Christian Fajardo

* Christian Fajardo

Doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes. Magíster en Filosofía de la misma Universidad y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes. Sus intereses giran alrededor de la filosofía política contemporánea y de las tensiones entre sociología y filosofía.

Uno de los dogmas que se va haciendo evidente en el proceso de construcción de paz en Colombia consiste en que, una vez pasada la página del conflicto armado, resulta necesario crear una verdadera autoridad estatal. Al menos hay dos perspectivas predominantes de aproximarse al asunto. La primera de ellas es la del uribismo, la segunda es la del santismo.

Veamos cada uno de estos puntos de vista. Estamos habituados a escuchar de parte de Álvaro Uribe que la “patria está dividida o fragmentada”, pues en muchos de los territorios donde debería consolidarse la presencia estatal no gobiernan más que bandas criminales y organizaciones narco-terroristas. De ahí que el llamado a la “mano dura” anclado al fortalecimiento de una aparato militar para vencer al “enemigo interno” esté presto a la orden del día si queremos tener una verdadera sociedad.

La segunda busca pensar la construcción de la autoridad estatal de una forma diferente. Santos y sus seguidores creen que el sistema político necesita estar blindado jurídica y democráticamente. En esa medida un eventual acuerdo con los grupos alzados en armas, acompañado de una participación masiva del pueblo en el “plebiscito para la paz”, permitiría la refundación de la sociedad. La participación popular en el plebiscito sería entonces la inyección de legitimidad a una política de Estado enmarcada en garantizar el “derecho de derechos” que es la paz. Sólo así se lograría la inclusión del mayor número de puntos de vista en la patria nueva. En este punto también simpatizan académicos. María Emma Wills, por ejemplo, piensa que en Colombia hace falta un Estado-nación con pretensiones integradoras. Ante la ausencia de tal elemento integrador en la historia colombiana, el conflicto partidista se habría impuesto para diversas apuestas de nación sin un ente mediador alguno1.

Tenemos entonces dos maneras de pensar la autoridad estatal. Una es autoritaria, militarista y busca establecer la excepción como regla. La otra es más flexible en tanto concibe como interlocutor legítimo a su enemigo. De acuerdo a lo que hemos visto, la segunda dinámica ha hecho aparecer a presuntos monstruos violentos como auténticos animales que hacen uso de la palabra. Hemos escuchado a Iván Márquez, a Timochenko, a Tanja Nijmeijer, entre otros; y, para sorpresa de muchos, sus apuestas y propuestas no están para nada centradas en acabar con la sociedad de los colombianos de bien. Incluso el mismo jefe del secretariado de las Farc-ep ha precisado que a partir del proceso de negociación se espera que se produzcan unas mínimas transformaciones para que “nos dejemos de matar”2.

Sin embargo me gustaría advertir que si bien la apuesta santista por la paz es, con creces, preferible a la propuesta de garrote de parte del uribismo, no debemos dejar de bajar la guardia frente a la paz que buscan hacer predominantes las élites políticas y financieras que tienen como representante a Juan Manuel Santos. Esto parece sonar trivial para muchos militantes de izquierda y de movimientos sociales y populares. Pero resulta necesario reflexionar una y otra vez sobre las apuestas estratégicas de la izquierda para no caer en el engaño de una paz pensada desde arriba. O mejor aún para no caer en el engaño de que a Colombia le hace falta consolidar una maquinaria estatal que lograría armonizar el rumbo de la sociedad. Pienso que este punto de vista es engañoso porque el santismo oculta su pretensión última de fortalecer una autoridad estatal con el discurso de la democracia y la inclusión. Santistas e incluso varios que no se consideran santistas creen, por ejemplo, que la democracia es una especie de medio que buscaría complementar la fortaleza jurídica de la autoridad estatal con la legitimidad que ofrece la participación de la sociedad civil.

La consecuencia del punto de vista santista es definitiva: la democracia se convierte en un mero medio para la consecución de fines mucho más nobles y neutrales. Todo Estado y sistema político tendría que estar alimentado por los inputs que ofrecerían los procesos de participación ciudadana para revertirlos en ouputs neutrales e integradores reflejados en políticas públicas –en este caso estamos hablando de la política pública principal entre las otras políticas de Estado que es la política de paz. Ahora bien, en esta tesis, que parece razonable y perfectamente defendible por cualquiera, se encuentra el engaño. Cuando una oligarquía de una sociedad pretende decir que la democracia se ejerce meramente en los momentos de votación y en las esferas de deliberación pública que apuntan a alimentar a un Estado cada vez más integrador, se deja a un lado el uso verdaderamente político y transformador de la democracia. Digo esto porque creo que si existe un proceso que interrumpe toda pretensión de consolidación de una autoridad estatal es la democracia misma. Los Estados viven de una consolidación de élites políticas. Llegamos incluso a hablar de una especie de clase política que en este país es al mismo tiempo una clase económica. No es gratuito que, en la lógica estatal, el ejercicio del poder esté reservado a estas clases y a sus grupos de expertos y, además, el poder del pueblo sea siempre esa voz deficitaria que necesariamente debe ser traducida por formas jurídicas producidas por el Estado mismo. La democracia, en cambio, irrumpe en esa armonía que divide gobernantes y gobernados para manifestar que cualquier grupo de personas que se toman la tarea de actuar políticamente son competentes de pensar qué es lo justo para una sociedad.

En esa medida habría que oponerse a la paz de Santos. No equiparando santismo y uribismo, sino más bien poniendo de manifiesto que la democracia construida desde el Estado no es más que una oligarquía disfrazada. Pero ¿cómo ponerlo de manifiesto? Quizá debamos participar masivamente en el plebiscito para la paz marcando el sí, no con el argumento de que el momento democrático es la jornada del voto, sino más bien mostrando y argumentando que la democracia existe antes y después de ese voto. Que el sí por la paz no es el comienzo de la consolidación de una autoridad estatal, sino más bien el comienzo de transformaciones significativas que empezarían a desautorizar al Estado de nuestros oligarcas.

Esta tarea es ardua y compleja. Lo digo porque muchos en el pasado se han visto ante esta encrucijada. Pienso en los revolucionarios franceses del siglo XVIII y XIX. Su lucha se jugaba en un campo doble. Por un lado se tenían que oponer al Ancien Régime y, por el otro, tenían que evitar que se alzara una autoridad estatal que presuntamente se presentaba como representante de una política racional y neutral: la política de la naciente burguesía. Este juego de doble oposición cuidadosamente elaborado crea los precedentes para la institución de un verdadero antagonismo político, pues la política no ocurre cuando se oponen tipos de poseedores sino más bien cuando se produce un enfrentamiento entre poseedores y desposeídos. Pero los desposeídos no son una masa hambrienta de violentos que se oponen a todo lo que parezca estatal para expropiar las comodidades de los ricos y convertirse en nuevos dominadores. Los desposeídos juegan con las instituciones de los oligarcas para hacer valer su voz. Nos muestran que el derecho al voto no es el input de un sistema político sino la ocasión misma de manifestar un más allá y un más acá del voto.

  1. Esta posición está claramente enunciada en el diagnóstico que realiza Wills en su informe sobre las causas históricas del conflicto armado en Colombia titulado “Los tres nudos de la guerra colombiana”.
  2. “Vamos a hacer política sin armas” http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-vamos-a-hacer-politica-sin-armas/458573