Mauricio Rivera

* Mauricio Rivera

Periodista, escritor, realizador de video y fotografo. Doctor en Comunicación y Periodismo de la Universidad de RMIT de Melbourne, Australia; Magíster en Comunicación Profesional con especialización en Escritura Profesional de la Universidad de Deakin de Melbourne, Australia; Comunicador Social y Periodista de la Universidad de La Sabana de Bogotá, Colombia. Actualmente dicta la clase: El Periodismo como 'arma democrática' en la era digital de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Otras muestras de su trabajo pueden verse en los blogs: http://elmr2.wordpress.com/ (español) y http://mr2blog.com/ (inglés)

Comparto las siguientes historias, no porque crea que tienen algo de extraordinario, sino por el contrario, porque asumo, sin temor a equivocarme, que el lector habrá vivido experiencias similares con las que puede identificarse. Cuando uno piensa en las consecuencias de la burocracia en Colombia, generalmente evoca situaciones que se podrían denominar ‘macro’, como la disputa territorial perdida ante Nicaragua, la expedición de licencias ambientales para la explotación de hidrocarburos y minerales en medio de parques naturales -y las subsecuentes demandas millonarias que el Estado termina pagando en las pocas ocasiones en que, ante una avalancha de expresiones de desagrado (más que desacuerdo) decide revocar dichas licencias-, o casos como los expuestos por el profesor Alfredo Molano que revelan un sistema de salud decadente e inhumano.

Pero la burocracia, todopoderosa y omnipresente, que impera en Colombia, también se manifiesta en escala ‘micro’, cargando al ciudadano de una serie de trámites, muchas veces innecesarios y casi siempre ineficientes, los cuales en ocasiones terminan siendo imposibles de resolver y a la postre terminan negando derechos que la Constitución del 91 define como fundamentales.

El primer caso que voy a narrar es de naturaleza académica y laboral. Tiene que ver con el proceso para legalizar títulos obtenidos en el exterior. Cuando fui a legalizar mi doctorado, me enteré de que los diplomas debían tener un sello de apostilla del país donde fueron radicados. Como había solicitado que enviaran el diploma directo a Colombia, tuve que enviar el documento de nuevo a Australia, conseguir el sello y volverlos a enviar a Colombia. Acá cometí un error, puesto que no vi que los certificados de calificaciones también debían llevar el sello de apostilla, por lo que tuve que repetir el proceso de envío y reenvío. Sin embargo, omitiendo este último paso, la sola certificación más los sellos de apostilla y los envíos iniciales terminaron costando alrededor de un millón de pesos. Como este proceso, además de costar dinero también cuesta tiempo, cuando comencé a trabajar en la Universidad Nacional, quedé catalogado dentro del ranking más bajo que esta utiliza para determinar el salario de sus docentes. Por esto, luego de un par de meses de no solo no recibir salario sino de no saber cuánto me iban a pagar, me enteré a través de una resolución pública de que mi remuneración, por desarrollar el currículo y dictar 4 horas de clases a lo largo de 16 semanas, sería ligeramente inferior al millón de pesos (sobre este punto cabría también una discusión, que supera los límites de este artículo, acerca del sistema de estratificación de docentes en las universidades públicas o sobre los recursos que estas reciben del Estado).

El segundo caso es de naturaleza familiar. El año pasado decidí casarme con una mujer que es de nacionalidad australiana pero nacida en Sri Lanka. Al revisar los requisitos, vimos que necesitábamos su certificado de nacimiento, prueba de nacionalidad y un certificado de soltería, los cuales debían llevar sus respectivos sellos de apostilla. Conseguimos los sellos para el documento de ciudadanía y el certificado de soltería, sin embargo, como el certificado de nacimiento es de Sri Lanka, el sello no podía ser emitido por las autoridades australianas. Por su parte, para conseguir un sello de apostilla de Sri Lanka (país que, cabe agregar, comparte con Colombia el puesto 83 entre las 167 naciones que comprende el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional), mi esposa tenía que ir personalmente a Colombo a solicitarlo. Fuimos a varias notarías y a la oficina de la Registraduría a explicar nuestro caso y buscar alguna alternativa, pero la respuesta siempre fue la misma: sin el sello de apostilla en el registro de nacimiento no podían casarnos. Al final, en una de las notarías nos recomendaron casarnos en el extranjero (algo que no está al alcance de la mayoría de los colombianos) por lo que optamos por viajar a Nueva York, donde solo tuvimos que presentar el pasaporte y pagar menos de una décima parte de lo que ya nos habíamos gastado traduciendo y legalizando documentos. Cuando volvimos a registrar el matrimonio en Colombia, la notaría insistió en quedarse con el original del certificado de matrimonio (a pesar de que ya tenían una copia legalizada por ellos mismos) por lo que para futuros trámites será necesario solicitar un nuevo certificado.

El tercer caso tiene que ver con la simple compraventa de un vehículo. Hace unos meses compré un carro usado y, puesto que el dueño anterior había tenido un accidente por el que tuvieron que cambiarle una puerta, tuvo que pasar más de un mes (y numerosas revisiones mecánicas) hasta que encontré una compañía dispuesta a asegurarlo. Luego, cuando lo iba a vender, en la Secretaría de Movilidad impidieron el traspaso porque el vehículo registraba una deuda de impuestos del año 2009, a pesar de que en el 2015, cuando lo compré, no me pusieron ningún problema. Me dijeron que tenía que ir al CADE a hablar con los de la Secretaría de Hacienda para que me solucionaran el problema. Al llegar al CADE, en la ventanilla de información me dijeron que tenía que solicitar una cita a través de la línea 195 (y que sin esta no había forma de que me atendieran). Tras una semana de incontables llamadas tratando de solicitar una cita en cualquier jornada, mañana y tarde (las cuales siempre terminaban en la misma grabación que informaba que no habían citas disponibles) fui a la oficina central de la Secretaría de Hacienda, donde me informaron que a comienzos de año habían enviado una circular a la Secretaría de Movilidad, en la que solicitaban no impedir el traspaso de los vehículos que registraran deudas de impuestos, cuando el certificado de tradición demostrara que la deuda no correspondía al último dueño del vehículo. También me recomendaron volver a la Secretaría de Movilidad con un derecho de petición en el que debía citar dicha circular. Cuando al día siguiente fui al SIM (Servicios Integrales para la Movilidad) con el derecho de petición en mano, me informaron que ya no había problema porque, precisamente el día anterior, habían recibido la circular de la Secretaría de Hacienda.

Por último, quisiera mencionar una situación ajena al sector público, relacionada de nuevo con el ámbito académico. En otra universidad en la que he trabajado, cuando el docente se equivoca a la hora de registrar las calificaciones dentro del sistema, para corregir el error es necesario solicitar una autorización de la secretaría académica. Cuando esto me sucedió, la única explicación en la que pude pensar fue que en Colombia nos hemos vuelto patológicamente adictos a la burocracia; sin embargo, meses más tarde, un amigo que hace parte del comité de carrera me dijo en confidencia (por esto prefiero no mencionar el nombre de la universidad en cuestión) que esto se debía a casos en los que han encontrado profesores que solicitan retribuciones personales (incluidos los favores sexuales) por cambiarle de nota a sus alumnos. Así mismo, cuando intentaba asegurar el carro, me enteré de que la razón por la cual las aseguradoras niegan las pólizas es porque la gente suele presentar daños anteriores como si fueran recientes intentando cobrar el seguro.

Esta es una de las razones (no la única) por las que en Colombia la carga de la prueba siempre está de lado del ciudadano o, como lo diría la periodista Ana Marcos en un artículo sobre este mismo tema publicado a comienzos del año en El País de España, “todo el mundo es moroso hasta que la cartera o la tarjeta de crédito demuestren lo contrario”. Por esto, cabe preguntarse hasta qué punto esta tramitología incesante es una de las causas que explican ese estado permanente de frustración y agresividad en el que viven los habitantes de ciudades como Bogotá.

Hay ocasiones en las que la burocracia está justificada por otros problemas que evidencian una crisis más profunda, mientras que en otros, como en el de la legalización de títulos obtenidos en el extranjero -el cual está sustentado en la Convención de Ginebra- se evidencia un círculo vicioso imposible de justificar. Sobre todo si se tiene en cuenta que estamos en medio de la llamada ‘era de la información’, en la que el acceso a la información es fácil y económico. ¿No sería más fácil tener una lista de universidades y centros de estudio certificados por el país de origen, en lugar de obligar al ciudadano a probar la validez de su título? Claro esta que, de esta manera, el Estado no recibiría el más de medio millón de pesos que hoy recibe de sus ciudadanos por el trámite de legalización. Ante esta realidad, es difícil encontrar una conclusión distinta a que en Colombia el Estado solo está para alimentar burócratas.