Ana María Parra

* Ana María Parra

Investigadora con estudios en ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario. Magíster en Filosofía de la Universidad de Los Andes. Sus intereses académicos e investigativos se enmarcan dentro de la Filosofía política contemporánea. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Salle, Colombia.

Dos meses después de la aprobación de la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), el Alto Comisionado para la Paz se pronunciaba en un foro orientado a pensar cómo construir la paz en los territorios. Atendiendo a la pregunta del foro, Jaramillo propuso pensar la “paz territorial” como un proceso que exige “poner fin al conflicto” e instituir prácticas y normas que hagan posible un modelo de desarrollo rural que responda a las necesidades y las exigencias de cada territorio. También señaló que lo que el gobierno llama reconstrucción territorial es un proceso que exige tanto “transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia (…) mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de vida de la población”, como “garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos”1.

Reversar los efectos de la violencia y garantizar derechos, se nos dice. Funciones asignadas a los actores del proceso de justicia transicional y, ante todo, al Estado. Ese mediador neutral, esa instancia llamada a garantizar la reparación a quienes han sido afectados por una violencia de la que tiende a desvincularse, y frente a la cual constituye el único medio de arbitraje posible. ¿Podríamos sospechar de esta figura neutral y del contenido de las palabras citadas, si pensamos estos dos eventos, que se sucedieron de manera casi paralela (la promulgación de la ley Zidres y el discurso del Alto Comisionado), como muestra de un vínculo todavía presente entre Estado y violencia sobre el que tenemos que insistir una y otra vez y cuyas consecuencias habría que denunciar?

Son razones inscritas en la formación de los Estados, y no exclusivamente vinculadas a la experiencia actual del país, las que acompañan esta presunta neutralidad. La idea de que el Estado adquiriera la forma neutral se configuró en medio de la comprensión normativa de los Estados modernos, en cuyas búsquedas estaba la necesidad tanto de instaurar ordenamientos jurídicos que garantizaran la legitimidad de sus instituciones (instituciones de regulación y de arbitraje cuyo ejercicio de poder se considerara aceptable), como de representar (más tarde, y bajo el modelo del Estado-nación) el control de un territorio y la unidad de una nación integrada. La figura de tercero neutral asignada al Estado funge entonces, en la tradición política occidental, como condición de la aceptabilidad de sus modos de ejercicio del poder. El Estado, al concebirse como una instancia de arbitraje legítima y legal, se piensa como el actor al que le es posible arrogarse los procesos de arreglo, de “neutralización de conflictos” sociales, o los procesos de reparación en su calidad de “protector” o defensor de una población unitaria, integrada y vinculada a su territorio.

Sin embargo, y aun en medio de esta aclaración que responde a una tradición heredada (de manera que no es un rasgo o una pretensión que le sea exclusiva al Estado colombiano), asumir esa neutralidad o confiar sin titubeos en la calidad reguladora del Estado, sea como instancia que garantiza la justicia frente a condiciones que son efecto de la violencia, sea en su calidad de árbitro mediador entre intereses o, más aún, en su calidad de instancia ‘neutralizadora de conflictos’ sociales, supondría desvincularlo de la violencia en la que, de hecho, se ha visto involucrado como un actor más. Cabe decir que en la experiencia colombiana, es “un” actor cuya homogeneidad no es evidente y que, más bien, opera con diferencias locales y regionales significativas y, sobre todo, que se trata de ‘un’ actor cuyo vínculo con la violencia no se reduce al hecho de que en algunos casos haya connivencia entre éste y actores armados al margen de la ley, como lo hacen ver algunas de las reflexiones recientes que cuestionan al Estado colombiano como instancia neutral. Reflexiones2 que ponen su énfasis en que la experiencia de ‘formación’ del Estado colombiano ha estado acompañada de procesos locales y regionales muy diversos en los que se da una compleja relación entre Estado y violencia. Para explicar esa relación, hacen referencia a procesos que terminan por “cooptar” al Estado con la violencia, es decir, a la forma como los actores ilegales “instrumentalizan los aparatos estatales” para su beneficio o, en otros casos, la manera en que los poderes políticos utilizan a dichos grupos al margen de la ley para su beneficio. En esta reflexión se inscriben los debates sobre la parapolítica y las investigaciones orientadas a mostrar la aparición de narcotraficantes y paramilitares en la configuración local y regional de la política como formas de “cooptación” del Estado. En todo caso, todavía en estas reflexiones prevalece una comprensión de dicha relación entre Estado y violencia asociada a las experiencias en las que el Estado ha actuado en alianza con grupos al margen de la ley.

Pero los dos hechos recientes con los que comenzaba este texto hacen pensar tanto el vínculo entre Estado y violencia, como su presunta neutralidad, de una manera distinta a la antes esbozada pues supone establecer una relación entre el complejo entramado de relaciones a las que dan lugar formas de ejercicio de poder y la violencia de la que se predica un daño. Sabemos que ese complejo entramado da lugar a configuraciones sociales, políticas y económicas cuyo despliegue produce intervenciones directas o indirectas, y en unos casos destructivas, sobre quienes recae. Sabemos, por ejemplo, que pese a las diversas posibilidades en que se puede organizar la vida en común, las experiencias de los Estados modernos occidentales han mostrado su vocación a crear órdenes tendientes a conducirnos a compartir un mismo modo de vivir, del cual cualquier otro modo no se puede exceder. De hecho, el vínculo entre Estado y violencia en el que considero hay que insistir una y otra vez, implica cuestionar las pretensiones de integración que la comprensión normativa de los Estados modernos ya presupone, pues es en su búsqueda por prescindir de los conflictos sociales y de conformar sociedades integradas, que se han ignorado, descalificado, silenciado y anulado posibilidades capaces de rebasar las fronteras en las que se organiza la vida en común.

Para pensar el vínculo al que me refiero en términos más concretos, basta mirar la manera en que el discurso que acompaña las Zidres -y el modelo de las alianzas productivas en el que se inscribe- descalifica las economías campesinas de pequeña escala como economías ineficientes, improductivas e insostenibles a las que no les es posible explotar “el inmenso potencial” que sus tierras guardan. Los efectos de lo que a primera vista parece ser una mera descalificación se dejan ver hoy en el modo en que en dichas zonas (sobre las que funcionan las alianzas productivas, por ejemplo, en María la baja, Montes de María) se empiezan a transformar los modos de vida de los habitantes. Transformarlos no solo en el sentido en que varían o cambian, sino en el sentido en que excluyen y destruyen una manera singular de establecer relaciones con el territorio a través de la cual se configuran otras posibilidades de vivir y en las que están implicadas relaciones que el privilegiado vínculo explotación-territorio pasa por alto, como la relación entre historia y territorio o entre éste y formas de vida (opuestas a las dominantes). Se trata, entonces, de ejercicios de poder cuyos discursos de verdad no solo descalifican, también silencian, excluyen y destruyen. Y lo hacen muy a pesar de que sus modos dañinos de desplegarse no se perciban hoy de manera tan evidente o directa.

De hecho, una de las transformaciones que trae consigo el modelo de las alianzas productivas es la que tiene que ver con una nueva configuración del acceso, uso y control de la tierra y los recursos, que opera bajo la forma del arrendamiento y el endeudamiento. Esa manera de operar ha dado lugar a un discurso que señala que, antes que nada, lo que se busca es “garantizar los derechos de propiedad de la tierra” de los ya no campesinos sino empresarios del campo o, en el caso de las Zidres, se trata de hacer concesiones por años sin necesidad de escriturar los baldíos. ¿Cómo –nos diría este discurso– generar empleo, propiciar procesos que garanticen los derechos de propiedad sobre la tierra, brindar servicios asistenciales y seguridad social, establecer relaciones estratégicas entre los “pequeños productores” y sus ahora socios, los empresarios agroindustriales, no supone una manera de contribuir “al mejoramiento de las condiciones de vida de la población”? ¿Por qué las ventajas que reporta semejante estrategia tendrían que traducirse, nos dirían, en la producción de daños a la sociedad? No es sorprendente que hoy el discurso económico que acompaña modelos como el de las Zidres o las alianzas productivas pregone cómo su estrategia es un modo de contribuir a la garantía del derecho a la propiedad sobre la tierra, a la generación de empleo, a la trasformación de las condiciones de vida de las poblaciones, entre otras ventajas que ninguna otra estrategia estaría en la posibilidad de garantizar.

Pero muy a pesar de las incluyentes iniciativas que desde allí se proponen, una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos es si acaso las demandas actuales de quienes hoy se organizan para pensar un modelo de desarrollo rural alternativo, se reducen al reclamo por el derecho a la propiedad sobre la tierra. Si decimos que hay violencias o daños a la sociedad que son efecto de los modos de gobierno y de las racionalidades que los acompañan (es decir, de su manera de pensar cómo vivir y cómo vivir en común), es porque lo que se tiende a destruir es el derecho a vivir de otras maneras. Por eso no se trata exclusivamente de un reclamo por el derecho a la vida, a la propiedad sobre la tierra o al reclamo de determinados derechos ya inscritos en los recursos jurídicos a los que se puede acudir estratégicamente. Se trata de reclamos que buscan abrir espacio a oposiciones que el escenario de pos-acuerdo debería estar en condiciones de garantizar y que tienen que ver con la necesidad de hacer posibles formas de vida que, como proyectos singulares y a la vez creadores de otras maneras de concebir el territorio, la producción, el pasado y la historia, son capaces de denunciar, cuestionar y rebasar estrategias de gestión que resultan tan nocivas y destructivas como la violencia que hoy con el proceso se busca desactivar.

Además, que la “neutralidad” de la ciencia económica que acompaña este discurso quiera resolver los problemas de una población sin ni siquiera pensarlos y discutirlos con ella es algo que contradice la intención de propiciar un modelo de desarrollo rural que responda a las necesidades y las exigencias de cada territorio, como lo sugiere el Alto Comisionado para la Paz. No digo con todo lo anterior que tengamos, entonces, que alimentar una fobia contra ese complejo entramado que es el Estado y cuyas maneras de configurarse pueden llegar a exceder las intenciones, y hasta los bienintencionados objetivos, de quienes lo conforman. Me refiero, más bien, a que las transformaciones que el presente exige están relacionadas con esa reactivación incesante del pensar y sentir de quienes no aspiran a integrarse a estrategias excluyentes como las que hoy están en marcha.

  1. Ver http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/discursos/Documents/La_Paz_Territorial_version_final.
  2. Fernán González en el primer capítulo de su libro Poder y violencia y Colombia hace un recorrido por esas reflexiones.