Andrea del Pilar Naranjo

* Andrea del Pilar Naranjo

Investigadora independiente y abogada de la Universidad La Gran Colombia. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas y Doctora en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid-España. Principales líneas investigativas: derechos humanos, políticas públicas e integración regional. Publica en varios portales de internet, entre los que se incluyen el portal de columnas de análisis político e internacional y política exterior The Blue Passport, la revista Chilena Nuevo Ciclo, el Blog de opinión Condistintos acentos editado por el instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y en los portales Colombianos de opinión Razón Pública y la Revista Perspectiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y en su blog personal elpendulocritico.bolgspot.com

La iniciativa encaminada a despenalizar el consumo de estupefacientes cobra nueva vigencia ahora en el marco del proceso de integración de la Unión Suramericana de Naciones, espacio que convocó el pasado 19 de febrero al Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas.

La propuesta del sistema, que convoca a 12 países, obedece a los deficientes progresos de la penalización que por cuenta del arbitrio norteamericano ha guiado la política latina sobre el tema, sin embargo la postura no es novedosa en el hemisferio.

¿Nuevas políticas para un tema viejo?

Así las cosas, se pretende replantear los esquemas de abordaje del tema, no solamente sobre el consumidor y el consumo, sino sobre la estrategia global de producción, distribución y comercialización de sustancias alucinógenas en la región. Tesis recomendada desde el año 2009, en el documento interamericano: “Un cambio de paradigma, de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”.

En el texto resaltan no solo los fracasos de la política prohibicionista que para esa época permitió que “América Latina siguiera siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, y un creciente productor de opio y heroína1, sino se precisa la necesidad de replantear y rectificar la política antidrogas, sobre tres supuestos:

1. La asunción del consumo de drogas como una cuestión de salud pública.

2. La reducción del consumo con acciones preventivas que impliquen labores de pedagogía e información.

3. La focalización de la represión sobre el crimen organizado.

El documento además conmina a los Estados a la conformación de instrumentos jurídicos e institucionales que cobijen no solo la atención integral de los sujetos drogodependientes (ahora pacientes de los servicios de salud), sino que brinden alternativas laborales para los cultivadores: clara modificación de la estrategia represiva de los últimos lustros.

Una conclusión mucho más conservadora, en continuidad con la misma línea represiva, pero con similar visión sobre la inconveniencia de continuar con la penalización del consumo, se presenta en el Informe de Avance de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en el seno de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.

El texto establece la necesidad de reprimir la actividad de uso recreativo bajo otras alternativas no punitivas sino administrativas, que asuman la conducta como infracción contravencional e impongan, por ejemplo, sanciones pecuniarias o de servicio social2, habida cuenta de los graves índices de hacinamiento carcelario en el Hemisferio, precisando que el fenómeno ha generado “costos tanto personales como institucionales y democráticos, que los Estados de la región deberían enfrentar de manera integral3.

Similar conclusión se retoma en el informe de 2014 de la Organización de Naciones Unidas contra la droga y el delito, que establece la necesidad de despenalizar el consumo, por los efectos deficientes e incluso contraproducentes para la erradicación de la demanda de estupefacientes (como en el caso de la heroína y la cocaína), conminando a los Estados a la adopción de “un enfoque que tenga como centro la salud pública, la prevención y la rehabilitación4.

UNASUR y la Política de Drogas

En esta misma línea argumental, se desarrolla la postura sobre el tema en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas por intermedio del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, política que ha cobrado relevancia a partir de la Visión Común del CSPMD de UNASUR – UNGASS 2016 y la V reunión del Consejo en Montevideo Uruguay, uno de los Estados precursores en la legalización de consumo en la región.

El esquema pretende incorporar los derroteros hemisféricos junto con una perspectiva integral, multidisciplinaria y trasversal al problema de las drogas desde los derechos humanos, en cuatro ejes sobresalientes:

1.Conocimiento y autoevaluación: Se pretende el impulso de nuevos mecanismos de monitoreo e investigación sobre el fenómeno, instando a la creación de un observatorio unificado de drogas regional desde el 2014, que permitiría recoger información actualizada y homogénea sobre estupefacientes, redes de comercialización y adelantos médicos con sustancias psicotrópicas. El organismo espera no convertirse en una suerte de ente paralelo al ya existente, el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), creado en la Organización de Estados Americanos en el año 2000. La información recogida constituirá el insumo de un informe sobre el Estado de la situación del consumo y la caracterización de las nuevas ofertas de las drogas ilícitas en UNASUR.

2. Prevención: Intenta vincular todos los niveles de administración comunitaria nacional y territorial para el desarrollo de alternativas al cultivo, así como para la creación de mecanismos de atención temprana y educación. En suma, busca poner mayor atención a la dimensión social, en el marco del llamado desarrollo alternativo orientado a “eliminar los factores causantes de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el deterioro ambiental, para, entre otros, prevenir el involucramiento de la población en actividades vinculadas a la producción y el tráfico ilícito de drogas”5.

3. Atención al adicto: Busca concebir la adicción como una enfermedad, no como un delito; previendo mecanismos de rehabilitación así como estrategias que eviten la marginalización y discriminación del consumidor.

4. Lucha contra el crimen: se reafirman la intención de continuar desarrollando medidas de control y seguimiento de los delitos vinculados, así como dinamizando los esquemas de coordinación y cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito, el lavado de dinero y el crimen organizado.

De la declaración a la realidad

Como se ha pretendido mostrar, los cambios de perspectiva hemisférica sobre el abordaje del tema de estupefacientes no son recientes, sin embargo, pocos son los Estados que han incorporado este nuevo enfoque en sus normativas internas, salvo la vanguardia de Uruguay, Chile y Brasil, los gobiernos latinoamericanos se resisten a implementar medidas alternativas que aborden un fenómeno tan antiguo como la humanidad.

Ahora, la política de lucha contra las drogas de los bloques de integración entre los que se incluye la UNASUR, pretende acompasarse con el concepto de salud pública; no obstante, como es previsible, la completa asunción de una postura integral al problema más allá de su aspecto represivo y punitivo, está lejos de ser efectiva, habida cuenta del lucrativo negocio de tráfico y consumo que movía en 2011 más de 320 mil millones de dólares de venta anual al menudeo, de los cuales 150.000 millones fueron ingresos solo en América6, sin contar con la extendida y poderosa estructura delincuencial transnacional que se ha tejido alrededor del adicto gracias a la fracasada prohibición.

  1. Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Drogas Y Democracia: Hacia un cambio de paradigma Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Documento Disponible En http://www.drogasedemocracia.org/.
  2. Tanto La Convención Única de 1961 reformada en 1972, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, admiten como complemento de la declaración de culpabilidad las medidas de tratamiento, educación, pos tratamiento, rehabilitación o reinserción social. Art.3 Núm. 4 Lit. C y e incluso prevé dichas medidas como sustitutivas para casos atenuados del delito o cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y pos tratamiento”. Art.3 Núm. 4 Lit. d y e.
  3. Alternativas Al Tratamiento Penal De Los Delitos Relacionados Con Drogas. Informe de Avance de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Preparado en ocasión del Cuadragésimo Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
  4. Contribution of the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime to the high-level review of the implementation of the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem, to be conducted by the Commission on Narcotic Drugs in 2014. UNODC/ED/2014/1. Documento disponible en https://www.unodc.org/documents/hlr/V1388514e.pdf
  5. Visión Común del CSPMD de UNASUR – UNGASS 2016. Montevideo, 31 de agosto de 2015. UNASUR/CSPMD/GAH EVAL FINAL PA/2015/Informe documento disponible en http://www.unasursg.org/es.
  6. Organización de Estados Americanos: Informe El problema de las Drogas en las Américas: La economía del Narcotráfico. OEA/Ser.d/XXV/.4. Add.4. Disponible en http://www.cicad.oas.org/.