Lucas Restrepo

* Lucas Restrepo

Doctorante en Ciencias Sociales, mención Sciences juridiques et philosophie politique, de la Universidad Denis Diderot - Paris 7 (Francia). Proyecto de investigación: ’’Gouverner le conflit, faire justice. Une lecture généalogique de l’expérience de la justice à propos du conflit politique colombien’’. Master 2 europeo en Filosofía, mención: Philosophie et critiques contemporaines de la culture, de la Universidad de Paris 8 (Francia). Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali

El debate que ha suscitado el punto de “Refrendación” de los acuerdos de La Habana hasta ahora patina en torno al problema de la “aceptabilidad” ciudadana del texto final de la Mesa, esto es, la idea de que la validez de lo que firmen las partes depende de una instancia exterior a la Mesa.

La vacuidad y la repetición infinita de los mismos temas en el debate público que se ha instaurado sobre este asunto radica en la inobservancia de este punto central: el desacuerdo que existe a propósito del mecanismo a través del cual el Acuerdo Final será refrendado radica precisamente en la definición de esa instancia exterior a la cual la Mesa debe hacer referencia para legitimar su producto. La diferencia que se ha suscitado entre las partes que componen la Mesa de La Habana consiste, de esta manera, no tanto en la “forma” de la refrendación sino en la manera como se concibe esa superficie depositaria de un valor superior a los actos de la Mesa, objeto y sujeto del Acuerdo Final e instancia de legitimación de la existencia misma de la Mesa y sus productos. En lo que sigue, propongo leer de otra forma las diferencias sutiles que se plantean entre la propuesta del “Plebiscito” y la propuesta de la “Constituyente”, sin caer (por el momento) en la trampa de calificar la bondad de la una sobre la otra. De entrada, descarto la posibilidad de tratar la propuesta que reenvía al Presidente de la República el acto de refrendación, entre otras cosas porque dicha propuesta no pertenece a lo acordado por la Mesa.

Sobre el problema de la “refrendación”, poco o casi “nada nuevo bajo el sol” parece desplegarse en el millón de caracteres que a propósito, muy posiblemente, se han escrito en los últimos años. Pasaremos rápidamente a lo que ya se sabe y sobre lo que no hay que volver: La Mesa propuso, por primera vez en la historia del país, someter el conjunto de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno-Santos a un procedimiento de “refrendación” cuyo mecanismo, dice el texto guía de las conversaciones, debe ser el producto del entendimiento de las partes. Cualquier otra cosa sería una patada al tablero de ajedrez y, por tanto, el final abrupto de la partida. Ahora bien, para entender la diferencia en las posiciones que se han planteado en torno al problema de la refrendación es necesario entender el propósito mismo de la Mesa. La Habana es un lugar y una dinámica de negociación entre dos fuerzas políticas, ciertamente enfrentadas, pero ligadas entre sí por un vínculo estrecho: el enfrentamiento mismo. Dicho enfrentamiento, una confrontación armada que se adelanta bajo la forma de una guerra irregular, puede ser definido, provisionalmente, como una dinámica de circulación y de canalización de conflictos diversos, de inconformidades sin respuesta y de formas de vida específicas. La negociación consiste entonces, según la letra misma del texto guía, en transformar ese canal de la confrontación armada poniéndole fin a su elemento estrictamente bélico. Sin embargo –siguiendo con el tenor del texto guía– la confrontación no se reduce al intercambio táctico y estratégico entre dos ejércitos; incluye también una serie de situaciones o condiciones que permitieron instalar ese enfrentamiento militar como una forma de reprimir, controlar, pero también de contestar, reivindicar y, finalmente, como una forma de vivir. La negociación busca ante todo la posibilidad de constituir todo un canal de contestación y reivindicación que no despliegue técnicas de exclusión violenta, o de anulación, o incluso de asimilación de formas de vida diversas; que elimine esas técnicas de exclusión y de asimilación y que, finalmente, le permita a esas formas de vida desarrollarse plenamente. Se trata pues, no solamente de ponerle fin al traqueteo y al bombardeo sino, sobre todo, de abrir la posibilidad de nuevos ejercicios del poder y de la ciudadanía.

Ahora bien, la manera como se entiende esta redefinición se expresa directamente en la conceptualización del escenario, momento o fase de la “post”-firma-del-Acuerdo-Final. Ese problemático “post” se entiende, en efecto, como un proceso de reconciliación posible sólo en tanto que el producto de un proceso de reconstrucción de la memoria o las memorias del conflicto, de fijación de las responsabilidades individuales y colectivas en los desbordamientos de la confrontación, pero también de modificación de la estructura de las relaciones entre la ciudad y el campo, entre los ciudadanos y las instituciones, entre la desobediencia y el orden, etc. Las dos partes coinciden, efectivamente, en otorgarle un papel central a la ciudadanía en este proceso de reconciliación. No se trata entonces de una reconciliación entre dos fuerzas sino de un proceso que compromete a todo el espesor de la sociedad. No obstante, aunque sutiles, las diferencias son determinantes. De un lado, las Farc-Ep: tal como está planteado, el Acuerdo Final debe necesariamente desembocar en una modificación “normativa” (en el sentido más amplio del término) del orden político y social vigente y no simplemente en un conjunto de reformas administrativas dirigidas a acabar con los combates militares. De allí que las modificaciones llamadas a operarse a partir de la implementación del Acuerdo Final deban involucrar un proceso de reingeniería institucional profundo. Ahora bien, el problema aquí no es que las instituciones funcionen mal sino que estas carecen de un elemento esencial en cualquier democracia: la ciudadanía. Dicha carencia del poder, tal como él se ejerce actualmente, hace que sea necesario convocar a un proceso colectivo lo más amplio posible de “reinvención” del Estado: así pues, la Constituyente es ineludible. No sólo porque sea el mecanismo “legalmente” adecuado para refrendar cambios constitucionales profundos sino, sobre todo, porque permite abrir una participación efectiva de expresiones tradicionalmente excluidas de los diseños institucionales en ese acontecimiento significativo que es la elaboración del cuadro que envuelve la implementación del Acuerdo Final. De esta manera, para las Farc-Ep, la refrendación es pues un acto de compromiso con el Acuerdo Final en la elaboración misma de las condiciones institucionales que lo hará posible y, de esa manera, una recuperación de la centralidad del papel de la ciudadanía en esa acción.

Del otro lado, el Gobierno-Santos: la propuesta del Referendo no es un simple distractor, un simple “ruido” que distorsiona la negociación. Su importancia deriva de la comprensión gubernamental del post-acuerdo. El post-acuerdo, desde su perspectiva, es el “post-conflicto” mismo puesto que la negociación se planteó en términos de la táctica más eficaz en miras a la desmovilización de las insurgencias, en tanto que las principales generadoras de las distorsiones en el ejercicio mismo del poder. Se trata básicamente de homogeneizar el despliegue del poder estatal transformando la táctica militar de contra-guerrilla en una táctica más eficaz y más extendida de organización y regulación de los objetos de gobierno y de la sociedad en general. Se trata sobre todo de modificar la forma de gobernar y, por ello, el problema es menos de “reconfiguración” o de “reescritura” del pacto político y más de reorganización del Estado y de sus mecanismos, lo que en el corto plazo debería conducir a la resolución de tres problemas urgentes: 1) ponerle fin a la existencia desbordada de grupos que desafían las instancias específicas de control; 2) satisfacer la demanda de participación política por parte de las guerrillas; 3) satisfacer la demanda de justicia por parte de los grupos afectados directa o indirectamente por el conflicto y, de esa forma, descargar la función de justicia del peso de la guerra. El Gobierno-Santos es consciente de que hay que realizar modificaciones institucionales, sin embargo, cree que dichas modificaciones pueden y deben ser agenciadas por esas instituciones mismas y, lo más importante, deben conducir a una forma diferente de construir legitimidad (este punto no será tratado por el momento).

En resumen, por el lado de la guerrilla, sólo puede haber legitimidad para los acuerdos en la medida en que la ciudadanía no simplemente adhiera a ellos sino que sobre todo, instituya las condiciones de posibilidad de una nueva ciudadanía en el rediseño institucional que requiere la implementación de los acuerdos. Por su parte para el Gobierno, el espacio de la ciudadanía estando ya constituido, la legitimación final de los acuerdos consistiría en un acto de adhesión a una auto-reingeniería de las instituciones por la vía de un procedimiento expedito de refrendación; auto-reconfiguración que pasa menos por la idea de la redefinición del pacto fundacional y más por la idea de la adhesión a una política llamada a generar las condiciones más eficaces para la satisfacción de los intereses de los asociados. Estamos, al final, ante dos registros diferentes, aun cuando el acuerdo fundamental consiste, precisamente, en la necesidad de cambiar la forma de gobernar. ¿Dónde radica entonces la diferencia entre esos dos registros? Nada menos que en la manera de concebir la “naturaleza” y el “papel” de la ciudadanía en el momento del post-acuerdo. La discusión sobre la refrendación es pues algo completamente diferente a un debate meramente jurídico-formal o de conveniencia política. Espero poder desarrollar en una próxima oportunidad los problemas que esta reflexión conlleva.