Daniel Pardo Cárdenas

* Daniel Pardo Cárdenas

Egresado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la Maestría en Filosofía en la Universidad de Los Andes. Sus intereses de investigación están orientados a la filosofía política moderna y contemporánea.

Quiero sumar mi voz a la preocupación que ha causado la aprobación del nuevo Código de Policía en el Congreso. Como se ha mostrado a nivel jurídico y político respecto a la finalidad de esta normatividad, que en palabras del ministro de Defensa es “mejorar la convivencia ciudadana”, el resultado que se avizora con su implementación será el contrario al proyectado. En lugar de paz y convivencia, con los poderes arbitrarios que se le otorgan a la Policía con este código, enfrentamos la legalización de una fuerza represiva que irá en detrimento de derechos fundamentales para la consolidación de una democracia (libertad, protesta, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, entre otros). Sumado esto a los numerosos casos de corrupción en los que ha estado envuelta esta Institución y a la alta percepción de ilegitimidad que la población tiene de ella, la conclusión parece inevitable: la confrontación, y no la convivencia, será el resultado de este proceso.

Desde distintos sectores se ha argumentado que esta conclusión exagera las dimensiones de la reforma. Dada la urgencia de actualizar el código que se decretó en 1970, se dice, el éxito de la implementación del nuevo depende de dos factores principales. Por una parte, el general Nieto, actual director de la Policía, ha afirmado que aparte de los mecanismos que la institución tiene para controlar y regular sus procedimientos, hace falta establecer otros tantos frente a la nueva normatividad1; de manera que las dudas que se expresan frente a la implementación del nuevo código no tienen en cuenta la capacidad de la entidad para ejercer el control y seguimiento de sus procedimientos –como, irónicamente, ya se ha hecho de facto al permitir que la propia institución haya dado a luz a este código (razón suficiente para indagar por la orientación de la normatividad)– y para ajustar la regulación que haga falta en los artículos. Según esto, a nivel legal, habría que esperar la reglamentación de los procedimientos específicos de los artículos polémicos, confiar en la Policía y el proceso democrático, y ver qué pasa.

Con todo, por sensato que esto pueda parecer en primera instancia, se han señalado suficientes razones para mostrar que este código tiene problemas jurídicos de fondo y no circunstanciales. Algunos investigadores han encontrado que varios artículos legalizan conductas represivas y estigmatizadoras. Reseñaré tres ejemplos.

En primer lugar, con la aprobación de las requisas a discreción de los agentes policiales, es decir, sin que ellos estén obligados a justificar su decisión, la población estaría sujeta a mecanismos de control que atentan contra derechos como la presunción de inocencia y la libre circulación, el debido proceso, entre otros. Esto tiene un agravante en relación con el artículo que permite la detención de personas sin orden judicial. En palabras de Mauricio Albarracín, puede haber un “traslado preventivo” de este tipo: “Cuando [se] “deambule indefenso”, alterado en su “conciencia por aspectos de orden mental”, cuando esté bajo los efectos del alcohol o las drogas, cuando tenga comportamientos “agresivos o temerarios”, realice “actividades peligrosas o de riesgo” y cuando “tenga una discusión con un policía”2. Con la vaguedad de estas causales, se está sujeto a una detención administrativa tanto por encontrarse en un animoso estado afectivo en la vía pública, como por demandar las razones por las que se exige una requisa. En una palabra, en lugar de las garantías que debe ofrecer un Estado de derecho, en este esquema prima la sospecha, la vigilancia y la autoridad del monopolio de la fuerza.

En segundo lugar, Sebastián Lalinde Ordóñez ha mostrado que la vaguedad de la norma que penaliza con multa los “actos sexuales que generen molestia a la comunidad” obliga a reparar en procesos que actualmente corren en la Corte Constitucional en razón de la discriminación de género. Pues expresiones de afecto entre parejas homosexuales, como “cogerse de la mano y besarse” en lugares públicos, han sido penalizadas por fuerzas públicas y privadas, tendencia que, a la luz del contexto en el cual nos encontramos, se intensificaría. Además, en buena lógica él señala algo que resulta de todo interés. Como el código contempla que quien no pague las multas deberá ser arrestado y “existe evidencia cuantitativa y cualitativa de que los pobres son una de las poblaciones que más contactos tienen con los policías…los más multados serán los pobres que, si no pueden pagar las multas, terminarán arrestados”. De manera que tenemos “un código que criminaliza la pobreza”3. Esto se refuerza con el hecho de que la prohibición de ventas informales en el transporte público desconoce las condiciones laborales desfavorables a las que está sujeta cerca del 50% de la población, que encuentra en el empleo informal una alternativa –condiciones que recaen sobre la responsabilidad del Estado, valga decir–.

En tercer lugar, la norma que restringe el derecho a las protestas espontáneas atenta directamente contra un ejercicio democrático primordial. Por su carácter espontáneo, una manifestación de este tipo busca llamar la atención sobre un hecho urgente y una necesidad social que debe ser atendida. Su criminalización es, entonces, un ejercicio brutal de pacificación que nada tiene que ver con el diálogo o la convivencia –y suficientes ejemplos de esto nos ha dado la actual administración de Bogotá–.

Por esta vía podemos extraer una consecuencia general. El “voto de confianza” que le ha dado el legislativo a la Policía con la aprobación de la normatividad, pone a prueba no solo a la institución sino, además, al proceso democrático. Si tenemos en cuenta los problemas señalados, además de tantos otros muy graves que se derivan del código –como el allanamiento a domicilios sin orden judicial, por ejemplo–, como lo dice el representante Alirio Uribe, dan cuenta de un ‘pupitrazo’ por parte del legislativo4, antes que de un estudio juicioso de una normatividad fundamental para la sociedad colombiana.

Por todo lo anterior, entonces, la oposición al código de policía, a nivel legal, está más que justificada.

Ahora bien, volvamos, por otra parte y para terminar, a la segunda razón que se ha dado para afirmar la necesidad de la reforma. Se dice que este código es apenas la expresión, “un componente” más, de “un cambio cultural que no da espera” en la sociedad colombiana5. Con esto se ha querido señalar que la normatividad solo será exitosa, y no represiva, en la medida en que los ciudadanos comprendan que se trata de “sensibilizar” y poner en marcha la “cultura ciudadana” para evitar los problemas que se presentan a nivel de convivencia hoy en día. Sea lo que sea la cultura ciudadana, en días pasados, en la editorial de El tiempo citada anteriormente, se logró ilustrar lo que se esperaría como resultado de la correlación entre cultura y código:

“Si todo el peso de esta tarea recae sobre estas normas, tendrán razón entonces quienes hoy califican [el código] de represivo. Para que no sea así es necesario, desde el Estado, desde los hogares, jugársela toda por impulsar una pedagogía de la convivencia que debe apuntar a un norte muy claro: enseñar a ponerse en los zapatos del otro.

Este ha de ser el gran principio rector del comportamiento ciudadano. Así se conseguirá, como es deseable, que se obedezcan las pautas de conducta no por temor a la sanción, sino porque se entiende que las acciones de cada uno repercuten en la vida de otros. Que el excremento de mi perro puede ocasionarle un percance a otro transeúnte; que los vatios de mi equipo de sonido pueden perturbar el sueño de un menor vecino, un enfermo; que al colarme en TransMilenio perjudico sobre todo a los usuarios que sí pagan, pues son ellos quienes terminan costeando mi desplazamiento”.

Si bien algunos podrían estar dispuestos a reconocer el valeroso e irrisorio esfuerzo de la editorial por reencauchar el misticismo cristiano en nuestros días, queda una pregunta en pie. Según esta esperada correspondencia entre el derecho y el deber ¿tendríamos que entender, entonces, que las multas y el arresto son profundas y creativas ‘sugerencias’ de conducta, antes que un ejercicio puro y duro de la fuerza pública y del monopolio de la violencia del Estado?

Pues bien, esta mistificación es tan peligrosa como la propia normatividad, en la medida en que hace recaer sobre la población la responsabilidad de no ser reprimida y, por este camino, justificar decididamente la primacía de la fuerza sobre el derecho. Cualquier parecido con una amenaza no es mera coincidencia. Que la familia y el prójimo lleven a obedecer antes de que la Policía tenga que intervenir, es una política del miedo, no de la “cultura ciudadana”.

El ejercicio material de la fuerza pública, como lo hemos reseñado anteriormente, es percibido negativamente por la población y ha afectado la legitimidad de la Policía, de manera que no es comprensible por qué se resta importancia al contexto en el cual se exige de los ciudadanos una “conducta ejemplar”. ¿Sobre qué base se puede reprimir y exigir una cierta conducta si se desconocen las condiciones materiales de vida, sin que esto implique un ejercicio despótico de la fuerza? Sumemos a esto el hecho de que los casos de corrupción, que han ido desde el abuso sexual hasta la alianza con organizaciones delictivas, unidos a la tendencia de los agentes policiales a seleccionar grupos sociales específicos (como a los homosexuales, los pobres, las personas racializadas o los jóvenes identificados como pertenecientes a “tribus urbanas”) como objeto de sospecha y confrontación, han contribuido a deslegitimar la institución en su conjunto6. Por lo tanto, “el voto de confianza” en la probidad de la Policía no es una opción; por el contrario, limitar su poder y, de hecho, implementar mecanismos que fortalezcan los derechos ciudadanos, es la prioridad.

En conclusión, en la medida en que este código no sea modificado radicalmente, es decir, que sea la prevalencia de los derechos de la ciudadanía, antes que la fuerza, el orden y el control, lo que se privilegie con esta reforma, no hay razones para pensar que lo que está en juego es, en medida alguna, el bienestar social.

  1. Ver: http://noticiasunolaredindependiente.com/2016/06/19/noticias/segun-representante-alirio-uribe-el-congreso-aprobo-sin-leer-el-nuevo-codigo-de-policia/
  2. Ver: “Un código para la arbitrariedad policial”: http://www.elespectador.com/opinion/un-codigo-arbitrariedad-policial
  3. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-desatinos-del-nuevo-codigo-de-policia-articulo-636907
  4. Frente a los entuertos jurídicos que se derivarán de esta normatividad, el análisis de Héctor Riveros es interesante: http://lasillavacia.com/historia/si-colombia-gana-solo-se-puede-celebrar-dos-dias-despues-56200
  5. Ver: “Editorial: el nuevo Código de Policía”. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-nuevo-codigo-de-policia-editorial-el-tiempo-21-de-junio-de-2016/16625592
  6. Ver: La Rota Uprimny, Miguel y Bernal Uribe, Carolina (2013). Seguridad, policía y desigualdad. Encuesta ciudadana en Bogotá, Cali y Medellín. Recuperado de: http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.607.pdf