Julie Massal

* Julie Massal

Doctorado en Ciencia Política, Universidad Aix-Marseille III, Instituto de Estudios Políticos de Aix-en- Provence (Francia). Post-doctorado de la U. Rovira i Virgili, Tarragona (España). Becaria Lavoisier (2001-2002) del Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia). Investigadora y profesora del IEPRI-UN desde 2005 e investigadora asociada de FLACSO-Ecuador (desde1999). Ha trabajado sobre los movimientos sociales indígenas y su participación en los procesos de democratización en el Área Andina (Bolivia y Ecuador especialmente). También ha trabajado (postdoctorado y proyectos) en el tema de la migración latino-americana a Europa. Titular de la Maestria Profesional en Oficios de libro de la Universidad de Bourgogne en Dijon, Francia, 2017 (mencion Bien).

El 15 de junio, el gobierno de Manuel Valls anunció la posible prohibición de manifestaciones “si las condiciones de seguridad” no son garantizadas por los movilizados, en particular por la Confederación General del Trabajo, CGT, el principal sindicato que lidera la contestación contra la Ley del Trabajo (Ley El Khomri) en debate desde marzo, ahora en el Senado. Esta declaración se dio después de una nueva concurrida manifestación en Paris el 14 de junio (80.000 manifestantes según la policía, 1 millón según los organizadores). En esta protesta ocurrieron, como en varias otras, una serie de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, dejando al menos un herido muy grave (recibió una granada en la espalda), pero también daños contra locales comerciales, bancos o cajeros automáticos y contra el hospital para niños Necker.

Según el gobierno y en particular el Ministro de Interior, B. Cazeneuve, “una horda de manifestantes” y “salvajes” saquearon el hospital1. Luego se comprobó que no hubo daños al interior del hospital y que los vidrios fueron rotos por dos personas aún no claramente identificadas. Así mismo, algunos medios de comunicación han contestado la versión gubernamental a través de la revisión de videos2. No obstante, el gobierno ha instrumentalizado dicha situación, intentado estigmatizar al conjunto de manifestantes y de sindicalistas, y llegando a afirmar que la autorización de manifestar (otorgada para cada manifestación por la Alcaldía) estaría sujeta a una serie de garantías aún más restrictivas, aunque no se aclaró muy bien cuales todavía. Este anuncio no es más que una explícita amenaza al derecho a manifestarse como tal, como lo denuncia una tribuna de varios reconocidos pensadores franceses3.

Después de tres meses de contestación contra la ley El Khomri, se observa un panorama social preocupante. Los enfrentamientos han dejado heridos graves entre los manifestantes por enfrentamientos con la policía, así como la prohibición de circular en ciertas ciudades a varios sindicalistas y manifestantes por ser considerados sospechosos y asignados a residencia, una medida derivada del vigente estado de emergencia (renovado en mayo hasta finales de julio), y algunos periodistas heridos mientras cubrían los acontecimientos. También hay heridos entre los policías, algunos de los cuales han manifestado su descontento con la forma como el gobierno les pide enfrentar a los grupúsculos de saqueadores infiltrados en las marchas y las órdenes contradictorias que reciben al momento de enfrentar la protesta. En conjunto, crece un nivel de fuerte animadversión entre los manifestantes y la policía. Algunos sindicatos de policía y voces del gobierno también han denunciado que la relación entre policía y población se ha degradado desde el mes de noviembre, cuando ocurrieron los atentados, y han señalado la existencia de un “discurso de odio” hacia la policía.

No obstante también existen intentos de acercamiento: la CGT–Policía ha buscado establecer contacto con los manifestantes y con los asambleístas de Noche de Pie4. Existen intentos de diálogo de los manifestantes con los policías “que son trabajadores como nosotros” y surgen voces de policías que cuestionan la Ley del Trabajo5.

Esta situación álgida y el nivel de enfrentamiento pueden entenderse mejor si se examina el modo muy peculiar de manejo del orden por la fuerza pública francesa6. Investigadores y reporteros en este ámbito han demostrado que en Francia predomina un modelo de enfrentamiento, contrario a lo que ocurre en Alemania por ejemplo7. En Francia, según Fillieule & Jobard, “la policía resiste a los nuevos modelos de orden, articulados en torno a la noción de ‘desescalamiento’8. Las prácticas de la policía francesa, en cambio, no se emplean en Alemania, a pesar de que la policía alemana enfrenta también grupos o grupúsculos agresivos u hostiles: “Ningún manifestante esposado y golpeado por un policía. Ningún manifestante botado al pisado y golpeado. Ningún manifestante insultado. Ninguna proyección indiscriminada de gases lacrimógenos en una muchedumbre abigarrada en el metro, bajo pretexto de que se habrían insertado unos “rompedores”(Casseurs)(…)” (2016: 2).

En general los autores resaltan que varios países europeos han adaptado su modelo de mantenimiento del orden para evitar o restringir la confrontación. El modo de intervención francés en las manifestaciones es por ende específicamente agresivo, como lo han evidenciado varios testimonios en los últimos meses y en particular la muerte de un joven militante pacifista y ecologista en octubre de 2014, R. Fraisse, en la protesta contra la represa de Sivens (sur-oeste de Francia), herido por una granada ofensiva cuyo uso está en principio restringido a la dispersión de grupos masivos. Un caso en el cual la responsabilidad del policía (“gendarme”) involucrado ha sido minimizada por el gobierno Valls. El mismo gobierno minimiza hoy la gravedad de los heridos entre las protestas pero enfatiza las heridas de los policías.

El anuncio de restringir el derecho a la protesta también ocurre en un contexto de álgida confrontación entre el gobierno y los oponentes a la construcción de un nuevo aeropuerto en Nantes (nor-oeste de Francia), que se han autodenominado Zadistas, definiendo la zona de construcción prevista como “Zona a Defender” (ZAD) contra los intentos del gobierno de promover dicho proyecto. Los ocupantes de la ZAD han ocupado ya por más de cuatro años la zona y enfrentado varios asaltos policiales para desalojarlos, pero volvieron a ocuparla y a mantener su oposición al nuevo aeropuerto. En este enfrentamiento de largo alcance, el gobierno actual ha mantenido también una actitud de fuerte estigmatización a la protesta y el rechazo a dialogar ha sido la constante. Esta situación sigue estancada aunque se ha convocado a un refrendo local para convocar a la población del departamento sobre este proyecto, referéndum cuyo alcance y propósito también son criticados. Este ejemplo, así como el de la represa de Sivens, han demostrado también la ineficaz gestión local de actores locales y gubernamentales en el manejo de proyectos que enfrentan una fuerte oposición de la población afectada.

Finalmente cabe resaltar la prórroga del estado de emergencia desde noviembre de 2015, en varias oportunidades, y hasta el próximo 26 de julio (por ahora). Esta prórroga, ya en tres ocasiones, pasó por encima de las advertencias de organismos internacionales (Human Rights Watch y Amnesty Internacional en particular) y críticas jurídicas al procedimiento, por su ineficacia en la lucha contra el terrorismo y sus impactos negativos para la democracia, críticas que ya hemos resaltado previamente. El estado de emergencia ha concurrido a mantener un contexto de fuerte sospecha sobre la protesta, con varios líderes sociales arrestados, asignados a residencia o vigilados, y con varios casos de allanamientos de domicilios de personas asignadas que no respetan las reglas básicas del Estado de derecho. Así mismo, abogados han denunciado que los arrestos de líderes sociales no han sido debidamente motivados ni sustentados en pruebas, sino realizados por sospecha a priori por su trayectoria militante. Esto concurre a la criminalización y penalización de la movilización social. O como señalan Fillieule & Jobard (2016: 4): “La judicialización incrementada del mantenimiento del orden se inscribe en una dinámica moderna de represión judicial como indicador de la eficiencia política, la «política de las cifras» tan cuestionada”.

Esa contextualización a corto y mediano plazo del anuncio oficial de prohibir las manifestaciones ayuda a comprender que este anuncio no es casual, anecdótico, ni es una mera reacción emotiva, aunque use las emociones de la población, cuando no las instrumentaliza y las combina con una fuerte tendencia a acusar sin fundamentos o a desinformar. Es a nuestro entender el resultado, por así decirlo, lógico de una evolución y tendencia que parece permear a gobiernos de toda índole, como advirtieron las voces oponentes al estado de emergencia.

Una evolución que incluso se puede rastrear más atrás en el tiempo, pues si bien este proceso de estigmatización o penalización de la protesta ocurre ahora, bajo un gobierno supuestamente socialista y de izquierda, no podemos dejar de recordar las palabras de una ex ministra de asuntos exteriores, M. Alliot-Marie, cuando propuso, delante del Parlamento francés, al gobierno tunecino del entonces presidente Ben Ali, justo cuando iniciaban la protestas en Túnez en diciembre de 2010, “el saber hacer” (savoir faire) francés en “materia de mantenimiento del orden”, con entrega de armas y de consejos estratégicos para reprimir lo que resultaría ser luego la primera revuelta árabe.

Aunque resulte aun difícil de creer para muchos, incluyéndome, que un seudo gobierno socialista sea precisamente el que se disponga a enterrar un derecho tan fundamental como el de manifestar, conquistado con alto costo por generaciones de luchadores sociales y de tan histórica trayectoria, no podemos engañarnos sobre la realidad. Esto ocurre, hoy delante de nuestros ojos.

  1. «L’hôpital Necker a-t-il vraiment été ‘dévasté’ par les ‘casseurs’ ?», Libération, 15-06-2016 : http://www.liberation.fr/france/2016/06/15/l-hopital-necker-a-t-il-vraiment-ete-devaste-par-les-casseurs_1459622
  2. Libération, 15-0-2016, op.cit.
  3. «Nous continuerons à manifester» (collectif), Libération, 16-06-2016 : http://www.liberation.fr/debats/2016/06/16/nous-continuerons-a-manifester_1459962U
  4. El encuentro de ciudadanos en Plaza de la Republica « Noche de pie » sigue vigente desde el 31 de marzo. Ver Massal Julie, “La convergencia de luchas sociales en Francia : retos y perspectivas”, Palabras al Margen, 14 de abril de 2016, Edición 79: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/la-convergencia-de-luchas-sociales-en-francia-retos-y-perspectivas?category_id=697
  5. «La tenace volonté de proposer la paix entre policiers et manifestants», 15-06-2016, por L. Lavocat, Reporterre : https://www.reporterre.net/La-tenace-volonte-de-proposer-la-paix-entre-policiers-et-manifestants
  6. Ver el análisis comparado de Fillieule O. & Jobard F. “Un splendide isolement : les politiques françaises de maintien de l’ordre”, La vie des idées: http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20160524_police.pdf
  7. «En Allemagne, la police ne blesse pas les manifestants» por V. Bonnebas & S. Millard, Reporterre, 1-06-2016. http://reporterre.net/En-Allemagne-la-police-ne-blesse-pas-les-manifestants
  8. En francés : “désescalade”, o sea evitar el ascenso de la confrontación y buscar medios para aminorarla.