Andrea Barrera

* Andrea Barrera

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con título de maestría en ciencias sociales, especialidad en género, política y sexualidades de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias sociales -EHESS-. Adelanta estudios de doctorado en sociología y género en la Universidad Paris 7. Integrante del grupo de investigación en Teorías Políticas Contemporáneas -TEOPOCO- y del Colectivo Adelinda Gómez: territorio, género y violencias

Hace un par de semanas, la Corporación Humanas Colombia presentó su tercer informe de seguimiento al cumplimiento del Estado colombiano a la resolución 1325 de 2000 y de las subsecuentes resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre Mujeres, paz y seguridad. Las conclusiones y los análisis del informe son importantes en la medida en que nos presentan un panorama general sobre la situación de las mujeres colombianas en términos de participación política, de derechos humanos, de las condiciones de seguridad, de las medidas de protección, así como de las múltiples violencias de las cuales son víctimas.

El informe en su integralidad es interesante, sin embargo en este texto1 quiero concentrarme en la subparte dedicada a la participación de las mujeres en la mesa de negociación de La Habana, que hace parte del segundo componente del informe dedicado a los indicadores de participación. Sin la intención de ser repetitiva, y mucho menos aguafiestas, creo que se trata de un tema relevante pues pone de presente un elemento que, en mi opinión, es común a las negociaciones con las FARC-EP y (ojalá) con el ELN: su relación problemática, en tanto que limitada e incompleta, con la paz. Sin desconocer la importancia de las negociaciones en términos de la construcción de la paz en el país, pues son esenciales, éstas no son más que uno de los tramos de un largo camino sin un punto de llegada conocido de antemano. Para decirlo claramente, como las negociaciones no pueden y no deben resolver lo divino y lo humano, no está de más tener de presente que 1) no habrá paz sin una solución política al conflicto armado, pero 2) la paz no empieza ni se termina con las negociaciones. Éstas son, de cierta manera, un pasaje imprescindible de ese largo camino, que con sus avances y obstáculos nos permite identificar algunos de los retos que como sociedad deberemos afrontar tras la firma de los acuerdos entre el gobierno colombiano y las insurgencias.

En términos de la participación de las mujeres en las actuales negociaciones en La Habana, los avances son innegables. Efectivamente, aunque no sean muy numerosas, las mujeres han participado desde el inicio de las negociaciones exploratorias. No es menor el hecho de que Sandra Ramírez, representante de las FARC-EP, Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi, representantes del gobierno colombiano, hayan firmado el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que se establece formalmente la agenda que está siendo discutida en La Habana. Tampoco es menor que tanto en el equipo negociador del gobierno como en el de las FARC-EP, las mujeres hayan participado desde el inicio en la mesa de negociación, aunque no siempre como miembros plenipotenciarios. En el caso del gobierno, como lo resalta el informe, desde el 2013 dos mujeres ocupan esta posición dentro del equipo negociador y más de la mitad del equipo técnico de asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está compuesto por mujeres. Asimismo, en la página de internet de las FARC-EP dedicada a las negociaciones, cuatro mujeres aparecen como integrantes de la delegación de paz del grupo, aunque no se especifique su rol dentro del equipo negociador.

Más importante aún, en septiembre de 2014 se instaló formalmente la subcomisión técnica de género, con el propósito de integrar los puntos de vista de las mujeres tanto en los acuerdos parciales de la agenda como en la integralidad del eventual acuerdo de paz entre las partes. Esta subcomisión constituye una iniciativa de suma importancia en términos de la participación de las mujeres en los procesos de negociación del conflicto armado en el país, pues nunca antes un proceso de negociación entre el gobierno colombiano y un grupo armado había establecido un espacio de discusión y de asesoramiento técnico para integrar las lecturas, las necesidades específicas y las propuestas de las mujeres en los acuerdos. Adicionalmente, es destacable que Colombia Diversa, una organización dedicada al reconocimiento de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la población LGBTI, haya participado en una de las sesiones de esta subcomisión. Al ver la composición de los tres grupos de representantes de organizaciones de mujeres, feministas y LGBTI que fueron a La Habana y participaron de las discusiones con esta subcomisión, es inevitable ver el esfuerzo por integrar una perspectiva de género en la mesa de negociaciones, por medio de la escucha de diferentes voces, posiciones y propuestas frente al conflicto armado, el período de post-acuerdo y la construcción de la paz. Esto implica que se ha dado la posibilidad de pensar el conflicto armado y su terminación desde otros cuerpos y otros escenarios, que se encuentran generalmente excluidos de las interpretaciones hegemónicas del mismo.

Sin embargo, más allá de estos hechos que constituyen, en mi opinión, avances significativos no sólo en términos de las negociaciones, sino sobre todo en términos de la participación de las mujeres y las personas LGBTI en los espacios públicos en el país, nada nos impide ver sus límites y obstáculos. Y nada nos impide ver tampoco que a pesar de su importancia, esta participación no se reduce (¡afortunadamente no se reduce!) a las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno de Santos, porque si las organizaciones de mujeres, feministas y LGBTI tienen un lugar en la mesa de La Habana, especialmente a través de la subcomisión de género, eso no se debe sólo a una suerte de buena voluntad de las partes que están negociando. En otras palabras, no se trata de un favor que el gobierno y las FARC-EP le están haciendo a las organizaciones, a las mujeres o a las personas LGBTI; ni se trata de un buen gesto que demuestra el progresismo de las partes. Se trata, en cambio, de uno de los resultados del enorme trabajo que estas organizaciones han venido haciendo durante años, no sólo por la terminación del conflicto armado, sino sobre todo a favor del pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI en el país, como elemento imprescindible para la construcción de la paz. Así que las preocupaciones y las propuestas que fueron presentadas por estas organizaciones y que fueron discutidas con la subcomisión de género anteceden por mucho las negociaciones de La Habana y, evidentemente, no se agotan en ellas.

En ese sentido, más allá de las cifras, el informe de la Corporación Humanas pone de presente que aunque las mujeres han participado en diferentes espacios y en diferentes “roles” en La Habana, también han estado ausentes en otros espacios claves de las negociaciones. Sólo a título de ejemplo, ninguna (¡!) mujer fue invitada como experta a participar de las discusiones sobre el desarrollo agrario integral ni en las discusiones sobre participación política o en materia de solución al problema de las drogas. Asimismo, el informe da cuenta de que en el equipo negociador del gobierno que participó en la subcomisión de justicia no hubo ninguna mujer; una sola mujer participó de las subcomisión técnica de fin del conflicto (18 personas componían este equipo del gobierno) y una sola mujer hizo parte de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas (catorce personas elaboraron los ensayos que componen el documento “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia” y dos personas, hombres, fueron los relatores). El informe no presenta esta información para las FARC-EP, seguramente por la naturaleza misma del informe, pero es posible que la situación no sea muy diferente. Sería interesante e importante poder obtener esta información.

Mejor dicho, las mujeres sí han participado en la mesa de negociaciones, ¿pero en dónde?, ¿en qué espacios? Las autoras del informe concluyen con justeza que algunos temas, como el fin del conflicto y la justicia, siguen siendo considerados como temas masculinos. Es decir, que son temas sobre los cuales se sigue creyendo, aparentemente, que las mujeres no tienen nada o muy poco que decir. De otra manera, no es posible explicar que ninguna mujer o máximo dos (al menos por parte del gobierno) hayan participado en estos espacios de discusión y negociación. ¿Acaso no hay ninguna o tan pocas mujeres que tengan una trayectoria y una posición “legítima” para asistir a estos espacios? ¿Para hacer parte, por ejemplo, de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas? ¿No hay ni una mujer colombiana que tenga algo que decir con criterio e información sobre los mecanismos de justicia transicional que pueden implementarse tras los acuerdos? ¿No hay ni una sola mujer que tenga algo que aportar a las discusiones sobre el fin del conflicto? Personalmente estoy convencida de que sí hay… Y más de dos, en todo caso… Quizás aquí una de las grandes cuestiones es saber qué voces, posiciones y trayectorias son consideradas como “legítimas” para hablar sobre esos temas neurálgicos para el futuro del país. Y la manera en la que se han dado las discusiones en La Habana nos da algunas pistas para responder a esa pregunta (y no sólo pensando en las mujeres sino también en otros grupos sociales como l@s indígenas, l@s afros, l@s campesin@s).

Ahora bien, no es de ninguna manera mi intención desconocer la importancia que tiene la participación de las mujeres en la mesa de negociación, la creación de la subcomisión de género y sus valiosos aportes a este proceso. Por el contrario, claramente los considero como avances muy importantes. Pero son avances limitados, sobre todo porque en mi opinión siguen una lógica de “encasillamiento” que no sólo es problemática, sino que además va a estar en el centro de nuestros retos futuros: encasillar o reducir a las mujeres a la posición exclusiva de mujer, como si no hiciéramos parte de una clase, no fuéramos “racializadas”, no tuviéramos saberes muy diversos, no tuviéramos orígenes diferentes si nacimos en la ciudad o en el campo, como si fuéramos todas iguales más allá de todo lo que nos hace diferentes.

En ese sentido, parece que la participación de las mujeres en la mesa de La Habana hubiese buscado “sumar el punto de vista” de las mujeres (como si además fuera único) a algunas de las discusiones de los hombres sobre el conflicto armado y su terminación. Seguir pensado que las mujeres sólo queremos y sólo podemos hablar sobre las mujeres o sobre las víctimas, en el mejor de los casos, es un obstáculo al que debemos seguir haciendo frente hasta que desaparezca. Sí, hablamos como mujeres y sobre las mujeres, hablamos por ejemplo de (el incumplimiento de) nuestros derechos, de las violencias que vivimos, de las opresiones que sufrimos, de nuestras resistencias y del mundo que soñamos. Pero cuando nosotras hablamos, hablamos no sólo como mujeres y sobre nosotras mismas, de entrada porque es imposible hablar exclusivamente desde una y solo una de las relaciones que nos hacen ser lo que somos, que nos constituyen como mujeres diversas con posibilidades, trayectorias, vidas y horizontes diferentes.

En mi opinión, la idea no es “sumar” nuestro punto de vista, es que nuestros puntos de vista hagan parte integrante de las propuestas para construir conjuntamente otra sociedad, otro mundo. Las mujeres colombianas tenemos mucho que decir sobre nuestros derechos y nuestras reivindicaciones, y el trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas es innegable en ese sentido y ha dado muchos frutos, pero las mujeres también tenemos mucho que decir sobre el problema de las drogas y el narcotráfico, sobre la justicia y la participación política de las insurgencias tras la firma de los acuerdos, sobre la repartición y los usos de la tierra en el país. Tenemos mucho que decir como mujeres y como feministas, no porque podamos “feminizar” los debates, sino porque desde nuestras experiencias, múltiples y complejas, desde nuestra diversidad podemos aportar alternativas para construir conjuntamente otro país en el que todas y todos tengamos cabida. Que todas esas voces sean escuchadas públicamente y hagan parte de los debates que como sociedad nos tendremos que dar, es un trabajo que debe seguir más allá de la firma de los acuerdos.

  1. Le agradezco a Carolina Rodríguez Lizarralde por su lectura y sus valiosos comentarios al texto.