Jessica Corredor

* Jessica Corredor

Doctora en Sociología y Antropología de la Universidad Denis Diderot, Paris 7 en Francia. Magíster con especialización en migraciones y relaciones interétnicas de la misma universidad donde actualmente es investigadora asociada, en el URMIS. En particular se ha ocupado en los últimos años de las articulaciones entre las construcciones identitarias, el territorio, las movilizaciones sociales, la construcción del Estado y la reivindicación de los derechos del sujeto político como ciudadano

La firma de los acuerdos de paz estaba prevista para el 23 de marzo de 2016. A pesar de este contratiempo en la fecha definida, y aunque los diálogos de paz no hayan llegado a su fin, en Colombia se habla desde hace un tiempo de la era del post-conflicto.

Aunque nos estemos acercando al fin del conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC -que ya cumplió 50 años- y hayan comenzado los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno, los desafíos del post-conflicto son casi tan importantes como los del conflicto.

¿Cómo hablar de post-conflicto cuando tan sólo en el año 2013, es decir un año después de haber comenzado los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno, 220 mil personas fueron desplazadas de sus tierras?1. Para hablar de cifras más actuales, en lo que va del 2016, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, 16 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Estos asesinatos no son resultado directo del conflicto, sino de otra forma de violencia a la cual desafortunadamente el país ha estado acostumbrado desde la constitución de los grupos paramilitares, conocidos hoy bajo el nombre de Bacrim (bandas criminales emergentes). A pesar de haber entregado las armas en un proceso por lo menos controversial, se habla hoy en el país de un “regreso del fantasma paramilitar”2.

Para la muestra un botón: una de estas Bacrim, conocida como el Clan Úsuga realizó, entre finales de marzo y principios de abril, un paro armado en varios municipios de cuatro departamentos del país: Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. En su editorial del 2 de abril de 2016, El Tiempo denuncia el paro de los Úsuga y termina urgiendo al Estado de llegar a las regiones donde esta Bacrim mantiene el control y donde sus miembros “explotan además la ausencia de Estado en comunidades cuyo apoyo aseguran al estilo de Pablo Escobar: comprando lealtades con intimidación, mercados, ayuda frente a emergencias médicas y, por supuesto, reclutando a jóvenes en esas zonas marginales”3.

Está comúnmente aceptado que Colombia es un país de regiones y que se ha conformado de esta manera, entre otras cosas, por la dificultad de su geografía abrupta: montañas, ríos, selvas densas (Koopman, 2012). Según esta perspectiva, habría una serie de regiones identificables en el país: los valles interandinos serían los más desarrollados, habitados por los “blancos”; la Amazonia y la Orinoquía seguirían siendo regiones “salvajes”, habitadas exclusivamente por las poblaciones indígenas; y el Pacífico permanecería como un espacio deshabitado. Así, las regiones en los márgenes serían regiones que se deben conquistar y desarrollar, regiones a las que se debería llevar el progreso. A través de la producción de regiones en los imaginarios geopolíticos históricos del país, la concepción de estas regiones “al margen”: salvajes, inmanejables y sin Estado, se ha convertido en una evidencia de naturaleza indiscutible (Ballvé, 2013).

Veena Das y Deborah Poole (2004) plantean que el Estado produce sus márgenes en función de sus propias necesidades, decidiendo de esta manera qué territorios están plenamente integrados al centro y cuáles se encuentran en la periferia. Según esta perspectiva, el Mito de la ausencia del Estado (Serje, 2013) habría permitido la penetración de un conglomerado de actores y la instauración de un nuevo orden social, perfectamente compatible con el Estado, en estos territorios al margen.

Así, al apelar a la presencia del Estado en ciertas regiones dominadas por uno u otro actor armado, se puede deducir que la construcción de estos espacios al margen tiene toda su vigencia en el contexto de post-conflicto -real o imaginado- actual. Según los discursos políticos y mediáticos, el fin de la guerra permitirá al Estado llegar a aquellas regiones donde su acceso era imposible por causa del conflicto: estas regiones deben ser integradas al proyecto de Nación, llevarles el progreso y el desarrollo.

Pero el Estado no ha estado ausente de estas regiones, sino que sus funciones han sido asumidas por “grupos locales de poder” (Serje, 2013) que encarnan al Estado en estas regiones periféricas. La presencia del Estado es revelada también por la multiplicidad de los dispositivos territoriales que las instituciones estatales han agenciado con el fin de organizar y gestionar –es decir, de controlar- estos espacios: los títulos de propiedad colectiva (otorgados como títulos de tierras baldías por el Estado), los Territorios colectivos de comunidades negras, los Resguardos indígenas y los Parques naturales nacionales, y, próximamente, las Zonas de interés de desarrollo rural y económico (ZIDRES). Estas últimas están destinas a la explotación de la tierra y sus recursos por empresas nacionales e internacionales, lo cual multiplicará la concentración de la tierra por parte de los empresarios, la extensión de los monocultivos y el fin del campesinado en las regiones donde las ZIDRES sean aplicadas.

La región del Bajo Atrato ha sido un laboratorio para la aplicación del modelo que se quiere imponer con las ZIDRES. Después del desplazamiento forzado de más de 10 mil habitantes en 1997, un grupo de campesinos decide, con la ayuda de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, organizarse para retornar a sus tierras. Al regresar, a partir del 2001, observan cómo sus fincas fueron cubiertas de manera ilegal por monocultivos de palma aceitera. Entre intimidaciones y asesinatos de líderes, la movilización llevada a cabo en las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad –resultado de la organización de una parte de los campesinos del Bajo Atrato– desde hace 15 años, logró poner fin a la explotación de la palma aceitera en la región4. Actualmente las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad, espacios de movilización, constituyen una verdadera alternativa al modelo que un conglomerado de actores empresariales, institucionales y paramilitares han querido imponer. Estos actores lograron establecer un conjunto de prácticas y un modelo económico y social con la cooperación y el subsidio de instituciones del Estado: ayer con la palma aceitera, hoy con el plátano.

La recomposición de la agroindustria de la palma aceitera hacia el plátano se ha operado de tal manera que hoy se constituye en la única posibilidad de ganarse la vida para las familias que han regresado progresivamente a sus tierras en el Bajo Atrato. Se ven obligadas a cultivar monocultivos de plátano en sus parcelas, trabajando sin ningún tipo de protección social y sólo pueden venderle a las empresas que mantienen el monopolio regional de la comercialización. A diferencia de la imposición del cultivo de palma a principios de la década del 2000, que se hizo de manera extremadamente violenta causando el desplazamiento y la muerte de cientos de campesinos, la agroindustria del plátano ha implicado otra forma de violencia más sutil e invisible, una “violencia infraestructural” (Li, 2015). El monopolio que mantienen las empresas implica, en el caso del Bajo Atrato, no sólo la concentración de grandes extensiones de tierra –hoy para el plátano, ayer para la palma– sino también el monopolio sobre todos los medios de subsistencia de la población local: la tierra, el trabajo, el capital. La agroindustria del plátano y el modelo que esta agroindustria conlleva en el Bajo Atrato cubre todos los espacios en los que se desarrollan las relaciones sociales: ninguna otra forma de vida es posible donde el modelo de monocultivo agroindustrial ha sido implantado.

En la nueva fase que se vive actualmente en el Bajo Atrato los campesinos se asocian con los empresarios y les alquilan sus tierras y su fuerza de trabajo para el cultivo del plátano, cultivo “tradicional” de los habitantes de la región. Esta fase, que podría aparecer como la más “legal” de la serie de acciones ilegales que los para-empresarios han llevado a cabo en el pasado, y en la que la población participa por decisión propia, no lo es realmente. La recomposición actual en el Bajo Atrato se integra plenamente en la nueva fase de “normalización” de la región: a través del modelo económico y social instaurado por los actores paramilitares y empresariales se concretiza la “domesticación” de estos espacios, considerados anteriormente como “espacios salvajes”.

Ni desarrollo, ni progreso. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y la cuestión del acceso y la tenencia de la tierra, que constituyó el primer punto tratado en los diálogos de paz de La Habana, es la muestra fehaciente de esta desigualdad. La extremada concentración de la tierra es, tal vez, uno de los problemas más preocupantes del país: 70% de las propiedades agrícolas tienen menos de 5 hectáreas y ocupan solamente 5% de las tierras agrícolas, mientras que los terrenos de más de 500 hectáreas pertenecen a 0,4% de los propietarios y ocupan 41% de las tierras agrícolas.

Así, la firma de los acuerdos de paz representa un verdadero desafío, especialmente en las regiones en los márgenes del Estado, donde la propiedad de la tierra continuará en manos de pocos y donde las ZIDRES serán aplicadas con mayor fuerza, bajo el argumento de llevar desarrollo y progreso a las regiones en los márgenes. Como sociedad civil, nos encontramos actualmente frente a un cambio simbólico, discursivo, político y real crucial en la historia del país: la desaparición del sujeto campesino, fruto de su transformación en “socio” de una empresa y trabajador agrícola. Y debemos actuar.

 

Referencias

Ballve, T., “Territories of Life and Death on a Colombian frontier”, Antipode, vol.45, nº1, 2013, pp.238-241

Das, V. y Poole, D., Anthropology in the Margins of the State, Santa Fe ; Oxford, School of American Research Press ; James Currey, 2004.

Koopman, S., Making space for peace : International Accompaniment in Colombia (2007-2009), Vancouver, Tesis de doctorado, University of British Columbia, mayo 2012.

Li, T., “Infrastructural violence in Indonesia’s Palm Oil Plantation Zone”, Boom du palmier à huile et nouvelles dynamiques foncières, Conferencia en el Pôle foncier Montpellier, 13 de marzo 2015.

Serje, M., El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011.

Serje, M., “El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las ‘zonas de frontera’ en Colombia”, Cahiers des Amériques Latines, nº 71, 2013, pp. 95-117.

  1. Informe mundial de 2015 de Human Rights Watch.
  2. Semana.com, 12 de marzo 2016.
  3. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/la-nueva-amenaza-editorial-el-tiempo-/16553198
  4. Esta movilización no sería posible sin el apoyo, desde el inicio del proceso organizativo, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.