Jaime Rafael Nieto

* Jaime Rafael Nieto

Profesor titular e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia; Magíster en Ciencia Política y Doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía. Miembro del Grupo de Investigación Cultura, Política y Desarrollo Social del CISH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Autor y coautor de libros y artículos de revistas sobre temas como: resistencia; conflicto armado y paz; violencia, democracia y ciudadanía; teoría política. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Resistencia civil no armada. La voz y la fuga de las comunidades urbanas. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo Editores. Medellín, 2013. Resistencia, capturas y fugas del poder. Desde Abajo. Bogotá. 2008. El pensamiento sociológico del siglo XIX y XX (en coautoría). Universidad del Zulia. 2010. “Resistencia civil no armada en Medellín. La voz y la fuga de las comunidades urbanas”, Revista Análisis Político, No. 67, septiembre-diciembre de 2009. IEPRI- Unal, Bogotá. “Resistir obedeciendo. Para una etnografía de la resistencia civil no armada en Medellín”, Revista Espacio Abierto, Cuaderno venezolano de Sociología, vol. 19 No. 2, abril-junio de 2010. “Resistencia social en Colombia: entre guerra y neoliberalismo”, Revista Osal, Año XII, No. 30, noviembre de 2011, CLACSO

Hasta el más reciente episodio de confrontación armada ocurrida el pasado martes 14 de abril en Buenos Aires-Cauca, protagonizado por unidades del Ejército y las FARC con saldo de 11 militares muertos, se podía afirmar sin ambages que el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC en La Habana avanzaba de manera prácticamente irreversible

La evacuación exitosa de los tres primeros puntos de la Agenda, más la declaratoria en diciembre pasado de cese unilateral indefinido del fuego por parte de la organización insurgente y la decisión del presidente Santos de incluir anticipadamente en la Mesa la discusión del cese bilateral al fuego, además, el acuerdo acerca del desminado humanitario y la suspensión provisional de bombardeos contra campamentos de las FARC, motivaban a creer que el proceso de paz entraba definitivamente en fase de no retorno. Señales claras que, además, impactaron positivamente el clima de la opinión nacional e internacional a favor de la legitimidad del proceso y la salida política al conflicto, tal como se expresó de manera contundente en las marchas multitudinarias del 9 de abril y la reciente Cumbre de las Américas.

Todo esto, sin duda, quedó bastante resquebrajado tras los episodios militares del Cauca. Sin exagerar, puede decirse que el proceso de paz quedó gravemente herido en por lo menos tres puntos centrales: el desescalamiento de la confrontación, la credibilidad del proceso entre amplios sectores de la ciudadanía y la confianza entre las partes en la negociación. Esto muestra, contra las voces más optimistas, que el proceso no es fácil ni tendrá un desarrollo lineal. Hay que decir, sin embargo, que pese a la gravedad de lo sucedido, y con la sola excepción de los sectores más recalcitrantemente opositores al proceso de negociación, nadie duda en la conveniencia de continuar y profundizar los diálogos, entre otras razones porque lo sucedido, tal como había ocurrido en enero pasado con la retención del general Alzate por parte de las FARC, constituyen acontecimientos de confrontación que se producen en los marcos de uno de los principios acordados preliminarmente entre las partes para adelantar la negociación: “negociar como si no se estuviera en guerra y continuar la guerra como si no se estuviera dialogando”. Palabras más, palabras menos: negociar en medio del conflicto armado.

Los episodios militares de la semana pasada nos retrotraen a etapas y momentos aparentemente ya superadas en la negociación, lo que indica que sobre muchos campos hay que recomenzar. Lo primero que se impone es superar el reciente escollo mediante un ejercicio de esclarecimiento de lo ocurrido de cara a la opinión pública con la participación de la comisión de garantes, también acordar una suerte de protocolo que permita que situaciones como éstas de repetirse puedan ser esclarecidas a la mayor brevedad sin que perturben el desarrollo de la Mesa. Sin embargo, lo más estratégico en el sentido de oxigenar el proceso y relanzarlo hacia una nueva etapa, consistirá en la capacidad de las partes (Gobierno Nacional-FARC) para superar el estado de estancamiento en que actualmente se encuentra la negociación. Después de los tres puntos iniciales aprobados en la Mesa, los cuales conservan un carácter especialmente programático, las negociaciones han entrado en una fase de mayor complejidad y apremio debido quizás al carácter más práctico y de corto plazo propio de los puntos restantes (víctimas, justicia transicional, dejación de armas y refrendación). Al parecer, la complejidad de estos puntos pendientes de la Agenda hace que las partes asuman con mayor cautela las propuestas y criterios a plantear en la Mesa. Se trata de puntos cuya aplicación son de corto plazo y deciden en buena medida la suerte futura de la fase de post-conflicto. Sin embargo, es urgente sacar el proceso del atolladero en el cual se encuentra actualmente, y para eso es clave el debate público sobre dichos temas de agenda.

El punto de las víctimas, por ejemplo, se ha convertido en uno de los más difíciles de la negociación, tanto por la responsabilidad histórica que le cabe a cada una de las partes como por la dificultad de hacer compatibles los principios de justicia y reparación de las víctimas con la expectativa de suspensión o rebaja de penas a la insurgencia. Este es un desafío enorme, que compromete directamente a la Mesa y a las víctimas, pero también a la ciudadanía. Qué tanta justicia y qué tanta “impunidad” son necesarias y suficientes asumir de cara al propósito nacional de la paz, son asuntos íntimamente ligados al debate acerca de la justicia transicional, que incluye la determinación no sólo del tipo de delitos y de penas eventualmente impuestos a los insurgentes, sino además dirimir la controversia acerca de si dentro de su marco debe incluirse también los actores militares y civiles contrainsurgentes incursos en acciones paramilitares y de violación al DIH, tal como lo plantean el expresidente Gaviria y sectores del uribismo con el claro propósito de sellar un pacto de “punto final” a expensa de las víctimas. ¿Puede el supremo derecho a la paz pasar por el desconocimiento del derecho de las víctimas a justicia, verdad y reparación?

Adicional a estos dos puntos duros de la negociación se encuentra el no menos crucial acerca del instrumento jurídico-político concebido para la refrendación ciudadana de los acuerdos pactados entre las partes. Al respecto, conviene una reflexión más amplia y detenida. La refrendación popular de lo pactado en la Mesa de La Habana está incluida entre los acuerdos preliminares establecidos entre las FARC y el Gobierno. Como es sabido, en su momento el Gobierno tomó la iniciativa política y formuló la propuesta de referendo como mecanismo refrendatario aprobatorio de los acuerdos; por su lado las FARC han planteado la fórmula de la Asamblea Nacional Constituyente, y más recientemente el Centro Democrático, en cabeza de su líder Álvaro Uribe Vélez, formuló la propuesta de un órgano legislativo transitorio (congresito) con el fin de aprobar o desaprobar lo acordado. En el centro del debate, más que un asunto de orden jurídico, está el asunto político directamente relacionado con la necesidad de dotar de la mayor legitimidad ciudadana los acuerdos de La Habana.

Sin embargo, lo que más sorprende a primera vista entre estas tres fórmulas de refrendación de lo acordado, son las coincidencias fundamentales entre la propuesta de las FARC y la del uribismo. Tal como están concebidas, de entrada las dos pondrían en vilo o en entredicho lo que se acuerde en la Mesa de negociación ya que lo allí acordado estaría sometido al albur, siempre contingente e impredecible, de una instancia de representación popular (constituyente o congresito), que por su propio carácter, en el caso de la Constituyente (pluralista, soberana, investida de plena autonomía), puede aprobar o desaprobar lo acordado, puesto que una constituyente así como puede sellar acuerdos también los puede deshacer, tal como lo han subrayado correctamente muchos analistas. Uribe es mucho más explícito, y sabe muy bien por qué lo propone, al referirse a un “órgano transitorio, de elección popular”, como “un mecanismo para la discusión, aprobación, rechazo o modificación de los acuerdos de La Habana”. Las dos fórmulas, aparentemente distintas, convergen incluso en poner en entredicho la razón de ser de la misma mesa de negociaciones. La pregunta obvia que salta al respecto es: ¿tiene sentido el inmenso esfuerzo político, institucional y de tiempo, invertidos en la obtención de unos acuerdos, que más tarde podrían ser desvirtuados, modificados o negados, por otra instancia de naturaleza y composición política distinta? Bien lo ha observado Riveros: “La idea, incluso de las FARC, de que se acuerda una cosa en Cuba y después una Asamblea Constituyente vuelve a redactar todo como le parezca es poco menos que absurda, porque le quita todo sentido a la actual negociación, si así fuese bastaría con que se acordaran las condiciones de convocatoria de la Asamblea, que lo demás se decide allá, no como la guerrilla y el gobierno convenga, sino como la mayoría de ese cuerpo quiera” (La Silla Vacía, 14-02-15).

Por justicia con las FARC y con el mismo uribismo, hay que decir, sin embargo, que esta convergencia entre sus fórmulas respectivas de refrendación de los acuerdos de La Habana, se da por motivos y razones diferentes. Mientras que en Uribe es clara una apuesta estratégica por disputar en un escenario político distinto al de la negociación directa la hegemonía en la conducción política del proceso según su versión estrecha de la paz y de paso catapultarse políticamente en el corto y mediano plazo, las FARC parecen motivadas por una actitud épica de la política acompañada de una sobreestimación de su fuerza y legitimidad políticas. Ciertamente, se requiere estar poseído de una dosis desmesurada de optimismo político para imaginar un escenario constituyente hegemonizado por ellas. Por su propio carácter de fuerza insurgente revestida de historia es comprensible el espíritu mesiánico que ha animado a las FARC tanto en la guerra como en la política. Por consiguiente, es comprensible que pretendan hacer de la refrendación de los acuerdos con el Gobierno Nacional un “hecho histórico”. Pero llevados de ese espíritu mesiánico, las FARC no sólo estarían cercanas a incurrir en un elemental acto de candidez política sino, peor aún, de cometer un error estratégico, que las dejaría “con el pecado y sin el género”.

En cualquiera de estos dos escenarios (constituyente o congresito), lo que se pondría en juego es nada más ni nada menos que la oportunidad histórico-política, nunca antes vista en procesos de negociación anteriores, de poner fin al conflicto armado que por más de cincuenta años ha desangrado al país a través de la salida negociada. Lo que se requiere, una vez firmados los acuerdos, es dotarlos de legitimidad popular y garantizar su realización durante la fase del post-conflicto, fase que seguramente surgirá preñada de nuevas posibilidades y horizontes de futuro. Por consiguiente, lo adecuado es consensuar un instrumento jurídico-político expedito de refrendación de los acuerdos, que podría ser un referendo con pregunta cerrada o un plebiscito de igual característica. Ni el escenario del “congresito” ni el de la constituyente llenan ese requisito.

Dejemos de lado por ahora el debate con el uribismo acerca del congresito y centrémonos en la propuesta de las FARC acerca de la constituyente. En sentido fuerte, el lugar y el tiempo de una asamblea constituyente no pueden ser el de la refrendación de los acuerdos, sino el del post-conflicto. Tampoco se le puede concebir como resultado de acuerdos por arriba, entre élites (así éstas estén en orillas adversas del espectro ideológico y político), sino el producto de una vasta y amplia movilización popular, cuyo cometido no puede circunscribirse a lo pactado entre esas élites, sino a lo que en equivalencia al poder constituyente, el pueblo, decida. La constituyente, bien lo dice Negri, es el tiempo de las masas, de la multitud, no de los poderes constituidos ni de las élites. La constituyente es una exigencia democrática de primer orden, que va más allá de la paz negativa pactada entre las guerrillas y el Gobierno. Su agitación como consigna programática de carácter democrático o transicional debe estar articulada estrechamente a la movilización nacional por una paz positiva, duradera y estable, a la configuración de nuevos y vigorosos sujetos sociales y políticos, que instituya un nuevo orden social y político fundado en criterios de justicia social y democracia popular, que sólo el escenario del post-conflicto puede hacer posible.

Sin embargo, no es posible llevar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente al escenario del post-conflicto si no se discute y se difunde desde ya como fórmula política hegemónica alternativa a la crisis nacional. En otros términos, todos los que aspiramos a una salida de fondo a la crisis del país, no tenemos que esperar la entrada a la etapa del post-conflicto para agitar y mostrar la conveniencia de la Constituyente como alternativa a la continuidad del statu-quo social, político y económico que defienden las fuerzas tanto de centro, de derecha o de extrema derecha. Es necesario y urgente que políticamente conquiste su legitimidad entre la ciudadanía, pero no como mecanismo de refrendación de los acuerdos con la insurgencia, sino como escenario estratégico para refundar democráticamente la nación. Sólo así cobran sentido las consignas de la marcha del 9 de abril, que clamaban por paz con justicia social y Asamblea nacional Constituyente ya. Bien lo dice Negri: el poder constituyente es siempre tiempo fuerte y futuro. Tiempo y sujetos por construir, no por administrar.

Condicionar el acuerdo final a la convocatoria de la constituyente es como echar la cucharada de brea en el barril de miel.