* Palabras al Margen

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El 23 de junio el presidente Juan Manuel Santos en nombre del Gobierno de Colombia y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, como Comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dieron vía libre en La Habana al “Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales…”1. Este acuerdo cierra el punto 3° de la Agenda de negociaciones, “Fin del Conflicto, Cese al Fuego y| Garantías de Seguridad”; y resulta fundamental porque además define el número y las áreas de las zonas de ubicación de los frentes guerrilleros para permitir la verificación del cese bilateral del fuego, así como para determinar el cronograma de la dejación de armas y las garantías de seguridad para los combatientes.

La presencia de invitados especiales como el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el Presidente del Consejo de Seguridad, el Presidente de la Asamblea General, al lado del Presidente de Cuba, Raúl Castro, del Canciller Noruega, Borge Brende, como representantes de los países garantes, así como la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet y el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en representación de los países acompañantes; además de la asistencia del Presidente de República Dominicana, en calidad de Presidente de la CELAC; el presidente de El Salvador, el Presidente de México y los enviados especiales para el proceso de paz de los Estados Unidos y de la Unión Europea, dio cuenta de la transcendencia de este acuerdo, nada menos que el fin de las hostilidades entre el Estado y las FARC después de más de 50 años de confrontación.

Para llegar al fin de la guerra resta culminar las negociaciones, la firma del acuerdo general y definitivo y su refrendación con el plebiscito que probablemente autorizará la Corte Constitucional y que fue aceptado finalmente por las FARC-EP como mecanismo de refrendación. Además de lograr concretar las esquivas tentativas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para aspirar a una paz completa.

El fin del conflicto armado debe llenarnos de alegría y optimismo, en cuanto la posibilidad de construir un país democrático, moderno, incluyente y en paz. Todas estas aspiraciones derivadas de los siglos XIX y XX y aplazadas hasta hora, podrían ser una realidad y nos fijan una agenda como sociedad.

Un primer elemento para avanzar hacia un nuevo país, debería contener un fundamento ético centrado en el respeto a la vida y a la dignidad humana. El fin del conflicto nos enfrenta a diversas formas de violencia, a temores sobre el contenido y los alcances de los acuerdos, a sectores que atizarán las diferencias sociales y políticas, para mostrar una inestabilidad y que la paz nada cambiará. Por lo tanto, será necesario convocar a toda la nación para aprender a construir pacíficamente en medio de la diferencia, recordando el Artículo 1° de la Constitución de 19912, para reconocer la diversidad étnica, cultural, social y de opciones sexuales que conforman la Colombia del siglo XXI. Recuperar el valor de la vida, junto a la tolerancia y el respeto por los otros y otras, serán determinantes para la reconciliación.

Este acuerdo y el definitivo que debería firmarse en los próximos meses, tendrían que llevarnos a los colombianos a la necesaria construcción de un proyecto de país acorde con el siglo XXI. Este proyecto debe tener fundamento en la idea básica de la construcción de una nación democrática, incluyente y respetuosa del medio ambiente, donde puedan convivir pacíficamente diversas concepciones ideológicas, políticas y económicas. El derecho a la diferencia, el respeto a la diversidad, la posibilidad de hacer política libremente sin temores, deberían ser los mínimos acuerdos de nuestra sociedad.

El fin de las hostilidades y la dejación de las armas, siendo un gran avance, no significará que como por arte de magia desaparezcan los conflictos y las controversias sociales, políticas y económicas de la sociedad colombiana y, menos aún, que haya que abandonar el debate por el modelo de sociedad y de Estado que queremos para Colombia. Por el contrario, el advenimiento de lo que denominamos paz debe representar la oportunidad para generar espacios y garantías para profundizar este tipo de discusiones, para que la política ocupe el espacio dejado por las armas y que nunca más las armas reemplacen a la política.

En este sentido, le corresponde al Estado, pero también a la sociedad, entender la necesidad de brindar espacios para que organizaciones como las FARC-EP y el ELN tengan acceso a la representación política nacional y local, a través de figuras como circunscripciones especiales temporales, para que presenten a la colectividad nacional sus propuestas políticas. Junto a ello se debe propender por la protección y garantías a las organizaciones políticas y sociales para el ejercicio de sus tareas, así como promover el respeto y la defensa de los derechos humanos para toda la ciudadanía.

Los Acuerdos alcanzados hasta ahora entre el Gobierno y las FARC-EP, pero especialmente el segundo, denominado “Participación política: apertura democrática para construir la paz”, suscrito el 6 de noviembre de 2013, convoca a ampliar y garantizar la participación ciudadana, como mecanismo para profundizar una democracia deliberativa y con amplia legitimidad. Ampliar participación ciudadana, más allá del ritual periódico de votar en las elecciones nacionales y locales, ha sido por muchos años una aspiración de diversos movimientos sociales y fuerzas políticas en la idea de establecer un Estado democrático y moderno.

La Constitución de 1991 consagró este anhelo con el fin de superar las limitaciones de la democracia representativa, estableciendo los preceptos constitucionales para complementarla con una democracia participativa. Después de 1991 una gran cantidad de leyes, normas legales, fallos jurisprudenciales, hasta la más reciente Ley 1757 de 20153, desarrollaron este principio, incorporando mecanismos e instancias de participación cuyo propósito era permitir a la ciudadana informarse y ser consultada sobre diversos temas y en muchos sectores de la vida nacional.

Pero pareciera que el resultado ha sido el de institucionalizar la participación de la ciudadanía, formalizándola y quitándole no solamente el valor de la creatividad y de la espontaneidad, sino fundamentalmente su capacidad decisoria, desproveyéndola del sentido profundamente político que debe tener como fundamento de la construcción de una democracia incluyente. Hoy la participación no es más que un ritual, sin interés para la población y sin que sus opiniones y recomendaciones sean atendidas y consideradas seriamente por las instancias públicas.

Como ejemplo reciente, puede citarse el caso del proceso constitucional y legal de expedición del concepto sobre el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” por el Consejo Territorial de Planeación Distrital, CTPD, al cual la administración Peñalosa no solamente le puso en consideración un documento incompleto, porque solo tenía las bases del Plan y no estaba acompañado del Articulado y del Plan Financiero, además de unas metas e indicadores mal formulados, sino que, lo más grave, este proyecto no incorporaba las medidas más polémicas que luego fueron presentadas y aprobadas por el Concejo Distrital (las privatizaciones y peajes, entre otras). Además, las observaciones y recomendaciones del CTPD en su casi totalidad no fueron tenidas en cuenta por el gobierno de Bogotá. Por tanto, ¿qué sentido tiene el cumplir el ritual de consulta y participación si se hace trampa ocultando información y si no se consideran sus sugerencias?

Esta reflexión debe abordarse en el proceso de construcción de paz e implementación de los Acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC-EP, porque buena parte del éxito de este proceso está en ampliar las condiciones para una masiva participación de la ciudadanía, especialmente en el ámbito territorial, por el acento de propiciar una construcción colectiva de abajo hacia arriba de una democracia amplia, deliberativa y legitima. Si la participación se limita a lo contemplado en la Ley Estatutaria para esta materia, me temo que no saldremos de un proceso formalista que desgasta a la ciudadanía y la desmotiva. Necesitamos plantearnos seriamente el propiciar espacios y formas de participación que recojan desde las formas tradicionales, las Juntas de Acción Comunal, hasta las más recientes como las derivadas de la extendida propiedad horizontal, pasando por formas sectoriales y de intereses particulares, con el propósito de que puedan tener capacidad de decisión sobre aspectos de la vida pública y presupuesto para ejecutar sus acciones, de lo contrario podríamos perder una oportunidad para profundizar nuestra convivencia, para avanzar en la construcción de ciudadanía y enriquecer la democracia representativa reduciendo las brechas de desarrollo social, económico y cultural que hoy tenemos. La paz vale el intento de ampliar nuestra democracia con más y mejor participación ciudadana.

  1. Comunicado Conjunto No 75 – Anuncio sobre Punto 3 de la Agenda General. La Habana 22 de Junio de 2016.
  2. Artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Constitución Política de Colombia, 1991.
  3. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.