Laura Carlsen

* Laura Carlsen

Analista política y directora del Programa de las Américas, un centro de investigación y análisis independiente en la Ciudad de México, periodista, comentarista y conductora de "Entrevistas desde México"

La noticia causó gran impacto, pero no fue del todo inesperada. Como luchadora contra grandes empresas y organizaciones financieras que buscaban apoderarse de sus tierras indígenas, contra el patriarcado que somete a las mujeres con fuerza, y contra el imperialismo que arma a las fuerzas represivas en Honduras, Berta Cáceres tenía sus días contados. Y lo sabía.

El 3 de marzo llegaron sicarios a La Esperanza, su pueblo en territorio Lenca. Bajo el manto de la noche, entraron a su casa y le dispararon. Ese acto atroz se llevó a cabo a sabiendas de que matar a Berta –mundialmente reconocida por su defensa de los derechos humanos e indígenas– iba a tener un costo.

Sin embargo, la saña por callarla ganó al cálculo político. Por dos razones: primero porque la carrera capitalista por saquear los recursos naturales y quitar cualquier obstáculo que se oponga ha llegado a un punto en que, en países sin ley como Honduras, el costo político y humano ya importa poco. Y segundo porque la voz de Berta no era cualquier voz; era, y sigue siendo después de su muerte, una voz extraordinariamente fuerte y coherente, que unía a su pueblo en lucha y a miles de corazones afines en todo el mundo.

Una etapa sangrienta

Berta Cáceres lideraba la oposición a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, un conjunto de represas en el Rio Gualcarque, el rio sagrado para el pueblo Lenca. Gracias a los esfuerzos de la organización que fundó con otras personas, el Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH) logró que salieran del proyecto los inversionistas chinos y el Banco Mundial, en efecto suspendiendo el proyecto temporalmente. La gente organizada en COPINH había recuperado tierras ancestrales y bloqueado proyectos de infraestructura que se quisieron imponer a pesar de la oposición de los pueblos indígenas y los daños ambientales que causaran. Una semana antes del atentado, agentes federales amenazaron a Berta en una confrontación con miembros de la organización que resistían al desalojo.

En su comunicado de 7 de marzo, el COPINH fue explícito en torno al vínculo entre su muerte y su defensa de los recursos naturales. “Sabemos con certeza que el asesinato de Berta Cáceres fue un asesinato político con el motivo de silenciar a una lideresa nacional en la lucha contra el modelo neoliberal de destrucción y muerte que impone el Estado hondureño. Responsabilizamos al Estado hondureño y los poderes económicos y políticos que querían silenciar la lucha de Berta Cáceres.”

La crisis de los derechos humanos en Honduras se pone de releve con el asesinato. Lo que está en juego es la rápida transformación de una nación soberana en un coto de caza para las empresas trasnacionales, en donde éstas andan armadas con fuerzas privadas de seguridad y el apoyo de las fuerzas estatales, cazando ganancias en los cerros, aguas y mares de los pueblos. Los gobiernos desde el golpe de Estado han dado cientos de permisos y concesiones para la construcción de megaproyectos de infraestructura y de turismo. Se ha llegado al punto extremo de adoptar lo que se han llamado “ciudades modelos”, o formalmente Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, para atraer inversión extranjera. Estos proyectos ceden territorio nacional y recursos naturales y humanos a empresas trasnacionales, que gobiernan con sus propios sistemas políticos, judiciales y administrativos basados en el neoliberalismo.

En su afán de transferir los recursos naturales al capital global, las comunidades indígenas, rurales y urbanas que se oponen activamente son el enemigo. Reporta Global Witness que entre 2010 y 2014, 101 ambientalistas fueron asesinados en Honduras. Asimismo, la Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos reporta que las defensoras de derechos humanos en defensa de tierras y territorios son las que reciben más ataques y amenazas en la región.

La guerra contra el narcotráfico

El proceso de transformación ha sido acompañado por la militarización. Por un lado, están las guardias privadas de las empresas que, según la ONU, superan a los policías y fuerzas armadas, y que en algunos casos pueden ser considerados mercenarios por su función de choque con la población en defensa de los intereses extranjeros. Por otro lado están los militares y policías. En muchos casos, ellos enfrentan directamente a la gente que defiende sus territorios, como en el caso del asesinato de un joven garífuna en diciembre del año pasado.

El gobierno de Estados Unidos ha apoyado el despliegue de las fuerzas armadas en Honduras con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, a pesar de cientos de casos documentados de violaciones de derechos humanos y ejecuciones de civiles. En un país donde reina impunidad y donde la violación de la ley es constante dentro de las instituciones que deben aplicarla, el apoyo a las fuerzas de seguridad sostiene un aparato represivo contra la población misma.

El resultado es la erosión de lo que quedaba del Estado de Derecho. El narcotráfico ha crecido de manera alarmante en honduras pos-golpe, a la vez que las armas y programas estadounidenses se expanden por todo el territorio. En su última declaración pública, Cáceres invitó a la sociedad a unirse a la Caravana por la Paz, Vida y Justicia en contra de la mal-nombrada guerra contra el narcotráfico que crea las condiciones propicias para la transformación neoliberal, siendo fuerza de contención contra las resistencias populares.

Los pecados de origen

El asesinato de Berta Cáceres también se da en el contexto del golpe nunca sanado de 2009. Ese año, después de muchos muertos y la resistencia en las calles por cinco meses, las maniobras del gobierno estadunidense, junto con los golpistas, lograron evitar el retorno del Presidente Mel Zelaya y del orden constitucional. Llevaron al país a elecciones organizadas por golpistas y boicoteados por las fuerzas que exigían el fin del régimen ilegítimo.

En su autobiografía, Hillary Clinton, Secretaria de Estado durante el golpe y actual candidata a la presidencia en Estados Unidos, escribió sobre el golpe de 2009: “En los días subsecuentes, hablé con mis contrapartes en el hemisferio, entre ellos la Secretaria (Patricia) Espinoza en México. Elaboramos una estrategia que fue un plan para restaurar el orden en Honduras y asegurar condiciones para realizar elecciones libres y justas de manera rápida y legítima, lo cual volvería irrelevante la cuestión de Zelaya.” Cáceres citaba esta frase frecuentemente para comprobar lo que fue evidente en el momento: la mano dura de los Estados Unidos al perpetrar el golpe de estado en Honduras.

Esta es una historia que no cabe en estas líneas. Basta señalar que el pecado de origen –el de no haber restaurado el orden constitucional en Honduras—llevó a multiplicar los pecados que han seguido, culminando (hasta ahora, porque fueron muchos antes y serán más después) en el asesinato de Berta. La mataron porque estorbaba, y porque está latente el mensaje de 2009: si la criminalidad beneficia a los poderosos, queda en la impunidad. Lo hicieron porque podían.

La corrupción y criminalidad endémica a las instituciones hondureñas hacen indispensable la demanda por una investigación independiente en el caso de Berta. Hay una gran posibilidad de que el gobierno de Juan Orlando Hernández lo achaque a un crimen pasional, a un robo o a una lucha interna en la propia organización, criminalizando así —una vez más— a las víctimas.

La voz de Berta

En el contexto de rapiña capitalista, la vida humana ha perdido valor. Si hay que matar para allanar el camino, matan. Y Berta fue una gran piedra en el camino para convertir a Honduras en el laboratorio del neoliberalismo a rajatabla. Quedó en la larga lista de defensores de los derechos indígenas, campesinos, LGBT, políticos y otros que han caído en Honduras desde el golpe de estado.

Pero además de su papel, Berta tenía una voz extraordinaria. Su cosmovisión indígena le dio fortaleza espiritual y el concepto articulado del medioambiente como la madre tierra que requiere de una defensa permanente. Su análisis anti-capitalista y anti-imperialista le dio un marco para explicar lo que pasaba en su pueblo vinculándolo al contexto nacional y a la globalización. Creía en la solidaridad internacional para enfrentarse a un sistema internacional que amenaza continuamente la paz y el bienestar de las grandes mayorías en todas partes del mundo.

Y era profundamente feminista. Decía que la defensa del medio ambiente es por definición anti-patriarcal, que la defensa del territorio implica la lucha por los derechos de la mujer porque el patriarcado considera el cuerpo de mujer como su territorio.

Es esta lucha integral que querían matar. Berta unía sectores y temas, tras fronteras, e hizo en la convergencia de las trincheras un camino amplio a la emancipación. Ese es el camino que ha dejado a sus hijas, y a las demás personas que seguirán sus pasos.