Edgar Ricardo Naranjo

* Edgar Ricardo Naranjo

Maestrante del programa de Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) estado de Chiapas, México. Politólogo de la Universidad del Rosario. Ha trabajado como asistente de investigación en el marco del proyecto “Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena” en el que participó como tallerista en la ciudad de Valledupar y las comunidades de Besotes y Guatapurí en la Sierra Nevada de Santa Marta. También posee conocimientos de los siguientes temas: Movimiento obrero y movimiento indígena en Colombia, Derechos Humanos, Conflicto armado, Desplazamiento forzado, Movilización legal y litigio estratégico. A su vez ha utilizado las herramientas teóricas del análisis del discurso propuesto por Ernesto Laclau para comprender los campos discursivos de los movimientos sociales. Actualmente se encuentra trabajando aspectos relacionados con la ocupación y el despojo de territorios indígenas.

La retórica de la paz retumba en cada espacio, lugar y territorio del país, de alguna manera todos y todas tenemos que ver con la idea de la reconciliación ¿Pero por qué hasta ahora nos incluyeron en semejante discusión? Seguramente porque en estos momentos sí tenemos el derecho como ciudadanos y ciudadanas para hablar de la paz, claro, esto se llama coyuntura. La paz se instituye, se ratifica en vivo y en directo desde la Casa de Nariño y entonces los colombianos y colombianas podemos participar y hablar sin miedo, puro y duro discurso. ¿Esta no ha sido acaso la dinámica política de nuestra querida república colombiana? Las ideas se fabrican, se legitiman y se mediatizan, del terrorismo a la paz solo hay un paso.

Nos han contado una sola historia, la de los próceres, la de la nación, la de los terratenientes, la de los delfines políticos y la de los empresarios. ¿Por qué no activar el recurso de la memoria para escudriñar el verdadero origen de la crisis social, política y económica? Si se habla de paz se deben tener los insumos suficientes para encontrar las raíces de las violencias, ésas que aún mantienen las venas abiertas del país (Galeano, 1970). Para no ir muy lejos, nos podríamos detener a observar la historia de la política de tierras, la cual ha refrendado la invención institucional de los territorios a partir de una perspectiva economicista.

En este proceso, los lugares adquirieron sentido (incentivar la colonización, fortalecer los latifundios, agudizar la producción agrícola y mantener el monocultivo) y luego fueron despojados de todo su contenido para ser ofrecidos por concesión a las empresas que extraen recursos minerales, fabrican puertos, autopistas de tercera-cuarta generación, hoteles y centros comerciales. Se pasó del lugar al no lugar (Augè, 1995; Harvey, 2011). Bajo esta disyuntiva, ¿cómo se pueden pensar los territorios para la paz, si estos se instituyeron para fundamentar el sistema productivo que respalda la economía colombiana? ¿Qué pasó y qué pasará con las poblaciones y comunidades que les han dado un sentido particular a estos territorios? La historia de la política de tierras no se puede desligar de la justa apropiación y significación que las comunidades les han dado a los diferentes espacios que habitan.

Al revisar la historia, nos encontramos con el primer derecho de ocupación de tierras que se legitimó en la etapa de la conquista de América, la figura de las capitulaciones le dio al conquistador la potestad sobre las tierras que paulatinamente iba descubriendo, todo esto en nombre de Dios y la Corona española (Zuleta, 1973). La propiedad privada se iba fundamentando mediante las figuras jurídicas coloniales de las cédulas reales y los resguardos de indios. El espacio se iba fragmentando, los lugares comenzaban a adquirir sentido para la producción agrícola y minera y los territorios fueron nombrados en función del modelo económico predominante. Siguiendo a Estanislao Zuleta (1973), estas fueron las bases políticas que solidificaron la hacienda en Colombia y modelaron la estructura del latifundio que hoy en día sigue reproduciéndose en algunas regiones del país.

Durante el siglo XIX en los albores de la constitución de la república, las políticas coloniales fueron reemplazadas por otras que buscaban sacar al país de la quiebra, como por ejemplo la disolución de los resguardos, que pasaron a ser baldíos ofertados a los sectores privados (Machado, 2009). Esos territorios salvajes debían ser colonizados, civilizados y puestos a producir (Serje, 2001). Las ideas del progreso se materializaban en el espacio y la tierra fue administrada por un pequeño grupo de familias, que al unísono de las políticas económicas incentivaron el monocultivo.

Por otro lado, el impacto de la guerra partidista posibilitó la apropiación de nuevas tierras despojadas por la violencia. Quienes no poseían tierras, por la expansión de la hacienda o el despojo por la violencia, se convirtieron en arrendatarios que pagaban con su fuerza de trabajo el derecho a permanecer en el lugar. La historia de la tierra en Colombia es la radiografía del corazón del latifundio, visiblemente representada en la obra literaria de Eduardo Caballero conocida como Siervo sin tierra.

Se discutía la necesidad de implementar una reforma agraria, pero los títulos de las tierras eran cedidos a compañías norteamericanas como la United Fruit Company y las instituciones bancarias como la Caja Agraria otorgaban créditos para solidificar la producción del monocultivo del arroz, el algodón y el café (Machado, 2009). Cómo no traer a colación una composición de Rafael Escalona, quien vivió esta etapa insigne de la banca agraria: “señor gerente como voy a hacer para pagarle lo que me prestó, llegó el gusano y se comió el arroz y no me queda con que responder. Y el gerente me contestó, no te preocupes Rafael, La Caja te lo arregla bien para eso soy gerente yo (Bis). Ahora te damo`pa`sembra`algodón, con eso pagas la deuda él arroz, pa`que no digan que un agricultor por culpa ‘e la Caja fue que fracasó. Así Escalona que empecemos, vaya prepare su terreno, va lo prepara y enseguida le damos para las semillas, apenas nazca venga acá” (Escalona, 1970).

Aunque desde la visión del indígena, el campesino y el afrodescendiente estos territorios posibilitaban el principio de comunalidad, para el Estado colombiano se encontraban al servicio del sistema económico y para los terratenientes a favor de sus intereses privados. Hoy en día se identifican un sin número de luchas en las que el territorio se reivindica como el fundamento de vida de cualquier comunidad; en el sur de Colombia, más precisamente en los departamentos del Cauca y Tolima se rememoran las exigencias de Manuel Quintín Lame Chantre por la regeneración-constitución de los resguardos coloniales (Espinosa, 2009) y las luchas de los terrazgueros guámbianos por la ampliación de su territorio ancestral (Muelas y Urdaneta, 2005). Así mismo se rescata la movilización del Pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta, por la delimitación y recuperación de su territorio el cual se encontraba en manos del terrateniente Pedro Castro Monsalvo.

Si bien el latifundio marcaría la razón de ser del manejo de las tierras en Colombia, la violencia armada serviría de instrumento para despojarlas y ponerlas al servicio de los hacendados en un primer momento y de los empresarios en la actualidad. Desde esta perspectiva, podemos ubicar la etapa más reciente de toda esta discusión, en donde el conflicto armado trajo consigo el desplazamiento forzado de millares de colombianos y colombianas. ¿Qué pasaría con las personas que fueron desterradas de sus tierras por causa del conflicto armado? La maquinaria inventiva de la ilustre población de burócratas manejó el tema y a lo largo de una serie de exposiciones jurídicas, sentencias y leyes, se fue resolviendo el dilema, ampliando el aparato burocrático para focalizar la atención del primer desafío que se ha presentado, la restitución de tierras.

Se lee en la ley que el territorio es víctima, también se proclama la necesidad de demostrar con pruebas que estos espacios estuvieron marcados por los influjos del conflicto armado, ¿qué puede ocurrir con los ciudadanos y ciudadanas que no lo pueden comprobar? Que a lo largo de los complejos procedimientos técnicos no logran demostrar el derecho que tienen de sus tierras despojadas. Aquí se ha consolidado un solo lenguaje, el jurídico, algo poco novedoso en nuestro país, en donde resuena con alardes patrios la frase del primer leguleyo, Francisco de Paula Santander, “las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la Libertad”, también le devolverán las tierras a las personas que esperan con ansias la resolución del juez de tierras desde hace más de dos años porque la demanda no está bien formulada.

Nos enfrentamos ante el nuevo imaginario del territorio, tan lleno de lugares despojados por las agresiones legales y militares, esos mismos que fueron colonizados por los terratenientes o en los cuales habían habitado durante siglos poblaciones enteras. Los territorios de nadie, los no-lugares están a la vista del capital financiero, el cual dispone de buenos leguleyos para establecer su orden a través de concesiones, artículos de leyes que les permitan la puesta en marcha de cualquier megaproyecto ¿Será esta la fórmula de reparación territorial en tiempos del posacuerdo?

Referencias

• Augè, Marc (1995). Los “no lugares” Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, GEDISA editorial: España.

• Espinosa, Mónica (2009). La civilización Montes. La visión india y el trasegar de Manuel Quintín Lame en Colombia, Uniandes, CESO: Bogotá D.C.

• Escalona, Rafael (1970). El señor gerente. Disponible en: http://www.musica.com/letras.asp?letra=804469

• Galeano, Eduardo (1970). Las venas abiertas de América Latina, Siglo veintiuno editores: México.

• Harvey, David (2011). Espacios del capital. Hacia una geografía critica, Akal: Madrid.

• Machado, Absalón (2009). Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del frente nacional, Universidad Nacional de Colombia: Bogotá.

• Muelas, Lorenzo y Urdaneta Martha (2005). La fuerza de la gente. Juntando recuerdos sobre la terrajeria en Guambia-Colombia, ICANH: Bogotá.

• Serje, Margarita (2005). El revés de la Nación. Territorios Salvajes, fronteras y tierras de nadie, Universidad de los Andes; CESO: Bogotá D.C.

• Zuleta, Estanislao (1973). La tierra en Colombia, editorial la Oveja negra: Colombia.