Nicolás Jiménez

* Nicolás Jiménez

Estudió filosofía en la Universidad de los Andes y está realizando una Maestría en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en la Universidad de Manizales. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es activista por los derechos de los animales

Es así como, transformando la humillación de estos claustros, el

encuentro se convierte en el dispositivo pedagógico fundamental de la

participación en la solución del conflicto colombiano.

Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo

Cárcel Bellavista de Medellín-Antioquia

¡Lo que pasa en las cárceles no es una crisis, es una política de Estado!

La actual situación carcelaria que vive el país no sólo es crítica sino crónica. El pasado 5 de mayo la propia Defensoría del Pueblo señaló que la declaratoria de emergencia carcelaria decretada por el nuevo Ministro de Justicia, Jorge Londoño, es “tan solo un paliativo que no le permite al Gobierno adoptar medidas legislativas de fondo, como flexibilizar los requisitos para la concesión de subrogados penales (libertad condicional, prisión domiciliaria y el sistema de vigilancia electrónica)”1.

No estamos ante una crisis, como frecuentemente insiste el Gobierno, sino ante una prolongada y degradante institución del castigo, del encierro y de la exclusión que carcome la vida de miles de hombres y mujeres en las cárceles del país como resultado de políticas de Estado en materia penal y penitenciaria. Son ya conocidos los síntomas de dichas políticas, pero las medidas que se aplican, además de carecer de instrumentos que permitan implementarlas de manera eficaz, no son congruentes con los propósitos de dignificación de la población reclusa que el Estado colombiano está en la obligación de garantizar.

Ninguna medida urgente aplicada por el Estado ha logrado darle soluciones satisfactorias a la población carcelaria. Pero no se trata tanto de un problema de incapacidad e ineficacia técnica, como de voluntad política. Los entes gubernamentales a los que les compete atender esta problemática son generalmente hipócritas: reconocen la gravedad de la problemática pero continúan aplicando las mismas fórmulas que contribuyen a su profundización. Por otro lado, los medios masivos de comunicación responden más a la fascinación que hemos desarrollado por la violencia física y visible, que por el carácter injusto, represivo, antidemocrático y guerrerista de las políticas que promueven esos hechos de violencia, es decir, por la violencia estructural del modelo carcelario y de la política criminal colombianas.

El incendio del 27 de enero de 2014 que tuvo lugar en la cárcel Modelo de Barranquilla es un claro ejemplo de esto. Las noticias hicieron eco de los heridos y muertos, mostraron imágenes de familiares cubiertos en lágrimas por la pérdida de sus parientes y amigos, y aunque no faltaron las palabras de solidaridad ante el desafortunado hecho, el verdadero problema nunca ocupo un lugar principal ni en las noticias ni en las preocupaciones del Gobierno para quien la problemática se limita únicamente a un asunto de cupos carcelarios. Como si se hubiera tratado de un lamentable “accidente”, que con ceremonias religiosas y visitas filantrópicas pudiera ser paliado2, el Gobierno no da muchas muestras de querer solucionar los problemas de fondo que originaron este hecho, entre otros.

A pesar de los llamados de la Corte Constitucional para modificar de raíz la política carcelaria y de la Defensoría del Pueblo para que se decrete la emergencia social carcelaria3, el Gobierno continúa dando gestos de “buena voluntad” como la aprobación del proyecto de Ley 161 de Senado de 2016 y 232 de Cámara que representa un retroceso significativo para reducir el hacinamiento por medio de medidas no privativas de la libertad4.

Lo que pasa en Colombia en relación con la problemática carcelaria es que se cambia de tema muy fácilmente. Como en otros asuntos, los problemas fundamentales siempre se dejan para otro momento, ¡o no son culpa de nadie! O son culpa de los pobres. El Gobierno se ha encargado de aplicar reformas que en ningún caso avanzan hacia la superación del modelo. Al contrario, el verdadero objetivo del Gobierno ha sido el de profundizar y prolongar esta situación encarcelando a más personas.

Tanto las entidades públicas encargadas de velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como numerosas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional afirman, acertadamente, que el Gobierno ha sido “incapaz” de impulsar una política carcelaria que permita superar las graves violaciones a los derechos humanos al interior de los penales. Pero no es que sea incapaz, es que no quiere. Más que un problema del Gobierno, es un problema que han creado quienes han gobernado históricamente en Colombia. Un preso de la cárcel Picota en Bogotá insistía justamente en esto en el marco de un Diplomado sobre Derechos Humanos y Sistema Penitenciario realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, el Congreso de los Pueblos y diferentes organizaciones de derechos humanos: “Lo que pasa en las cárceles no es una crisis sino una política de Estado…. ¡Pero ojo! la solución no está en quitarle al Estado la responsabilidad de hacer frente a esta situación. Se trata de cambiar la correlación de fuerzas a su interior y avanzar en la construcción de una política criminal y penitenciara garante de los derechos humanos”5.

Privatizar las cárceles es profundizar la guerra

Para Donna Selman y Paul Leighton fueron dos los factores que crearon las condiciones adecuadas para privatizar las cárceles en Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado: la primera, fue la guerra que Ronald Reagan le declaró al sector público. En su discurso inaugural como presidente, Reagan enfatizó en que el Gobierno era el principal problema y propuso privatizar la mayoría de sus funciones. La segunda, fue la implementación del enfoque de mano dura contra el crimen que priorizaba el castigo en lugar de la prevención del delito6. Estas dos fuerzas están vigentes hoy en la mayoría de países de América Latina. El castigo no es únicamente un mecanismo contra los parias del sistema, los pobres y los rebeldes: se convirtió también en un lucrativo negocio al servicio de la dominación de las clases más desfavorecidas.

En un contexto en el que las desigualdades sociales, políticas y económicas se profundizan y el sector público pierde legitimación, la fórmula de la privatización7 se constituye como el principal criterio para la eficacia administrativa, y las prácticas de represión y castigo no escapan a ésta. La pregunta sobre cómo superar la ineficacia del Gobierno para resolver los graves problemas que padecen las personas privadas de la libertad tiende a ser contestada apelando a una supuesta excepcionalidad histórica del mercado para resolver todos los problemas que tiene la sociedad.

Las cárceles: un escenario para participar y transformar

La cárcel es un mecanismo de control social y político funcional a los intereses de las grandes élites mundiales y regionales8. Por eso la tarea fundamental no sólo radica en reconocer los problemas estructurales de la política criminal y del modelo carcelario, sino en construir una estrategia que permita superar esa política y ese modelo, como parte de una propuesta de país, de nuevo gobierno y de paz con justicia social, con la participación de la población carcelaria. Mientras se hable de paz sin que se discuta la política criminal y el modelo carcelario, vamos a seguir en la misma situación. Como afirma el Colectivo de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo de la Cárcel Bellavista, en Medellín, “se habla del fin de la guerra, pero no de la política penal y penitenciaria. Lo que quiere decir que nos van a seguir aplicando el mismo modelo”9.

La cárcel es un escenario de resistencia, de creación y de disputa política. Las personas privadas de la libertad son sujetos políticos activos que, a pasar del castigo, el encierro y la tortura, llevan a cabo procesos de resistencia, de participación y de construcción de propuestas. El espacio carcelario puede llegar a ser “un espacio pedagógico para el encuentro”, como sucede con la propuesta de Territorio para la siembra10, en la cárcel de Bellavista en Medellín. Así mismo, son muchos los ejemplos de reuniones, cátedras, diplomados, talleres, audiencias11, etc., a través de los cuales los presos construyen su vida política, formativa y participativa para elaborar propuestas y organizar procesos de movilización como ejercicio para la defensa de sus derechos y por la construcción de una política criminal y penitenciaria que realmente reivindique la dignidad y la libertad humana.

El momento exige la confluencia de todos los procesos, de todas las agendas y de todas las esperanzas del conjunto de la sociedad. Para esto la participación de la población privada de la libertad y sus familias es fundamental y necesaria, no solo como un ejercicio de defensa de los derechos humanos, sino como una garantía para una verdadera democracia, base fundamental para la superación del conflicto y la edificación de una paz con justicia social.

  1. http://www.defensoria.gov.co/public/es/nube/noticias/5171/Defensor%C3%ADa-considera-insuficiente-la-declaratoria-de-emergencia-penitenciaria-y-carcelaria-crisis-carcelaria-hacinamiento-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-emergencia-carcelaria.htm
  2. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incendio-en-carcel-de-barranquilla-un-ano-de-la-tragedia/15156736
  3. El pasado 5 de mayo el nuevo Ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó la emergencia carcelaria por la grave situación de salud que padecen las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del país. Esta medida busca otorgar facultades especiales a la USPEC y al INPEC – para afrontar la grave crisis humanitaria en materia de salud, debido a los altos índices de corrupción y a la incapacidad del sistema penitenciaria para proteger y garantizar este derecho. Sin embargo, y como la propia Defensoría del Pueblo lo manifestó, esta medida es insuficiente.
  4. Comunicado de La Comisión de seguimiento de la Sociedad Civil, conformada el 9 de junio de 2015, por representantes de diversos sectores académicos, políticos y sociales para darle seguimiento a la Sentencia T -388 de 2013.
  5. Diplomado en Derechos humanos y sistema penitenciario realizado durante los meses de abril y junio de 2016 en la Cárcel COMEB, Estructura 3, Picota – Bogotá.
  6. Selman, D. y Leigthon, P. Punishment for sale. Private prisons, big business, and the incarceration binge. Lanhman, Rowman & Littlefield Publishers, 2010.
  7. El último COMPES de política carcelaria y penitenciaria (3829) insiste precisamente en darle mayor protagonismo a las asociaciones público privadas (APP) que, de acuerdo con el Gobierno nacional, posicionan al sector privado como “actor estratégico” para la consecución de “resultados eficaces” en materia carcelaria en el país.
  8. http://www.revistapueblos.org/?p=20152
  9. Entrevista realizada al Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo de la Cárcel Bellavista, en Medellín, el día 23 de junio de 2016.
  10. De Currea-Lugo, V. (Editor). “Territorio para la siembra”. En: Metiéndole pueblo a la paz. Para la participación de la sociedad en el proceso de paz Gobierno-ELN. Bogotá, Minga – Uso, 2016.
  11. Durante el mes de junio se realizaron cuatro audiencias en Ibagué, Bucaramanga, Medellín y Cúcuta sobre el Proyecto de Ley de Des-hacinamiento, en el marco de un proceso de participación que involucró a los presos, sus familias y diferentes organizaciones de derechos humanos. Contó con el apoyo del representante Víctor Correa y el Senador Alberto Castilla.