Andrea Cely Forero

* Andrea Cely Forero

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con título de Maestría en Estudios Culturales de la Universidad de Los Andes. Dentro de sus principales intereses investigativos se encuentran los movimientos sociales en América Latina y la acción política en la vida diaria. Tiene publicados los resultados obtenidos sobre experiencias de pedagogía feminista, planes de vida como alternativas políticas de resistencia y las tensiones entre el movimiento social y político en América Latina. Hace parte del Congreso de los Pueblos, una experiencia de movilización social que intenta construir legislación popular

Esta columna estaba pensada inicialmente para sumar una voz a las de aquellos asistentes al foro en la Universidad de los Andes dedicado al futuro de la Reserva forestal van der Hammen. En especial, porque varios ciudadanos críticos estamos pasando por distintos estados de ánimo, que van desde la risa provocada por los chistes que desencadena cada una de las intervenciones públicas del Alcalde, pasando por la nostalgia de programas e iniciativas artísticas que hoy siguen sin tener en donde crear, y por la rabia que desata el descaro de los intereses privados acompañados de represión.

Sin embargo, hay al menos dos hechos adicionales que me permiten orientar la atención frente al papel de la academia en medio de una coyuntura como la que estamos viviendo. En primer lugar, el espacio que efectivamente abrió una universidad privada como Los Andes frente al conflicto que representa la Reserva van der Hammen en Bogotá1;en segundo lugar, la semana dedicada a Camilo Torres en la Universidad Nacional que ha sido cuestionada, entre otros, por columnistas que rechazan el papel de la academia en este tipo de eventos2; y en tercer lugar, el debate que se ha desatado frente al tipo de publicaciones que hace la prensa y que contó con varias opiniones de docentes que la critican desde una posición fundamentada en la formación profesional de los comunicadores sociales.

Podríamos analizar cada uno de los casos y encontrar matices importantes. Pero lo interesante está en el papel que la sociedad le está otorgando al valor del conocimiento académico y profesional frente a conflictos como los anteriormente enunciados. Por un lado, tenemos autoridades locales que niegan la pertinencia, idoneidad y validez de años de estudios ambientales; por otro lado, encontramos a reconocidos juristas que hoy cuestionan el legado sociológico y humanista que representa una figura política como Camilo Torres, y por último, quienes soslayan la capacidad con la que debe contar un comunicador social para decidir qué tipo de noticias se presentan, limitando la discusión a una consecuencia familiar. Una primera impresión frente a estas posiciones es que, efectivamente, lo más cómodo para la estabilidad del poder es que la academia produzca para ella misma. Es decir, que tengamos estudios ambientales que sólo lean los estudiantes de pregrado o posgrado, que la sensibilidad humana y política sólo se viva en organizaciones sociales y fuera de las aulas, y que los delitos de las autoridades no se ventilen. ¿Es esta la posición que hoy le debemos exigir a la academia?

La formación profesional pasa necesariamente por un componente ético y político. No se trata de instituciones o carreras creadas para reproducir técnicas de estudio sin ninguna pertinencia práctica. Tampoco de reducir el debate a la permeabilidad de intereses económicos de cualquier ejercicio profesional. Esta reflexión aplica independientemente del tipo de conocimiento, la rama del saber que se profundice y el tipo de universidad que se trate. Un sociedad que espera resolver conflictos no puede pretender que sus profesionales se encuentren al margen de las decisiones políticas y los acontecimientos que marcan las pautas históricas. Y bajo este argumento, la figura de Camilo Torres Restrepo es un gran ejemplo. No sólo porque fue el capellán de dicha Universidad, sino especialmente, por las ideas que, junto con Orlando Fals Borda, permitieron la fundación de la carrera de sociología y aún más por la reflexión activa en distintas experiencias populares que sentaron las bases para consolidar una propuesta metodológica de investigación. La representatividad de Camilo es, en sí misma, un diálogo de la academia con la sociedad, y quien pretenda negarlo no ha comprendido el valor social y humanista que se vive en las aulas.

Un caso similar podría extraerse de las pertinentes intervenciones de Manuel Rodríguez Becerra, actualmente docente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y de grandes ambientalistas como Julio Carrizosa, durante el evento al que también asistió Enrique Peñalosa. Ante tantas ideas sin sentido por parte de este último, varias personas del público le reprocharon sus afirmaciones y la respuesta inmediata del alcalde fue hacer un llamado al respeto académico. ¿De qué respeto habla si todas sus intervenciones estaban, justamente, desconociendo los estudios ambientales que la mayoría de asistentes conocían y en la que varios de los panelistas participaron? Cabe mencionar que durante el evento no se vivió un aplauso generalizado como inventaron algunos medios, pero tampoco salió abucheado. Fue un espacio de intercambio entre ideas obsesivas y argumentos académicos.

Es importante resaltar el llamado que hace Rodríguez Becerra, quien afirmó en repetidas ocasiones que “hay que respetar la ciencia. La Academia Nacional de Ciencias es la que tiene la facultad de considerar si una reserva forestal existe o no (…)”, precedido por Carrizosa quien invitó a la actual Alcaldía a presentar los planos que tienen proyectados para debatirlos en un espacio académico. Afirmando que “para eso está la academia, y que digan por qué los estudios que se han hecho no son válidos, pues para eso hay procedimientos de la comunidad científica. Demuestren los errores, que ustedes los hacen mejores y después sí vamos a la CAR a ver qué dicen los abogados (risas del público)”3.

No pretendo argumentar que los docentes se conviertan en figuras políticas ni que necesariamente militen en un movimiento político. Estoy hablando de la pertinencia y la objetividad del valor académico en su relación con las decisiones políticas de una ciudad. Y así no quiera aceptarlo el Alcalde, objetivamente la reserva es una reserva. Ahora, que intenten difundir ideas falsas para provocar que cambie el carácter de un estudio ambiental, a través de manipulaciones jurídico-políticas, es otra cosa. O como afirmó lúcidamente Rodríguez al final de la intervención, se podría pensar también en “demandar a Peñalosa por incitar la destrucción de la Reserva forestal van der Hammen, porque si hubiera un bogotano que estuviera incitando públicamente la destrucción del Transmilenio, pues lo metían al otro día a la cárcel”.

Ahora bien, el caso de los comunicadores sociales es especialmente importante. Y aunque la carta de la docente Astrid González a Vicky Dávila no contiene los mejores argumentos, porque cae reiteradamente en una posición que limita la noticia a un problema familiar y privado, sí permitió que otros columnistas, docentes y hasta el director de El Espectador se pronunciaran frente al debate que generó la publicación del video. Para algunos se trató de un acto reprochable porque, en sí, el video no prueba el delito de trata de personas o la existencia de una red de favores entre altos mandos de la policía y algunas autoridades públicas. Para otros, se convirtió en un escándalo que confirma la “pobreza de nuestra opinión pública sobre la sexualidad”4 y finalmente, terminó siendo un hecho que desencadenó importantes decisiones políticas para el país, ¿No se confirma así el poder que tienen los comunicadores sociales y su formación académica?

La docente afirma en su carta que uno de los principios fundamentales del periodismo es el “interés público”, Cano considera que las autoridades no tienen vida privada, cuando ésta interviene en sus funciones como servidores públicos y, en general, uno como audiencia espera veracidad en la información. Si esto no pasa por una reflexión por parte de las universidades que cuentan con esta carrera, difícilmente se puede afianzar una convicción ética y política frente al ejercicio profesional de quienes tienen la responsabilidad de transmitir una noticia. Máxime cuando está de por medio la vida, integridad y respeto de toda una red de personas que pueden estar siendo víctimas de un delito.

Colombia se caracteriza, además, por ser uno de los países con mayores índices de violencia y persecución a los periodistas. Y no se trata ahora de inducir la defensa de una de ellas que, abiertamente tiene afinidades políticas que no comparto, sino en demostrar la importancia que tiene una buena formación académica y la relación que este país debe exigirle a sus profesionales.

Debo cerrar diciendo que la diversidad de estados de ánimo ante esta coyuntura se confirma. Por un lado, con la risa que provocan los comentarios de grandes académicos hacia Peñalosa, la nostalgia que genera la eficacia del amor de Camilo en varias generaciones y la rabia que se alcanza a sentir al sospechar que delitos tan graves, como los que se pueden estar presentando en la Policía, queden impunes por un gran espectáculo mediático.

  1. http://www.uniandes.edu.co/noticias-transmisiones-canal-video/68-t-transmisiones/2485-el-futuro-de-la-reserva-forestal-thomas-van-der-hammen
  2. Columna de Mauricio García en El Espectador http://www.elespectador.com/opinion/semana-camilo-torres
  3. Ambas intervenciones pueden ser vistas en el segundo video que está colgado en la página de la Universidad de los Andes: http://www.uniandes.edu.co/noticias-transmisiones-canal-video/68-t-transmisiones/2485-el-futuro-de-la-reserva-forestal-thomas-van-der-hammen
  4. Columna de Mauricio Albarracín en El Espectador: http://www.elespectador.com/opinion/verdad-sobre-cigueena