En días pasados se firmó en La Habana el “Acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo”, paso fundamental en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Ante la magnitud del acontecimiento la reacción de los medios y de ciertos sectores sociales no se hizo esperar, ya fuera para arengar que “la paz está herida” o bien para señalar con cierto aire triunfalista que el conflicto había llegado a su fin. Más allá de la divergencia en las posiciones llama la atención que se asocie directamente la firma de los acuerdos con el fin del profundo conflicto social que ha afectado a generaciones enteras.

Se puede concebir en términos políticos el llamado conflicto armado en Colombia, es decir, el estado de guerra asimétrica en el que ha vivido el país por más de medio siglo, y pensar, por ejemplo, que habría que esperar la firma de los acuerdos para que se geste la paz y las grandes transformaciones sociales que al parecer el país necesita. Se afirma constantemente la necesidad de validar los acuerdos mediante las instancias políticas y jurídicas como el Congreso y la Corte Constitucional, pues estas legitimarían lo pactado. No menos importante sería la participación potencial de millones de colombianos mediante el referendo como instancia última de decisión consensuada. Sin embargo, ¿acaso esta forma de entender la política y el mismo conflicto no resultan un tanto restrictivas?

Pareciera así que la política es concebida como el lugar de una efectuación aplazable, restringida a una práctica jurídica estatal y neutralizada por la idea de un consenso racional que anula las marcadas diferencias socioculturales. En esta perspectiva no es posible hacer mayor cosa en lo inmediato, pues primero hay que “pensar” y “nominar” los problemas de la política y luego esperar su realización en el plano de la burocracia propia de las instituciones estatales. ¿Es esto la política?

La política vas más allá de la gestión integral de los individuos y de las poblaciones mediante formas institucionalizadas y mecanismos de regulación socialmente aceptados. La política es un proceso abierto sin principio ni final predeterminados que puede establecer, en la contingencia histórica, múltiples formas de vida en torno a proyectos comunes pero heterogéneos con la aspiración a cierto grado de universalidad.

Pero si pensamos lo que sucede constantemente en el marco del conflicto armado, como la desaparición forzada, las masacres, los excesos de diversos actores, en términos de una actitud ética colectiva, o sea, de cierta disposición subjetiva, de un estar en el mundo referido, no tanto a la aceptación de lo que históricamente hemos sido, sino a la ingente posibilidad de transformación que nos constituye, no podríamos sino considerar que lo que acontece es intolerable y exige un rechazo radical.

La no aceptación de lo ocurrido, que aún sucede, es la signatura de un punto de no retorno, de un cuestionamiento y de un examen continuo de nuestro presente que redunde en una problematización de la política, esto es, en la creación de campos y problemas totalmente inadvertidos por la política tradicional que señalan sus márgenes y puntos de contradicción. Problematizar la política supone elaborar un dominio de acciones, de prácticas colectivas y de discursos que cuestionan la política y la forma como los que gobiernan la gestionan y la regulan.

Hablar de lo intolerable no implica señalar unos mínimos y unos máximos a los que socialmente un sujeto pueda atender según el ideal ilustrado de la tolerancia, tampoco indica la reacción a un estado máximo de dominación. Lo intolerable refiere a un cambio en la mirada, a una conversión de sí en la relación que se establece con los otros, en últimas, a una modificación en los regímenes de enunciación y de visibilización de las cosas resultado de una transformación social subjetiva que comporta discursos, prácticas y saberes irreductibles a los de la razón de Estado e irrecuperables por el capitalismo mundial integrado.

Ahora bien, las implicaciones de la mencionada actitud ética colectiva no se reducen a la problematización de la política ya que esta actitud ética es a su vez política. La singularización ética de la conducta y, más aún, la de sujetos colectivos es potencialmente un agenciamiento político pues emerge como una forma de antagonismo social que se gesta y concretiza en las prácticas cotidianas de los sujetos, en los espacios más inadvertidos, siguiendo una lógica que escapa a la racionalización estratégica del accionar político actual.

Una política tal, gestada en la continua experimentación social colectiva, asumiría como derrotero el trastornar los regímenes de producción de la verdad, desligando el poder de la verdad de las formas de hegemonía propias de Occidente.

Por su parte, la actitud ética como base de un agenciamiento político se resiste a las tendencias dialógicas y racionales para pensar su efectuación y apela al carácter agonístico e irreductible de lo social. Pues en dicho antagonismo de lo social se producen otras formas de subjetivación colectiva que, a su vez, están implicadas en la emergencia de los conflictos políticos en los que se delimita la borrosa frontera de lo social.

El antagonismo refiere entonces, no tanto a una contradicción u oposición irreductible entre dos elementos como el que se puede dar en un estado de guerra, menos aún su presunta resolución en un proceso de síntesis dialéctica, sino a una dimensión ontológica de lo político y de lo social que está presente en el mismo carácter subjetivo del conflicto y del enfrentamiento en el que hemos vivido en Colombia.

En este sentido, considerar que el conflicto llega a su fin por la firma de un acuerdo sobre el cese al fuego, supone desconocer la irreductible heterogeneidad de los sujetos sociales en un país como el nuestro. Bien es cierto, la guerra puede ser el catalizador de formas de antagonismo y de conflicto, dichas formas no se reducen a la lógica del accionar bélico. Toda vez que de las experiencias de insubordinación y de lucha se derivan procesos relacionales de subjetivación colectiva, los cuales agencian potencialmente otras formas de politizar nuestro presente y de cuestionar radicalmente una comprensión del mismo como un estado de cosas inamovible e imperecedero.


*Nelson Fernando Alba es Profesor de la Facultad de Filosofía y Facultad de Educación (VUAD) de la Universidad Santo Tomás.