Leopoldo Múnera

* Leopoldo Múnera

Abogado de la Universidad del Rosario, magíster en Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma y de Desarrollo Económico y Social de la Universidad Católica de Lovaina. Doctor en Ciencia Política de la misma institución. Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea y miembro del CriDis (Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité) de la Universidad Católica de Lovaina y del Programa Interdisciplinario de Políticas Educativas de la Universidad Nacional de Colombia (PIPE-UN)

Esta ponencia fue presentada dentro del coloquio denominado Justicia, terminación del conflicto y refrendación de los acuerdos, organizado por Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, dentro de la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO, Medellín, la cual, a pesar de su importancia regional, no contó con el apoyo de COLCIENCIAS.


En Colombia, a raíz del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, el debate sobre la justicia transicional ha ido desviándose poco a poco hacia un rumbo jurídico. En el año 2006, Rodrigo Uprimny, en uno de los primeros textos rigurosos sobre el tema en el país, afirmaba que dicho concepto hacía referencia “a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz.” Además, agregaba que tales procesos enfrentan “importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz.” (Uprimny, 2006: 13).

Un año después, en una conferencia dictada en la Universidad de Guadalajara, Hernando Valencia Villa precisaba, al hablar sobre la justicia transicional, que “bajo este neologismo tomado de la lengua inglesa se conoce hoy todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática” (Valencia Villa: 2007).

En ambos casos, desde la reflexión de dos juristas, los aspectos políticos eran considerados como prioritarios sobre los jurídicos y judiciales. La verdad, la reparación, la memoria y la no repetición constituían los elementos fundamentales de la transición política, mientras los mecanismos atinentes al derecho sustantivo y procedimental representaban los elementos adaptables necesarios para garantizar el castigo a los responsables de los delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, dentro de ciertos límites considerados como razonables. La justicia retributiva tradicional, es decir la que se basa en la proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción contemplada en la legislación penal, se flexibilizaba así en función de otros principios que terminaron siendo considerados como derechos (la memoria, la verdad, la reparación y la no repetición) para favorecer la obtención de la paz.

La experiencia colombiana en el actual proceso de paz pone de presente que en casos de conflicto armado interno, la justicia transicional enfrenta un trilema, si me permiten el neologismo, y no un dilema, como afirmaba Rodrigo Uprimny, pues implica lograr un equilibrio entre la justicia retributiva, la negociación política del conflicto armado y la paz. Desde luego, siempre y cuando caractericemos esta última en un sentido positivo y político, que permite definirla como un estado donde los conflictos se resuelven sin recurrir al uso sistemático de la violencia por diversos actores sociales y políticos y donde la reducción de la incertidumbre producida por la inseguridad social (falta de salud, educación, vivienda, trabajo…) y política (peligros permanentes para la vida y la integridad personal ocasionados por otros miembros de la misma asociación política) se asume como un objetivo común y prioritario de la sociedad, desde diferentes concepciones políticas1. Más allá de las tres acepciones estudiadas por Bobbio (1982): la primera, negativa, que significa la ausencia de la guerra; la segunda, positiva y técnico-jurídica, propia del derecho internacional, en virtud de la cual es un estado al que se llega después de un acuerdo para cesar las hostilidades entre dos o más partes, y la tercera, también positiva, pero teológico-filosófica, que la asimila a la justicia.

En las negociaciones de La Habana, el debate nacional se ha centrado, en buena medida debido a los opositores al actual proceso de negociación política, alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, dejando de lado el debate público sobre el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin embargo, desde la creación de la Comisión de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), el 5 de agosto de 2014, se consideró por las delegaciones presentes en La Habana que estos aspectos políticos de la justicia transicional debían ser definidos exclusivamente por las partes negociadoras mediante el nombramiento de los comisionados en forma paritaria. Esta fórmula, un poco más morigerada, se repite con la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, de acuerdo con el informe conjunto de la mesa de negociaciones publicado el 4 de junio de 2015. Aunque en este caso, las candidaturas de los comisionados serán el producto de una indeterminada “postulación amplia y pluralista”, que servirá para que los designe un comité de escogencia, compuesto por nueve miembros, seis de los cuales serán seleccionados por las partes negociadoras y otros tres por organizaciones seleccionadas por ellas mismas.

Nunca antes en Colombia se habían contemplado tantas comisiones para establecer la verdad histórica o por lo menos dar cuenta de los múltiples relatos que la constituyen, tampoco para intentar respetar los derechos de las víctimas. Sin embargo, no deja de ser asombrosa la duplicidad entre historia y verdad, que merecería una reflexión cuidadosa, y el consenso entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional para mantener en forma paritaria el control en la conformación de las mismas. Alejandro Castillejo (2015) ha planteado que en la dialéctica entre fractura y continuidad, propia de las transiciones, es decir entre las rupturas buscadas intencionalmente como, por ejemplo, la construcción de la verdad para evitar la repetición de los hechos condenables del pasado, y la continuación de las causas de dichos hechos, es necesario en función de la verdad y las experiencias plurales con respecto al daño, permitir el encuentro de voces y memorias múltiples. Empero, estas no pueden ser convocadas o seleccionadas por quienes han sido causantes o han justificado las situaciones de violencia que se pretenden superar.

Para evitar la trampas de “las políticas del olvido” y “la memoria administrada”, que desde luego inciden directamente en la reparación y en la no repetición, es decir, de los dispositivos para administrar la memoria con el propósito de producir olvidos selectivos en nombre de la paz o de la negociación de un conflicto armado, Alfredo Gómez-Muller (2008: 39-40) pone de presente “la exigencia de construcción de una memoria pública, producida por la movilización de las víctimas y de la sociedad víctima” y complementa, “a distancia de la racionalidad estratégica de las políticas del olvido, la exigencia de memoria se arraiga en una forma de racionalidad comunicativa, que se traduce en la práctica por la implementación de políticas participativas de construcción de la memoria, que son, indisociablemente políticas de construcción participativa de la democracia.” Sin embargo esa participación debe ser autónoma y no pasar por el filtro de las partes que negocian un conflicto armado porque fueron parte activa del mismo. Es un derecho de la sociedad en su conjunto y de los actores que pueden representarla, consustancial al de la paz, que no admite tutelas o mediaciones políticas de quienes de una u otra forma son o están vinculados con los victimarios.

La crítica de la conformación de las comisiones resultantes de la negociación política del conflicto armado en La Habana no es un hecho secundario o anecdótico. Es una manifestación clara de la manera como se entiende por las delegaciones de las FARC-EP y el Gobierno Nacional los aspectos políticos de la justicia transicional, en términos de arreglos contractuales, de tipo jurídico, entre las partes en conflicto y no de procesos de reconstrucción social, consensos colectivos hacia la paz y proyección común hacia el provenir. La verdad, la memoria y todo lo que se deriva de ellas queda convertido en un patrimonio exclusivo de quienes son avalados por las partes del conflicto armado, que en muchos casos son los mismos victimarios, mientras la participación de las víctimas y de la sociedad-víctima tiene que pasar por su cedazo. Tal y como había sucedido con la extinta Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación conformada a raíz de la negociación con los paramilitares, cuyos miembros no oficiales eran “cinco personalidades” designadas por el Presidente de la República. Tales cuestionamientos, tampoco ponen en duda el prestigio académico, intelectual o moral de los comisionados, o la calidad de sus informes o estudios, pues están destinados fundamentalmente a resaltar el carácter parcial y unilateral de su escogencia. Este dispositivo niega en sí mismo, desde la conformación de las comisiones, la posibilidad de construir una verdad y una memoria comunes desde referentes múltiples y diversos.

Así, por ejemplo, la memoria como parte de un proceso transicional contiene exigencias que no se pueden obviar, algunas de ellas son2: 1. No es inmediata o instantánea, por consiguiente, requiere de la ayuda de testigos con los cuales se comparten marcos de sentido y referencias comunes (Auge, 1998: 23 y Halbwachs, 2004). El sujeto que la evoca y construye necesita crear formas de identificación con quien se desempeña como receptor de la misma; 2. Es asimétrica, pues depende de las experiencias de quien recuerda los hechos y del significado que le otorga dentro de sus vida, lo cual repercute inmediatamente en las formas de reparación (Halbwachs, 2004); 3. Es susceptible de ser encuadrada en metarelatos oficiales que tienden a neutralizarla. Por su naturaleza eminentemente subjetiva puede ser aislada e invisibilizada en versiones oficiales (Jelin, 1998, p.30), lo cual sucede con gran facilidad cuando es filtrada por relatores de la “verdad”; 4. Puede terminar reducida a ser simplemente el testimonio de lo “monstruoso”, cuando es limitada a la reconstrucción de los hechos que convierten a los seres humanos en víctimas de actos aberrantes que deforman nuestra humanidad y descuida lo humano que las prohijó: las complicidades cotidianas que las permitieron, las relaciones sociales que las favorecieron, las morales que las justificaron, las religiones que las santificaron, las políticas que las promovieron, las voces del coro que la auparon o las autoridades que las toleraron. En consecuencia, cualquier política de la verdad tiene que contener una política de las memorias, en plural.

Con los otros elementos políticos de la justicia transicional sucede algo parecido, así como con la articulación entre ellos. Si se pretende avanzar desde la negociación política del conflicto armado hacia una paz sustentable y duradera, es indispensable el debate público y los consensos sociales, con una participación amplia y autónoma de la sociedad víctima y de las víctimas, sobre temas como las reparaciones individuales, colectivas o ambientales, materiales y simbólicas; la no repetición, en un país en donde la conflictividad social no va disminuir, ni debe hacerlo; la relación entre memoria, verdad histórica y verdad judicial, o la integración de todos los elementos en un sistema efectivo. El rumbo jurídico que está tomando la justicia transicional expone al país a sacrificar está última en función de la terminación del conflicto armado y de un proyecto de alternatividad penal, complementado con políticas del olvido y de administración de la memoria. Por consiguiente, bajo la ilusión de configurar un pasado repudiable de conflictos para un futuro idílico de reconciliación, seguiremos en el círculo vicioso de la violencia, en un escenario con nuevos y viejos protagonistas.

Colofón: La deriva jurídica de la justicia transicional no es responsabilidad del grupo de juristas que ha acompañado las negociaciones y que han hecho un trabajo riguroso y difícil, sino del resto de la sociedad que no está reflexionando y debatiendo sobre los temas centrales de un proceso de paz decisivo para el futuro del país.

Medellín, 11 de noviembre de 2015.


TEXTOS DE REFERENCIA

Auge, Marc (1998). Las formas del olvido. Barcelona: Gedisa.

Bobbio, Norberto (1982). “Las ideas de la paz y el pacifismo”, en: El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona: Gedisa, Capítulo V, 175 y ss.

Castillejo, Alejandro (2015). La imaginación social del porvenir: reflexiones sobre Colombia y el prospecto de una Comisión de la Verdad. Buenos Aires: CLACSO

Gómez Muller, Alfredo, (2008). La reconstrucción de Colombia. Medellín: La Carreta.

Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Jelin, Elizabeth (1998). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI Editores.

Salgado, Carlos (2015). “Cartilla de Derechos Humanos y Paz”, Dactilografiada. Documento producido para la Secretaria Distrital de Integración Social, subdirección para la Gestión Integral Local, de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Uprimny, Rodrigo (2006), “Introducción”. En: Rodrigo Uprimny, María Paula Saffon, Catalina Botero y Esteban Restrepo Saldarriaga, ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia (pp. 13-16). Bogotá: Antropos.

Valencia Villa, Hernando (2007), “introducción a la justicia transicional”. Consultado en: http://escolapau.uab.es/img/programas/derecho/justicia/seminariojt/tex03.pdf, el 1 de noviembre de 2015.

  1. Esta caracterización fue adoptada en la Cartilla de Derechos Humanos y Paz de la Secretaria Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Salgado, 2015).
  2.  Los tres primeros elementos de este párrafo son tomados, con autorización de la autora, del informe parcial de la investigación titulada, Memorias, Palimpsestos y Fórmulas de Transición. La justicia transicional y la reconstrucción social en un análisis comparado, que la politóloga e historiadora Nathaly Rodríguez está realizando para el proyecto Planeta Paz, con la coordinación del autor de esta ponencia.