Desde diciembre pasado, la Argentina llevó al gobierno, por primera vez en su historia y, por voto democrático, a una coalición de derecha liderada por un partido nuevo, surgido de la crisis social de 2001, que gobernaba la ciudad de Buenos Aires bajo la figura del empresario Mauricio Macri, hoy presidente de la nación. No es que la Argentina no tuviera antes gobiernos de derecha -más bien, éstos han sido la regla-, sino que, en general, desde la transición democrática de 1983, los electos tenían, al menos en campaña, un discurso explícito dispuesto a atender ciertas demandas populares. El PRO, en cambio, el partido ganador y hegemónico dentro de la coalición gobernante, no sólo diluyó su referencia a ese discurso, haciéndola esquiva, sino que alimentó otro, más ligado a apostarle al ciudadano individual, supuestamente agobiado por las trabas e inequidades que surgirían de la presencia de un Estado interventor, que ahogarían el espíritu innovador de cada quién, favoreciendo a los que nada harían por merecer beneficios sociales. Este ahogo del espíritu individual, que el PRO vendría a alivianar –algo así como un llamado a la reconstrucción de la Argentina meritocrática, por aceptar este nombre- fue y es un pilar discursivo subyacente de la construcción del apoyo electoral. Este pilar es reforzado porque sale, además, de la boca de representantes del partido con mayor homogeneidad social de los últimos tiempos: la plana del gobierno muestra una pertenencia ligada a los sectores empresarios más concentrados del país, tanto que el gobierno se empezó a denominar, en esquelas periodísticas, el “gobierno de los CEOs” o el “gobierno de los ricos”.

EL PRO –y su ascensión al gobierno- presenta un enigma bifronte para las ciencias sociales argentinas: ¿qué es?, ¿por qué llega? Para empezar por lo segundo, podría explicarse su victoria por internas de la coalición anterior, el kirchnerismo, gobernante durante 12 años con tasas continuas de crecimiento, lograda redistribución del ingreso y una marcada polarización discursiva. Pero eso sería subestimar al PRO. El PRO es un proyecto político hasta aquí exitoso, que no se justifica solamente por las desavenencias de su contrincante. Esta afirmación -la de que es un proyecto político hasta aquí exitoso-, encierra dos ejes que quisiera tratar brevemente: el primero, que se trata de un proyecto político y no sólo de una agrupación contingente de intereses económicos que, por fin, habría encontrado a su líder electoral; el segundo, que hay una referencia indefinida a la temporalidad. El PRO, hipotetizo, es un proyecto ambicioso de remoción de las bases de la Argentina posterior al peronismo originario, unas bases que lograron articular al país alrededor del valor simbólico de la búsqueda de igualación social –y como quiera que haya sido la brecha entre símbolo y realidad-. El PRO, en cambio, articula un proyecto político sustentado en un deseo masivo de desigualación. Una especie de reflujo de los 12 años anteriores, pero que sería un cambio sustentable, si lograra el tiempo suficiente como para socavar los cimientos del país existente. De ahí su carácter ambicioso, no estrictamente innovador en los fines, pero sí en los medios. ¿Cómo se estructura ese (nuevo) proyecto político basado en el deseo de desigualdad? ¿Qué posibilidades tiene de durar? ¿Qué concepción democrática le subyace?

El PRO ha basado estos 5 meses de gestión en tres pilares, que dan cuenta de ese carácter ambicioso. El primero, un intento de reconstrucción de los modos de ejercicio del gobierno político (asociado a la remoción del protagonismo de la figura presidencial en favor de una lógica de dispositivo, de “equipos” técnicos) y de ruptura con la concepción de Estado hasta aquí imperante, dada la supuesta necesidad de “actualización”, de “modernización” –de hecho, se creó un ministerio ad hoc-, de “reinserción” del país en el “mundo” y de construcción de un Estado “eficiente”, del “siglo XXI”, liberado de las afiliaciones partidarias anteriores –lo que llevó a despedir empleados públicos que no tuvieran funciones valorizables para el proyecto político actual o fueran adherentes al kirchnerismo, a los que se llamó la “grasa” del Estado-. El segundo, un reajuste general de la economía, cuyos ejes fueron un generoso acuerdo de pago a los holdouts en litigio con el país, en pos de la habilitación a nuevos préstamos externos; la eliminación o rebaja de impuestos a sectores concentrados de la economía, ligados a mercados externos, como la minería y el sector agroexportador; y lo que se llamó un “sinceramiento” de las variables económicas antes subsidiadas, que generó un alza masiva de precios de alimentos y de tarifas en los servicios públicos, en perjuicio de la economía popular. El tercero, la remoción de los pilares culturales del gobierno anterior y de sus tradiciones e institutos, -asociados a lo que se denominó un “relato” autoritario y anacrónico- y la puesta en marcha de un discurso cultural diseminado por medios de comunicación y redes sociales sin centro definible de irradiación, centrado en el valor del individuo desafiliado, abocado a la consecución de logros personales, al que se apela como gestor de su propia vida o la de su entorno más íntimo y agente de emociones o valores abstractos e incontestables, pasibles de ser sostenidos por cualquiera, sin distinciones visibles. Estos tres pilares -el político, el económico y el cultural-, desmarcan a este proyecto, el del PRO, de los que sostenían las derechas argentinas anteriores (más tradicionalistas, castrenses y ligadas a la propiedad de la tierra o al imaginario de un desacople culpable del país respecto de su destino en la historia del progreso, en el concierto de las naciones desarrolladas). Estos tres pilares conjugan fines ya conocidos –remover el plebeyismo igualitario del país-, con medios novedosos, que hacen suyos la lógica de los dispositivos de comunicación digital personalizados y aparentemente neutrales y se anclan en las ideologías del cuidado de sí y el capitalismo gestor de las emociones. Estos medios innovadores acoplan al proyecto político del PRO en los modos cotidianos contemporáneos de gestión de la vida, como si el gobierno fuese una capa sutilmente política asociada al mero “hacer”, un hacer que, por sí mismo, encontraría su cauce natural de desarrollo, si no fuese por los obstáculos artificiales que encontró en la historia del país. Ese acople, esa segunda capa del hacer que se extiende sobre la aparente naturalidad incontrastable del desarrollo de la vida contemporánea, es su carácter aparentemente enigmático, para las coordenadas usuales de decodificación de un discurso político. Esa, también, es su fuerza. Una especie de renaturalización del orden social, que se esparce en el discurso del sentido común callejero, como si fuera una fe: los ricos saben lo que hacen, sabrán cómo atraer inversiones, sabrán cómo eliminar las trabas en los flujos del Estado (hasta convertirlo en una app, como dice Gustavo Varela), sabrán cómo hacer crecer al país, sabrán cómo ajustar y poner orden en el conflicto social, porque, al fin y al cabo, mejor que lo hagan ellos. En el “ellos” de la confianza en la lógica empresarial se delega el deseo de disciplinamiento de sectores cuyos beneficios acercaban demasiado a las clases medias y los sectores populares. Un deseo inconfesable de retorno al país normal, un país en el que los lugares de cada quién estén bien definidos, con sus supuestos merecimientos y castigos individualizados.

¿Cuánto puede durar un proyecto basado en el deseo de desigualación? Lo necesario como para que ésta empiece a ser tan perjudicial como para atentar contra los mismos, que pretendían estar fuera de su alcance. Lo necesario como para que esa percepción de estar siendo inesperadamente perjudicado ya no pueda sublimarse en los escándalos de corrupción atribuidos al gobierno anterior, en los supuestos errores de comunicación del actual o en la obstinada incomprensión de los ciudadanos respecto de lo que es bueno para ellos mismos: sacrificarse. Es decir, tanto como empiecen a crujir los bolsillos de las mayorías y ese crujir se referencie no con el transitorio reacomodamiento de una economía antes subsidiada (en beneficio de otros sectores que los actuales), sino con la normalidad de un proyecto económico excluyente.

Entre tanto, el PRO se encuentra, en estos meses de gestión, con el progresivo reacomodamiento de actores que conforman el mapa general del país: los sindicatos -cuyas cinco centrales reunificaron fuerzas, por primera vez en muchos años, para realizar la primera movilización masiva, el pasado 1 de mayo-, ciertos sectores de la oposición política peronista, hasta aquí desunida (pero mayoritaria en el poder legislativo) y un creciente activismo social. Estos actores, desiguales en fuerza, situados entre la calle y el sistema institucional, podrían ser los enhebradores de prácticas que pulsen el tiempo que el gobierno necesita para que su pretensión de remoción de los cimientos, pueda sostenerse. Si además del rechazo al kirchnerismo y del anclaje en la búsqueda de una modernización disciplinadora pero no amenazante, dada su utilización de una emocionalidad individualizada, el macrismo sumara una bonanza económica que, por medio de préstamos externos y el privilegio a los sectores económicos exportadores, diera estabilidad en el tiempo a su ambición, este proyecto político puede ser refundador.