Mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está emitiendo más de mil sentencias por año, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo remitió 14 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto que muchas variables explican estas diferencias entre el sistema europeo y el interamericano. Sin embargo, la cifra de remisión de casos es igual o incluso menor al número de casos que la Comisión Interamericana remitía hace diez y más años. ¿Eso significa que Europa vive una crisis sistemática de derechos humanos que no se vive en las Américas? Todo lo contrario. La gran diferencia se relaciona con los cada vez más graves problemas de acceso a la justicia interamericana y la diferencia en el respaldo político que estos organismos reciben para cumplir en forma más eficaz su labor. Un ejemplo ilustra el punto: mientras que el Consejo de Europa dispone el 41% de su presupuesto para la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA destina el 9% de su presupuesto a la Comisión y la Corte.

Debido a la crisis presupuestal que enfrenta el SIDH, se ha hecho pública información preocupante sobre la precariedad institucional con la cual la Comisión y la Corte tienen que cumplir con su trabajo. La Corte Interamericana ha perdido el 25% de su presupuesto tras el retiro de donantes internacionales. En la CIDH, la crisis podría generar que en pocas semanas pierda el 40% de su personal, el equipo que trabaja en peticiones y casos pasaría de 21 a 7 personas para tramitar 6.188 denuncias de violaciones a los derechos humanos. Se perdería entonces 40% del trabajo previsto para la gran mayoría de relatorías y grupos que tiene la CIDH para el trabajo con informes temáticos, informes de país, medidas cautelares, entre otros.

En estos momentos, para enfrentar la situación de 1.000.000.000 de habitantes bajo su jurisdicción, la CIDH solo cuenta con 9 milésimas de dólar de presupuesto por persona. Los periodos de sesiones previstos para julio y octubre han tenido que suspenderse, al igual que las visitas in loco previstas para este año. Mientras que algunos Estados de la región aportan voluntariamente más de 13 millones de dólares a la Corte Penal Internacional –que solo tiene abierto un examen preliminar en relación con Colombia-, los aportes voluntarios a la Comisión Interamericana solo superan los 200 mil dólares. De hecho, la crisis financiera actual explota porque se ha recibido en 2016 un millón de dólares menos de contribuciones voluntarias que en 2015.

Sin duda, ello impactará en la tramitación de casos. Tomando como muestra los casos decididos por la Corte IDH en 2015, puede afirmarse que el promedio aproximado de trámite de casos ante el Sistema Interamericano es aproximadamente de 10 años o más. El impacto negativo de ello en términos de acceso a la justicia internacional es evidente. Con la crisis actual esta situación empeorará.

Y para exponer la gravedad de estos problemas, el órgano que estaría llamado a tomar cartas en el asunto, la Asamblea General de la OEA –que se reunió esta semana en República Dominicana-, no logró un consenso de sus miembros para otorgarle un lugar específico en su agenda a este problema. Las organizaciones de la sociedad civil acreditadas para participar en esa Asamblea fueron excluidas de dicho foro durante casi toda su duración. Siguiendo su práctica usual, la Asamblea General le otorgó 6 minutos al Presidente de la CIDH para la presentación del informe anual de la Institución y para explicar la situación.

Es evidente que los Estados parte cuentan con dinero para apoyar a la CIDH. Lo que evidencia la crisis presupuestal de la CIDH es la punta del iceberg de lo que ha sido la historia de los derechos humanos en el SIDH: la CIDH y la Corte IDH, creadas e impulsadas por los Estados, han tratado de cumplir con sus objetivos a pesar de los Estados. Además, la historia de los órganos de protección del Sistema Interamericano está asociada a su impacto en la región pero también al tipo de ataques que han recibido.

Lo que caracteriza a esta última etapa de hostigamiento contra estas instituciones es que a la par de ataques grandilocuentes y agresivos, empiezan a ser más letales los ataques más silenciosos e imperceptibles. Como lo señalara lúcidamente Nelson Camilo Sánchez en un artículo reciente, se trata de un silencioso “jaque mate”. Y es que los Estados ya no necesitan exponerse públicamente en una lucha frontal contra la CIDH o la Corte. Basta con mecanismos más certeros y menos desgastantes para debilitar los órganos interamericanos. Estas estrategias abarcan desde la no contribución para un presupuesto adecuado hasta la designación de integrantes de estos órganos que estén alineados con una agenda contraria al fortalecimiento e independencia institucional de los órganos del Sistema. También puede involucrar dinámicas de litigio de casos ancladas en mala fe (por ejemplo, la no presentación de información o prueba ante la Comisión para luego ser presentada ante la Corte) o artilugios procesales que generen litigios interminables y que hagan aún más desgastante el acceso a la justicia interamericana.

Lo anterior no implica desconocer que el Sistema Interamericano, cuyo corazón han sido las víctimas, también se ha sostenido a través del apoyo histórico de instituciones estatales, Altas Cortes y Gobiernos que han utilizado el ámbito interamericano como un espacio estratégico para el impulso de agendas progresistas en derechos humanos y de defensa de los grupos más vulnerables. Hoy más que nunca se necesita que esos actores institucionales acompañen la movilización política que viene impulsando la sociedad civil en defensa de la CIDH. En estos momentos algunos Estados se han comprometido a colaborar con la CIDH en la superación de esta coyuntura y habrá que supervisar rigurosamente que sus anuncios se materialicen.

Parte de este proceso de movilización política en defensa del Sistema Interamericano se relaciona con una mayor difusión de su impacto, sus desafíos y los retos para hacerlo más eficaz y más legítimo. Estas crisis son importantes para repensar cómo vemos a los órganos del Sistema, cómo mejorar su funcionamiento, sus procesos de gestión y rendición de cuentas y cómo se fortalece aún más la legitimidad que han ganado a lo largo de su historia.

Numerosas columnas de opinión e informes como el de la Red Interamericana de Derechos Humanos vienen insistiendo en estos puntos. En esta columna solo quisiera remarcar que Colombia tiene mucho que agradecer al Sistema Interamericano. A través de decisiones emitidas por la CIDH y la Corte se originaron gran parte de algunas narrativas y criterios sobre la responsabilidad del Estado por los actos del paramilitarismo en Colombia. Informes temáticos generaron la denuncia internacional de atrocidades cometidas en el conflicto armado, que en diversos momentos eran negadas o tergiversadas. La reivindicación de los derechos de las víctimas permitió el desarrollo de jurisprudencia en diversas materias, que ha sido utilizada por Altas Cortes colombiana y órganos de control para fortalecer el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en el ámbito interno. Incluso en el ámbito de las Fuerzas Armadas los precedentes de la Corte llevaron a reformas internas para mejorar su rendición de cuentas y el impulso de trabajo en derechos humanos en diversas áreas. Asimismo, gran parte de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras así como del trabajo de la Unidad de Víctimas tiene en la jurisprudencia interamericana un antecedente que suele retomarse periódicamente y que nutre diversos esfuerzos hacia una mejoría en el acceso a reparaciones respecto a las atrocidades del pasado. Las medidas cautelares han protegido a muchas personas, desde víctimas hasta defensores de derechos humanos e incluso Magistrados de la Corte Suprema de Colombia, estos últimos en el marco de la persecución y hostigamiento que sufrieran en los tiempos de las interceptaciones del DAS y su trabajo en relación con la parapolítica. Esta lista es muy preliminar pero evidencia la magnitud de lo mucho que Colombia tiene que agradecer al Sistema Interamericano.

La CIDH saldrá delante de este impase como lo ha hecho ante los muchos ataques que ha recibido a lo largo de su historia. Debemos aprovechar esta crisis como una oportunidad para crear mayor conciencia sobre la importancia de esta institución para el fortalecimiento de las democracias en el continente. No podemos olvidar que tiene un significado político muy importante que las víctimas tengan esperanza en que ante situaciones de violencia política, arbitrariedad y crisis del Estado de Derecho, existan instituciones interamericanas que contribuyan con el restablecimiento de los derechos. Lo que nos corresponde es luchar contra la forma como los Estados miembros del Sistema Interamericano puedan estar haciendo de esa esperanza una esperanza vacía.


*Óscar Parra Vera es Estudiante de la Maestría en Criminología y Justicia Penal, Universidad de Oxford