Pasar de la defensiva a la ofensiva implica para los sujetos y sectores involucrados en la resistencia tomar la tarea de la unidad y la articulación y, particularmente, saldar la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo en el campo popular a partir de un balance crítico de los últimos doce años.
Una paz completa y duradera no pasa por la adhesión de Uribe al proceso de paz, es por el contrario el fortalecimiento de la paz lo que podría generar el debilitamiento progresivo del uribismo y de su discurso. De la misma manera que el fracaso de las negociaciones del Caguán permitió la creación del «personaje» Uribe, el éxito de las negociaciones de La Habana podría significar su «muerte política» a mediano plazo.
Evitar el genocidio político es una necesidad que pasa por garantizar los derechos políticos tanto de los futuros desmovilizados como de todos los ciudadanos colombianos. Por lo tanto, invita a pensar en maneras de desactivar la posibilidad de que se combinen balas, dinero y votos, algo que no parece estar entre las prioridades de las élites que han sacado provecho de ella.
Considerar que el conflicto llega a su fin por la firma de un acuerdo sobre el cese al fuego, supone desconocer la irreductible heterogeneidad de los sujetos sociales en un país como el nuestro.
Nos equivocaríamos si pensáramos que las FFAA turcas han sido garantes de la democracia, la separación de poderes y los derechos humanos. Han estado históricamente comprometidas con el nacionalismo granturco, negador de la plurinacionalidad del Estado y represor del pueblo kurdo, y esa línea (a pesar de desencuentros tácticos) la han compartido con el islamismo político.
Los esfuerzos del posconflicto armado deberán ser conducidos a solucionar una tarea pendiente como país: unir los territorios y sus poblaciones en la asociatividad que se busca reflejar en el Estado-nación. Insistir en el colonialismo institucional seguirá llevándonos a desequilibrios irreconciliables de poder.
Una de las cuestiones medulares del pacto social en Colombia es la tierra, el conflicto armado ha estado asociado a la desigualdad, la concentración de la propiedad, el daño ambiental y la exclusión histórica de las comunidades en la configuración política y económica de los territorios.
En La Habana parecen tener ciertamente la memoria fresca en cuanto a la redefinición del enfoque de la política de seguridad: ni el desastre humanitario de los años recientes, ni la violencia de los ochenta están fuera del tintero. No se trataría ya de disminuir los índices de riesgo para las inversiones sino de aumentar las posibilidades del ejercicio pacífico de la política, incluyendo a las poblaciones marginalizadas en la definición de sus destinos.
El futuro de la izquierda depende de saber encontrar ese fino equilibrio de la paz con justicia social en cada caso, en cada escenario y en cada horizonte estratégico. Hay que ponerse la camiseta de la paz y del posconflicto, pero para jugar el partido y meterle el gol a Santos.
Una vez desmovilizadas las insurgencias, ajustar y reacomodar poderes, termina siendo un gran desafío: las comunidades y sus organizaciones políticas han de ganarse un lugar importante y decisorio; las autoridades elegidas tendrán que ver a las comunidades como sujetos de derecho, poder de acción y decisión, pero además, asumir el papel de ejecutoras de mandatos otorgados por la población; las autoridades militares ocupar el lugar limitado y dependiente de la autoridad civil como corresponde, y despojarse de esa súper estructura onerosa que les permitió el establecimiento con la excusa del conflicto armado y bajo la cual tanto abuso han cometido.