Marya Hinira Sáenz

* Marya Hinira Sáenz

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Filosofía de la misma institución. En la actualidad es integrante del grupo de investigación en Teoría Política Contemporánea (TEOPOCO) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en el que coordina el Observatorio Posiciónal de Medios (Negociación y Conflicto Armado), y del grupo de investigación en Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, de la Facultad de Medicina

Mucho se había dicho acerca de la difícil tarea de concluir el conflicto armado si solo se pactaba con la guerrilla de las FARC. Pues bien, el pasado 30 de marzo por fin se hizo público el Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, el documento con el que ambas partes se comprometieron a instalar una mesa pública de conversaciones, que ya sabemos, tendrá inicio en mayo de este año, y que tendrá por objetivo alcanzar un acuerdo final que permita terminar con las amargas décadas de guerra. De este modo se cumplió con aquel llamado para hacer una paz completa, en el limitadísimo sentido de que esta se haga con los dos grupos guerrilleros más fuertes militar y políticamente del país, que de manera diferenciada se extienden por ciudades, pueblos, veredas, ríos, montes y fronteras. Pero esta paz completa tiene un sentido más amplio: la construcción de la paz, que requiere de algo más —de mucho más— que cesar el incesante e inclemente tronar de bombas y fusiles. Entre todas las dimensiones que habría que mencionar al hablar de una paz completa, nos interesa resaltar la siguiente: la paz necesita estar soportada en el conocimiento de la verdad de las causas de la confrontación, de los crímenes que se cometieron en el desenvolvimiento de esta y de las razones que los motivaron.

En agosto de 2012 conocimos el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con el que el Gobierno nacional y las FARC se comprometieron a iniciar conversaciones ininterrumpidas que concluyeran en el fin de la confrontación armada. En aquellas páginas se incluyó, en el quinto punto de la agenda de discusiones, a las víctimas: “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional FARC – EP”, indicaron las partes —frase que sobre todo el Gobierno ha repetido incansablemente. El punto se dividió en dos componentes, los derechos humanos y la verdad. Nada más se dijo en el punto con menos líneas de un acuerdo inicial que prometía ser un esfuerzo sin descanso por llegar a la paz. Este ánimo sintetizador también estuvo presente en el documento que suscribieron el Gobierno y el ELN. Allí también se dijo que para hablar de paz era necesario ubicar “en el centro el tratamiento a la situación de las víctimas” y así “avanzar hacia la reconciliación nacional”. De manera específica, en el cuarto punto, dedicado exclusivamente a las víctimas, las partes acordaron lo siguiente: “En la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución de su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación”. Concluyeron así, sin agregar subpuntos y sin mencionar la participación de la sociedad, como sí lo hicieron en los demás temas de la agenda.

Pero es claro que la cantidad de líneas no es un elemento de juicio relevante porque, como dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles. En otras palabras, más que fijarnos en lo poco que dicen los acuerdos iniciales, debemos concentrarlos en lo que allí expresaron las partes. ¿Cuáles son estos detalles? Veamos. En ambos documentos de agenda, el suscrito con las FARC y el firmado con el ELN, se resalta la imperiosa necesidad de reconocer a las víctimas y sus derechos si se quiere concluir con el conflicto; de allí que se hable en un caso de derechos humanos de las víctimas y, en el otro, de verdad, justicia, reparación, no repetición y no olvido. Así, los acuerdos, en principio, parecen mostrar que las partes de las negociaciones están dispuestas a atender los desarrollos internacionales y nacionales sobre la justicia transicional, que obligan a los Estados a llevar a cabo procesos de transición que no contravengan los derechos de las víctimas. Al tiempo, en los mismos documentos aparecen tres términos que resuenan entre las pocas palabras de los puntos dedicados al tema de las víctimas: verdad (en el caso de los dos), perdón y reconciliación (en el caso del segundo). No obstante, el significado que guardan estos términos aún nos es desconocido. Dado que la verdad aparece en ambos acuerdos, empecemos pues por esta.

En un posible escenario de posnegociación preguntarnos por la verdad a la que se hace referencia en los documentos mencionados es una tarea necesaria, aunque su respuesta no sea para nada fácil. La necesidad de este cuestionamiento no es otra que el inevitable ejercicio de volver la mirada hacia la historia del conflicto para desnudar la verdad que este escondía mientras se hacía más intenso, y desde allí proyectar la construcción de una sociedad en paz que no repita las atrocidades vividas en el pasado. Por supuesto acá no pretendemos llegar a una respuesta definitiva, sino más bien plantear algunos elementos que contribuyan a ese preguntar.

¿Qué podemos decir acerca de esa verdad a la que se hace referencia en los documentos? Lo primero que hay que recordar es que el presidente Santos ya anunció que para las negociaciones con el ELN no habrá un marco normativo ni una estructura institucional para la transición diferentes a los ya acordados en La Habana. Así que, en principio, los acuerdos frente al tratamiento de las víctimas, por lo menos en términos generales, serán los mismos que ya conocemos. Con este presupuesto, cabe anotar que el Gobierno y las FARC acordaron la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que para garantizar el cumplimiento del componente de verdad estará integrado por una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que empezará a funcionar cuando se firme el acuerdo final y una Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto que ya está operando. Concentrémonos en la Comisión. ¿Cuál será la verdad que resultará de esta instancia?

Sobre este punto el acuerdo entre las FARC y el Gobierno es claro, por lo menos en el papel: la Comisión tendrá que contribuir al “esclarecimiento pleno y reconocimiento de la verdad”, y tendrá que dar a conocer qué pasó, cuáles fueron las causas del conflicto y las razones y condiciones que permitieron su continuidad. Todo esto con el propósito de que esta guerra no vuelva a repetirse. Por ello, se espera que la sociedad se apropie de los resultados a los que llegué esta instancia, “de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad1, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros”2. Así, pareciera que la Comisión no concluirá con una diversidad de interpretaciones sobre lo ocurrido, todas válidas según los zapatos que uno se calce, sino que tendrá como objetivo crear una conciencia colectiva de la violencia ocurrida. ¿Qué quiere decir esto? Que la conclusión de las investigaciones de este organismo no podrá ser el listado de verdades construidas según el actor implicado; en otras palabras, que no habrá una verdad de las guerrillas, otra de la Fuerza Pública, otra del Gobierno actual, etc., en la que cada quien defienda de alguna manera su forma de proceder en esta historia de guerra, sino una interpretación común que nos lleve a afrontar también de forma común —es decir, como sociedad— el proyecto de construir la paz. Podría suponerse entonces que los acuerdos recogen una idea central: que la paz completa estará acompañada —incluso soportada— por una verdad completa. Pero tenemos motivos para dudar de tan buenas intenciones.

Cuando estos propósitos tengan que pasar de las letras impresas a las consecuencias políticas y jurídicas que acarreará contar la verdad, ¿estarán los involucrados en la guerra dispuestos a aceptar y reconocer plenamente la verdad? Nos encontramos acá frente a por lo menos cuatro escenarios. En el primero, todos los actores se comprometen con el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y asumen sus responsabilidades individuales, colectivas e institucionales. Sin embargo, desafortunadamente nuestro país desconoce este grado de compromiso político y ético. En otro escenario, para obtener beneficios jurídicos, los actores se expían culpas individualmente, pero no hay reconocimientos colectivos y cada quien confiesa de acuerdo con sus intereses. En un tercero, los actores se ponen de acuerdo para establecer los límites de lo que puede ser conocido; un “tape-tape” que nos revele una verdad acomodada y cercenada. Y en un cuarto escenario, algunos sectores pretenden negar la posibilidad de hablar de una verdad diferente a la que ya defienden. Esta última posibilidad ha estado asomándose desde que en el 2014 personas y organizaciones cercanas al uribismo se negaron explícitamente a reconocer las víctimas del Estado y de los paramilitares para hablar solamente de las víctimas de las FARC3, las mimas personas y organizaciones que se empeñan en desconocer el conflicto armado e interpretan la violencia del país como el enfrentamiento de un Estado legítimo contra la amenaza narcoterrorista representada por las guerrillas.

En adición a estas posibilidades quedan algunas preguntas en el aire: ¿qué pasará con la responsabilidad de los jefes de Estado?, ¿pasarán ellos por el Tribunal para la Paz?4 ¿Hasta dónde estarán dispuestos los terceros civiles que participaron en el conflicto a reconocer su responsabilidad?, ¿qué tanto hará el Estado por develar las relaciones entre, por ejemplo, gremios económicos y grupos armados ilegales? ¿El Sistema Integral tendrá acceso a todos los documentos oficiales, así estos permitan concluir que la responsabilidad de ciertas instituciones del Estado va más allá de algunos funcionarios individuales? ¿Las Fuerzas Militares reconocerán su responsabilidad como institución o seguiremos bajo el discurso de las cuantas (miles) de manzanas podridas? ¿Las guerrillas aceptarán que los daños que causaron no pueden ser considerados solamente como consecuencias colaterales e indeseadas de sus acciones bélicas?, ¿que el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la violencia sexual no fueron solamente errores no previstos en su accionar como organización?

Por supuesto son más los elementos relevantes que se escapan que los que aquí se nombran. Con estos pocos solo se quiere señalar que del contenido de la verdad del conflicto, que estará determinado por el escenario en el que esta se construya y por la manera como se responda a las preguntas planteadas dependerá, en parte, el contenido de la paz que nos queda por construir.

  1. Negrillas agregadas.
  2. Borrador conjunto de la mesa de conversaciones. 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.
  3. Estas afirmaciones se dieron, por un parte, en el marco de la realización de los foros regionales y del foro nacional dedicados al tema de las víctimas, que por solicitud de la mesa de conversaciones fueron organizados por la ONU y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia; y por otra parte, en el marco de los encuentros durante el segundo semestre del 2014 entre sesenta víctimas de todos los actores del conflicto y los negociadores del Gobierno y las FARC.
  4. Habrá que recordar las palabras del exmagistrado de la Corte Constitucional Manuela José Cepeda, quien participó en el diseño de Sistema Integral: “Jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar a expresidentes”. ‘Jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar a expresidentes’. (26 de septiembre de 2015). El Tiempo. Disponible en: www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-jamas-se-penso-en-abrir-la-puerta-para-juzgar-a-expresidentes/16388119