Joseph Martínez

* Joseph Martínez

Profesional en estudios culturales, politólogo y máster en ciencia política de la Universidad de los Andes. Completó una maestría en estudios de guerra y desarrollo en el departamento de estudios de guerra del King's College London. Ha realizado tareas de docencia en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de los Andes, y tiene experiencia de investigación en Colombia, Jordania y el Reino Unido. Su trabajo se concentra en pensar las experiencias concretas que dan forma y realidad a las politicas anticorrupción, las políticas rurales, y las políticas de seguridad y de atención humanitaria en Latinoamérica y el medio oriente, desde las perspectivas de la antropología, la geografía crítica, el nuevo materialismo y los estudios críticos de seguridad

A mediados de junio, el representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, aceptó una invitación aparentemente extraña. En una carta abierta, Howland decidió acompañar a José Felix Lafaurie en las visitas a diferentes regiones del país que éste había propuesto para verificar sus denuncias en contra de los procesos de restitución de tierras que tienen lugar desde 2011 en Colombia. La carta de Howland aparece meses después de que Lafaurie declarara que la restitución de tierras era la “cuota inicial del control territorial” que el gobierno nacional le estaría entregando a las FARC1.

Lo que no nos dice la carta o la declaración de Lafaurie es el tipo de arreglos que hacen posibles este tipo de afirmaciones. Aunque parezca, no es una ocurrencia irrelevante sino una muestra bien específica de las manifestaciones aparentemente contradictorias que tiene el neoliberalismo. Y sí, es que el despojo y la restitución de tierras que Lafaurie repudia tanto hoy en día no se puede entender sin ver qué tiene que ver la razón y la forma de gobierno neoliberal.

En los años 80, dentro del Banco Mundial se orquestó una transformación en las políticas de reforma agraria en países como Colombia, justo cuando Milton Friedman observaba que el caso de Chile constituía un milagro luego del boom económico que aparentemente había patrocinado la implementación de políticas de libre mercado y extensiva privatización, y cuando el gobierno británico bajo la dirección de Margaret Thatcher promovía amplias reformas de privatización, reducción de gastos sociales y de presupuesto del Estado.

En esa década, aparecieron las políticas de la denominada “Market-Led Agrarian Reform”, un tipo de reforma agraria que supuestamente iba a permitir una distribución adecuada de la propiedad de la tierra, evitando conflictos y, por supuesto, garantizando el crecimiento de la economía. Los puntos clave de este modelo establecían que el único modo de lograr una reforma agraria era por medio del establecimiento de un mercado en el que compradores y vendedores de tierras podían suplantar al Estado, que había tenido que decidir en las otras reformas agrarias cómo se distribuía la tierra.

En los años 90, la Ley 160 de 1994, la misma que legalizó las Zonas de Reserva Campesina, importó el modelo y pretendía distribuir un millón de hectáreas en el país con los principios aparentemente transparentes del mercado. La promesa nunca se cumplió y las aproximadamente 100.000 hectáreas que alcanzaron a ser puestas en el programa fueron adquiridas en su mayoría por campesinos ricos o, como los denomina Saturnino de Borras, la burguesía agraria2. El legado más importante de esta ley no estuvo precisamente en esas 100.000 hectáreas, sino en lo que va a pasar con las medidas que flexibilizaron la compra, venta y titulación de tierras en el país.

Es cierto que mucho antes de la ley de 1994, la propiedad de la tierra en Colombia había beneficiado a los grandes propietarios que no dudaron desde el principio del siglo XX en utilizar leyes, subsidios y ejércitos privados para evitar cualquier transformación en la propiedad y control de la tierra en el país3. El mapa de propiedad y usos productivos de la tierra en Colombia hoy, concentrada en la ganadería y en grandes proyectos agrícolas, se ha formado a sangre y fuego con la excusa de aumentar la productividad y el crecimiento económico. Pero la Ley 160 se merece un lugar especial en esta historia, porque abrió la puerta para legalizar a diestra y siniestra la masiva expropiación de tierras que tuvo lugar en el país en los años 90 y en la década de los 2000, en especial a manos de los paramilitares, los ganaderos e inversionistas que de paso empezaron a comprar tierras con el fin de especular con sus precios.

“O vende, o negociamos con la viuda” reza el aforismo con el que los cabecillas paramilitares pulcramente legalizaban formas de expropiación de tierras por todo el país, especialmente en el norte. La fe absoluta en el mercado hacía que tanto el Estado como los paramilitares pudieran declarar que sus esfuerzos habían sido exitosos para transformar el campo en Colombia.

Para algunos, parece que esta relación no-fortuita entre el libre mercado (prácticas neoliberales para contar con un nombre más familiar) y el conflicto armado no existe. José Felix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, y Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, parecen ser parte de ese grupo. Desde abril de este año, Ordoñez no ha dejado de insistir en que se necesita reformar el proceso de restitución de tierras que inició el gobierno colombiano para quienes fueron despojados de las tierras que poseían u ocupaban en medio del conflicto armado y social que tiene lugar en el país desde hace varias décadas. Su argumento es que con la restitución se han llevado acabo nuevos procesos de despojo a las personas que compraron legalmente tierras y ahora tienen que devolverlas a sus antiguos propietarios, que no conocían y a los que anteriormente les habían sido expropiadas4. Ordoñez afirmó con vehemencia: “Cuando la ley se aplica se descubre cuáles fueron los errores que se cometieron, no se previeron circunstancias que están generando graves tensiones en los sectores del campesinado colombiano”. El resultado obvio parece ser entonces que la ley debe reformarse porque ha beneficiado a terceros.

Las afirmaciones de Ordoñez dejan una pregunta debido a su falta de contenido. No es claro a qué se refiere con “campesinado”, mucho menos a “terceros”. ¿El título de la tierra hace a un campesino? ¿Quién es el tercero, y si hay un tercero quienes son las otras dos personas involucradas? Lafaurie como presidente de FEDEGAN parece que ayuda a responder esas preguntas.

No se puede negar que causa hasta gracia que al procurador Ordoñez se le sume el líder del gremio ganadero, uno de los mayores acaparadores de tierras en el país5. Y más cuando su denuncia sobre la “cuota inicial” para las FARC fue hecha en el municipio de Sabanas de San Ángel, dirigiéndose a los ganaderos, a quienes advirtió que, según él, las Zonas de Reserva Campesina y el Fondo de Tierras que se estableció en La Habana se iba a alimentar con las tierras de los ganaderos que habían “honestamente batallado desde el campo”6.

Sabanas de San Ángel, Magdalena, y San Alberto, Cesar, han sido los dos lugares en los que tanto Lafaurie como el procurador Ordoñez han estado presentes recibiendo declaraciones de personas que se dicen afectadas por las restituciones y que no han sido debidamente indemnizadas por su pérdida. San Alberto es un caso que matiza la discusión y da pistas sobre lo que parece estar también en juego con la oposición a la restitución. En el municipio, la desposesión de tierras que se produjo a mediados de la década de los 90, después del desplazamiento producido por la masacre que hicieron las paramilitares en 1995, benefició a familias de las fincas ganaderas aledañas. Este caso no es excepcional en Córdoba, Magdalena o Cesar.

Los argumentos de Ordoñez y Lafaurie están sustentados en una posición que parece pobre, pero no debe subestimarse. Lo que están diciendo es que las transacciones comerciales que se han llevado a cabo con la propiedad de tierra son absolutamente legítimas, sin importar las condiciones en las que se han llevado acabo. El mercado define y administra lo que es justo, ordenado y correcto. En el fondo, los argumentos de Ordoñez y Lafaurie están insistiendo en que el mercado es un lugar de veridicción, como señaló Foucault, donde se establecen las condiciones que le dan validez (o hacen falsas) las formas de gobierno y, de paso, la experiencia. Por eso es que la restitución tendría que pagar indemnizaciones justas para los propietarios que tienen que devolver las tierras, aunque sea claro que su adquisición fue precisamente hecha con el fin de aumentar el tamaño de sus propiedades para actividades como la ganadería y hacer agudas las condiciones de desposesión.

El campo de veridicción del mercado ofrece la oportunidad perfecta para ignorar que hay una relación estrecha entre ciertas formas de acumulación y las formas de violencia y despojo en Colombia. Y es cierto que esa oportunidad también ha sido aprovechada por el Estado en Colombia para apoyar un modelo de desarrollo sustentado en grandes proyectos agroindustriales y extractivos. Pero los dos han llegado a conclusiones distintas, unos ven como una amenaza la restitución porque pone en duda la verdad del mercado y, de paso, el derecho de propiedad de los ganaderos; otros lo ven como una oportunidad para facilitar la adquisición y venta de tierras que se requiere para dinamizar la explotación de petróleo, la minería y la creación de cultivos para la exportación. El neoliberalismo es diverso y se enfrenta a sí mismo de un modo tal que parece que sus principios fundacionales están en juego, cuando no es así.

La restitución de tierras es una oportunidad en el fondo para reconocer que las contradicciones internas del modelo de desarrollo y sus modos de acumulación son insostenibles; que es imperativo politizar el debate sobre la posesión de tierras en el país. La reforma agraria, la reforma en la posesión de la tierra, debe dejar de pensarse como un procedimiento que legitima la comodificación de las relaciones con la tierra, es decir como la legalización de títulos para que se democratice la participación en el mercado. La reforma agraria debe ser una propuesta para transformar no solo la posesión a la tierra sino el control y el acceso a ella, eso requiere transformar la relación de fuerzas sociales que posibilitan la desposesión y eliminan cualquier relación con la tierra que no sea destinada a la explotación de ella, sus recursos y las transacciones económicas que se hacen con estos. Eso implica que la transformación en la posesión de tierras no deba tener por objetivo una “distribución justa” entre “campesinos” o terceros como refirió Ordoñez, sino un beneficiario particular, que no son precisamente los ganaderos, los dueños de grandes plantaciones o los beneficiarios de grandes títulos mineros. Este es un novedoso campo de veridicción.

  1. Contexto Ganadero (2016) “Estamos listos para un debate serio con ONU Colombia”: Lafaurie. Tomado de: http://www.contextoganadero.com/politica/estamos-listos-para-un-debate-serio-con-onu-colombia-lafaurie
  2. Borras, S. (2003). Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa. Journal of Agrarian Change, 3 (3): 367-394. The Agrarian Question and Violence in Colombia: Conflict and Development. Journal of Agrarian Change, 11 (3), pp. 321–56.
  3. Thomson, F. (2011). Questioning Market-Led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa. Journal of Agrarian Change, 3 (3), pp. 367-394.
  4. El País (2016) Polémica nacional por ley de restitución de tierras. Tomado de: www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/restitucion-tierras-tema-ahora-enfrenta-gobierno-y-procuraduria
  5. Se estima que el latifundio ganadero es uno de los que más ha contribuido al acaparamiento de tierras en Colombia. Se estima que desde el año 2000, la cantidad de pastos cultivados ha aumentado en más de 470 mil hectáreas. Ver más en: GRAIN (2015) Acaparamiento de tierras en Colombia. Tomado de: https://www.grain.org/es/article/entries/5251-acaparamiento-de-tierras-en-colombia
  6. El Espectador (2016) ‘Era evidente el libreto’: Minagricultura sobre evento que convocó el procurador. Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/economia/era-evidente-el-libreto-minagricultura-sobre-evento-con-articulo-626307.