Andrea Cely Forero

* Andrea Cely Forero

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con título de Maestría en Estudios Culturales de la Universidad de Los Andes. Dentro de sus principales intereses investigativos se encuentran los movimientos sociales en América Latina y la acción política en la vida diaria. Tiene publicados los resultados obtenidos sobre experiencias de pedagogía feminista, planes de vida como alternativas políticas de resistencia y las tensiones entre el movimiento social y político en América Latina. Hace parte del Congreso de los Pueblos, una experiencia de movilización social que intenta construir legislación popular

Hace unos días tuve que viajar a despedir al último familiar que me quedaba en el campo. Y con esto no quiero decir que las familias campesinas estén dejando de existir, quiero confirmar, una vez más, que el sistema de salud no les permite vivir. En este país escuchamos a diario un ejemplo tras otro de negligencia en el servicio del sistema de salud, y este es un caso más. Un caso, una persona, un campesino, que terminó trabajando a diario para tener cómo viajar a la capital más cercana a visitar especialistas cada tres meses, quienes a su vez necesitaban exámenes especializados que sólo le autorizaban después de varias peleas con la EPS. Exámenes que finalmente no sirvieron para nada porque esos especialistas le recetaron medicamentos incompatibles entre sí.

Pero ahí no termina la agonía. Estaba organizando evidencias para pelear por una pensión que le fue negada. El Estado le respondió, en ese momento, que debía seguir trabajando para pagar ese sistema de salud que finalmente lo mató. Le dijeron que tenía que esperar y cotizar 6 años más después de 50 años de trabajo arduo con la tierra.

Mi tío estaba recuperándose de un cuadro depresivo provocado por la dificultad de volver a guadañar, sembrar, recoger café, vender leche o preparar lechonas, pues a raíz de varias cirugías de alto riesgo que le practicaron, quedó en medio de una situación que requería cuidados extremos. Pocos días antes de su muerte intentó levantarse con nuevo ánimo; compró 1500 matas de café para aprovechar la recuperación del sector y no pudo terminar de sembrarlas. El dolor que generó en nosotros ver esas plantas allí, fue inimaginable.

Deja una familia y a una esposa que, en contextos como el que vivimos, duda poder quedarse en el campo. No sólo por la dificultad de sostener tanto trabajo, sino por el riesgo que corre como mujer en una vereda. Lo más sensato que le ofrece esta sociedad es que salga de la finca y se radique en el casco urbano o en otra ciudad en la que resida algún familiar. Y con ello, la esperanza de continuar trabajando la tierra familiar, termina.

Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2014, el número de viviendas desocupadas en el área rural dispersa aumentó en un 6,3% respecto al año 2005. Y aunque no se destacan factores que expliquen esta situación, el caso de esta familia es concreto y provocado. En Colombia no hay condiciones que permitan que una familia campesina se reproduzca fácilmente.

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En este mismo Censo se afirma que sólo el 9,8% de población del área rural dispersa se encuentra sin afiliación a un sistema de salud. Según las cifras que presentan, pasamos de un 77,2%  en el censo del 2005 a un 96,1 % de personas afiliadas.  

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Sin embargo, este Censo no permite identificar el tipo de servicio que el sistema de salud le está ofreciendo a la población campesina y mucho menos si responde a las condiciones rurales del país. Mi tío tuvo que verse en la obligación de trabajar a diario para desplazarse no hasta el casco urbano del municipio, sino hasta la capital del departamento para recibir una atención precaria, irresponsable y negligente.

Y si revisamos el porcentaje de hogares con adultos mayores, este mismo Censo confirma que hay un aumento del 9,8% respecto al 30,0% en el área rural identificada en el 2005. Hecho que plantea la necesidad de fortalecer un sistema de salud que debe atender a una población adulta, con dificultades propias de la edad y bajo condiciones que dificultan su desplazamiento. Es una condición mínima que debería ofrecer una sociedad que respete y reconozca el tipo de trabajo que desempeñan.

Las cifras identifican que “Boyacá, Cundinamarca, Quindío y Bogotá son los departamentos que presentaron el mayor índice de envejecimiento, por encima de 70 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años. El índice de envejecimiento en el CNA 2014 fue 51,7%, en el CNPV 2005 este índice fue de 26,5%”1. Una razón más para garantizar el acceso a una pensión digna y a tiempo que les conceda disfrutar de su tierra, aún más, cuando sus problemas de salud les impiden seguir trabajando y puede llegar a provocarles estados de ánimo que deterioren aún más su condición de vida.

En este Censo ni hablan los campesinos, ni se habla de campesinos. Para el Estado colombiano, el campesinado no existe. Tratan de presentar la información de una población que habita un área rural que está dispersa, personas distintas a grupos étnicos o trabajadores agrarios en general. No se tomaron el trabajo de identificar las condiciones de vida de un campesino que trabajaba a diario por los demás, con la humildad y el empeño que reflejaban sus manos ásperas y la compañía de sus vecinos de vereda que lo recordarán como líder comunero.

Después de esta situación y de la confrontación real que genera no tener a quién visitar en el campo, reafirmo la defensa del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. A la vereda ni siquiera llegó medicina legal, el único médico del pueblo firmó un certificado sin definir la razón de su muerte, y nosotros quedamos sin el tío y sin la mejor lechona del pueblo.

*Dedicado a la memoria de Isidro.

  1. Para profundizar en los índices de pobreza Multidimensional del Censo ver: http://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-4-Pobreza-y-educacion/4-Boletin.pdf