Sebastián Urdaneta

* Sebastián Urdaneta

Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) y abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Entre mis temas de trabajo se encuentran la justicia comunitaria, la administración de justicia, el conflicto armado, el pluralismo jurídico y la educación legal. La Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional ha sido la institución en la que he desarrollado la mayoría de mis investigaciones

Frente a los libros hay alguna forma de sacralidad que quienes leen consideran universal. Es por eso que en el proceso previo a la inminente elección de Sarkozy como presidente de Francia, los intelectuales de izquierda se preocupaban no sólo por el inminente ascenso de Los Republicanos (LR) al poder, sino también por las treinta bibliotecas barriales que fueron quemadas por diversos movimientos populares, periféricos y juveniles entre el 2005 y el 2009.

Por lo menos tres causas connotan al hecho como paradójico: la primera, el espíritu ilustrado francés que se resiste a creer que las insurrecciones pueden no ser ilustradas (para ellos, la revolución iraní es una excepción propia del Islam y nada más); la segunda, el papel protagónico que se le ha atribuido históricamente al Partido en una buena parte del marxismo occidental, y con él a la razón, a la pluma como presupuesto para la organización; y tercero, la imposibilidad de pensar que en un país como Francia, cuna de la enciclopedia, el movimiento popular tenga la desfachatez de quemar libros. Tal vez es por esta última razón que los medios bautizaron el hecho con el verbo souiller, el cual connota mancha, deshonra, sacrilegio.

Sin embargo, esta simple división entre bárbaros e ilustrados es desmontada por Denis Merklen en su estudio exploratorio de los motines urbanos en 2005. Según explica el sociólogo uruguayo, al constituirse como uno de los ejes de la intervención Estatal en los barrios, las bibliotecas se convirtieron en los blancos de resistencia de aquellos que se oponían a las ideas de la renovación urbana. Para estos jóvenes, las bibliotecas, la escritura, los libros y quienes trabajaban con ellos, representaban todo un núcleo de sentido cultural burgués del que se encontraban excluidos tanto de hecho como de derecho: “el libro materializa una frontera social de naturaleza simbólica. No puedo ser indiferente al libro en tanto que individuo y, al mismo tiempo, saber que es un objeto “preciado” para mis enemigos sociales, para aquellos que me sacan ventaja o me hunden” (Merklen, 2010, p. 68). En conclusión, las bibliotecas generan una violencia simbólica que los sectores juveniles populares no están dispuestos a soportar.

A todo esto, ¿cómo viene al caso colombiano el hecho de que en el conurbano parisino se quemaran bibliotecas? Si bien es cierto que los hechos narrados son distantes a la realidad del país, la idea que los interpreta puede ser útil para entender el fenómeno de la justicia y la maquinaria jurídica que con tanta curia se ha encargado de fragmentar a la población colombiana entre sagrados y profanos ante los mecanismos de defensa de los derechos.

Para construir el argumento partamos de dos hipótesis. Primero: Colombia es un país con acceso formal a la justicia. Para ilustrar el primer punto piénsese en el porcentaje de legistas en nuestra República para el 2011 respecto a los demás países: 354 por cada cien mil habitantes, casi el doble que la tasa de Uruguay y casi cinco veces la de países como Francia o Rusia. Así mismo, la tasa de jueces por habitante en Colombia es superior a países como España e Inglaterra (Corporación Excelencia para la Justicia, tasa de abogados por habitantes en Colombia y el mundo, 2011). Segundo: en Colombia no es descabellado, como en Francia con las bibliotecas, que se quemen juzgados. Para ejemplificar este hecho basta con pensar que en medio del conflicto los grupos armados han incendiado sedes de la justicia en Arauca, Bolívar, entre otros, y la misma población civil lo ha intentado en Caldas, por nombrar algunos casos (El Colombiano, 11 de febrero de 2014; El Tiempo, 30 de abril de 1999; El Tiempo, 13 de junio de 1996).

¿No hay acaso una aparente contradicción entre la cantidad de “recursos” jurídicos (piénsese ahora en Francia, su amplísima producción intelectual y prolíficas bibliotecas) y la latente posibilidad de que se incendien juzgados, ya sea con fuego, con plomo o simplemente con desacato? Volvamos al argumento de la quema de bibliotecas. De la misma manera que resulta pertinente pensar en el antagonismo generado entre cierta parte de la cultura ilustrada francesa y la cultura popular que resulta en la violencia, parece importante que el debate de la justicia en Colombia se dirija hacia la profunda división que existe entre los “especialistas” del derecho y el grueso de la población, sobre todo si hablamos del mundo rural.

El desprecio hacia los juzgados no es gratuito. La división entre aquellos que se ven envueltos en una situación jurídica pero no pueden actuar dentro de ella -desde la relativa simpleza de un proceso ejecutivo hasta el monstruo penal que acompaña un delito cualquiera-, y los especialistas del derecho con capacidad de intervención, no sólo no es poca sino que tampoco es accidental. Bourdieu (2000) explica que esta fractura entre letrados e iletrados del derecho constituye la propia lógica del campo, la cual funciona por medio de separación o desposesión. La independencia del campo se basa en la dependencia de los profanos respecto a los especialistas, lo que se da principalmente por el uso “sabio” de un lenguaje en el que se resignifican las palabras, se crean procedimientos, se instituyen laberintos. Los conflictos de las clases populares están lejos de los autos del litigio, de los alegatos de parte o de los litisconsortes.

Aún hay más. Los estudios de García Villegas y Espinosa sobre el apartheid institucional de nuestra población muestran los siguientes datos: para el 2013 Colombia tenía un 60% de su territorio sin presencia institucional. Así mismo, el 73% de los municipios en los que la presencia de las instituciones judiciales era deficiente mostraba presencia guerrillera, y en zonas paramilitares alcanzaba un 55% del territorio (García y Espinosa, 2013). Estas cifras permiten pensar que los colombianos no necesitan quemar juzgados para zanjar la brecha que los separa de la justicia. Para eso está la justicia por mano propia junto con el respaldo de los grupos armados.

Ahora que se piensa que la justicia armada que actualmente opera en amplias zonas del país debe ir desapareciendo en el escenario del posconflicto, ahora que se hace visible un aparente vacío del poder, especialmente en el campo… Antes de que la próxima reforma a la justicia rellene a pueblos como Caloto o Miranda de juzgados, si es que lo hace, habría que preguntarles a los ciudadanos qué tipo de justicia demandan, qué jueces se consideran legítimos en el territorio, bajo qué formas jurídicas se sienten amparados. Habría que entender que el lenguaje de la justicia debe corresponderse con el lenguaje del pueblo.


Bibliografía

Corporación Excelencia para la Justicia, (2011). Tasa de abogados por habitantes en Colombia y el mundo. Recuperado de: http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/2566-tasa-de-jueces-por-habitantes-en-colombia-y-el-mundo

Bourdieu, P. (2000). La fuerza del derecho. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

ELN quema alcaldía de pinillos y expedientes de juzgado. (30 de abril de 1999) El tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-884700

En Caldas intentaron quemar los juzgados (11 de febrero de 2014) El Colombiano. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/en_caldas_intentaron_quemar_los_juzgados-OWEC_281690

García, M. y Espinosa R. (2013) El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Incendian juzgado (13 de junio de 1996) El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-314329

Merklen, D. (2010). ¿Buenas razones para quemar bibliotecas? Apuntes de investigación. 1 (17), pp. 57-66.