El próximo 15 de octubre se conmemorará en Colombia el día nacional del preso político. De manera general se trata de un tema que suele ser particularmente delicado, y lo es aún más en Colombia donde representa una especie de tabú para una gran parte de la sociedad y para los gobiernos de turno. A pesar del contenido potencialmente polémico del asunto y de la invisibilización en donde siempre lo ha querido mantener el establecimiento, es preciso retomar el significado de la figura de los presos políticos y reflexionar sobre su actualidad, tanto para relacionarla con el proceso de paz de La Habana como para que sirva de revelador de las carencias democráticas que siguen caracterizando al país.

A pesar de la existencia de un gran número de presos políticos en muchas partes del mundo, no existe realmente una definición universalmente admitida. Ni siquiera la ONU propone una. Sin embargo, podemos arriesgarnos a plantear algunos elementos básicos para aproximarse a una caracterización de esta figura. En primer lugar, y de manera general, se puede afirmar que el preso político es una persona física detenida en razón de la supuesta amenaza que representan sus ideas y actividades para el sistema político vigente. Pueden ser personas a quienes se les ha violado el derecho al debido proceso, cuya condena está desproporcionada con respecto al supuesto delito, o a quienes se les ha imputado falsos cargos. Son generalmente individuos considerados como subversivos por las autoridades, que tienen en consecuencia una motivación política para favorecer su encarcelamiento.

En el caso colombiano, los presos políticos pueden ser estudiantes, académicos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas, campesinos, indígenas, afrodesciendentes… Pero también lo son los miembros de la insurgencia armada. Al contrario, los miembros de los grupos paramilitares no pueden de ninguna manera ser considerados así, dado que ni se enfrentan al Estado ni tienen como propósito luchar contra el sistema político, social y económico vigente. Aunque, por obvias razones, no existen cifras oficiales al respecto, se considera que hay miles de presos políticos en las cárceles colombianas. Según algunas organizaciones de defensa de los derechos de la población carcelaria, la cifra llegaría a diez mil1.

En el complejo contexto colombiano, marcado por un conflicto armado prolongado y una exclusión política histórica, es común distinguir entre tres categorías particulares de presos políticos, que podríamos calificar así: los presos de guerra, los presos de conciencia y las víctimas de montajes judiciales. La primera categoría corresponde a los combatientes de las guerrillas, la segunda a civiles encarcelados en razón de su liderazgo social o político, y la tercera a lo que se llama ahora “falsos positivos judiciales”. Las dos últimas categorías no tienen una distinción estricta y hasta pueden calificar a un mismo preso, así que las regruparemos para simplificar un poco el análisis. Mientras tanto, cabe reflexionar sobre la figura del preso de guerra, y las consecuencias que podría traer un proceso de paz exitoso al respecto.

En Colombia, el solo hecho de calificar a los guerrilleros encarcelados de presos políticos puede ocasionar señalamientos de apoyo al “terrorismo”. Esto es debido a la fuerte polarización política que caracteriza el país como a la larga y profunda “diabolización” que se ha hecho de las guerrillas al presentarlas como el mal principal de la nación. Sin embargo, existen elementos tanto históricos como jurídicos que permiten esta calificación. Primero que todo, los grupos guerrilleros se conformaron en Colombia con el motivo claro de luchar contra la represión militar y la exclusión política y social que han sufrido vastos sectores de la población, en particular los campesinos. Sus integrantes se representan como alzados en armas que defienden un ideal de justicia. Es decir que consideran que actúan con propósitos altruistas y que se vieron obligados a emplear la violencia como último recurso para derogar un orden social profundamente injusto.

Lo anterior se sustenta en el derecho internacional, que reconoce el derecho a resistir y rebelarse contra regímenes opresores, pero ante todo está consagrado en la propia Constitución nacional, a través de la figura del delito político. Esta figura, que agrupa los delitos de rebelión, sedición y asonada, tiene como propósito, en teoría, el de distinguir al guerrillero de los delincuentes comunes a través de un estatuto jurídico particular. Estatuto que reconoce el carácter idealista y altruista del combatiente insurgente y que permite entregarle beneficios, como la amnistía, en situaciones excepcionales, por ejemplo como resultado de un proceso de paz. Sin embargo, la figura del delito político viene sufriendo un largo deterioro2, que lo ha vuelto casi inexistente en el sistema judicial nacional actual.

En efecto, a la inmensa mayoría de los guerrilleros capturados se les imputan delitos comunes (como el delito de extorsión, de secuestro o hasta de terrorismo) adicionalmente o en vez del delito político, lo que tiene como efecto el considerarlos en la práctica como meros delincuentes. Pero este “vaciamiento” del delito político entra claramente en contradicción con lo que exigiría un acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC, como lo reconoció hace ya casi un año el propio jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle3. El preacuerdo anunciado el pasado 23 de septiembre, que hizo pública la fórmula de justicia transicional sobre la cual las dos partes se pusieron de acuerdo, parece ir en la dirección correcta, pues permitiría una ancha, pero no absoluta, amnistía para los integrantes de la guerrilla, precisamente gracias a la figura del delito político.

Ahora bien, quedan dos grandes interrogantes frente al futuro tratamiento jurídico que recibirían los guerrilleros una vez se firme el acuerdo de paz. El primero es saber hasta dónde se extenderá el contenido del delito político, es decir cuáles serán los delitos llamados “conexos” para los cuales habrá un indulto. Concretamente, sí podrán ser cobijados el narcotráfico y el secuestro, pues está claro que los delitos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los crímenes de lesa humanidad y de guerra quedarán, lógicamente, excluidos. Si bien es el Congreso quien tendrá que decidir sobre esto, cabe señalar que dado que tanto el delito de narcotráfico como el de secuestro podrían ser potencialmente imputados a numerosos guerrilleros y que pueden ser considerados como medios usados para financiar su lucha y lograr el objetivo final de toma del poder político, el hecho de excluirlos de la conexidad podría volver el proceso de desmovilización inviable.

El segundo interrogante es saber si los presos políticos de la guerrilla recibirán los mismos beneficios que los futuros desmovilizados. Si bien el Acuerdo General entre el Gobierno y las FARC que definió el contenido de las negociaciones prevé la revisión de la situación de los presos de la guerrilla, y que parecería bastante lógico que obtengan los mismos beneficios jurídicos, el anuncio conjunto del pasado 23 de septiembre no hizo mención al respecto, por lo que habrá que seguir de cerca lo que pasará. Otro punto de gran relevancia es que los guerrilleros del ELN deberán recibir el mismo tratamiento jurídico, en caso de que el proceso de paz con esta guerrilla arranque oficialmente y termine con un acuerdo con el Gobierno. Adicionalmente, podemos mencionar otro asunto, que no es de poca monta, el de la extradición. Varios guerrilleros han sido extraditados a los Estados Unidos, esencialmente por ser acusados de narcotráfico, por esto es supremamente importante que haya un compromiso formal del Estado colombiano para poner fin a esta práctica que no solamente perjudica a los guerrilleros sino que representa una violación injustificable de la soberanía nacional.

Si volvemos a la distincción que mencionamos con respecto a las tres categorías de presos políticos, es necesario analizar ahora qué pasa con los presos de conciencia y las víctimas de montajes judiciales, dos categorías que no son claramente separadas y que podríamos por lo tanto calificar como presos políticos civiles. En Colombia, la criminalización del pensamiento crítico ha sido siempre una constante, una política institucional y estructural destinada a deslegitimar y debilitar todo lo que tiene que ver de cerca o de lejos con la oposición política. Los blancos de esta criminalización son generalmente líderes sociales, defensores de derechos humanos, académicos, y hasta campesinos que viven en zonas de conflicto armado.

Últimamente esta criminalización se ha hecho particularmente contundente con una serie de casos emblemáticos. Desde la captura de los 13 líderes sociales (mayoritariamente integrantes del Congreso de los Pueblos) falsamente acusados de pertenecer al ELN y de estar implicados en atentados que tuvieron lugar en Bogotá, hasta la condena del líder indígena Feliciano Valencia que constituye una clara violación a la jurisdicción especial indígena, pasando por la detención de cuatro dirigentes sociales pertenecientes a la Marcha Patriótica por hechos supuestamente relacionados con el Paro Agrario del 2013 o la nueva captura del profesor Miguel Ángel Beltrán.

Lo que demuestran estos casos, que se suman a otros no menos graves, es que se está incrementando el número de presos políticos civiles, es decir detenidos que no pueden contar con el reconocimiento en tanto que preso político, puesto que son designados por la “justicia” y presentados a la opinión pública como simples delincuentes, con la complicidad de los medios de comunicación dominantes. Esto plantea un gran interrogante, y es el de las garantías a la oposición una vez firmada la paz. Los recientes hechos demuestran que estas garantías están lejos de darse y que no existe independencia de la Fiscalía y del sistema judicial colombiano, que muchas veces están instrumentalizados para perseguir al movimiento social. Esta persecución permite a la vez demostrar la supuesta eficiencia de la justicia y del Estado ante la ciudadanía y deslegitimar todo lo que se puede parecer a una oposición política desde el movimiento popular. Esto se manifiesta a través de la imputación del delito de rebelión, es decir la acusación de pertenecer a la insurgencia, o de delitos comunes, como por ejemplo el secuestro, así como a través de penas desproporcionadas. Pero como el procedimiento se inscribe en un supuesto respeto al debido proceso y a las garantías democráticas, mientras que en realidad se recurre a falsas pruebas, falsos testigos e incluso a estrategias mediáticas acusatorias, la motivación política de la detención y su carácter injusto quedan invisibilizados.

Dado que la criminalización de los líderes sociales se ha hecho particularmente a través de acusaciones de colaboración con la guerrilla, se podría pensar que con la probable futura desmovilización de las FARC, y la eventual del ELN, esta criminalización se volverá mucho menos fuerte, y que por lo tanto el número de presos políticos disminuirá drásticamente. Sin embargo, nada es menos seguro. En efecto, es muy probable, como se viene observando últimamente, que la criminalización del movimiento social y de sus líderes se incremente y se haga cada vez más a través de la estrategia de acusarlos de delitos comunes. Lo que ha pasado con el Paro Agrario del 2013 podría así constituir un peligroso “primer sabor” de lo que pasará con la protesta social en un eventual “posconflicto”. Es decir una persecución de los que lideran las reclamaciones sociales en los territorios, ahí mismo donde se vislumbra que el Gobierno intentará profundizar el modelo extractivista y despojador, facilitado por una Ley de Seguridad Ciudadana profundamente represiva.

El tema de los presos políticos es bastante complejo en Colombia pero también de mucha importancia. Si bien los presos políticos de guerra se benefician de una estatuto jurídico particular, a través del delito político, cuya reactivación con ocasión del proceso de paz podría resolver favorablemente su situación, la cosa es muy distinta para los demás presos políticos, que podemos calificar como “civiles”. En efecto, estos últimos no se benefician de un estatuto propio, pues el Estado niega su existencia, y podrían crecer en número en el “posconflicto”. Esencialmente porque la profundización del modelo neoliberal planteada por el Gobierno en los territorios se enfrentará a una oposición creciente, que el establecimiento muy probablemente intentará reprimir a través de la judicialización de sus líderes, pero también por la necesidad de mantener el negocio que representa el sistema carcelario y su uso como lugar de exclusión de la oposición política.

  1. http://www.contagioradio.com/10-mil-prisioneros-politicos-en-colombia-articulo-4622/
  2. ver entrevista a Carlos Gaviria, en este mismo portal : https://www.youtube.com/watch?v=UDcLnP8bPnU
  3.  http://www.elespectador.com/noticias/politica/redefinir-el-delito-politico-articulo-527824