José David Copete

* José David Copete

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Magíster en Políticas Públicas de la misma universidad. Ha trabajado investigaciones relacionadas, principalmente, con política social y participación política juvenil. Es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos THESEUS. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad el Bosque y la Universidad Nacional de Colombia

El plazo del 23 de marzo, establecido por el Gobierno nacional para firmar el acuerdo que pondría fin al conflicto armado con las Farc-ep, no se cumplió y la ansiada firma, con la foto y el apretón de manos que muchos esperaban, se ha postergado. La cantidad de posicionamientos y opiniones respecto del “incumplimiento” del plazo ponen de presente varios elementos susceptibles de crítica. La visión -tan superflua como difundida- de que no se firmó la paz, contiene un exabrupto que no puede pasar desapercibido y sobre el cual muchísimas personas han llamado la atención.

La paz no se puede firmar, no se puede decretar. Un acuerdo que ponga fin al conflicto armado sí se puede firmar y parece estar cercano. Pero la paz es harto distinta, es necesario construirla. No puede existir ningún tipo de paz si las relaciones sociales y el sentido que las mismas despliegan se corresponden con lógicas violentas que sacralizan la dominación, la explotación y la desposesión.

En esta columna se pondrán de presente problemáticas profundas de la actualidad colombiana para con base en ellas plantear, de manera sucinta, que la construcción de la paz con justicia social nos insta a pensar en transformaciones radicales que, evidenciando los pies de barro de la democracia colombiana, se correspondan con la dinamización de un proyecto emancipatorio de corte radical que haga frente a las lógicas oligárquicas y mafiosas de la política colombiana.

¡Acuerdo cercano, paz remota!

La actualidad política del país nos ubica en frente de una dinámica ambivalente: por un lado, es muy factible que el acuerdo de finalización del conflicto armado se firme pronto. No fue el 23 de marzo, pero no se perfila lejana la firma. Ello implicaría un avance significativo en la política del país, pues la firma del mismo se corresponde con la disposición de garantizar las libertades básicas para el ejercicio político de todas y todos aquellos que no coinciden con las dinámicas del sistema político colombiano y abogan por una transformación radical del mismo. En últimas, la firma del acuerdo permite, entre otras cosas, que se haga realidad en Colombia lo que en cualquier democracia, por formal que sea, sería lo normal.

Por otro lado, no obstante lo anterior, la actualidad política del país nos enfrenta a un escenario poco y nada halagüeño cuando a la construcción de la paz nos referimos. Como bien se ha entendido, ni el modelo económico ni las dinámicas del sistema político están en tela de juicio en los diálogos con las Farc-ep. Aun así, hay varias cuestiones que no pueden pasar desapercibidas y deben abordarse más allá de la firma o no de un acuerdo de finalización del conflicto armado:

-El asesinato de líderes sociales y políticos de diversos sectores pone de manifiesto dos cuestiones centrales. Por un lado, se sigue asesinando a integrantes de organizaciones sociales y políticas que defienden los Derechos Humanos y cuyas posiciones políticas se pueden denominar de izquierda1. Por otro lado, se confirma una verdad de Perogrullo que se ha pretendido obviar mediante la utilización de eufemismos: el paramilitarismo sigue existiendo y actúa en contra de quienes integran organizaciones sociales y políticas de izquierda2.

-La justicia es, como siempre lo ha sido, para los y las de ruana. Algunos personajes, bajo el argumento falaz y barato de la persecución política deciden huir del país y evadir las responsabilidades penales por sus conductas delictivas. El Centro Democrático ha logrado convertir tal discurso en una constante. Y otros, que han sido acusados -con un importante acerbo probatorio- de graves delitos, hoy disfrutan de su muy cómoda cotidianeidad sin que haya juicio o sanción alguna, ni penal de las muy selectivas “ias”. El ex presidente de la Corte constitucional, Jorge Pretelt, es el caso más prolífico en cuanto a la selectiva amnesia de la justicia colombiana, pero es una hoja de un frondoso árbol.

-Sufriendo los impactos de estructurar una economía que ha gravitado y gravita en torno a la re-primarización, la privatización de lo que quedó de los noventa está a la vuelta de la esquina y se perfila como fuente de recursos3. Lo que sucedió con la muy “curiosa” subasta con un oferente de ISAGEN, se avizora como la antesala de lo venidero para Ecopetrol, ETB y otras.

-La regresiva estructura tributaria con que contamos antes que ser paliada o atacada por la “reforma tributaria integral” -que contará con la asesoría de la OCDE y el FMI4– se tiende a profundizar. El alza del IVA y la disminución de impuestos a las empresas son puntos casi que inamovibles en las afirmaciones que han salido a la luz pública hasta el momento5.

-Muy en contravía de lo pactado en el primer punto de los diálogos entre Gobierno y Farc-ep, la ley Zidres viene a perseguir al campesinado y, como es frecuente, a concederle prerrogativas a los terratenientes y al gran capital en general6.

-La desigualdad en Colombia es de tal magnitud que se corresponde con la corrupción de la gran mayoría de los políticos tradicionales y sus clanes. Lo que evidenció Piketty7 es una verdad de a puño en las dinámicas cotidianas de la sociedad colombiana.

Los anteriores elementos -a los cuales se pueden adherir la situación de la educación en todos sus niveles, la precariedad de la salud y otros- aunque coyunturales, hunden raíces en las dinámicas orgánicas de la política colombiana. Antes que a excepcionalidades estas situaciones se ligan a la normalidad histórica de la política de nuestro país. Con base en ello vale la pena preguntarse: ¿puede existir algún tipo de paz si se mantienen tanto las actuales dinámicas sociales, políticas y económicas como el entramado institucional por el cual discurren?

¿Acaso es consistente plantear que la paz se puede concretar en un escenario en el que la exclusión y la violencia política se interrelacionan y retroalimentan con el ensanchamiento de las brechas sociales, la creciente precarización y la desposesión voraz y desenfrenada? Es claro que la paz no está nada cercana y que, por el contrario, la actualidad política del país ubica tara sobre tara en el laberíntico camino de la construcción de la paz. Aun cuando se firme el acuerdo de finalización del conflicto, la paz difícilmente se dejará atisbar. Un cambio sustancial de rumbo es tan posible y plausible como necesario.

Cambio, democracia y revolución

Lo anterior evidencia que en Colombia se necesitan cambios, pero, ¿qué tipo de cambios? Dado que no es una cuestión simple, es necesario iniciar con un llamado fundante: el acuerdo y la posterior construcción de la paz no pueden corresponderse con “cosas que se hacen no para conseguir algo, sino para impedir que suceda realmente algo, que cambie realmente algo” (Zizek 2004:16). El acuerdo de finalización del conflicto armado antes que materializar la paz permite -mediante la posibilidad de experimentar una atmosfera de discusión y tensión en la que no esté en juego la vida por defender tal o cual causa política- abrir las puertas a la acción política democrática, siendo esta el eje gravitacional de la construcción de la paz con justicia social como horizonte de un proyecto político revolucionario.

Dicho lo anterior, se pone de presente la valía de un cambio radical (en el sentido en que lo planteara Marx en 1843). Como de ir a la raíz se trata, hay dos conceptos que se entrecruzan, retroalimentan y hacen parte de la urdimbre de sentido que se hilvanaría en un proyecto emancipatorio de no dominación: democracia y revolución.

En lo tocante a la democracia, es necesario superar la trampa de abordar la cuestión democrática desde la centralidad de la representación, relegando la acción política al insípido acto de elegir periódicamente representantes. Ello, por un lado, desemboca en la asimilación de la democracia a un entramado institucional, cuya legitimación periódica asegura tanto su persistencia como su estabilidad, anulando el movimiento inherente a la política democrática. Por otro lado, nos envuelve en un debate de segundo plano, llevándonos a definir lo democrático en términos de la cuestión numérica de minorías y mayorías, perdiendo de vista que la configuración del demos está atravesada por la singularidad de la acción política y su configuración.

Superando el cerco que levanta la representación, se torna relevante asumir “el concepto de democracia como modo de acción de los sujetos políticos en tanto que tales” (Rancière 1995:39). Allí, nos encontramos en un escenario totalmente distinto en la medida en que la mira no apunta hacia el entramado institucional -con el consecuente ejercicio representativo que conlleva su reproducción- sino en la acción política de quienes instituyen las instituciones.

En torno a la revolución, por cuestiones de extensión se abordarán brevemente dos puntos. En primer lugar, huelga resaltar el nexo inquebrantable entre la acción política y la revolución que se soporta en el proyecto revolucionario. Ello nos permite disipar la bruma que prolifera en el ambiente cuando se limita lo revolucionario al acto instituyente de la revolución. De un lado, como la historia ha demostrado con creces, el asalto al cielo mediante la revolución, aun cuando cuenta con una potencialidad instituyente arrolladora, no garantiza la vida revolucionaria. El agotamiento del proyecto revolucionario de la URSS, mucho antes de la Perestroika, nos permite ver el desgaste del proyecto revolucionario socialista con el que se instituyeron los soviets en la época revolucionaria más álgida. Del otro lado, el hecho de que conglomerados populares logren posicionarse en escenarios gubernamentales no concreta, pero tampoco anula, la potencialidad revolucionaria del proyecto emancipatorio que se abandera.

Quien siga cuidadosamente el proceso boliviano puede asir el avance revolucionario que en dicho país ha tenido lugar. Avance que puede derrumbarse o fortalecerse. Uno de los retos de tal proyecto revolucionario es el de incentivar los liderazgos colectivos que se requieren para cerrar el camino a caudillismos y dependencias personalistas: la pérdida del referendo puede derivar en una victoria del proyecto político revolucionario. Hacer la revolución y dejar que se diluya el proyecto revolucionario se equipara a acceder a gobiernos y terminar subsumido por la lógica estatal: por una vía o la otra, es el despliegue del proyecto político revolucionario el único que puede hacer que la revolución no sea una parodia.

El segundo elemento, fuertemente ligado al anterior, nos acerca a la revolución como estado inagotable e incesante de producción de sentido mediante la acción política. En ello coinciden, entre otros, Chávez y Lefort. La revolución ni se decreta ni se corresponde con una enunciación abstracta. La revolución “se desarrolla en las fábricas, en la Universidad, en los sectores de la cultura, en el de la información, asiste a la proliferación de los Comités de fábricas y de soviets locales, de asociaciones diversas, de partidos políticos, de asambleas” (Lefort 2014:6). En un momento muy distinto y con una connotación particular, el Golpe de Timón que plantea Chávez a finales de 2012 se dirige hacia allá, resaltando la batalla política permanente inherente a la revolución, en este caso bolivariana.

Las anteriores líneas no comportan novedad alguna para cientos de miles de personas que en Colombia han construido palmo a palmo, desde abajo y sin permiso horizontes de sentido alejados de la insignificancia del capitalismo y sus lesivas dinámicas. Por ello hay que poner de presente que los distintos movimientos que hoy abogan por cambios radicales se tornan protagónicos a la hora de construir la paz con justicia social. Las empobrecidas, desterradas, precarizadas, excluidas, vilipendiadas y perseguidas por el Estado colombiano y el despliegue de su lógica oligárquica podemos avanzar, como pueblo, hacia un devenir político en que democracia y revolución se re-creen cotidianamente.

-Lefort, C. (2014). _El pueblo y el poder. _Buenos Aires, Prometeo Libros.

-Rancière, J. (1995). _Democracia y post-democracia. _En _Revista Ideas y valores_, Números 98-99. pp. 23-40.

Rancière, J. (1996). El desacuerdo. Política y filosofía._ Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.

-Zizek, S. (2004). _Repetir Lenin. _Madrid, Akal Editores.

  1. Ver http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/onu-hace-seguimiento-recientes-asesinatos-lideres-izquierda-colombia ; http://www.eltiempo.com/politica/justicia/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia/16542289
  2. Ver http://www.rcnradio.com/audios/denuncian-ultimo-mes-asesinaron-32-personas-la-marcha-patriotica/ ; http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinato-de-lider-campesina-en-cauca/16525086
  3. Ver http://www.eluniversal.com.co/mundo/gobierno-defendio-ante-el-senado-la-venta-de-isagen-193637 ; http://www.elespectador.com/opinion/el-costo-de-privatizacion-de-isagen ; http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/isagen-segunda-privatizacion-mas-alta-de-colombia-BD3432245
  4. Ver http://www.rcnradio.com/nacional/politica/fmi-aconsejara-colombia-creacion-reforma-tributaria/
  5. Ver https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf
  6. Ver http://www.semana.com/nacion/articulo/abece-de-la-ley-zidres-que-sanciono-santos/458494 http://caracol.com.co/radio/2013/06/05/nacional/1370453940_911142.html; http://www.las2orillas.co/sarmiento-angulo-su-hijo-sus-baldios/
  7. Ver http://www.dinero.com/economia/articulo/pikkety-la-reforma-tributaria-y-la-desigualdad-en-colombia-durante-el-hay-festival/218688