Los hechos y manifestaciones publicas de los primeros 100 días de un gobierno y de sus interacciones con los gobernados permiten hacer un panorama que identifique la agenda política, las redes de actores aliados y los potenciales conflictos; en este marco, el presente ejercicio busca presentar al lector estos tres aspectos del alcalde Enrique Peñalosa.

La agenda de recuperación

La agenda política principalmente tiene dos puntos, la infraestructura y la seguridad. El posicionamiento de estos temas partió de un constante señalamiento a lo que él considera “malas administraciones pasadas” que legitima el “recuperar a Bogotá” y desde luego su agenda, a partir de ubicar una gran deuda –en sus palabras- que entrará a resolver su gestión y “sus estudios” en administración pública.

“Recuperar Bogotá” empezó por “limpiar la ciudad” con jornadas de aseo a los muros “sucios” por carteles y “rayones”. Estas intervenciones publicas marcaron las bases de su plan de gobierno y así, de la mano con las apariciones públicas del gobernante, las de sus principales figuras de gabinete, las declaraciones de grupos de interés aliados al proyecto de la administración y las líneas del ante-proyecto del Plan de desarrollo distrital –que se discutirá en el Concejo- dan cuenta de los temas principales de la agenda.

Es necesario pues, tener en cuenta que detrás de la priorización se encuentra una concepción del papel del Estado, donde –para este gobierno- proveer seguridad para la propiedad y garantizar instrumentos para el libre mercado dan cuenta de las cualidades de un Estado mínimo que no tiene en cuenta, desde luego, el desequilibrio o aumento entre quiénes concentran rentas, capital y quiénes no. Veamos la aproximación a la definición de estos dos puntos:

Seguridad urbana: reducir la percepción  de inseguridad por parte de los ciudadanos parece ser la principal apuesta, la cual se podría sustentar en armonizar la administración con el aparato policial, además de la producción de un nuevo arreglo institucional. Definir la seguridad como sector significa asegurar recursos y músculo institucional para asumir lo que permanentemente escala en la opinión pública como prioridad de seguridad. Para cumplir este propósito creó mediante acuerdo la Secretaria Distrital de seguridad con amplio respaldo en el Concejo. Y en el orden nacional se viene convirtiendo en un vigoroso aliado del trámite legislativo sobre el Código de Policía que viene liderando el senador de Cambio Radical German Barón.

A la organización del sector se le suman de manera funcional las acciones de cultura ciudadana, concebida como intervenciones en el espacio público para el control social y para mejorar la percepción ciudadana de seguridad con el fin de lograr “la autoestima ciudadana”. Según el proyecto de plan de desarrollo, lo anterior debería generar la percepción de que los espacios públicos “limpios” de carteles, grafitis y personas no gratas –vendedores ambulantes, habitantes en situación de calle, etc.- generan condiciones de seguridad.

Infraestructura: los mayores mensajes y recursos previstos para este periodo de gobierno están enfocados en la infraestructura. Empezando el periodo, el alcalde afirmó: “En Bogotá se avecina una inversión gigantesca e histórica en infraestructura”, para lo cual se proyectan acciones en malla vial y conectividad, acciones de mejoramiento del espacio público, la construcción de vivienda en suelos permitidos en el actual Plan de Ordenamiento territorial y proyecta impulsar el cambio de usos del suelo de protección ambiental y franja de adecuación para permitir la expansión urbanística. De los $ 87,7 billones proyectados en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el periodo de su plan de desarrollo, al eje de “Democracia Urbana” (eje que corresponde al sector infraestructura) tiene proyectado destinar 57% del total de estos recursos. Los proyectos en infraestructura se podrían agrupar en dos tipos: los de conectividad de la Ciudad (que implican redes de conexión vehicular, pero que alientan la expansión urbana), los de vivienda (ante la demanda de vivienda y el plan del gobierno nacional, se planean construir 80.000, expandiendo la Ciudad, ampliando la posibilidades de intercambio de bienes y servicios).

Las redes de aliados: los cazadores de renta

El altruismo y la filantropía no son precisamente las cualidades de quienes se han visto como principales aliados del Alcalde, sin lugar a dudas son actores típicos cazadores de renta, conocidos en la Ciencia Política como aquellos individuos o colectivos que se involucran en las definiciones públicas invirtiendo recursos para que las decisiones públicas incrementen sus beneficios y rentas privadas; una frontera gris entre el sistema político, la economía y la corrupción. Aquí podemos destacar tres grandes actores, haciendo la salvedad de que no son homogéneos, que existen matices y que pueden existir más:

Los partidos y el Concejo: la coalición gobiernista que se ha conformado en el Concejo es mayoritaria, principalmente por actores de partidos tradicionales. No es de desconocer que en temas específicos tendrá dificultades para promover proyectos de acuerdo, en este periodo de tiempo ha logrado pasar dos temas estructurales: la reorganización del sector hospitalario y la creación de la secretaría de seguridad.

La Cámara de Comercio, Camacol y ProBogotá: los gremios de comerciantes y constructores son fundamentales para los dos puntos gruesos de la agenda de Peñalosa, es su propia agenda. En el caso del gremio de los constructores, están al interior del equipo de gobierno (no es ilegal) pero con velos delgados de ilegitimidad que han dejado ver los intereses de algunos directivos en determinados cambios de usos del suelo de protección para la expansión urbana, que dejarían jugosas ganancias. Y por otro lado, en el caso de seguridad, la organización de empresarios ProBogotá viene promoviendo lobby con algunos congresistas, convirtiéndose en un grupo de presión para elevar el propósito de la reforma al Código de Policía.

El gobierno nacional y Vargas Lleras: la coincidencia de la agenda política distrital con el gobierno nacional pasa por buscar consolidar un importante nicho electoral para la aspiración presidencial del vicepresidente Germán Vargas Lleras, director del gasto grueso del gobierno nacional.

A modo de conclusión, conflictos

En toda sociedad existen diversas formas de interacción, competencia, coordinación, negociación y conflicto, bajo esta comprensión y a partir de la enunciación básica de la agenda y los aliados del actual Alcalde de Bogotá, ubico en este acápite los principales conflictos que están dibujados y al parecer orientarán las dinámicas de deliberación de problemas públicos.

Ordenamiento territorial: la vida en el centro vs el desarrollismo

Las proyectos de infraestructura planteados por el Alcalde como la expansión urbana en el norte, implican gestionar el levantamiento de restricciones a zonas que están protegidas por las autoridades ambientales como la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, lugar donde ha propuesto que estaría ubicada “ciudad Paz”; además de las adecuaciones en el valle del río Bogotá donde quedaría “ciudad Río”; y las construcciones de la Avenida Longitudinal de Occidente. Todas estas ideas de proyectos de infraestructura chocan con el actual ordenamiento territorial y con la cada vez mayor expectativa de ciudadanos en contener políticas que vayan en contravía de ordenar el territorio entorno a la vida, el agua y por ende propender por la mitigación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental.

Este tipo de conflicto no es solamente de Bogotá, podemos encontrar en el ámbito público debates muy relacionados al mismo eje, el ordenamiento y uso del suelo en función de poblaciones, ecosistemas y agua, o en función de interés de determinados actores económicos que buscan maximizar sus ingresos vía la explotación de recursos no renovables o la generación de mayores rentas del suelo. El debate con la explotación petrolera, la minería y la expansión urbana en las ciudades en este sentido tiene un entronque, que claramente tiene como tema los conflictos ocasionados con la implementación del modelo de desarrollo.

Ante la agenda pública del gobierno Peñalosa, la red de actores e intereses que confluyen en el ejercicio de gobierno y los conflictos que se potencian ponen a prueba los sujetos colectivos que se han venido formando en los últimos 15 años en la ciudad capital. No en vano la capacidad de respuesta ante temas polémicos como la modificación de la Reserva Forestal Thomas van den Hammen, la tentativa de desconocer los acuerdos con el movimiento grafitero, la decisión de modificar los estudios del metro y otros. La conflictividad social pone a prueba unas fuerzas ciudadanas que han pasado en algunos casos por la administración pública, en otros por haber mantenido un diálogo permanente con la representación del Estado en el Distrito en distintas mesas de incidencia de políticas públicas.

Así estamos, a 100 días de iniciada la administración Peñalosa, con un panorama, unos beneficiarios determinados y unos retos para las fuerzas colectivas urbanas que emergen desde abajo.