German Paul Cáceres

* German Paul Cáceres

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Control y Gestión de Políticas Públicas y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). Actualmente trabaja en México en temas de evaluación de políticas de desarrollo social

Si bien se suele relacionar el autoritarismo con los regímenes militares en distintos periodos del siglo XX y, en especial, con las dictaduras de las décadas de los setentas y ochentas en el Cono Sur; lo cierto es que el autoritarismo sigue representando un rasgo definitorio de la cotidianidad política y social latinoamericana, y no le es indispensable la forma militar del gobierno para su manifestación institucional. Del mismo modo, se suele pensar el autoritarismo exclusivamente en términos de coerción y represión, y se pierden de vista las altas dosis de cooptación, e inclusive de consenso, que consiguen y necesitan en ciertos momentos los regímenes autoritarios.

El autoritarismo como cultura política tiene expresión en los términos de relacionamiento del Estado y la sociedad. La coerción, la represión y la cooptación constituyen los mecanismos a través de los cuales se tramita la conflictividad social; y los resultados de una estabilización de la situación posibilitan un cierto nivel de consenso alrededor del régimen. La imposición de legislaciones prohibitivas y restrictivas de conductas públicas y privadas (coerción), el uso frecuente de la fuerza militar, policial y paramilitar para tratar de estabilizar la cuestión social y lograr la hegemonía política (represión) y el mantenimiento de pactos de mutuo provecho entre sectores de las clases dominantes, el poder económico o la política local (cooptación), hacen parte del funcionamiento operativo de los regímenes autoritarios que, en todo caso, no se sostienen sólo a punta de cachiporra sino que construyen un suficiente respaldo social para salvaguardarse.

En los regímenes militares, el uso y el abuso de legislaciones prohibitivas y limitativas, y el uso de la fuerza represiva, desbordaron todas las convenciones del derecho internacional y de los derechos humanos; sin embargo, la diferencia entre regímenes militares autoritarios y regímenes civiles autoritarios sólo parece estribar en la intensidad y ferocidad de la aplicación de la represión física. En realidad, autoritarismo y militares no es una relación exclusiva y liderazgos civiles son también funcionales a esta lógica.

El arraigo de una cultura política autoritaria está a la base de la operación y recurrencia de patrones autoritarios para resolver las contradicciones políticas y los conflictos sociales: en Colombia, el mantenimiento de un estatuto de lo nacional de perfil autoritario y el fracaso del proyecto liberal moderno a mediados del siglo XX marcó la pauta de un régimen político en el que prevalecen las salidas de fuerza y en el que se consolida una cultura política antirepublicana. En diferentes momentos históricos, el régimen político colombiano ha tenido éxito en equilibrar la coerción-represión y la cooptación-consenso.

El pacto de élites conocido como Frente Nacional (1958-1974) inauguró una etapa autoritaria, proscribió las alternativas políticas distintas al bipartidismo, en él neutralizó las corrientes e ideas progresistas que pudieran quedar en el Partido Liberal y garantizó la supervivencia y fortalecimiento del Partido Conservador. El mantenimiento del consenso de las élites en dicho pacto requirió una alta dosis de coerción-represión y la cooptación de liderazgos regionales.

La administración de Turbay Ayala (1978-1982), quien gobernó bajo estado de excepción y el Estatuto de Seguridad, continuó y dio forma al núcleo que sostiene el autoritarismo en Colombia: la indiscutida centralidad de cierta idea de la seguridad, el orden público y el enemigo interno como ejes ordenadores de la agenda pública y la actuación del régimen político.

El constitucionalista Mauricio García Villegas recuerda: “El estado de excepción se convirtió, por lo menos hasta 1991, en un instrumento ordinario de la política gubernamental. He aquí cuatro indicaciones de esta anomalía. 1) La excepción era casi permanente. Así, por ejemplo, en los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa el 82% del tiempo transcurrido. Entre 1949 y 1991 Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio. 2) Buena parte de las normas de excepción han sido legalizadas por el Congreso, lo cual ha convertido al Ejecutivo en un legislador de hecho. 3) Hubo períodos en los cuales se impusieron profundas restricciones a las libertades públicas, a través por ejemplo de la justicia militar para juzgar a los civiles. A finales de 1970 el 30% de los delitos del Código Penal eran competencia de cortes marciales y 4) La declaratoria y el manejo de la excepción desvirtuaban el sentido y alcance de las normas constitucionales sobre la materia, debido a la ausencia total de un control político y jurídico”1.

Al mismo tiempo, el régimen político también se valió de la estrategia paramilitar, la década del ochenta y noventa no sólo vivió el recrudecimiento de la violencia narcotraficante sino que, correlacionado, presenció el más importante fortalecimiento de las estructuras paramilitares que llevaron a cabo, por ejemplo, el exterminio de la organización de izquierda Unión Patriótica e innumerables crímenes de lesa humanidad, en coordinación, complicidad y anuencia con los organismos de seguridad y el Ejército.

La crisis de legitimidad del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) por el financiamiento de su campaña con dineros del Cartel de Cali, terminó fortaleciendo las posiciones más conservadoras y autoritarias y abriendo paso al Plan Colombia bajo el liderazgo de la embajada norteamericana y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002); una estrategia militar que fortaleció el militarismo y que con el fracaso del proceso de paz del Caguán (1999-2002) derivó en otra etapa autoritaria: el largo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), un momento de alta coerción-represión y alta cooptación-consenso.

Hoy, si bien la burguesía capitalina le apuesta al fin definitivo de la confrontación armada con las guerrillas y especialmente con las FARC, el régimen no renuncia al duro ejercicio de la violencia y la severidad de la guerra sigue presente. Tampoco renuncia del todo a la aspiración de una paz barata que se parezca tanto como se pueda a una rendición, lo que complica las perspectivas de un acuerdo sostenible.

Prevalece la hegemonía de una cultura política que sirve de base y sedimento para experimentos de fundamento autoritario. La personalidad autoritaria es fuertemente constitutiva de la identidad nacional y refuerza imaginarios que se decantan en hechos políticos y sociales.

Por esa razón, es necesario un debate más de fondo sobre estos temas. Sobre estas bases vigentes, la consolidación de la paz pende de un tiro. Los fundamentos ideológicos del régimen que encuentran amplio eco en una sociedad propensa a la violencia y la punición, son un reto indiscutible para el nuevo periodo que se anuncia. La pedagogía de la paz necesita mucho más que propaganda patriotérica y sentimental y en algún momento, tiene que tocar públicamente y sin más secretismos, éstos y otros puntos sensibles de la vida política nacional sobre la que caminará el llamado posconflicto.

En ese sentido, es necesario, por ejemplo, que no se siga ocultando y subestimando el enorme malestar que existe al interior de las Fuerzas Armadas y en especial, del Ejército con el proceso de paz y el manejo dado a éste por el gobierno de Santos. En Colombia, el protagonismo de los militares no se ha expresado en asumir las funciones gubernamentales sino en algo quizá más importante: la médula de la cultura política pasa por la legitimidad y el respaldo que tiene la militarización de la vida pública. Colombia es un país militarizado en su cotidianidad y esta situación goza de consenso político y de amplio apoyo electoral. Si Santos y las formas del proceso de La Habana insisten en un tratamiento vacilante y ambiguo de la cuestión militar, lo que procuran es la radicalización de la mentalidad autoritaria en el Ejército y no su transformación o por lo menos su relajación a favor de la paz. Hay que tratar de persuadir a los militares de los beneficios y responsabilidades mutuas que implica el acuerdo. Hay que hacer la paz y a los militares hay que ganarlos de ese lado. De lo contrario, la extrema derecha capitaneada por Uribe, capitalizará con éxito el ruido en los cuarteles para tratar de restablecer una correlación de fuerzas favorable a la salida autoritaria al conflicto social.


Referencias

Calveiro, Pilar. 2004. Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Primera edición-Segunda reimpresión. Colihue. Buenos Aires.

Calveiro, Pilar. 2015. América Latina y el Autoritarismo. Conferencia magistral. 17 de junio de 2015. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Estrada, Jairo. 2005. Proyecto neoliberal e intervención imperialista en Colombia. En, GAMBINA, Julio C. et al., Pensamiento y acción por el socialismo. América Latina en el siglo XXI, Buenos Aires , Fundación Investigaciones Sociales y Políticas – FISyP.

García Villegas, Mauricio. Un país de estados de excepción. Columna de opinión, publicada en el Periódico El Espectador el 11 de octubre de 2008 y disponible en, http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso43317-un-pais-de-estados-de-excepcion

LÖWY, Michael y Eder Sader. 1977. La militarización del Estado en América Latina. En, Cuadernos Políticos, no. 13, México.

Palacios, Marco. 1999. Parábola del liberalismo. Editorial Norma. Bogotá.

  1. Un país de estados de excepción. Mauricio García Villegas. Columna de opinión, publicada en el Periódico El Espectador el 11 de octubre de 2008 y disponible en, http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso43317-un-pais-de-estados-de-excepcion