German Paul Cáceres

* German Paul Cáceres

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Control y Gestión de Políticas Públicas y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). Actualmente trabaja en México en temas de evaluación de políticas de desarrollo social

La recurrencia de las crisis financieras y de gobernabilidad de las universidades públicas colombianas que se hace monótona, desalienta el debate y aplaza las soluciones. El turno le corresponde ahora a la Universidad del Tolima: desfinanciada con una deuda que no ha sido estimada con exactitud, con múltiples convenios que no puede cumplir motivados por intereses politiqueros, y no académicos, y seriamente comprometida en su calidad académica.

La situación de la Universidad del Tolima refleja un escenario generalizado, especialmente en las universidades públicas del orden departamental. La mayoría de éstas se han convertido en un botín burocrático y presupuestal de camarillas políticas. Al problema de fondo de la desfinanciación de la educación superior pública se suma, en casi todos los casos, la corrupción, el desvío de recursos, las nóminas paralelas, entre otros. Las problemáticas netamente académicas brillan por su ausencia.

Lo que ocurre hoy en la Universidad del Tolima no es nuevo, es un problema sobrediagnosticado. Es cierto que las causas pueden ser de diversa naturaleza, pero un problema de origen se consumó en la Ley 30 de Educación Superior. En su artículo 64 la Ley 30 permitió que la dirección de las universidades departamentales se entregara a los gobiernos de turno, dejándolas en el peor de los escenarios: sin autonomía real y muy dependientes del poder político de turno en el contexto de un régimen político corrupto y un modelo de financiación deficitario de la educación superior.

La Ley 30 consolidó un fuerte predominio gubernamental en los Consejos Superiores Universitarios1, lo que se tradujo en la subordinación de la academia a las urgencias políticas de la región. En ese marco se desenvuelve la educación superior en los departamentos de Colombia.

En este escenario se debe entender lo que ocurre en la Universidad del Tolima. Las controversias se reducen a una reyerta entre santistas y uribistas, entre el grupo político liberal-santista al que responde el actual rector y el Gobernador uribista Oscar Barreto, quien no busca “salvar la universidad” como lo afirma la propaganda oficial, sino desplazar a sus rivales políticos del manejo presupuestal y burocrático de la universidad.

La intervención de la Ministra y la Viceministra de educación santistas se ha limitado a hacer malabares para darle una solución de continuidad a las labores sustantivas de la universidad, buscando impedir que el gobernador uribista se quede con la rectoría y dejando en el medio de la disputa a la educación superior pública del Departamento en franco deterioro.

Es la pelea por un botín, los discursos sobre calidad académica, mejoramiento docente e investigación, son farolas incandescentes que sirven para distraer a la opinión mientras las negociaciones reales se realizan en mesas chicas que revelan el pulso de poder y son ajenas al ethos universitario2.

No se habla de política en el sentido de proyectos educativos o de sociedad o en términos de políticas públicas sólidas; no, se trata de la pequeña política, la de la repartija burocrática, la del saqueo del erario, la de la negación de los derechos. A eso está reducida la política en las universidades públicas del orden departamental y en la Universidad del Tolima.

Los problemas de las universidades públicas seguirán siendo de este tenor (corrupción y politiquería), mientras los políticos sigan a cargo. Mientras los gobiernos de turno, nacional o departamentales, sigan a cargo de la dirección de la universidad con su mirada de corto plazo y su angustia por ganar su siguiente disputa electoral, en ocasiones sosteniendo en los cargos directivos a personajes de dudosa reputación ética y académica.

Los problemas de las universidades públicas seguirán siendo de este tenor mientras la autonomía universitaria siga siendo letra muerta.

Urge una reforma que dé más protagonismo a los académicos que a los políticos en la dirección y manejo presupuestal de las universidades públicas, que recorte la injerencia de los apetitos burocráticos y que devuelva la discusión a las necesidades académicas y de desarrollo científico de las regiones y del país. El modelo de gobierno de las universidades públicas debe ser revisado; de lo contrario, la crisis estructural relacionada con la desfinanciación estatal se seguirá agravando por la utilización politiquera de los menguados recursos destinados a la educación superior.

  1. La composición de los Consejos Superiores Universitarios puede verse en la Ley y en los estatutos orgánicos de las universidades, pero en general, da una amplia participación a representantes gubernamentales y a las directivas universitarias que conforman una especie de mayoría de conveniencias mutuas.
  2. Esto se ve ejemplificado en el comunicado que la Asamblea de Profesores emitió el pasado 17 de febrero y en el que expresa su “…inconformismo con la decisión del Consejo Superior Universitario que, en sesión del día martes 16 de febrero, se negó a permitir el ingreso de la Comisión profesoral designada para presentar la “Propuesta de reforma profunda de la Universidad del Tolima”, a pesar de la insistencia de la representación profesoral para que dicho contenido fuera socializado…la viceministra de Educación Natalia Ariza sostuvo que la necesidad de tomar decisiones urgentes impedía escuchar al profesorado”.