El 16 de mayo de 2016, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y la Federación Norteamericana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), con el acompañamiento jurídico de COLJUSTICIA, presentaron ante el Departamento de Comercio y la Oficina Asuntos Laborales de Estados Unidos una queja contra el gobierno colombiano ante sus incumplimientos y violaciones sistemáticas al capítulo laboral del TLC Colombia – EE.UU.

Este Tratado Comercial, como ningún otro en el mundo contenía compromisos previos entre los gobiernos, precisamente en torno al respeto de los derechos humanos y las libertades sindicales. Recordemos que el 7 de abril de 2011 se firmó el denominado Plan de Acción Laboral Obama-Santos, medida que trajo una serie de reformas institucionales -como la creación del Ministerio del Trabajo-, que en definitiva no lograron generar cambios reales a favor del respeto al derecho de asociación sindical. El Plan de Acción Laboral fue la medida internacional implementada para hacer viable la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que al año siguiente entraría en vigencia (15 de mayo de 2012).

Al día, los compromisos asumidos con ocasión del TLC con EE.UU. no han logrado erradicar los factores que configuran la violencia antisindical. Es por ello que los sindicatos presentaron esta queja, con fuertes argumentos jurídicos por medio de los cuales se demuestran graves violaciones a los derechos humanos de los y las trabajadoras. Para citar algunas cifras de la situación, en vigencia del TLC con Estados Unidos han sido asesinados 99 sindicalistas, de los cuales 4 pertenecían a la USO y 2 de ellos a Sintrainagro1; el ejercicio del derecho constitucional a la huelga ha sido atacado materialmente a través la fuerza represiva no solo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), sino también con agresiones que a simple vista son desproporcionadas: las del Ejército Nacional. Estas medidas, entre otras, en un país que continúa en conflicto armado interno, sin duda instalan a Colombia en el nefasto podio de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del derecho de asociación sindical2.

De allí que la queja TLC no sea simplemente una acción jurídica y política de los trabajadores, es también la representación de que en Colombia sigue vigente la tercerización e intermediación laboral ilegal, donde el derecho de asociación sindical se percibe tan solo como la afiliación o pertenencia a un sindicato, y el hecho de que una vez se ejerce el derecho en su plenitud desde la negociación colectiva, este se desintegra en su protección constitucional para dar paso al respeto pleno de una falsa libertad de empresa. Para desgracia del sindicalismo y de la democracia en Colombia, las declaratorias de ilegalidad de la huelga por parte de la Corte Suprema de Justicia constituyen a la vez un panorama jurisprudencial que genera censura a la acción sindical, al ejercicio de la negociación colectiva y al legítimo derecho de la protesta social pacífica3.

Anticipando la conocida respuesta, el gobierno Santos dirá entonces que esto ha cambiado y que hoy existen mejores garantías en la ley. Por el contrario, la queja claramente prueba la ineficacia estructural de leyes tales como el famoso artículo 200 del Código Penal, que a la fecha no cuenta siquiera con una sola sentencia que sancione a los responsables de la violación del derecho de reunión y asociación, como bien lo advierten COLJUSTICIA y el CCAJAR en reciente informe sobre la materia4.

Esto motivó al sindicalismo a elevar nuevamente su voz para anunciar al mundo que en Colombia se requieren cambios no solo en el papel. Se exige en esencia efectividad, garantías plenas, acceso a la justicia e instituciones responsables y conscientes de la importancia de proteger a los y las trabajadoras que han optado por el ejercicio democrático de pertenecer a un sindicato para defender sus derechos. Se espera que los mecanismos creados por la queja TLC, denominados Consultas Cooperativas Laborales y Solución de Controversias5, contribuyan al incremento de la tasa de sindicalización, la abolición de la tercerización e intermediación laboral ilegal, el incremento real de la negociación colectiva como expresión vital de la acción sindical y el cese definitivo de la violencia antisindical.

El Estado colombiano deberá entonces remover de su legislación aquellas medidas que impiden el ejercicio de los derechos del trabajo y protegerlos mediante nuevas garantías acordes con los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo6. Estos y otros compromisos pendientes7, contribuirán a visibilizar la importancia y el papel del Trabajo en la Construcción de la Paz.


*Nicolás Escandón es abogado – Presidente Coljusticia

  1. Información de Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, Escuela Nacional Sindical.
  2. CCAJAR, ENS, COLJUSTICIA. Protestar no es un delito – Síntesis y Propuestas del Encuentro Nacional por la No criminalización de la Protesta Sindical y Social, noviembre de 2015. Disponible en: https://dl.dropboxusercontent.com/u/63381205/protestar.pdf
  3. Según la ENS “desde la vigencia de la Ley 1210 de 2008, la Corte Suprema ha expedido 33 sentencias, en 19 casos declarando la ilegalidad, en 11 la legalidad, y en tres no se pronunció”. Aniversario del Plan de Acción Laboral, 7 de abril de 2016, disponible en: http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na–;2;-;-;&x=20171767
  4. COLJUSTICIA, CCAJAR. Acceso a la Justicia y Protección del derecho de Asociación Sindical, 9 de abril de 2016, disponible en: https://dl.dropboxusercontent.com/u/63381205/acceso%20a%20la%20justicia.pdf
  5. Ver Capítulo 17, Artículo 17.7; y Capítulo 21 del TLC entre Colombia y Estados Unidos.
  6. El TLC Colombia – EE.UU., hace explícita la obligación de cumplir con la Declaración de principios y derechos fundamentales en el Trabajo, 1998. Disponible en: http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang–es/index.htm
  7. Por ejemplo la reparación colectiva al Movimiento Sindical, la erradicación de la figura de Pacto Colectivo y Contrato Sindical y el cumplimiento inmediato de todos los acuerdos firmados entre el gobierno y las diferentes organizaciones representativas de los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, e indígenas.