad podría obedecer a que el encarcelamiento se presenta como un mecanismo aparentemente menos escabroso que la desaparición forzada o el asesinato selectivo y por tanto, no desentona con el proceso de paz que se adelanta actualmente. En otras palabras, al estar envestida de una aparente legalidad y legitimidad, la captura selectiva es una herramienta eficiente para acallar ciertas voces sin contravenir explícitamente el espíritu de paz y reconciliación que se juega en La Habana.

Sin embargo, nada más contrario que esto. El silencio impuesto a partir del afanoso encarcelamiento de líderes y lideresas de izquierda, con pruebas débiles y en juicios plagados de vicios, anula la posibilidad de instalar un ambiente de reconciliación basado en experiencias dialógicas profundas, y deja entre paréntesis la construcción de una paz duradera y real. Alcanzar el tan mentado posconflicto pasa necesariamente por asumir una actitud de apertura y reconocimiento frente al otro, incluso frente a quien amenaza el horizonte de sentido propio, sin embargo, esta disposición ética, no es siquiera pensable en un entorno regido por silencios impuestos, capturas arbitrarias y libertades quebradas.

Según el filósofo hermeneuta Hans-Georg Gadamer, el horizonte de sentido hace referencia a la situación de orientaciones que nos definen, es decir, a los prejuicios y valoraciones a partir de las cuales habitamos el mundo (Gadamer, 1999). En términos políticos, el horizonte de sentido haría referencia al conjunto de valoraciones, creencias y prejuicios que organizan y orientan la forma en la que los ciudadanos y el gobierno existen y se conducen en una comunidad. Siguiendo el hilo gadameriano, una auténtica conversación tiene lugar cuando permitimos que una alteridad que amenaza nuestro propio horizonte de sentido, nos interpele de forma tal que desplacemos y ampliemos el sentido en el que habitamos. En esta línea, la conversación hermenéutica parece ser un camino acertado para la paz pues el encuentro con una alteridad inconmensurable exige abandonar cualquier atisbo de dominación o incluso de eliminación del “contrario”, para asumir una actitud de apertura y de reconocimiento. En términos concretos, la auténtica conversación hermenéutica nos exige estar abiertos a la opinión del otro y estar dispuestos a dejarnos decir algo por él, aunque ese algo pueda afectarnos de maneras insospechadas y cambiar totalmente nuestra propia vida. En palabras de Gadamer: “La apertura hacia el otro implica, pues, el reconocimiento de que debo estar dispuesto a dejar valer en mí algo contra mí, aunque no haya ningún otro que lo vaya a hacer valer contra mí” (Gadamer, 1999, pág. 438).

La actitud de apertura y de recepción que requiere una experiencia de este tipo, es inviable en un ambiente en el que la zozobra y el miedo campean. Silenciando al movimiento social (a través de medidas represivas como el encarcelamiento), el Estado clausura la posibilidad de diálogo con una alteridad que desafía su sentido de la vida en común. Esto instala un ambiente en el que el encuentro con el otro es un choque estéril y no una experiencia productiva en términos de sentido. Según Gadamer, el auténtico diálogo es productivo en la medida en que amplía el horizonte de sentido de todos los implicados. En efecto, en el encuentro con el otro, nos vemos obligados a revisitar nuestros propios prejuicios frente a un asunto particular y por esta vía ampliamos nuestra perspectiva frente al mismo. Con esto en mente, podemos decir que no hay nada de dialógico en la persecución del movimiento social por parte del Estado, de hecho, con esto queda claro que poco le interesa al aparato estatal revisitar sus anquilosados prejuicios con respecto a la acción colectiva y a la movilización social.

Pero lo más grave de todo, es que esta falta de disposición para el encuentro con la alteridad (propiciada por el Estado), termina petrificando un único sentido, pues impide remover viejos prejuicios y elaborar nuevas y más ricas valoraciones sobre el sentido de la vida en común. Una paz tan pétrea e impermeable a la renovación y al ensanchamiento del sentido, difícilmente puede llamarse así, pues como se ha insistido desde diferentes orillas, la finalización del conflicto no pasa solo por el silenciamiento de los fusiles, sino también por acrecentar la vida, y este acrecentamiento implica renovar sentidos, ampliar horizontes y engrosar nuestras valoraciones sobre el mundo. Para que esta experiencia productiva pueda tener lugar, la alteridad debe tener voz y no ser amedrentada y acallada por la amenaza del confinamiento en cuatro paredes.

Nota: Escribo este artículo pensando en mi amiga y compañera Paola Salgado, que aunque estuvo injustamente privada de su libertad por unos meses, nunca ha dejado de gritar.


Bibliografía

Gadamer, H.-G. (1999). Verdad y Método I. Salamanca: Ediciones Sígueme.